La intervención del Ministerio Fiscal en los Procesos Contencioso-administrativos Medioambientales

Autor:Miquel Pons Portella
Cargo:Abogado
Páginas:4-37
RESUMEN

La Constitución española de 1978 prevé que sean labores propias de la Fiscalía defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Por otro lado, la propia Norma Fundamental contempla como derecho el disfrute del medio ambiente e impone a todos como deber su conservación. Así pues, el Ministerio Fiscal protege el medio ambiente sobre todo persiguiendo penalmente a los... (ver resumen completo)

 
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Recopilación mensual n. 93, Septiembre 2019
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Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 2 de septiembre de 2019
“LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS
PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
MEDIOAMBIENTALES”
“THE INTERVENTION OF PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE IN
ENVIRONMENTAL CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS”
Autor: Miquel Pons Portella, Abogado
Fecha de recepción: 03/06/2019
Fecha de aceptación: 07/06/2019
Resumen:
La Constitución española de 1978 prevé que sean labores propias de la
Fiscalía defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés
público. Por otro lado, la propia Norma Fundamental contempla como
derecho el disfrute del medio ambiente e impone a todos como deber su
conservación. Así pues, el Ministerio Fiscal protege el medio ambiente sobre
todo persiguiendo penalmente a los autores de delitos contra este bien
jurídico, pero también tomando parte en aquellos procesos en los que se
enjuicia la actividad de la Administración Pública con trascendencia
medioambiental. Desde el año 2006, esta tarea está encomendada al Fiscal de
Sala Coordinador de Medio Ambiente y a las Secciones de Medio Ambiente
de las Fiscalías territoriales. Lo cierto, sin embargo, es que las concretas
facultades del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso-
administrativa siguen siendo harto discutidas, incluso tras el reconocimiento
de una amplia legitimación activa a la Fiscalía por la Ley de Responsabilidad
Medioambiental de 2006. El análisis jurídico de esta situación constituye el
objeto central de nuestro trabajo, en el que daremos una especial relevancia al
estudio de los grandes procesos contencioso-administrativos ambientales en
que ha participado la Fiscalía durante la última década.
www.actualidadjuridicaambiental.com
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Abstract:
The 1978 Spanish Constitution provides that the Public Prosecutor’s Office
should work to defend legality, citizen’s rights and public interest. On the
other hand, the Fundamental Norm itself contemplates as a right the
environment enjoyment and imposes on everyone as a duty its conservation.
Thus, the Public Prosecutor’s Office protects the environment above all by
criminally prosecuting the authors of crimes against this legally protected
good, but also by taking part in those processes in which Public
Administration activity with environmental transcendence is prosecuted. Since
2006, this task has been entrusted to the Coordinator Chamber Prosecutor of
Environment and to the Environment Sections of Public Prosecutor’s
territorial offices. The truth, however, is that the specific powers of Public
Prosecutor’s Office before the contentious-administrative jurisdiction are still
very much discussed, even after the recognition of a broad standing to the
Public Prosecutor’s Office by the 2006 Environmental Responsibility Law.
The legal analysis of this situation is the central objective of our work, in
which we will give special relevance to the study of the largest environmental
contentious-administrative proceedings in which the Public Prosecutor’s
Office has participated over the last decade.
Palabras Clave: Ministerio Fiscal; medio ambiente; jurisdicción contencioso-
administrativa
Keywords: Public Prosecutor’s Office; environment; contentious-
administrative jurisdiction
Sumario:
1. Introducción
2. Los órganos de la Fiscalía especializados en medio ambiente
3. El Ministerio Fiscal y sus títulos de legitimación activa ante la
jurisdicción contencioso-administrativa
4. La actuación contencioso-administrativa de la Fiscalía de
Medio Ambiente en la práctica reciente
4.1. La antigua cantera romana de Las Médulas (León)
4.2. Los parques eólicos de Enguera (Valencia)
4.3. La cantera de Olatz (Guipúzcoa)
4.4. La urbanización Marina Isla de Valdecañas (Cáceres)
Recopilación mensual n. 93, Septiembre 2019
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4.5. Obras de acceso del AVE a la ciudad de Murcia
4.6. Las minas de Salave (Asturias)
5. Conclusiones
6. Bibliografía
Summary:
1. Introduction
2. The organs or the Public Prosecutor’s Office specialized in
the environment
3. The Public Prosecutor’s Office and its titles of standing
before the contentious-administrative jurisdiction
4. The contentious-administrative action of the Environmental
Public Prosecutor’s Office in recent practice
4.1. The old Roman quarry of Las Médulas (León)
4.2. The wind farms of Enguera (Valencia). 4.3. The Olatz
quarry (Guipúzcoa)
4.4. The urbanization Marina Isla de Valdecañas (Cáceres)
4.5. Works of access of the AVE to the city of Murcia
4.6. The mines of Salave (Asturias)
5. Conclusions
6. Bibliography
1. INTRODUCCIÓN
El art. 124.1 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978
encomienda al Ministerio Fiscal la misión de «promover la acción de la justicia
en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley». La propia Carta Magna, en su art. 45.1, proclama
que «todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo». Es verdad que
este último precepto constitucional está ubicado en el capítulo relativo a «los
principios rectores de la política social y económica», pero no lo es menos que
como recordó con verbo brillante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
una añeja Sentencia de 25 de abril de 1989 dichos principios «no
constituyen meras normas programáticas que limiten su eficacia al campo de
la retórica política o de la inútil semántica propia de las afirmaciones
demagógicas. Porque como ya precisó hace años el Tribunal Supremo
norteamericano, en el caso Trop contra Duller, “las declaraciones de la
Constitución no son adagios gastados por el tiempo; ni una contraseña vacía
de sentido. Son principios vitales, vivos que otorgan y limitan los poderes del

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