"Aspectos de la intervención de las administraciones públicas locales en las políticas activas de empleo en España"

AutorGuillermo Rodríguez Folgar
Páginas218-219

    Guillermo Rodríguez Folgar ,Federación española de municipios y provincias (FEMP)

MTAS, Colección Informes y Estudios Madrid, 2005 205 págs.

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El presente trabajo es fruto de la colaboración entre la Administración Central y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y su objetivo es definir un nuevo marco de interrelaciones que consolide las actuaciones de las Corporaciones Locales en el fomento del empleo, dotándolas de medios y recursos que permitan la máxima eficiencia en el funcionamiento global del sistema.

Las políticas activas de empleo están estructuradas en España según un modelo ya consolidado ofrecido por los Planes Nacionales de Acción para el Empleo.

En los últimos años se ha culminado un proceso descentralizador de la ejecución presupuestaria de medidas hacia las Comunidades Autónomas, que en la actualidad tienen ya competencias y recursos para gestionar el grueso de las medidas de políticas activas, si bien en la formación para ocupados no tienen relevantes competencias de gestión, ni tampoco en lo que respecta a la gestión de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.

Según el estudio, la dimensión local en la gestión de políticas activas de empleo es un aspecto de cuya eficacia no existen dudas pero, a nivel institucional, la traslación de esta dimensión a las atribuciones y competencias de gestión de las Corporaciones Locales deja mucho que desear ya que más del 50% de las acciones que gestionan las Corporaciones Locales, en su conjunto, van destinadas a sólo dos medidas: los planes de empleo de las Corporaciones Locales y el Programa Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. Son acciones en las que la mayor parte de los recursos se destinan a Ayudas a la Contratación.

Otro 20% de los recursos que gestiona el conjunto de las CC.LL. provendría de programas integrados financiados con fondos europeos, mientras que un 10% de los recursos gestionados se aplicarían al mantenimiento de las estructuras de los servicios locales de fomento del empleo.

En conjunto, las CC.LL. gestionan un 25% de los recursos destinados a políticas activas de empleo por las Administraciones Públicas, lo que representa entre 1.300 y 1.500 millones de euros anuales.

Las características del actual sistema de participación de las CC.LL. mantienen unas especificidades que dificultan el funcionamiento del modelo e impiden que los recursos se apliquen de la forma más eficiente. Entre otras señala la FEMP las siguientes: una gran diversidad de programas y acciones, poca constancia temporal, falta de transparencia y precariedad presupuestaria y temporal.

Según la FEMP, el modelo general bajo el que se aplican las políticas activas de empleo en España debe ser objeto de revisión en profundidad. El primer paso ya se ha dado con la reciente Ley de Empleo de 2003, si bien plantea un modelo de participación más pendiente del proceso de descentralización hacia las Comunidades Autónomas que de la asunción de la dimensión local de las políticas activas.

En cuanto a sus contenidos, las políticas activas de empleo aplicadas en España siguen las fórmulas convencionales adoptadas hace ya muchos años, panorama que contrasta con la innovación y clara orientación estratégica de los programas que define y financia la Unión Europea.

Según el estudio, se echan de menos acciones con una perspectiva actual y estratégica. como, por ejemplo: ausencia de participación concreta y efectiva del sector privado en la gestión de algunos tipos de acciones, ignorancia prácticamente absoluta del papel de la inmigración, falta de contundencia con respecto al empleo irregular, e importantes desajustes entre la cualificación de los desempleados y los puestos de trabajo disponibles.

Las políticas activas que se contemplan en la Ley de Empleo de 2003 se desarrollan mediante actuaciones que persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo, desarrollar programas de formación profesional ocupacional y continua, crear y fomentar el empleo, fomentar el autoempleo, facilitar la movilidad geográfica y promover políticas destinadas a la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Dentro de la problemática que aborda el libro se considera que un elemento que complica el análisis y valoración de las medidas ejecutadas es la notable heterogeneidad de la Administración Local. Como muestra, la FEMP comenta que el 86% de los municipios actualmente existentes cuenta con menos de 5.000 habitantes.

De esta forma, el papel de las Administraciones Locales en lo referente a políticas activas de empleo está limitado a las acciones que las Administraciones superiores tengan a bien concertar con ellas.

Se apunta en el estudio la necesidad de potenciar el desarrollo de una estrategia integrada de empleo que permita ordenar, articular y coordinar las actuaciones de los distintos actores involucrados en los diferentes ámbitos territoriales (nacional, regional y local), en el marco común de la Estrategia Europea de Empleo.

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De forma más específica, las Administraciones Locales deberían consolidar una serie de actuaciones directamente relacionadas con la creación de empleo y el reforzamiento del tejido productivo, al menos en un triple plano: realizando un diagnóstico sobre el terreno de las características y demandas del tejido empresarial local; impulsando programas que combinen la formación con el empleo; y articulando iniciativas orientadas a reforzar el tejido productivo.

Según el estudio, son los grandes municipios los que emprenden el diseño de modelos de desarrollo en los que encuadrar las políticas de empleo a su alcance. En estos municipios, los Ayuntamientos ya han creado sus áreas de Promoción o Desarrollo Económico.

En el resto, se denota una cierta provisionalidad en la definición de modelos de desarrollo gestionables desde la iniciativa local, al depender de financiaciones inestables de otras Administraciones para la ejecución de dichos modelos.

Es en los municipios de más reducida dimensión donde la escala supramunicipal resulta indispensable. Las agrupaciones de municipios de dimensión media y reducida constituyen el nivel administrativo más adecuado para la gestión del desarrollo económico y social. Es por ello que las Mancomunidades de Municipios, las Comarcas o las Entidades Metropolitanas son una pieza clave en este campo.

Por último, se comenta en el estudio la declaración de la Comisión de Empleo de la FEMP en su VIII Asamblea en la que se definen las medidas que deberían tomarse al respecto, entre ellas las siguientes: reforma de la Ley de Empleo, de manera que incluya el papel que deben jugar las Corporaciones Locales; establecimiento de fórmulas de colaboración estables y regladas con el MTAS; integración en el Sistema Público de Empleo; y puesta en marcha de proyectos experimentales de ámbito local y provincial, tendentes a potenciar la creación de tejido empresarial endógeno.

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