Inseguridad jurídica, pobreza y corrupción

Autor:Jorge F. Malem Seña
Páginas:19-46
 
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INSEGURIDAD JURÍDICA, POBREZA
Y CORRUPCIÓN
Jorge F. MALEM SEÑA
Universidad Pompeu Fabra
1. INTRODUCCIÓN
Las relaciones entre la inseguridad jurídica, la pobreza y la corrup-
ción no son fáciles de establecer. En primer lugar, por razones concep-
tuales. Las distintas concepciones que se asumen de cada uno de estos
fenómenos impactan decisivamente en las vinculaciones que se pueden
establecer entre ellos. En segundo lugar, por sus implicaciones mutuas.
Se discute si la pobreza es causa de corrupción o si, por el contrario, es la
corrupción la que causa la pobreza, y el papel que juega la inseguridad
jurídica en ambas supuestas direcciones causales. En tercer lugar, por-
que la mejora de uno de los aspectos de esta tríada no siempre supone
la mejora de los restantes. Y, en cuarto lugar, por no abundar en otras
cuestiones, porque las diferentes soluciones propuestas para estos pro-
blemas, sea individualmente o en su conjunto, no generan un consenso
generalizado.
Para comenzar a desbrozar el camino de estas vinculaciones triádicas,
entenderé que la presencia de la pobreza, de la corrupción o de la insegu-
ridad jurídica en una sociedad determinada puede ser considerada como
una calamidad y no como una catástrofe. Las diferencias entre la una y la
otra ya fueron puestas de maniesto por Ernesto Garzón Valdés (2004: 11
y ss.). Las catástrofes son provocadas por hechos naturales: un terremoto,
una lluvia torrencial o un tsunami, que causen auténticos estragos, son sus
ejemplos típicos. Por el contrario, las calamidades son el fruto de acciones
humanas voluntarias e intencionales; las guerras, las acciones terroristas o
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las violaciones masivas de derechos humanos pueden ser vistas como sus
manifestaciones indiscutibles. Las catástrofes son inevitables, aunque mu-
chas de ellas puedan ser predichas y así mitigadas al menos parte de sus
consecuencias más negativas. Las calamidades, por el contrario, al ser por
completo dependientes de acciones humanas son evitables y, como tal, sus
efectos perniciosos se pueden prevenir o eludir.
Que el padecimiento de la pobreza, la corrupción y la inseguridad ju-
rídica sean fenómenos históricamente universales, por otra parte, tampoco
ha de llevar a la conclusión de que son igualmente ineluctables. Por esa
razón, aunque tradicionalmente Iberoamérica haya sufrido estos agelos
no supone que deba cargar con ellos de un modo inexorable debido a una
supuesta naturaleza de los iberoamericanos, a sus peculiares idiosincra-
sias políticas o sociales, o a un oculto defecto congénito 1.
Pero esto no ha de ocultar el hecho de que la persistencia y magnitud
de estos fenómenos es también contextual y dependen del ambiente políti-
co, económico o social vigente. De ahí que la forma como se expresan estos
estados de cosas pueden variar signicativamente por áreas geográcas o
segmentos históricos. No es de extrañar, pues, que cada país que conforma
la zona iberoamericana los soporten en grados diversos y con determina-
das peculiaridades.
Naturalmente, que estos tres fenómenos sean considerados, cada uno
de ellos en solitud y en su conjunto, una calamidad, implica realizar una
valoración negativa de los mismos. La idea de calamidad hace referencia a
desgracias, infortunios, adversidades, desdichas o mala suerte, entre otros
aspectos siempre desagradables. Alguien podría pensar, por ello, que
existe un consenso generalizado sobre la conveniencia de superar estas
situaciones. Sin embargo, tal no es el caso. No siempre se está dispuesto
a luchar decididamente contra la inseguridad jurídica, la pobreza y la co-
rrupción; y menos aún quienes se benecian, directa o indirectamente, de
las mismas.
A pesar de estas reacciones, existen ya numerosas iniciativas, a nivel
internacional y en el seno de muchos Estados, dirigidas a erradicar o
al menos paliar los efectos más nocivos de esta tríada. Y aunque toda-
vía no haya unanimidad sobre qué medidas implementar o cuál es la
secuencia que se debería seguir para aplicarlas, nadie duda que estas
cuestiones deberían formar parte de la agenda política y social en Ibe-
roamérica.
En este trabajo señalaré algunas cuestiones conceptuales mínimas
necesarias para caracterizar estos fenómenos, y así evitar malenten-
didos puramente verbales, para luego analizar cuáles son sus vincu-
laciones más estrechas y sus consecuencias más nocivas. Comenzaré
examinando brevemente la perspectiva que asume Naciones Unidas
sobre la seguridad humana y lo que implica para entender la seguridad
jurídica.
1 Para una opinión en contra, véase Héctor A. Murena, 2006.

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