Instituciones del Estado

A cargo de Francesc de Carreras

Ley 11/1993, de 13 de diciembre, de adaptación del Concierto económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, a las leyes del Impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1993).

Con la presente Ley se procede a la adaptación del sistema tributario de la Comunidad autónoma del País Vasco a la nueva regulación del IVA producida en relación con las adquisiciones intracomu-nitarias de bienes y la nueva regulación respecto a los impuestos especiales, como consecuencia del proceso de armonización fiscal en el ámbito de la CEE. Así, en el art. 1 de la presente Ley se establece la aplicación de dicha adaptación al sistema de Concierto económico conforme a las siguientes reglas:

1. En relación con el IVA

   En el art. 28 se determina la exacción del IVA en relación con las adquisiciones intracomunitarias de bienes, siguiendo las siguientes reglas:

   1. En el apartado 6 se considera que la exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de bienes, efectuadas por los sujetos pasivos que tributen exclusivamente ante la Administración estatal o la autonómica, se efectuará ante una de las mismas también de forma exclusiva.

   2. En el caso de que los sujetos pasivos tributen conjuntamente a las dos administraciones, la exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias corresponderá proporcionalmente a cada una de las mismas atendiendo al volumen de las contraprestaciones correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originen el derecho a la deducción que se hayan efectuado en los territorios respectivos durante el año natural.

   3. Los dos criterios establecidos en los apartados a) y b) serán de aplicación en relación con los transportes comunitarios de bienes, con los servicios adyacentes y con los servicios de mediación, cuando el destinatario de los mismos haya comunicado al prestador de los servicios un número de identificación atribuido a España a efectos del IVA.

   4. Se establece, como punto de conexión para determinadas operaciones, el domicilio fiscal del sujeto pasivo. En concreto, cales operaciones son:

      - Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetos al Impuesto por opción o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por los sujetos pasivos que ejecuten exclusivamente operaciones que no originen elPage 404 derecho a la deducción total o parcial del mismo, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales. - Las adquisiciones incracomunita-rias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, y el régimen de recargo de equivalencia.

   5. Por último, en el apartado 8 se aplican las reglas a) y b) del apartado 6 en relación con las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto a empresarios o profesionales cuando estos últimos adquieran la consideración de sujetos pasivos respecto a aquellas operaciones.

   6. Ámbito de gestión del Impuesto. El art. 29, apartado primero, considera, respecto al ámbito de gestión del IVA, que el resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las administraciones competentes, lo que también abarca el resultado derivado de las operaciones intracomunitarias. Sin embargo, se atribuye la competencia para recibir las declaraciones recapitulativas a aquella Administración que tenga atribuida la competencia para la aprobación e investigación de los sujetos pasivos.

   7. Finalmente, y en cuanto al IVA, se efectúa una serie de ajustes en relación con la recaudación real del País Vasco obtenida por dicho Impuesto, añadiéndose a esta recaudación la diferencia existente entre el 6,875% de la recaudación real en territorio común por el Impuesto sobre el valor añadido causada por el hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias y el 93,125% de la recaudación real por el mismo concepto en el País Vasco.

2. En relación con tos impuestos especiales

   Se añade el art. 32, apartado 3, que determina el régimen de exigencia del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, correspondiendo su exacción, en el presente caso, a las diputaciones forales cuando los medios de transporte sean matriculados en el territorio vasco. En particular, la matricula-ción de los medios de transporte de las personas físicas deberá efectuarse en la provincia donde posean tales personas su domicilio fiscal.

   Susana Campuzano

   Ley 12/1993, de 13 de diciembre, de adaptación del Convenio económico con el Estado, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, a las leyes del Impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1993).

   Con la presente Ley se adapta el Convenio económico suscrito entre el Estado y la Comunidad foral de Navarra a las leyes estatales del IVA y a los impuestos especiales. Dicha modificación se efectúa en virtud de la previsión contenida en la disposición adicional 3 del Convenio económico, que prevé que, en caso de producirse una reforma substancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, se producirá la adaptación del presente Convenio a las modificaciones tributarias.

   De esce modo, se acuerda la nueva redacción de los art. 28, 29, 30, 31 y de la disposición transitoria 3 del Convenio, efectuándose las siguientes modificaciones:

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1. En relación con el IVA, el art. 28, apartado 7, prevé la exacción del presente Impuesto en relación con las adquisiciones incracomunitarias de bienes, aplicándose las siguientes reglas:

   - Los sujetos pasivos que tributen exclusivamente a la Comunidad foral de Navarra, también deberán tributar ante la misma en el supuesto de exacción del Impuesto por las adquisiciones intraco-munitarias de bienes (letra a).

   - Los sujetos pasivos que tributen conjuntamente a la Administración central y a la autonómica deberán tributar por tales adquisiciones de forma proporcional en función del volumen de las contraprestaciones correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas realizadas en los territorios respectivos durante el año natural (letra b).

   - En cuanto a los transportes comunitarios de bienes, servicios adyacentes y servicios de mediación correspondientes, se aplicarán las reglas escablecidas en las letras a) y b) cuando el destinatario haya comunicado al prescador de los servicios un número de identificación atribuido en España a efectos de la exacción del IVA (letra c).

   - No obstante, también se aplicarán las reglas establecidas en las letras a) y b) para las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por personas o en-cidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto a empresarios o profesionales, cuando estos últimos adquieran la consideración de sujetos pasivos respecto de aquellas.

   - En las adquisiciones intracomuni-tarias de medios de transporte nuevos efectuadas por personas exentas o no sujetas al IVA, corresponderá la exacción a la Administración en la que definitivamente los medios de transporte sean matriculados (letra d).

   - Se considera el domicilio fiscal del sujeto pasivo como punto de conexión para la determinación de la Administración competente por lo que se refiere a la exacción del Impuesto en el caso de las siguientes operaciones recogidas en el art. 28, apartado 8, letras a y b:

   1. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetos al Impuesto por opción o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por los sujetos pasivos que ejecuten exclusivamente operaciones que no originen el derecho a la deducción total o parcial del mismo, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.

   2. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, y el régimen de recargo de equivalencia.

   - En relación con las operaciones realizadas por empresarios o profesionales no establecidos en España, la exacción del tributo será efectuada por la Administración del Estado.

   - Las deducciones practicadas por el IVA soportado o satisfecho por los sujetos pasivos tendrán efectos independientemente de la Administración a la cual haya correspondido su exacción.

   - Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones incracomunica-rias y las operaciones con terceros se presentarán ante la Administración que tenga atribuida la competencia de comprobación e investigación de los sujetos pasivos.

   - Finalmente, se establece una norma de ajuste de tal modo que, durante un período de cinco años a partir de la vigencia del nuevo Convenio, se añadirá a la recaudación real de Navarra obtenida sobre el IVA la diferencia existente entre el 1,661% de la recaudación en el territorio común por el IVA derivada del he-Page 406cho imponible de las adquisiciones incra-comunitarias de bienes y el 98,339% de la recaudación real por el mismo concepto en la Comunidad foral de Navarra. Asimismo, para la determinación correspondiente a las adquisiciones intracomu-nitarias se computará la procedente de las ventas a distancia efectuadas por los no establecidos en España (disposición transitoria 3, apartado b).

2. En relación con los impuestos especiales, se efectúan las siguientes modificaciones:

   - Se atribuye a la Comunidad foral de Navarra la posibilidad de aprobar los modelos de declaración e ingreso y de determinación de los plazos relativos a éste, cuando dicha regulación no difiera sustancialmente de la prefijada por el Estado (art. 30).

   - Al igual que lo establecido en la normativa anterior, corresponderá a la Comunidad foral de Navarra la exacción de los impuestos especiales sobre la cerveza, el vino y las bebidas fermentadas, sobre los productos intermediarios y bebidas derivadas, cuando el devengo del impuesto se produzca en el territorio de Navarra. En cambio, se consideran como excepción a dicha regla los supuestos de importación (art. 31).

   - Se atribuye la posibilidad de efectuar, por parte de la Comunidad foral, la exacción del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte cuando los vehículos se matriculen en el territorio navarro, prescribiéndose que las personas físicas efectúen la matriculación en la provincia donde se halle su domicilio fiscal (art. 30.2).

   - Se establece la exacción del Impuesto especial sobre bienes inmuebles de entidades no tesidentes en favor del Estado (art, 31.4), que deberá tener en cuenta la recaudación derivada del presente impuesto y obtenida en Navarra a efectos de indicación de su aportación económica (art. 31, apartado 5).

   Susana Campuzano

   Ley 20/1993, de 29 de diciembre, de concesión de créditos extraordinarios a las secciones 32 y 33 de los presupuestos generales del Estado para 1993, aprobados por la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica durante el período 1992-1996 (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1993).

   La aplicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, para el período de 1992-1996, representó el necesario aumento de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para 1992, así como el incremento de la cuantía del Fondo de Compensación Intercerritorial, como consecuencia de la cobertura de la nueva inversión de los servicios traspasados a las comunidades autónomas.

   La fecha de aprobación de dicho Acuerdo impidió que pudieran incluirse los presentes recursos adicionales en la Ley de presupuestos generales del Estado para 1992, de modo que con la Ley 20/1993 se procede a la concesión de unos créditos extraordinarios destinados a cubrir la diferencia existente entre los porcentajes de participación definitiva establecidos en el art. 2 de la Ley comentada y los dotados en los presupuestos generales del Estado para 1992. Por este motivo, se concede un crédito extraordinario a la Sección 32 de los presupuestosPage 407 generales del Estado para 1993 por un importe de 80.678.238 millones de pesetas (art. 3.1).

   Respecto al importe correspondiente al Fondo de Compensación Interterrito-rial, éste se eleva a 128.844.900 millones de pesetas, de manera que se concede un crédito extraordinario por un importe de 21.353 millones de pesetas a la Sección 33 de los presupuestos generales del Estado para 1993 (art. 5).

   Los dos créditos presupuestarios se financiarán con el recurso al Banco de España o mediante la deuda pública (art. 6).

   Susana Campuzano

   Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de presupuestos del Estado para 994 (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1993).

   La Ley de presupuestos comentada procede a efectuar las siguientes consideraciones en lo que afecta a las comunida- des autónomas. En primer lugar, se determinan los porcentajes de participación de éstas en los ingresos del Estado aplicables para el año 1993 (art. 93 y 97). En segundo lugar, se fijan los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado aplicables a partir del 1 de enero de 1994 (art. 94).

   En tercer lugar, se aplica el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobado el 7 de octubre de 1993 (art. 95.6 y 103). En cuarto lugar, se prevén las transferencias correspondientes al coste de los nuevos servicios traspasados (art. 98). Finalmente, se determinan la cuantía y las comunidades autónomas beneficiarias del Fondo de Compensación Interterritorial.

   Respecto al primer punto, el art. 93 determina que el porcentaje definitivo de participación de las comunidades autónomas de Cantabria y Canarias para 1993 es, respectivamente, el 0,0656403 y el 0,7156596.

   En cuanto al segundo tema, el art. 94 determina como porcentajes de participación aplicables a partir del 1 de enero de 1994 los siguientes:

   Cataluña............... 2,0073988

   Galicia................ 1,3004175

   Andalucía............. 3,0013696

   Asturias............... 0,0980452

   La Rioja............... 0,0398921

   Murcia................ 0,0818472

   Comunidad Valenciana . . . 1,2337486

   Aragón................ 0,1359264

   Castilla-La Mancha....... 0,3114355

   Extremadura........... 0,2318731

   Baleares............... 0,0654820

   Castilla y León.......... 0,4269323

   El tercer punto destacable y más importante radica en la aplicación que la Ley de presupuestos comentada efectúa del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 7 de octubre de 1993- En tal Acuerdo, en primer lugar se instituye el sistema de financiación de las comunidades autónomas para el quinquenio 1992-1996 y, concretamente, se fija el procedimiento para la aplicación de la corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación autonómico. En se gundo lugar, el presente Acuerdo deter mina la integración de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. A continuación analizamos las dos cuestiones, En lo referente al sistema de financiación de las comunidades autónomas, la principal característica del nuevo Acuerdo radica en que se desdobla la participa-Page 408ción de las comunidades autónomas en la recaudación de los impuestos estatales en un tramo de carácter general, relativo a la participación en el rendimiento global del conjunto de los impuestos del Estado, y en un tramo de carácter específico o singular, relativo a la participación en el rendimiento del Impuesto sobre la renta de las personas físicas al ámbito territorial respectivo de las comunidades autónomas.

   A tal efecto, la Ley de presupuestos marca una diferencia entre aquellas comunidades autónomas que hayan adoptado el presente Acuerdo y las que no se hayan asimilado al mismo.

   En relación con las comunidades autónomas que no hayan adoptado el procedimiento para la aplicación de la corresponsabilidad fiscal, el art. 95.3 afirma que, liquidados los presupuestos generales del Estado para 1994, se procederá a efectuar la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado según la aplicación de la siguiente fórmula:

   Fd 1994 = PPljo - ITAE 1990 - IEP De la que:

   Fd 1994 = Financiación definitiva correspondiente a cada comunidad autónoma durante el ejercicio de 1994.

   PPljo = Porcentaje definitivo de participación de la comunidad autónoma fijado para el quinquenio 1992-1996.

   ITAE 1990 = Valor durante el año 1990 de la suma de la recaudación líquida por los capítulos I y II de los presupuestos de ingresos del Estado (excluidos los tributos susceptibles de cesión y los que constituyen recursos de la Comunidad Económica Europea), más la recaudación líquida por cotizaciones a la Seguridad Social y al paro.

   IEP = índice de evolución (o incremento) definido por la suma de la recaudación líquida por los capítulos I y II de presupuestos del Estado, los gastos equivalentes del Estado y el producto interior bruto.

   En lo que concierne a las comunidades autónomas que hayan adoptado el procedimiento de la corresponsabilidad fiscal, el art. 95.7 determina una serie de normas particulares destinadas a establecer la participación en los ingresos del Estado para 1994, diferenciando entre el tramo relativo a la participación en el rendimiento global del conjunto de los impuestos del Estado y el tramo relativo al rendimiento del Impuesto sobre la renta de las personas físicas derivado del ámbito territorial respectivo. Con este nuevo sistema se introduce la variable del esfuerzo fiscal en cada comunidad como criterio determinante del sistema de financiación autonómica.

   En cuanto al tramo definitivo de participación en los ingresos generales del Estado, se determinará aplicando el índice de evolución entre el año base y el año 1994.

   Respecto al tramo de participación derivado del rendimiento territorializado del Impuesto sobre la renta, se determinará previamente, mediante un certificado expedido por el Departamento de Informática Tributaria de Ja Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el importe definitivo de las cuotas liquidadas por sus residentes durante el año 1994, aplicándose a dicho importe el porcentaje del 15 % en función de lo previsto en las reglas 1, 2 y 3 del epígrafe III.6 del Acuerdo.

   Asimismo, cabe mencionar que se establece una serie de reglas destinadas a evitar el desequilibrio financiero del sistema, de tal manera que no exista un crecimiento excesivo de tales comunidades en relación con aquellas que no hayan optado por el nuevo sistema. En primer lugar, se establece una serie de reglas quePage 409 modulan el resultado financiero y que limitan el crecimiento de los recursos derivados de la aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal al fijar unos límites mínimos y máximos de crecimiento al aumento real de los recursos derivado del nuevo sistema de financiación. Tales límites se definirán en relación con la llamada «financiación fuera de fondo» (art. 95.7 de la norma cuarta) que escá formada por la suma de los tributos cedidos y «tasas normadas», y la financiación inicial por porcentaje de participación en valor del año 1990, actualizada al año 1994 según el índice que prevalezca en cada comunidad.

   Por lo tanto, a tenor del art. 95-7, norma quinta, el importe de la liquidación definitiva de los dos tramos de participación vendrá determinado por el resultado de restar a las entregas a cuenta efectuadas durante 1994 la suma de los importes definitivos de los dos tramos de participación menos lo derivado de la «financiación fuera de fondo».

   En segundo lugar, se establece la norma séptima del mismo artículo que, en caso de que el importe derivado de la liquidación definitiva sea superior a los límites máximos de crecimiento fijados en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el epígrafe III.5.1,¹ se minorará el importe de la liquidación conjunta de los dos tramos de participación.

   Otro tema tratado en el Acuerdo del Consejo y reflejado en la Ley de presupuestos es, como decíamos al inicio de la presente exposición, el relativo a ia integración de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Concretamente, el art. 103 determina que se añade un apartado 3.bis al art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 1991, que procede a la creación de dos órganos de participación de las comunidades autónomas en la gestión del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el ámbito central, la participación se efectuará a través de una comisión mixta de gestión del IRPF, formada por ocho representantes de la Administración tributaria del Estado y quince representantes de las comunidades autónomas, que tendrá las funciones de diseño de la política general de gestión del IRPF, establecimiento de directivas respecto a planes de inspección, tratamiento informático, campañas de información, etc. (art. 103-2). A nivel territorial, la participación de las comunidades autónomas se llevará a cabo a través de un órgano de relación para cada comunidad autónoma de régimen común, que dependerá del respectivo delegado especial de la Agencia en cada comunidad autónoma y estará integrado por cinco representantes designados por éste y por otros cinco de la comunidad autónoma. Este órgano tendrá las funciones de garantizar el cumplimiento de las directivas establecidas por la comisión mixta y colaborar en la gestión del IRPF a través de planes de inspección y de información.

   Comprobamos con el análisis de los preceptos presupuestarios que, efectivamente, y a nuestro entender, donde radica la verdadera corresponsabilidad fiscalPage 410 es en relación con los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, puesto que será realmente en este ámbito donde las comunidades tendrán una capacidad de gestión efectiva respecto al IRPF, al poder participar en la política general de aplicación del Impuesto. Contrariamente, no somos partidarios de atribuir el carácter de «co-rresponsable» al nuevo sistema de participación en el IRPF, en cuanto que consideramos que, en realidad, se sigue transfiriendo por parte del Estado la asignación de un porcentaje de participación, si bien actúa de un modo más determinante el criterio del esfuerzo fiscal en lo relativo a la dererminación de la cantidad a transferir por el Estado con el correlativo aumento de ingresos transferidos que ello conlleva. Teniendo en cuenta tales apreciaciones, estimamos que el único recurso que podría represenrar un cierto grado de corresponsabilidad fiscal sería el recargo sobre los impuestos estatales, ya que a través del mismo las comunidades autónomas podrían, efectivamente, ejercer el poder financiero que les atribuye el art. 156 de la CE.

   El cuarto punto a destacar es el contenido en el art. 98 de la Ley de presupuestos generales del Estado, en el que se determinan los requisitos que deberán reunir los reales decretos que aprueben las nuevas transferencias de servicios a las comunidades autónomas, de manera que, en el caso de efectuarse tales transferencias, deberá determinarse la fecha en que deberán asumir efecrivamente la gestión del servicio transferido y la cuantía a transferir,

   Por úlrimo, el art. 99 dota al Fondo de Compensación Interterritorial con 128.844,9 millones de pesetas para el ejercicio de 1994, estableciendo qué comunidades autónomas serán sus beneficiarías y la incorporación automática de los remanentes de los fondos del ejercicio presupuestario anterior al ejercicio del año 1994.

   Susana Campuzano

   Real decreto-ley 21/1993, de 29 de septiembre, de modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1993).

   Mediante el presente Real decreto, se procede a completar la Ley 20/1991, por la que se modificaron los aspectos fiscales del régimen económico de Canarias, adecuando su régimen financiero a las figuras impositivas existentes en la CEE. Concretamente, con la Ley 20/1991 se crearon el Impuesto general indirecto canario y el Arbitrio sobre la producción e importación en las islas Canarias, procediendo el Real decreto objeto de comentario a completar el procedimienro de gestión de los dos impuestos. A continuación, mencionamos las principales modificaciones:

1. En relación con el Impuesto general indirecto canario, las modificaciones efectuadas son las siguientes:

   - En cuanto a la delimitación del hecho imponible, se delimita la compatibilidad de dicho Impuesto con el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al efectuarse una nueva redacción del núm. 4 del art. 4. Se establece, en este caso, que las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de los derechos reales que re-Page 411caigan sobre los mismos y que se consideren exentos del Impuesto canario, estarán sujetos al Impuesto sobre transmisiones patrimoniales, excepto en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención. No obstante, también las transmisiones de valores a las que se refiere el art. 108.2 de la Ley 24/1988, de mercado de valores, quedarán sujetas tanto al Impuesto general canario como al Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (art. 4.b).

   - Se efectúa una delimitación del concepto de actividades económicas y empresariales. Una primera delimitación se lleva a cabo con carácter negativo al considerarse que no se reputarán como empresarios o profesionales aquellas personas que ejecuten exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito (art. 5.2.1). Una segunda delimitación se efectúa con carácter positivo al afirmar que tendrán, en cualquier caso, la consideración de empresarios o profesionales los arrendatarios de bienes, aquellos que constituyan, amplíen o transmitan los derechos reales de disfrute sobre bienes inmuebles (art. 5.4.a) y aquellos que efectúen la urbanización de terrenos y la promoción, construcción o rehabilitación de una serie de edificaciones, siempre que estén unidas a un inmueble de modo fijo sin que se deteriore la materia u objeto (art. 5.5).

   - Se efectúa, asimismo, una delimitación del concepto de entrega de bienes. Se considera como entrega de bienes el suministro de productos informáticos normalizados y los programas incorporados a los mismos (art. 6.2.1).

   - Se procede a delimitar el concepto de prestaciones de servicios. Se incluye en el concepto de prestaciones de servicios el suministro de productos informáticos específicos (art. 7.2.16).

   - En cuanto a los supuestos de no sujeción, se produce una delimitación negativa y otra positiva. En relación con la delimitación negativa, se considerarán como no sujetas:

1. La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo o de los elementos patrimoniales afectos a una o varias ramas autónomas de la actividad empresarial del trasmisor.

2. La entrega de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por los entes públicos cuando desarrollen actividades empresariales o profesionales, cuyas principales operaciones se lleven a cabo mediante una contraprestación de naturaleza tributaria. Se teputarán como operaciones principales aquellas que representen al menos el 80 % de los ingresos derivados de la actividad (art. 9-9)-

   Respecto a la delimitación positiva, se consideran sujetas:

1. Las actuaciones efectuadas por los entes públicos cuando actúen mediante una empresa pública, privada, mixta o, en general, empresas mercantiles.

2. La transmisión mortis causa de la totalidad o parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo cuando los bienes y derechos transmitidos se desafecten posteriormente de las actividades empresariales o profesionales que determinen la no sujeción (art. 9- 1-f)-

   - Se concretan, además, los supuestos de exención. Se amplían dentro de los supuestos de exención los servicios prestados por psicólogos, logopedas y ópticos diplomados en centros oficiales o reconocidos por la Administración (art. 10.1.3) y los servicios prestados directamente a los miembros de entidades que ejerzan actividades no sujetas o exentas del Impuesto, es decir, cuando el volumen total de las operaciones efectivamente gravadas por el Impuesto no exceda del 10% del total de las realizadas (art. 10.1.6).

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   En cuanto a las segundas y ulteriores entregas de edificaciones y a los arrendamientos de terrenos y viviendas se delimita el alcance de los beneficios fiscales, estableciéndose la posibilidad de renunciar a las exenciones relativas a los inmuebles (art. 101.22, 101.23 y art. 10.4).

   En lo referente al Impuesto sobre el valor añadido, se produce una serie de apreciaciones que permiten una mejor aplicación de dicho Impuesto y el Impuesto general indirecto canario. Las apreciaciones efectuadas por el Real de-creco 21/1993 tienen por objeto evitar sobreimposiciones o supuestos de no imposición entre los dos impuestos. Así, se elabora una nueva redacción del art. 17.2.5, que establece que determinados servicios se considerarán prestados en la sede de la actividad económica o en el establecimiento permanente del destinatario de los servicios devengados o, en su defecto, en el lugar del domicilio.

   - En cuanto a la repercusión del Impuesto, el Real decreto 21/1993 se introduce unas modificaciones que conllevan la flexibilización en relación con la repercusión. Concretamente, se admite el uso de la vfa telemática para emitir la factura o documento equivalente a través del cual se efectuará la repercusión (art. 20.1.2), la obligatoriedad de la repercusión del Impuesto en el momento de efectuar y entregar la factura (apartado 3), la pérdida del derecho a la repercusión si no se efectúa en el plazo de un año desde la fecha del advenimiento del tributo (aparcado 4) y la posible repercusión del tributo dentro del precio cuando la consignación del tributo repercutido perturbe sustancialmente el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales.

   - Respecto a la deducción de las cuotas soportadas, se añade un nuevo párrafo al art. 29, que establece que, en el caso de elementos patrimoniales que sólo sirvan parcialmente al objeto de la actividad empresarial o profesional, sólo podrá deducirse la parre del Impuesto satisfecha que se utilice realmente en aquella actividad (apartado 8). Se procede también a ampliar el plazo para acceder al derecho de la deducción, pasando a cinco años a partir del nacimiento del derecho devengado (art. 30.3.1), y se aplica también el mismo plazo cuando haya mediado requerimiento de la Administración o actuación contabilizada en los libros de registro establecidos reglamentariamente (art. 30.3.3) o cuando el derecho a la deducción esté pendiente de una resolución o sentencia firme (art. 33.bis)

   Por último, el derecho de deducción tendrá un nuevo régimen para las actividades diferenciadas (art. 34), entendiendo como tales las que tengan asignados grupos diferentes a la clasificación nacional de actividades económicas y su volumen de operaciones no exceda del 5 % de la actividad de la que dependan (art. 34.2), así como un procedimiento para la regulari-zación de los bienes de inversión y de las cuotas soportadas (art. 40, 42 y 43).

   - Se instituye también un cuadro específico de infracciones y sanciones adecuado al hecho imponible de conformidad con el régimen establecido en la Ley general tributaria (art. 63). Se diferenciará entre las operaciones interiores y las importaciones. Respecto a las primeras, se establece una serie de supuestos cuya realización da lugar a la comisión de infracciones simples, tales como disfrutar u obtener mediante declaraciones inexactas la aplicación de exenciones, supuestos de no sujeción o tipos impositivos inferiores a los procedentes, cuando el destinatario no tenga derecho a la deducción cotal de las cuotas soportadas (art. 63.2.2), y se cuantifica la sanción correspondiente (art. 63-3). En cuanto a las importaciones, se diferencia entre los hechos que dan lugar a la comisión de infracciones graves (art. 63.4.1), a las que se aplicanPage 413 las sanciones previstas en la Ley general tributaria (art. 63-5), y las que constituyen infracciones simples {art. 63-4.2), a las que se aplican sanciones que van de 25.000 a 500.000 pesecas según el tipo de infracción (art. 63.6).

   - Por último, se reconoce la posibilidad de efectuar una modificación de la base imponible al reconocerse en el art. 22.4 el derecho de los empresarios a solicitar la devolución el Impuesto repercutido y no satisfecho por los sujetos pasivos declarados en bancarrota o suspensión de pagos, para mejorar así su cornpetitividad.

2. En cuanto al Arbitrio sobre la producción e importación en las islas Canarias, se fijan nuevos supuestos de exención (art. 76.1) y se modifica el art. 78 al determinarse que el devengo del mismo se produzca en relación con las importaciones, al igual que sucede en el Impuesto general indirecto canario, cuando los importadores lo soliciten y, en su defecto, cuando se produzca la entrada efectiva en el ámbito territorial de la aplicación del Impuesto (art. 18.2).

   Susana Campuzano

   Real decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1993).

   En el presente Real decreto legislativo se elabora un texto refundido en el que se recogen las modificaciones efectuadas por el Real decreto legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de régimen fiscal de determinados activos financieros, por la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el valor añadido, por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de tasas judiciales, por el Real decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre sucesiones y donaciones, y por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas.

   En lo relativo a las comunidades autónomas, el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un impuesto cedido, de modo que les corresponde a las mismas su gestión, liquidación, recaudación y revisión (art. 10 LOFCA). Así, en cuanto a la gestión y liquidación, el art. 56 del Real decreto legislativo 1/1993 atribuye que la titularidad de la competencia para la gestión y liquidación del Impuesto corresponde a las delegaciones y administraciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, en su caso, a las oficinas con funciones análogas de las comunidades autónomas que tengan cedida la gestión del tributo. No obstante, en la disposición adicional primera se reconoce la posibilidad de que estas comunidades puedan encomendar las funciones de gestión y liquidación de dicho Impuesto cedido a las oficinas del distrito hipotecario y, concretamente, a los registradores de la propiedad.

   Se puntualiza también en la disposición adicional tercera del presente Real decreto legislativo que las referencias contenidas en la normativa del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados al Impuesto so-Page 414bre el valor añadido también deben entenderse referidas, en cuanto al Impuesto general indirecto canario, a su ámbito de aplicación. Por último, se establece que en Ceuta y Melilla, mientras siga en vigor el Impuesto general sobre tráfico de las empresas, se continuarán aplicando las normas del Real decreto legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, que anteriormente regulaba dicho Impuesto.

   Susana Campuzano

   Real decreto-ley 22/1993, de 29 de diciembre, por el que se establecen las bases para la regulación de horarios comerciales (BOE núm. 6, de 7 de enero de 1994).

   La historia previa más inmediata al presente Real decreto-ley empieza con el Decreto Boyet (Real decreto ley 2/1985, de 30 de abril, de medidas de política económica), que, en su art. 5, liberalizó los horarios comerciales, permitiendo que los establecimientos comerciales abrieran los días y horas que creyeran conveniente. Por su parte, el Parlamento de Cataluña, al igual que el valenciano, el gallego y el aragonés, aprobó una ley de comercio para limitar cal libercad absoluta que, en el caso de la ley catalana (Ley 23/1991, de 29 de noviembre, de comercio interior, refundida con la Ley 1/1983 por el Decreto legislativo 1/1993), prohibía abrir los domingos y festivos, estableciendo un máximo de sesenta horas semanales de atención al público, con posibilidad de exceptuar reglamentariamente dicho régimen para determinadas zonas, actividades, tipos de establecimientos o épocas del año; remisión al reglamento que originó el Decreto 23/1993, de 11 de enero, por el que se desarrolla la Ley 23/1991, de 29 de noviembre, de comercio interior, en materia de horarios comerciales.

   Los preceptos de estas leyes autonómicas que restringían la libertad absoluta de horarios fueron anulados por el Tribunal Constitucional en las sentencias 225/1993, 228/1993, 264/1993 y 284/1993 (ver los comentarios de tales decisiones en la sección correspondiente de esta Revista), por ser contrarios al art. 5 del Decreto Boyer, norma básica en función del art. 149.1.13 CE («[b]ases y coordinación de la planificación general de la actividad económica»).

   Por lo canto, llegamos al momento de la promulgación del Real decreto-ley 22/1993 con la vigencia indiscutida del Decreto Boyer en todo el territorio del Estado. Ahora bien, mientras, se han celebrado nuevas elecciones generales y el PSOE ha necesitado el apoyo del Grupo parlamentario catalán para formar gobierno, dando lugar tal colaboración a una serie de actuaciones, entre las que destaca el Decreto ley que estudiamos.

   El actual Decreto ley mantiene la vigencia del Decreto Boyer en los territorios de las comunidades autónomas que no dicten normas sobre los horarios comerciales, pero permite que las comunidades, «en el ejercicio de sus competencias», lo hagan, respetando los criterios básicos que enumeramos a continuación.

   Entre las normas básicas que las regulaciones autonómicas deben respetar hallamos que no pueden fijar el horario de cada establecimiento comercial, pero pueden imponer tiempos máximos de apertura semanal no inferiores a setenta y dos horas, También pueden declarar inhábiles todos los domingos y festivos del año, excepto un mínimo de ocho, quePage 415 deberán precisar, y permitir en estos días un mínimo de doce horas de actividad comercial.

   Estas posibilidades de limitar el calendario y horario comercial no son aplicables a las farmacias, que se rigen por una normativa específica; ni a una serie de establecimientos que pueden abrir todos los días y horas que quieran: los situados en las zonas turísticas que fije cada comunidad autónoma, en las temporadas que ésta establezca; los instalados en puntos fronterizos, estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo; los «establecimientos de venta de pastelería y repostería», panaderías, establecimientos de platos preparados, quioscos, gasolineras, floristerías y drugstores.

   En comparación con la anterior normativa vigente en Cataluña, constituida por el art. 5 de la Ley catalana 23/1991 (anulado por el Tribunal Constitucional) y el Decreto de la Generalidad 23/1993, de 11 de enero (suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), el Decreto ley estatal 22/1993 ha supuesto la líberalización de los horarios de las panaderías, los drugstores (o «tiendas de conveniencia», de mercancías diversas, que deben abrir un mínimo de dieciocho horas al día), y las tiendas situadas en los medios de transporte y en los puntos fronterizos y, en general, el permiso a las tiendas para abrir un mínimo de setenta y dos horas semanales (anteriormente sesenta) y un mínimo de ocho domingos y festivos al año (anteriormente ninguno).

   El presente Decreto ley tiene como una de sus finalidades, según la exposición de motivos, «delimitar el ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia». Tal objetivo se concreta en el art. 1, que dice: «En el ejercicio de sus competencias, corresponderá a las Comunidades Autónomas la regulación de los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales en su respectivo ámbito territorial, en el marco de la libre y leal competencia y con sujeción a los principios generales que, sobre ordenación de la economía, se contienen en el presente Real Decreto-ley». Con ello, parece que esta norma intenta definir positivamente las competencias de las comunidades autónomas, actuación que le está vedada tanto por su naturaleza de norma básica como por su forma de Decreto ley. En cuanto al rechazo de la posibilidad de delimitación positiva de las competencias autonómicas por normas básicas, véase, por ejemplo, Santiago Muñoz Machado, «La interpretación de la Constitución, la armonización legislativa y otras cuestiones», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 9, 1983, pág. 130-131, y Mariano López Benítez, «Doctrina del Tribunal Constitucional sobre las leyes básicas», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 235-236, 1987, pág. 589-590. Además, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 76/1983, fundamento jurídico 4.a, no incluye las normas básicas entre los instrumentos a utilizar para la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Respecto a la poca idoneidad del Decreto ley por la misma tarea, véase la Sentencia 29/1986 del Tribunal Constitucional, fundamento jurídico 2.b.

   La interpretación más favorable a la validez del Decreto ley sería afirmar que, a pesar de la literalidad, no se ha intentado llevar a cabo esta delimitación positiva de las competencias autonómicas, sino que se ha operado sencillamente una delimitación negativa, pues, al cambiar las normas básicas, se ha producido una ampliación del margen de desarrollo que puede corresponder a las comunidades autónomas.

   Ante tal situación, hallamos dos tipos de comunidades autónomas. Por un lado, las comunidades con competencia legis-Page 416lativa sobre comercio interior, facultadas para regular los horarios comerciales, pero que vieron limitado el ejercicio de dicha potestad por el citado Decreto Boyer, dictado en aplicación de la competencia estatal de ordenación de la economía. Estas comunidades ahora pueden regular los horarios, respetando los criterios básicos del nuevo Decreto ley, ya que el Decreto Boyer tan sólo se aplicaría supletoriamente. Es curioso el caso de Canarias, que, teniendo competencia legislativa sobre comercio interior (en virtud de la Ley orgánica 11/1982, de transferencias complementarias a Canarias), hizo un decreto de horarios comerciales alegando otros títulos compecenciales y no éste, corrigiendo el error en la Ley de comercio que ha promulgado posteriormente.

   Por el otro lado, tenemos las comunidades autónomas con competencia ejecutiva sobre comercio interior. Después de la aprobación del Decreto-ley 22/1993, muchas de ellas han pasado a regular los horarios comerciales y Madrid incluso lo ha hecho por ley. Algunas de estas comunidades han alegado, en los preámbulos de los decretos que han aprobado, otros títulos competenciales, como la ordenación y planificación de la actividad económica (Castilla-La Mancha y Madrid) o el fomento del desarrollo económico de la comunidad (Castilla y León, Madrid y -en la Ley de infracciones en la materia- Baleares), títulos compartidos por otras comunidades. Pero también hay las que, más o menos explícitamente, alegan que es el Decreto-ley 22/1993 el que les ha otorgado la competencia, sin considerar que, como ya hemos mencionado, ni las normas básicas ni el decreto-ley son mecanismos aptos para atribuir competencias a las comunidades autónomas. Así, por ejemplo, el Decreto de Castilla-La Mancha, en la exposición de motivos, afirma: «El Real Decreto-Ley 22/1993, de 29 de diciembre, establece las bases para la regulación de los horarios comerciales, atribuyendo a las Comunidades Autónomas la fijación de una serie de materias».

   También es criticable que se haya procedido a delimitar las bases sobre una materia con la técnica del decreto-ley, tal como afirmaba Pablo Santolaya Machetti en El régimen constitucional de los decretos-leyes, Tecnos, Madrid, 1988, págs. 167-169, aunque no es ésta la posición que ha adoptado recientemente el Tribunal, en la Sentencia 23/1993, fundamento jurídico 3.

   Aparte del régimen de las comunidades autónomas, esta figura normativa tampoco está autorizada a afectar a los derechos del título I, según el art. 86 CE. Y esto es lo que ha hecho, a nuestro parecer, el Decreto ley 22/1993 con la libertad de empresa del art. 38 CE, ya que, aunque la libertad absoluta de horarios no es exigida por la libertad de empresa, como dice el Tribunal Constitucional (Sentencia 225/1993, fundamento jurídico 3.b), consideramos que la libertad de empresa comprende la decisión de cuándo puede abrir un comercio y que, por lo tanto, la limitación debe nacerse por ley, tal como estableció el Tribunal Supremo en las sentencias de 23 de marzo de 1988 (Aranzadi núm. 1704) y 16 de enero de 1992 (Aranzadi núm. 602).

   Otra objeción que podría imputarse al presente Decreto ley es que, a pesar de que en el preámbulo habla de adoptar medidas, en realidad no establece ninguna medida, sino que remueve el obstáculo que impedía a los órganos autonómicos tomarlas por sí mismos, con lo que podría quedar fuera del supuesto habilitante de «necesidad urgente y extraordinaria» del art. 86 CE. Véase, a tales efectos, la Sentencia 29/1982, fundamento jurídico 3, cuando, en un supuesto de una deslegalización sin plazo perentorio para dictar el reglamento, dice: «No lesPage 417 autoriza esta competencia, sin embargo, para incluir en el Decreto-ley cualquier género de disposiciones: [...} ni, muy especialmente aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad». Ahora bien, la Sentencia 29/1986, fundamento jurídico 2.c, excluye la aplicación de esta regla a las habilitaciones al Gobierno para hacer planes de reconversión y reindustrialización, y sería preciso decidir si debe actuarse del mismo modo en el presente caso.

   De todos modos, aunque alterase instantáneamente la libertad absoluta de horarios existente, su urgencia y necesidad extraordinaria son difíciles de justificar.

   Este Decreto ley 22/1993 fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 10 de febrero de 1994, y se prevé que esté vigente hasta la aprobación de una ley estatal de comercio. Con tal perspectiva el Ministerio de Comercio y Turismo está elaborando un anteproyecto y el Pleno del Congreso acordó tomar en consideración una proposición de ley del Grupo parlamentario catalán y rechazar otra posterior de Izquierda Unida.

   De momento, el Decreto ley estatal ya ha sido desarrollado en Cataluña por el Decreto 41/1994, de 22 de febrero, de horarios comerciales, que ha respetado escrupulosamente la normativa básica establecida por el primero, pero -como han hecho las otras comunidades, con la excepción de Madrid- yendo poco más allá en la permisión a los comerciantes de fijar libremente los horarios de apertura. Así, los comercios catalanes pueden abrir hasta un máximo de setenta y dos horas semanales, y hasta un máximo de ocho domingos y festivos anuales, precisados por la Orden del consejero de Comercio, Consumo y Turismo de 10 de marzo de 1994, por la que se establece el calendario de apertura de los establecimientos comerciales los domingos y festivos. Este Decreto de la Generalidad sólo es más permisivo de lo que impone el Decreto ley estatal en el caso de los establecimientos comerciales situados alrededor de los mercados tradicionales no sedentarios de periodicidad superior a la semanal, que podrán permanecer abiertos los domingos o festivos en los que se haga el mercado, con la autorización expresa de la Dirección General de Comercio Interior y Servicios, solicitada por la corporación municipal correspondiente. En cuanto a los «establecimientos de venta de pastelería y repostería», el Decreto catalán sólo menciona los «establecimientos dedicados esencialmente a la venta de productos de pastelería», pero puede entenderse que lo abarca todo. En cambio, los decretos valenciano y balear han optado por fórmulas aparentemente más amplias como «establecimientos de venta de pastelería y dulces» y «establecimientos dedicados esencialmente a la venta de pastelería y repostería». A diferencia del anterior Decreto de la Generalidad de Cataluña (23/1993), el nuevo no prevé la posibilidad de autorizaciones especiales para determinadas épocas del año, y actividades y tipos de establecimientos específicos. Este Decreto 41/1994, elaborado sin una previa remisión al reglamento por parte de norma alguna con valor de ley, plantea ciertas dudas en cuanto a su respeto de la reserva de ley establecida en los art. 51.3 (para regular el comercio interior) y 53.1 (para regular la libertad de empresa del art. 38 de la Constitución, tal como ha sugerido Joan Pere López Pulido en «La nova regulado deis horaris comerciáis. Límits a la llibertat d'horari», Catalunya Municipal, núm. 53, de 1 de abril de 1994, y puede deducirse de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 23 dePage 418 marzo de 1988, Aranzadi núm. 1704, confirmando la anulación de un decreto y una resolución valencianos de horarios comerciales anteriores a la ley de dicha comunidad; y Sentencia de 16 de enero de 1992, Aranzadi núm. 602, confirmando la anulación de un decreto y una orden catalanes de horarios comerciales, de 1985, anteriores a la Ley catalana de 1991), hecho que ha provocado un anuncio de impugnación de este nuevo Decreto. También creemos justificado otro anuncio de impugnación del mismo Decreto al no haber consultado a los afectados durante su elaboración, tal como exige el art. 105.a CE y, en este sentido, estamos de acuerdo con el Dictamen núm. l6l del Consejo Consultivo, fundamento 7, reafirmado doctrinalmente por Llui's Cases Pallares en «La Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organítzació, proce-diment i régim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la participado deis ciutadans en el procediment d'e-laboració de disposicions administrad ves», Autonmies, núm. 12, 1990, pág. 240-244, y Josep M. Castellá Andreu en «La participación ciudadana en la Administración Pública (Estudio del artículo 105.a) de la Constitución», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 34, 1992, pág. 80-81, al considerar inconstitucional lo que sería el art. 64 de la Ley 13/1989, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Quizá por alguno de tales motivos el Decreto se ha elaborado «visto» y no «según» el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora,

   Muy parecidos son los decretos que han aprobado las otras comunidades autónomas, algunos de los cuales plantean, además del problema competencia! ya mencionado, otras cuestiones, como no respetar la reserva de ley y no consultar a los afectados -defectos compartidos con el Decreto catalán-; la omisión del dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; o el establecimiento de una franja horaria dentro de la cual podrán abrir los comercios (en el caso del Decreto gallego), cosa que parece incompatible con el Decreto ley estatal. Sobre la fijación de los ocho domingos y festivos al ano en que podrá abrirse, que a veces se ha hecho por decreto y otras veces se ha remitido a una orden, se han adoptado varias soluciones, como la inclusión de los ocho días en lo que queda de 1994, la reducción proporciona! de los días en función de los meses ya pasados, o, como en la orden catalana, la inclusión de un festivo del año 1995, rigiendo este calendario desde el 26 de marzo de 1994 hasta el 28 de febrero de 1995. Cabe destacar que la orden canaria habilita distintos festivos en las siete islas principales, llegando incluso a realizar tres regulaciones distintas para diversas zonas de las isla de La Palma. Por su parte, la Ley madrileña establece que anualmente se fijarán los festivos hábiles, pu-diendo variar su número cada año, y que de junio a diciembre de 1994 las tiendas podrán abrir doce festivos, que han sido precisados por decreto.

   Jordi Freixes

A cargo de Joan Manuel Trayter

Disposiciones varias

Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para ei ejercicio de la potestad sancionadora (BOE núm. 189, de 9 de agosto).

El citado Reglamento se dicta en desarrollo de la disposición adicional 3." de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El presente Real decreto recoge los trámites esenciales del procedimiento sancionador, aplicando los principios generales de dicho procedimiento recogidos en el título 9.° de la Ley 30/1992. Es necesario recordar que la citada Ley deroga expresamente los artículos 133 a 137 de la Ley de procedimiento administrativo, de 17 de julio de 1958.

Real decreto 1395/1993, de 4 de agosto, sobre contratación a tiempo completo de profesores asociados en las universidades públicas (BOE núm. 212, de 4 de septiembre).

Resolución de 9 de septiembre de 1993, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real decreto-ley 14/1993, de 4 de agosto, por el que se modifica la disposición adicional tercera y la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas en el procedimiento administrativo común (BOE núm. 221, de 15 de septiembre).

La resolución hace referencia a la modificación consistente en prolongar el período de adaptación de los procedimientos administrativos existentes a la Ley 30/1992. En síntesis, la citada norma establece, como regla, el silencio positivo denominado en la actualidad acto presunto. Ei mencionado Real decreto-ley prorroga la entrada en vigor de la Ley 30/1992 respecto al silencio administrativo, hasta el 27 de agosto de 1994, fecha en que entra en aplicación todo el sistema establecido en la nueva Ley.

Real decreto-ley 1572/1993, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento administrativo sancionador de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de la función estadística pública (BOE núm. 239, de 6 de octubre).

En el presente Reglamento se regula el procedimiento sancionador en materia estadística, desarrollando e! artículo 10 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística pública y el artículo 7 de la misma Ley, que prevee la facultad de los servicios es-Page 420tadísticos de solicitar datos a las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, con la condición de que sean residentes en España, y con la exigencia de que la información suministrada sea veraz, exacta y completa, y sea librada dentro de los plazos previstos. Respecto al procedimiento sanciona-dor, a pesar de que la Ley 12/1989 se remite a los artículos 133 a 137 de la Ley de 17 de julio de 1958, para haber estado derogado este procedimiento por la nueva Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, debe entenderse realizada esta remisión a la nueva normativa y a su reglamento específico.

Real decreto 2118/1993, de 3 de diciembre, por el que se amplía el censo electoral a los extranjeros nacionales de Estados miembros de la Unión Europea residentes en España (BOE núm. 290, de 4 de diciembre).

Real decreto 1492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE núm. 298, de 14 de diciembre).

Real decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, sobre medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros (BOE núm. 300, de 16 de diciembre).

Real decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros (BOE núm. 306, de 26 de diciembre).

Real decreto 2318/1993, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 1994 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre).

Real decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas (BOE núm. 312, de 30 de diciembre).

Traspasos

No existen traspasos dignos de mención a las comunidades autónomas.

Convenios

Real Decreto 1141/1993, de 9 de julio, por el que se formaliza el convenio entre la Generalidad de Cataluña y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y «Autopistas Concesionaria Española SA», sobre la construcción, conservación y explotación del enlace del Albornar, en la Autopista A2, Zaragoza-Mediterráneo (BOE núm. 175, de 23 de julio de 1993).

Resolución de 9 de septiembre de 1993, por la que se da publicidad al convenio suscrito por la Generalidad de Cataluña y el Ministerio de Asuntos Sociales en desarrollo de programas para situaciones de necesidad (BOE núm. 227, de 23 de septiembre de 1993).