Sobre la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria, y el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 24 y 71 CE)

Autor:Juan Manuel López Ulla
Páginas:501-504
 
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STC NUM. 9/1990, FJ. 2:

La CI tiene por objeto una norma legal que ordena la petición de suplicatorio para poder procesar a un parlamentario en un proceso civil de protección al honor e intimidad de las personas (LO 1/1982, de 5 de mayo):

"Es incuestionable que el requisito de la previa autorización parlamentaria que la LO 3/1985, de 29 de mayo, introduce en el art. 2.2 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, constituye una grave y excepcional limitación del derecho a acceder al proceso (...) puesto que lo hace depender, no ya del cumplimiento por parte del demandante de un presupuesto procesal que venga exigido en condiciones de generalidad, sino de la decisión de un órgano no jurisdiccional que recae sobre la procedencia de un privilegio establecido en protección de un determinado grupo de personas y, siendo que sólo son admisibles los obstáculos y limitaciones del derecho a la tutela judicial que se manifiesten justificados y proporcionados en atención a la finalidad que persiguen, el problema que aquí se plantea se reduce a indagar cuál es la finalidad de la referida autorización previa y, una vez establecida, enjuiciar su razonabilidad y proporcionalidad".

FJ.3:

"No es necesario esfuerzo alguno para identificar la finalidad a que responde el requisito de procedibilidad introducido por la Ley Orgánica 3/1985, puesto que es el mismo legislador el que, en el preámbulo de la ley, explica que la autorización parlamentaria previa tiene por objeto proteger a los Diputados y Senadores de la constante amenaza de demandas civiles a que pueden verse sometidos a consecuencia de las opiniones que expresen en estrecha conexiónPage 502 con sus funciones parlamentarias, que no se produzcan dentro de las sedes de las Cámaras «y a las que no alcanzaría el principio de la inviolabilidad».

Sería suficiente centrar nuestra atención en esta última frase para obtener, sin más razonamiento, la inconstitucionalidad de esa exigencia de autorización previa, pues en ella se pone de manifiesto que el Legislador, de manera consciente, amplía, más allá de los límites establecidos en la Constitución, el privilegio excepcional de la inviolabilidad que consagra en su art. 71 (...) puesto que reconoce expresamente que la finalidad del requisito procesal es la de extender la inviolabilidad a supuestos excluidos por la Constitución del ámbito de esta garantía y, además, lo...

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