Inmigración y educación: la aparición de guetos escolares en los centros educativos
| Autor | José Antonio Souto Paz |
| Cargo del Autor | Director del Grupo de Investigación de la UCM, Universidad Complutense de Madrid |
| Páginas | 253-263 |
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El art. 27. 1 de nuestra Constitución española establece que «todos tienen el derecho a la educación…», y continúa en su apartado segundo que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Este precepto constitucional proclama las condiciones básicas para que el alumnado encuentre en el contexto educativo un ámbito donde aprender y donde se respete en todo momento su derecho a la igualdad y su dignidad humana.
Sin embargo, estas premisas no se cumplen de manera general para todos los escolarizados en España. Así, nuestro actual ámbito educativo permite que una parte de la población, que debiera disfrutar de tal derecho, no encuentre las condiciones necesarias para ello. Uno de los sectores escolares más afectados por esta premisa son los inmigrantes, los cuales sufren la segregación escolar cuyo riesgo mayor es la aparición de guetos en los centros educativos que ayudan a aumentar su marginación en la sociedad española.
Pero la situación de los escolares inmigrantes no proviene tan sólo del desarrollo de las políticas públicas educativas –ya sean estatales o autonómicas– sino que éstas deben ser puestas en relación con las políticas urbanísticas y de vivienda desarrolladas en nuestras ciudades, sobre todo, y en nuestros municipios. Esta posible tesis subraya que para conseguir una educación igualitaria es necesario estudiar las políticas públicas relativas a la enseñanza, pero también aquellas políticas públicas que se encargan de diseñar los centros urbanos que distribuyen a la población y, a la vez, el estudio de las políticas públicas dedicadas a la vivienda. Este análisis nos mostrará los elementos e indicadores de organización de la población según la calidad de la vivienda.
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Con esta argumentación no pretendo poner de manifiesto que las normas legales de las que se derivan estas políticas públicas sean inadecuadas ni, tampoco, que dichas políticas públicas no sean acertadas, sino que es necesario un desarrollo mucho más ajustado de éstas y una utilización mayor de medios económicos para evitar la segregación escolar amén de la segregación cultural y social, la cual es fundamental para entender la primera.
Por ello, estas páginas tratan –de manera sucinta– de entender cuáles son algunas de las acciones jurídicas que pueden llevar a propiciar los guetos escolares e impedir que el alumnado pueda proceder en su educación a conseguir las premisas del art. 10.1 CE, esto es, «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás […] (para conseguir) el orden político y […] la paz social». Asimismo, estas premisas no son las únicas que afectan a la marginación en los centros escolares, sin embargo, es uno de los factores que, a mi juicio, favorece la aparición de guetos escolares.
Así, el «Plan estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-20010», aprobado por el Gobierno de España, proclama que «El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española; hacer efectivo este derecho conlleva garantizar una mayor igualdad en el acceso a la misma, teniendo en cuenta las desigualdades iniciales de tipo económico, cultural y social que dificultan el acceso, eliminando los mecanismos que fomentan estas desigualdades y manteniendo y promocionando en el sistema educativo al alumnado en situación de desventaja».
Pero, volviendo a la argumentación central, es decir, a la relación entre la políticas públicas educativas y las políticas públicas urbanísticas y de vivienda, podemos observar cómo el Defensor del Pueblo español en su informe sobre «la escolarización del alumnado de origen inmigrante en España: análisis descriptivo y estudio empírico. Volumen II», incluía algunos indicadores que manifestaban diferencias con respecto a la vivienda, basados en encuestas realizadas a los propios alumnos. Pero sin duda, es el «Informe al Parlamento 2006» del Síndic de Greuges de Cataluña el que expresa la relación entre las diferentes políticas públicas manifestadas y la segregación escolar.
Por eso señala que «Algunos de los ejemplos mencionados en el apartado anterior ilustran los crecientes problemas de concentración de riesgos sociales y educativos que se producen en determinados barrios y que motivan diversas reacciones de los ciudadanos, tanto de los que acceden a escuelas gueto como de los que no obtienen plaza en la escuela deseada y hacen todo lo posible para evitar acceder a estas escuelas. El problema de la segregación escolar sobrepasa las posibles acciones de la propia Administración educativa y tiene que ver también con los problemas de desarrollo urbanístico asociados al crecimiento de las ciudades, con la concentración social de población socialmente desfavorecida en determinadas zonas y con la creciente llegada de población inmigrante y su concentración en barrios específicos…».
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Finalmente, esta situación también se contempla en el ya mencionado «Plan estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010», en la p. 213, ya que «Uno de los problemas específicos al que hay que hacer frente es la tendencia a la concentración de alumnos inmigrantes en centros escolares de titularidad pública; aunque este hecho se produce en todos los niveles educativos, alcanza los mayores porcentajes en la etapa de Educación Primaria y disminuye en niveles postobligatorios. No actuar para invertir esta tendencia producirá una segregación de la comunidad educativa en grupos diferenciados en función de la cultura, del origen étnico y social y de la capacidad económica, que indudablemente, se trasladará a la sociedad. La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que la población inmigrante suele asentarse en zonas socialmente desfavorecidas en cuyos centros escolares existe una mayor incidencia de alumnado en situación de desventaja social y, por ende, con más demandas educativas diferenciales que aumentan la presión sobre los recursos humanos y materiales disponibles».
Por tanto, estos documentos públicos ponen de manifiesto que, efectivamente, la marginación en los colegios públicos no proviene únicamente del propio centro escolar y las relaciones y acciones que en él se desarrollan sino que, dicha marginación, también tiene su punto de partida en otras cuestiones más generales que afectan a cómo los inmigrantes viven en las ciudades. Para probar esta relación debemos fijar los puntos de conexión entre la segregación escolar y la planificación urbanística; una vez fijados, será necesario estudiar si el Derecho vigente en España ofrece instrumentos para intentar resolver estos problemas.
La segregación escolar tiene lugar cuando coinciden una serie de condiciones que propician su aparición y su desarrollo. Uno de esos factores es la concentración en los barrios de las ciudades de familias inmigrantes con un nivel socioeconómico bajo. Esta concentración también se produce, por tanto, en los...
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