La inserción laboral de las personas con discapacidades

El año 2003 constituyó un hito importante al cumplirse el décimo aniversario de las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas elaboradas por Naciones Unidas. La introducción de las normas de Naciones Unidas entrañó un cambio radical en favor de los derechos humanos y de un modelo social sobre la discapacidad. A instancia de los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, a partir de las propuestas del Foro Europeo para la Discapacidad, el 2003 fue considerado el «Año Europeo de las Personas con Discapacidad». El objetivo de esta celebración consistió en dirigir el progreso hacia la consecución de la plena igualdad de derechos de las personas discapacitadas. En toda Europa la atención se centralizó en las diversas áreas de la sociedad donde aún existen barreras y se discrimina a este grupo de personas, que desgraciadamente alcanzan la cifra de un diez por ciento.

Al hilo de lo anterior, los miembros del Colectivo Ioé, Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis han elaborado un preciso documento, editado por la Fundación «la Caixa», que recoge de manera exhaustiva las claves para comprender la problemática de las personas discapacitadas en España, y las trabas que encuentran para su inserción laboral. Basado en el análisis de la última encuesta sobre discapacidades y deficiencias realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el estudio supone una aproximación a los problemas de este colectivo, que en España alcanza la cifra de 3,5 millones de personas, de las que sólo un 24% en edad laboral acceden a un trabajo remunerado, la tasa más baja de todos los países de la Unión Europea.

Para aquellos que desconozcan al Colectivo Ioé, diremos que se trata de un gabinete independiente de investigación sociológica, radicado en Madrid, y especializado en el desarrollo de investigaciones sociales empíricas. Creado en 1982 con la finalidad, entre otras, de fomentar el desarrollo de las iniciativas sociales, se ha caracterizado desde su fundación por mantener una estrecha colaboración con diversos organismos estatales, instituciones públicas y grupos de iniciativa social. Especializado en la problemática de la inmigración, con varios libros publicados sobre el tema, el Colectivo Ioé, sin embargo, cuenta con una dilatada experiencia sociológica en el estudio de los procesos de exclusión social de los discapacitados, como lo demuestra el libro editado en 1998, bajo el patrocinio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, titulado «Discapacidad y Trabajo en España». Su Director de Programas, Miguel Ángel de Prada, sociólogo y reconocido ponente sobre temas sociales, asiduo participante en foros y congresos especializados, ha dirigido con acierto un estudio que sin duda será apreciado por aquellos de nuestros lectores cuya actividad profesional se desenvuelva en el mundo, siempre complejo, de la atención a las personas discapacitadas con riesgo de exclusión social.

La obra de la que hoy estamos hablando, reedita y actualiza muchos de los elementos y conceptos previamente analizados en el trabajo de 1998 citado anteriormente. Se trata, pues, de un libro muy cuidado, fácil de leer y con abundante información presentada mediante gráficos y tablas que, pese a la complejidad del tema tratado, recoge de manera «digerible» para los profanos, los copiosos datos que se aportan sobre el origen de las discapacidades, tratamiento de las mismas y los procesos de inserción laboral y social. En cualquier caso, nos encontramos ante un estudio esencialmente estadístico que, sin duda, servirá de base para que los estamentos correspondientes, ONGs, y la sociedad en general, puedan elaborar planes detallados para la eliminación gradual de las barreras que retrasan la integración laboral de las personas discapacitadas. La lectura minuciosa de este libro servirá como herramienta valiosa para organizar y promover acciones que permitan concienciar a los ciudadanos sobre los problemas de la discapacidad. Problemas que nos conciernen a todos y que, gracias a la participación activa de cada uno de los sectores sociales y a la aplicación de nuevas medidas, pueden, en un futuro próximo, evolucionar favorablemente.

El libro, de 190 páginas, está compuesto de dos partes y un balance final que, como dicen sus autores, «plantea algunas propuestas de carácter general dirigidas a las principales instituciones que influyen en la inserción laboral de las personas con discapacidades». Escrito como una contribución al «Año Europeo de las Personas con Discapacidad», recoge las recomendaciones de la «Declaración de Madrid» sobre la necesidad de analizar la situación actual de las personas discapacitadas en los países de la Unión Europea Œdonde con frecuencia ésta conduce a la discriminación, a la exclusión social y en muchos casos a la pobrezaŒ dentro de una visión general en la cual estas personas sean consideradas como ciudadanos independientes plenamente integrados en la sociedad y no como enfermos sujetos a la caridad ajena. Basados en la premisa de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos fundamentales que el resto de los ciudadanos, los autores asumen el compromiso de mostrar la diversidad de este colectivo compuesto por un grupo de personas donde prevalecen las mujeres, los mayores de 65 años y aquellos con ingresos mensuales por debajo de los 500 euros. La Carta Europea de Derechos Fundamentales, reconoce que para lograr la igualdad de las personas con discapacidad, el derecho a no ser discriminado debe ser complementado con el derecho a beneficiarse de medidas diseñadas para garantizar su independencia, integración y participación en la vida social. Esta síntesis ha sido recogida en el binomio «No discriminación + Acción positiva = Integración social», que fue el principio rector del Congreso de Madrid llevado a cabo en marzo de 2002.

En la primera parte se expone, de forma clara y sucinta, una visión general del panorama de la discapacidad en España, abarcando desde una breve reseña histórica de cómo se han abordado las deficiencias físicas desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando por la definición de las discapacidades según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tipos más frecuentes de las mismas entre la población española y terminando con su origen y tratamiento. Resulta esclarecedor leer que el concepto de discapacidad, revisado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001, supone «cualquier alteración en la condición de la salud de un individuo que puede generar dolor, sufrimiento o interferencia con las actividades diarias», y que la misma, no solo supone una merma de las condiciones físicas de la persona, sino que los factores ambientales externos influyen y condicionan la calidad de vida al existir una relación directa entre el individuo y su entorno. La sociedad en general, no es consciente de que un entorno con barreras limita el natural desenvolvimiento de las actividades de las personas discapacitadas. Junto a estas consideraciones, los autores exponen algunos datos importantes sobre la inserción laboral de los discapacitados en España y la Unión Europea, datos que presentan una perspectiva poco alentadora para nuestro país. Por ejemplo, en la encuesta de EUROSTAT 2001, la relación de personas con discapacidad severa que tienen empleo remunerado la encabeza Francia con un 36,8% y España la cierra, detrás de Italia e Irlanda, con sólo un 13,1%. Teniendo en cuenta que el origen de la mayoría de las discapacidades en las personas adultas proviene, obviando las enfermedades, de la siniestralidad laboral y los accidentes de tráfico, España sigue ocupando un puesto preponderante en ambos factores de riesgo dentro de la Unión Europea. Sin embargo, nos encontramos, de manera ostensible, por debajo de la media europea en el número de personas discapacitadas en edad laboral (16 a 64 años).

El libro indaga también, en esta primera parte, sobre las causas que generan la discapacidad, origen de las deficiencias, su distribución por edades, comunidades autónomas y provincias, y aporta una variada información estadística básica a la hora de elaborar futuros planes para el tratamiento de las discapacidades. Tampoco olvida hacer mención a la rehabilitación médico-funcional en sus apartados más característicos:

Œ Terapia ocupacional Œ Rehabilitación funcional Œ Rehabilitación del lenguaje Œ Rehabilitación ortoprotésica Œ Salud mental y asistencia psiquiátrica así como a las prestaciones y ayudas económicas al discapacitado.

La segunda parte da título a la totalidad del libro: «La inserción laboral de las personas con discapacidades», y constituye el punto central de la obra, bosquejando las tres principales vías de inserción social en España, que los autores concretan en las pensiones: principal vía de inserción para los hombres y que son percibidas por 42,9% del colectivo objeto de estudio, el trabajo doméstico: principal vía de inserción para las mujeres, al constituir las tareas del hogar una actividad habitual en el 51% de las mismas, y el trabajo remunerado que forma parte del sistema de inserción del 23,9% del total de personas discapacitadas en edad laboral, y de las cuales un 20% participa de alguna de las otras vías de inserción. Cada una de estas tres vías es objeto de un detallado análisis tendente a definir las peculiaridades de las mismas en función de la edad de los individuos, del nivel de estudios y de su entorno por comunidades autónomas.

El capítulo VI aborda el siempre complejo tema del acceso al trabajo, partiendo de la premisa, ya constatada en la encuesta de EUROSTAT de 1996, que España ocupa el último lugar en la Unión Europea en cuanto al porcentaje de personas con discapacidad severa que desempeñan un trabajo remunerado. Sobre este tema, los autores hacen bien en puntualizar que no siempre es la sociedad la culpable de este hecho, ya que más de los dos tercios del número de las personas discapacitadas en edad laboral, parece haber renunciado voluntariamente a esta vía de inserción. Entre las razones aducidas para no buscar empleo, los autores muestran un elocuente gráfico donde podemos comparar cómo un 18% dice realizar tareas del hogar o estudios, un 24% aduce no poder trabajar por incapacidad funcional o jubilación, otro 24% se considera desanimado ante las trabas encontradas y finalmente, el 34% restante se encuentra percibiendo pensiones de invalidez.

Encontramos también en esta segunda parte, una tabla, elaborada por los autores a partir de los datos de la Encuesta sobre Discapacidades y Deficiencias de 1999, de las tasas de actividad, ocupación y paro por comunidades autónomas de personas con discapacidades comprendidas entre los 16 y 64 años. En ella podemos observar cómo la tasa de actividad es más alta en Cantabria, Navarra y Cataluña y más baja en La Rioja, Canarias y Asturias. Sin embargo, Baleares, La Rioja y Aragón muestran la mayor tasa de ocupación (proporción de personas ocupadas sobre el total de las activas) y Extremadura y Andalucía las que tiene mayor tasa de paro. Otro dato muy interesante lo aporta el hecho de que al sobrevenir la discapacidad, el 30% de las personas afectadas han debido modificar su ocupación o han quedado incapacitadas para desarrollar el trabajo que hasta entonces venían desempeñando.

Los autores, a partir de los datos de la Encuesta sobre Discapacidades y Deficiencias, han reducido la clasificación de las categorías, en las que se englobaban los epígrafes de ocupación de las personas discapacitadas, a las siguientes: Directivos, Técnicos y Profesionales, Administrativos, Hostelería y Servicios, Obreros cualificados, Obreros no cualificados y Fuerzas Armadas, reflejando en el gráfico 6.12 los correspondientes porcentajes y en el que se puede observar que el colectivo estudiado está menos presente en los empleos que requieren mayor preparación y más en los que requieren menor. El tipo y la temporalidad de la contratación es otro de los apartados analizados junto con el llamado «empleo protegido» o «discriminación positiva». Es curioso comprobar, y los autores así lo hacen notar, el escaso acceso al empleo a través de la cuota de reserva del 2% que las empresas Œtanto públicas como privadasŒ con más de 50 empleados, tienen obligación legal de reservar para este colectivo. Según estimaciones del Consejo Económico y Social, esta medida garantiza en toda España empleo a un colectivo de 80.000 personas discapacitadas, pero tan sólo 11.500 trabajadores discapacitados reconocen haber accedido a su puesto de trabajo por este medio.

El capítulo VIII está dedicado a presentar los diferentes contextos que condicionan la inserción social y laboral de las personas discapacitadas, de los cuales, los autores destacan los siguientes: la familia, el mercado de trabajo, la política social y el movimiento asociativo. Una exposición interesante y prolija para conocer a fondo el problema y definir la forma de entender las discapacidades a través de la opinión del conjunto de la población española sobre la materia.

Por último, en el balance del capítulo IX, los autores hacen un resumen de algunos de los resultados más destacados del estudio, enumerados por apartados, que nos hemos tomado la licencia de resumir a nuestra vez en la siguiente tabla:

1. La población con discapacidades en España.

   El número de personas con discapacidad en edad laboral, suma en España 1,3 millones y supone el 5% de la población total.

   La mayoría de las discapacidades tiene su origen en las enfermedades contraídas a lo largo de la vida. Las mujeres tienen un mayor índice de discapacidad que los hombres. Las discapacidades afectan en mayor porcentaje a las familias con menos ingresos.

   La importancia de las discapacidades por comunidades autónomas está supeditada a dos factores: el índice de vejez y la renta familiar per cápita. El concepto de discapacidad esta definido por las deficiencias físicas, las deficiencias sensoriales y las deficiencias psíquicas.

   En muchos casos, las discapacidades representan limitaciones parciales que no tienen por qué impedir la inserción social.

2. Principales vías de inserción en edad laboral.

   Casi la mitad de las personas discapacitadas en edad laboral recibe pensiones.

   Las pensiones constituyen en España el sistema de inserción más frecuente. Más de la mitad de las personas que tenían empleo antes de sobrevenirles la discapacidad lo abandonaron por ese motivo.

3. España registra la menor tasa de ocupación de la Unión Europea. La proporción de personas con discapacidad severa que tiene empleo en España es la más baja de la Unión Europea. Así mismo, nuestro país es el segundo en discapacidad moderada, después de Irlanda, y el de mayor discriminación de género en el acceso al empleo junto con Italia.

   La distribución por sectores de actividad, de acuerdo con la situación profesional, es similar a la media de la población ocupada española. Las ocupaciones más frecuentes son las de obrero cualificado y no cualificado. Un tercio de las mujeres empleadas y la quinta parte de los hombres tiene contratos temporales.

   Una de cada diez mujeres trabaja en la economía sumergida.

   Un tercio de las personas ocupadas accedió al empleo a través del empleo protegido (centros ocupacionales, centros especiales o puestos de trabajo relacionados con la ONCE). La cuota de reserva del 2% de las empresas con más de 50 empleados, sólo ha generado un 3,7% de los puestos de trabajo de las personas discapacitadas.

4. Mayor tasa de desempleo y más parados de larga duración. El 26% de las personas activas con discapacidad se encuentra en situación de desempleo.

   Por comunidades autónomas, las tasas de desempleo más altas se producen en Andalucía y Extremadura, y las más bajas en Baleares y La Rioja. El método más utilizado para la búsqueda de empleo son las oficinas del INEM.

   Una de cada cinco personas ha realizado algún curso de formación o reciclaje profesional.

5. Mayoría de inactivos y parados. ¿Por qué?

   El 76% de las personas discapacitadas en edad de trabajar no tiene empleo. Según los autores, la mayoría de ellas aduce las razones expuestas anteriormente.

6. Principales instituciones con incidencia en el campo de las discapacidades. Alguna propuestas.

   La familia es la principal mediadora entre el sujeto con limitaciones y su entorno social.

   El mercado de trabajo constituye la segunda institución a la que los autores hacen referencia.

   La política social dirigida a las personas discapacitadas mantiene una posición activa en este contexto.

   Deben orientarse políticas específicas para evitar las barreras y restricciones que impidan la participación social de las personas discapacitadas en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

   Las asociaciones sectoriales, en las que sólo participa un 7,5% de la población discapacitada, deben conformarse como un recurso específico para la inserción social y laboral del colectivo.

   Finalmente, felicitamos a los autores del Colectivo Ioé, Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis por su exhaustivo trabajo estadístico, aunque echamos en falta, como colofón a su interesante obra, algunas propuestas o iniciativas concretas para afrontar la labor conjunta de los ciudadanos con la Administración en la inserción de las personas discapacitadas; como por ejemplo: la inserción social de las personas con discapacidades graves, la puesta en marcha de políticas informativas al colectivo sobre sus derechos, y la cohesión de los Servicios Sociales en las políticas activas de inserción laboral.

   ANDRÉS VÁZQUEZ MARISCAL