Introducción

AutorTeresa Aguado Correa
Cargo del AutorProfesora de Derecho Penal. Doctora en Derecho

Ningún principio constitucional de los que afectan al sistema penal ha sufrido un auge tan extraordinario en los últimos años en nuestro país, como el principio constitucional de proporcionalidad. Se ha extendido de este modo a España, el apogeo que este principio había experimentado en las últimas décadas en el Derecho comparado.

El principal artífice de este auge ha sido el máximo órgano garante de nuestra Norma Fundamental, el Tribunal Constitucional, quien se ha pronunciado expresamente sobre la formulación, contenido y consagración constitucional del principio de proporcionalidad en las Sentencias de 28 de marzo de 1996 y 2 de octubre de 1997. Con estos pronunciamientos se ha puesto fin al escaso y decepcionante desarrollo que el Alto Tribunal había realizado de este principio y que, de forma reiterada, venía siendo denunciado por la doctrina.

En este trabajo tratamos la importancia de este principio constitucional, con una especial consideración de la compatibilidad de la discutida categoría de los delitos de peligro abstracto con este principio. Los que fueron denominados «hijastros de la dogmática penal» han dejado de serlo. El debate que la categoría de los delitos de peligro, y más concretamente la de los delitos de peligro abstracto, ha suscitado fundamentalmente en los años 80 y principios de los 90, aun cuando ya con anterioridad fueron objeto de una viva polémica, no se puede considerar concluido.

En el enfoque de este trabajo hemos tenido en cuenta la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional alemán el 9 de marzo de 1994, conocida popularmente como la «Sentencia del Hachís». A raíz de este sentencia nos planteamos y constatamos que los problemas que plantean estos delitos no sólo poseen dimensiones dogmáticas, sino que también adquieren dimensiones constitucionales si los ponemos en relación con el principio constitucional de proporcionalidad.

Este enfoque constitucional nos ha llevado a abordar en la primera parte de nuestro trabajo, la relación entre la Constitución y el Derecho penal y cuales son los principios constitucionales que afectan al sistema penal. Asimismo, hemos confirmado el reconocimiento del principio de proporcionalidad en nuestro ordenamiento y en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y su consagración constitucional. Por otro lado, la dimensión constitucional del principio proporcionalidad posibilita que su eficacia se irradie a todo el Ordenamiento jurídico, al Derecho privado y al...

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