Innovar incluyendo. Gobernanza e interseccionalidad en Canadá
| Autor | Caroline Andrew |
| Páginas | 57-72 |
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Actualmente, y a la luz de los resultados que se presentan en la investigación que se explica en la segunda parte de este libro, parece productivo teóricamente y, tal vez más, empíricamente asociar los campos de la gobernanza y la interseccionalidad. La idea de interseccionalidad es cada vez más discutida en el ámbito universitario y académico. Asimismo, aunque sin emplear el término acuñado por Crenshaw en 1989, la idea de intersección tiene un sentido encarnado en los espacios de intervención comunitaria en los que existe una creciente diversidad de identidades. Es, precisamente, en este punto en el que considero que la idea de interseccioanlidad y de gobernanza están “condenadas” al diálogo.
De un lado, la noción de interseccionalidad sirve para poner nombre a una situación vivida cotidianamente por las personas en las que los ejes de raza, clase social, género o diversidad funcional, entre otros, se cruzan generando una nueva situación en el agente social, que va más allá de la suma del efecto de todos los ejes de opresión que acabo de mencionar –y a otros muchos que no he mencionado, pero que evidentemente afectan a la posición del agente–. De otro, la noción de gobernanza2sirve para nombrar el conjunto de procesos y estructuras de gobierno colaborativo que busca algo más que el buen entendimiento de la diversidad, es decir, algo más que la inclusión.
Para el objetivo que me ocupa en este capítulo –dar pistas sobre los puentes entre gobernanza e interseccionalidad– voy a priorizar las siguientes nociones de cada uno de los términos. Entiendo la gobernanza como el conjunto de mecanismos de coordinación dispuestos a la redistribución de poder, recursos e información entre distintos agentes (Andrew 2009, 2013). Asimismo, considero que la interseccionalidad es la fórmula para concebir las diferentes dimensiones que componen una situación de marginación y de opresión en un individuo en un contexto específico –por ejemplo la dimensión nacional, regional, local, etc.– De ese modo, la perspectiva interseccional permite abordar desde la crítica al pensamiento de la identidad simple, las múltiples dimensiones
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que afectan a las situaciones de exclusión, sin por ello jerarquizar una dimensión o un eje sobre otro (Andrew 2009, 2010). En lo que respecta a la interseccionalidad, además, puede ser útil concretar su definición a partir de las reflexiones realizadas por el Grupo de Trabajo Sobre el Respeto y la Igualdad de la Universidad de Ottawa que he tenido el placer de presidir entre 2014 y 2015:
Nuestro trabajo ha tomado sentido en el momento en el que hemos reconocido la naturaleza interseccional de la violencia sexual. En ésta, raza, habilidades, indigénéité3 y la clase social de una persona entre otros factores, la pueden volver vulnerable desde distintos frentes. Una reflexión interseccional ayuda a comprender que los seres humanos son el producto de la interacción de diferentes factores sociales como la raza, la etnicidad, la indigénéité, el género, la clase social, la sexualidad, el lugar de residencia, la edad, la diversidad funcional, la condición de inmigrante o la religión, entre otras. Estas interacciones se producen en un contexto de sistemas y de estructuras de poder esencialmente interconectadas. Por ejemplo: las leyes, las políticas públicas, los gobiernos, las instituciones religiosas o los medios de comunicación. De ese modo, se crean formas interdependientes de privilegio y de opresión modeladas por el colonialismo, el imperialismo, el racismo, la homofobia, el capacitismo4y el patriarcado (Hankivsky 2009).
Entiendo que en contexto de gobernanza urbana existen varias posibilidades para trabajar conjuntamente estos términos. Yo me voy a referir exclusivamente a una a partir de un ejercicio en dos pasos. En primer lugar, y tomando como base la reflexión teórica que he ofrecido de ambos términos, es posible pensar en las experiencias de participación comunitaria y destacar aquellas que sean a la vez ejemplo de interseccionalidad y gobernanza. A partir de ahí, en segundo lugar, es posible identificar los agentes sociales y comunitarios que incluyen en su práctica interna y acción externa lógicas de gobernanza y una mirada intersecccional. Así, pienso que los puentes entre estas dos nociones pueden establecerse a partir del análisis de las prácticas internas y acción pública concretas que llevan a cabo estos agentes que trabajan ambos temas. De modo que pensar tanto en el plano normativo como empírico, en el diálogo virtuoso de la participación y la interseccionalidad es posible y fértil, en mi opinión, a partir del análisis de la práctica de estos agentes.
Digo que es fértil porque la gobernanza abre la posibilidad de incluir una cantidad amplia de agentes en los procesos de toma de decisiones, y la
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interseccionalidad nos sugiere atender al hecho de que existen situaciones complejas de opresión. Tal y como lo veo, hacer dialogar ambas nociones va en beneficio de los procesos de profundización democrática inclusiva. Esta es una cuestión que ha sido abordada en otro lugar por una de las autoras de la segunda parte de este libro (Martínez-Palacios 2016; 2017), en la que ofrece un marco interpretativo de la democratización centrado en la inclusión a través de la herramienta de la interseccionalidad. Además, en la investigación que sigue a esta primera parte del libro, encontramos también esta idea a la que acabo de referirme. Para definir lo que las autoras consideran innovaciones democráticas feministas se han acercado a agentes sociales, políticos y técnicos que de un modo u otro enuncian la intersección en la que se sitúan, marcada por ejes como la edad, la clase social, el nivel educativo o el género, y enmarcan –no siempre explícitamente– su participación a partir de ella. Concretamente, considero que las propuestas de Innovaciones democráticas feministas que plantean las autoras tienen en consideración la interseccionalidad –ésta es más apreciable al final del texto– en base a una “perspectiva unitaria” de la misma (Hancock 2007). Es decir, que exploran de manera innovadora cada desigualdad (generada por distintas estructuras sociales) de forma separada y a partir de ahí establecen el diálogo en relación con otras desigualdades. Convengo en la idea de que es necesario explorar los puentes entre ambas nociones y para ello, en el siguiente apartado, me centro en el caso de Canadá, donde a partir de mi práctica como participante en espacios de gobernanza local y en grupos de mujeres en los que conviven, dialogan y se mezclan las diferencias y la diversidad, he encontrado algunas pistas que me gustaría ofrecer a la lectora/al lector del texto sobre las aportaciones que puede hacer mirar la gobernanza desde la interseccionalidad y la interseccionalidad desde la gobernanza.
Al reflexionar sobre el hecho de que la producción teórica en materia de gobernanza en Canadá sea más escasa que en otros lugares del mundo como Europa o Estados Unidos he podido llegar a una conclusión que al inicio de mis trabajos me sorprendió pero que en la actualidad considero una centralidad para posicionar mi entrada a la cuestión que nos ocupa. Pienso que Canadá es un país en el que la gobernanza está tan integrada en la práctica que se ha naturalizado, y que con esta naturalización se ha dado un proceso de desvalorización de los esfuerzos de gobernanza del país.
Para comprender la idea de gobernanza en Canadá es necesario comenzar por mirar su Acta Constitucional de 1867. Ésta es en realidad una ley del Parlamento británico. Nos interesan especialmente las disposiciones 91, 92 y 95 del Acta que definen respectivamente: los poderes y ámbitos competenciales del Gobierno Federal (disposición 91), de los Gobiernos Provinciales
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(disposición 92) y los poderes compartidos y ámbitos competenciales comunes. De modo que Canadá integra desde su carta fundacional una perspectiva de gobierno multinivel –o a diferentes escalas o niveles administrativos– que abre las puertas a la gobernanza. Un enfoque cualitativo centrado en la disposición 95 que regula los ámbitos competenciales compartidos por las dos escalas de gobierno nos permite ver lo siguiente: los ámbitos regulados con una perspectiva clara de gobernanza son los de la agricultura y la inmigración:
En cada provincia, la Asamblea puede hacer leyes en relación con la agricultura y a la inmigración; se declara que el Parlamento de Canadá, de vez en cuando, puede hacer leyes en relación con la agricultura en todos o en cualquiera de las provincias y a la inmigración en todos o cualquiera de las provincias; una ley de la Asamblea de una provincia en relación con la agricultura o a la inmigración tendrá efecto en y para la provincia en la medida en que no sea contraria a cualquier acto del Parlamento de Canadá.
Esto quiere decir que la llegada de personas inmigrantes para poblar Canadá y la producción de lo que Canadá cultiva para nutrir a su ciudadanía ha sido siempre de interés pancanadiense, regional y provincial. Estos ámbitos han sido desarrollados jurídicamente de manera desigual y progresivamente por cada región y provincia, comenzando por Quebec en la década de 1960, seguido de Manitoba y Columbia Británica hasta la actualidad, todas las provincias tienen ya una política de inmigración (Andrew e Hima 2014).
Este ejemplo nos lleva a la idea no sólo de que las estructuras oficiales del Estado tienen un carácter basado en la idea de gobernanza más que en la de gobierno (gouvernement), sino que también sugiere la idea de que en Canadá existe una inercia...
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