La intervención del trabajo social en un contexto de vivienda protegida
| Autor | Octavio Vázquez Aguado/Fernando Relinque Medina |
| Páginas | 145-162 |
Page 146
Aún no siendo un espacio nuevo para el Trabajo Social dado que los orí-genes de la práctica profesional en el ámbito de la vivienda, históricamente, van conexos a las iniciativas que llevaron a cabo figuras tan importantes como fueron Octavia Hill en Inglaterra y Jane Addams en Norteamérica, sí es cierto que las intervenciones llevadas a cabo en este sector han sido muy exiguas en lo que respecta a nuestro ámbito nacional.
Si hacemos un breve recorrido histórico sobre el papel que el Trabajo Social ha tenido dentro del ámbito profesional del hábitat y la vivienda, nos encontramos con que éste ha estado muy ligado a los programas sociales que el Instituto Social de la Vivienda llevaba a cabo y cuya finalidad estaba centrada en la erradicación del chabolismo, sobre todo, en los años 60 y 70 (Barranco et. al., 2010). Más tarde, y en pleno proceso democrático, cómo muy bien apunta Barranco (2008), se produce una modificación en la naturaleza de la política a implementar. Esta vez se apuesta por planes y programas integrales de lucha y erradicación de la pobreza y la exclusión social, en los que el factor vivienda pasa a ser un elemento más dentro de la matriz de indicadores que intenta abordar de manera holística el análisis de los procesos de exclusión social. De hecho, si echamos una mirada hacia las intervenciones profesionales llevadas a cabo en las últimas décadas, nos daremos cuenta, y así lo evidencian Barranco et. al., (2010), que éstas han estado centradas en fusionar, no sólo hábitat y vivienda, sino también vincular estos elementos con la formación, el empleo y la inclusión social. Todo ello con la pretensión de conferirle un nuevo rostro a una gran parte de los contextos territoriales actualmente denominados como zonas en proceso de transformación social1.
Como sabemos, la exclusión puede manifestarse de forma espacial. La desigualdad social, como bien apuntan algunos autores (Tezanos, 1999; Subi-rats et al, 2005), tiende a revelarse en forma de exclusión residencial en cuanto que ésta pasa a conformarse alrededor de un ámbito geográfico muy concreto y con grupos sociales muy bien identificados. De ahí que los procesos de exclusión puedan estar acompañados de procesos de segregación, que a su vez terminen subrayando aún más esas diferencias.
Todo esto nos lleva a pensar sobre cuáles deben ser los indicadores a tener en cuenta a la hora de cuantificar este ámbito. Es fácil medir el fenómeno de la exclusión en el hábitat a través del análisis de tres espacios: el físico, el sociocultural y el económico. Físicamente, el contexto espacial debe ser valorado teniendo en cuenta tres indicadores básicos: el deterioro de sus edificios, viviendas y servicios, el detrimento del espacio público y las deficiencias en la movilidad. En lo sociocultural, éste puede ser analizado bajo la base
Page 147
de la estigmatización del territorio, la inseguridad ciudadana, la descohesión social y la ausencia de recursos y equipamiento. Por último, el espacio económico es estudiado a través del factor de marginación económica.
Como es de esperar, conexo al medio espacial, nos encontramos la esfera de la vivienda. Actualmente es fácil constatar la insigne importancia que tiene la vivienda en la vida de las personas. De hecho, la exclusión social relacionada con este ámbito suele estar determinada por el carácter selectivo y especialmente segregador de los mercados del suelo y la vivienda, así como por la escasez de la presencia de vivienda pública en este sector (Subirats et al, 2005). En las últimas décadas en nuestro país hemos sido testigos de un doble problema. Por un lado, el boom especulador que se ha visto reflejado en el comportamiento alcista de los precios de la vivienda provocando graves inconvenientes de accesibilidad para algunos grupos de personas; y, por otro, a una devastadora crisis económica que ha tenido como resultado la salida del mercado laboral de muchos trabajadores, conllevando graves dificultades económicas y, por ende, la pérdida de sus viviendas para aquellas personas que, si bien, no tuvieron problemas de accesibilidad, su nueva situación no le permite seguir manteniéndola por la imposibilidad de hacer frente a su pago.
Toda esta realidad nos lleva a reflexionar sobre el valor real que se le otorga al espacio de la vivienda desde el ámbito político, institucional y económico. Es fácil comprender que la vivienda no puede ser considerada como un mero objeto de inversión ya que ello nos llevaría a una reflexión demasiado simplista de la situación. Situación que, como ya hemos apuntado, necesita ser abordada desde una óptica integral donde el valor cardinal sea siempre el social, dado que su consideración como bien de primera necesidad tiende a regir, de forma inapelable, los procesos de exclusión/inclusión social. Y es en este marco donde debe situarse tanto la reflexión como la práctica del Trabajo Social.
Si valoramos las funciones que realiza un profesional en este ámbito, nos damos cuenta que éstas tienden a ser muy plurales. Tanto es así que pueden abarcar la información y asesoramiento; la valoración de la situación social, familiar, laboral y económica; la derivación y coordinación; la promoción; la planificación y gestión; hasta la evaluación e investigación (Barranco, 2008). En realidad, y así lo apunta Ponce (2009), es que cualquiera de las acciones atribuibles al Trabajo Social en este ámbito profesional debe tener como línea maestra potenciar los procesos de integración e inserción social. Para ello tendrán que tener en cuenta todos y cada uno de los conflictos que se generen a todos los niveles (tanto en los procesos de adjudicación de viviendas como en su seguimiento). Conflicitividad, que como iremos viendo a lo largo de este capítulo, tiende a situarse en tres unidades fundamentales de análisis: del lado del adjudicatario, a nivel relacional o de comunicación y en el contexto social (zona espacial) donde se ubican las promociones de vivienda social.
Directamente relacionadas con lo anterior deben situarse otras de las acciones que habitualmente llevan a cabo este colectivo de profesionales, y que tienen que ver principalmente con: potenciar el mantenimiento de las
Page 148
viviendas y zonas comunes; promover un precio de alquiler razonable, teniendo en cuenta el perfil del adjudicatario; dar una atención especial ante situaciones urgentes de vivienda; planificar el diseño de las viviendas, participar en los procesos de adjudicación y posterior seguimiento social de las personas y colectivos. Todo ello gestionado bajo la potenciación de actitudes basadas en el diálogo a la hora de hacer frente a los conflictos (Barranco et. al., 2010).
Pero no todo se torna fácil a la hora de abordar estas cuestiones tan importantes. Entre las principales dificultades debemos destacar el hecho que, aunque suele estar en todo discurso, al final no termina de hacer visible y es que, salvo excepciones, el Trabajo Social parece haber estado ajeno a una intervención integral. Dificultad, que bajo la petición reiterada de los profesionales, ha intentando solventarse introduciendo la dimensión social de la vivienda en las formas de planificación y gestión de los organismos competentes en la materia.
Como segunda dificultad, que en parte determina los resultados de las acciones, debemos situar las diferencias de los tiempos de respuesta. En este sentido podemos comprobar las grandes diferencias que se dan entre las respuestas inmediatas (que en muchos casos determina la práctica del Trabajo Social), con las que puede dar el sistema de vivienda. El concepto de urgencia ante una situación de crisis (sirva como ejemplo una situación de desahucio) no es valorado de la misma manera por ambos. Cuestión que termina por evidenciar que la no coordinación de los tiempos introduce nuevas limitaciones a la ya cercenada actuación de los profesionales del Trabajo Social.
Pese a las limitaciones, el Trabajo Social puede seguir aportando mucho a esta dimensión territorial y habitacional. Siguiendo a Juan Toset (2010,
p. 138) nos damos cuenta que la innovación pasa por llevar acabo una simbiosis entre lo familiar y lo comunitario (lo micro y lo macro social) a la hora de poner en práctica estrategias de actuación que tengan como fin reducir el impacto que la dimensión territorial de la exclusión posee sobre el individuo y/o las comunidades que residen en este espacio degradado desde lo íntimo (la vivienda) hasta lo público (el entorno físico).
En este sentido se hace necesario reflexionar sobre el tipo de práctica que se viene haciendo. Praxis que, como muy bien apunta Toset (2010), debe ir más allá de la mera dispensa de ayudas, sino que tiene que emanar de análisis reflexivos teórico y metodológicos que, entre otras cuestiones, tengan en cuenta que el Trabajo Social debe proporcionar un soporte de apoyo psicosocial a los habitantes de contextos urbanos degradados, impregnando a las acciones de un carácter inclusivo basado, principalmente, en la prevención de los factores de riesgo, vulnerabilidad o exclusión social. Para ello es necesario partir del marco de la integración en el entorno actuando desde la mediación. De igual modo, el Trabajo Social debe dotar de una coordinación a los procesos de intervención social favoreciendo con ello el análisis complejo y multi-
Page 149
dimensional acorde con los fenómenos conducentes a la exclusión social como es el caso que nos compete. Por último, éste tiene que promover la estabilidad en el uso de la vivienda ayudando con ello al reconocimiento de pertenencia a la comunidad por parte de los vecinos. Identidad que permitirá trabajar en aras de un objetivo común como es el funcionamiento vecinal.
En este...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba