Inglaterra y Gales
| Autor | Carlos-Eloy Ferreirós Marcos - Ana Sirvent Botella - Rafael Simons Vallejo - Cristina Amante García |
| Páginas | 117-143 |
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El Reino Unido no presenta un sistema único aplicable a todo su territorio en materia de justicia juvenil. Cabe distinguir tres subsistemas que abarcan Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte, con importantes elementos diferenciales. En el presente epígrafe vamos a limitarnos a Inglaterra y Gales.
El artículo 50 de la Children and Young Persons Act 1933278establece que "se presumirá de forma irrebatible que ningún menor por debajo de la edad de 10 años puede ser culpable de una infracción penal". Para los menores por debajo de esa edad son posibles determinadas actuaciones judiciales en el ámbito civil que luego serán objeto de análisis. Fuera de este marco, escasas concesiones realiza la norma penal al menor en su condición de acusado279. La baja edad penal ha sido objeto de atención tanto del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa280como del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas281, recomendando ambos la elevación de la edad mínima.
Por otro lado, aunque existe tribunal especializado en Derecho Penal de Menores, no existe un cuerpo legal único en esta materia sino que la legislación está dispersa en diferentes textos, siendo más adecuado pensar en ella como una adaptación de las normas aplicables a los adultos282.
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Desde la década de los 90 del siglo XX, la normativa referente a la legislación de menores ha sufrido un notable endurecimiento. Las primeras reformas se desarrollaron por el gobierno conservador a partir de los años 93 y 94. Varios incidentes abogaron su introducción como los disturbios en Cardiff, Oxford y North Shields a principios de los 90, el cruel asesinato del niño James Bulger por dos menores de 10 y 11 años de edad en 1993, los límites que establecía la ley de 1991 al sistema judicial en lo concerniente a los reincidentes y la convergencia en la idea de que había que presentar una actitud de dureza en la lucha contra el crimen283. La llegada de los laboristas al poder en 1997, no dio lugar a un cambio en esta tendencia. La publicación del documento No more excuses284supuso ya una declaración de intenciones que desembocaría en un proceso legislativo inicialmente desarrollado por la Crime and Disorder Act 1998 que incorporaría un organismo central encargado de establecer normas de buena práctica y suministro de servicios (Youth Justice Board, artículo 41) y un proceso de graduación y progresión desde los estadios preventivos hasta los delitos más graves, comprendiendo nuevas órdenes civiles de protección con un contenido dirigido hacia la identificación de factores de riesgo, asunción de responsabilidades por los padres y atención a los denominados "comportamientos antisociales"; un ámbito de disposiciones prejudiciales tendentes a la realización de actuaciones correccionales como las amonestaciones, las advertencias finales o las denominadas "órdenes de remisión"; un espectro de medidas comunitarias más amplio con programas de supervisión más estrechos para los delincuentes reincidentes y, en la cúspide del sistema, un severo marco de medidas custodiales285.
Los artículos 152 y 153 de la Criminal Justice Act 2003 establecen unos principios generales sobre la facultad de imposición de medidas custodiales que no se aplican a concretos delitos que tienen predeterminado un mínimo con carácter imperativo. El principio general parte de que no deben imponerse "salvo que el tribunal considere que la infracción o la suma de esta con una o más asociadas sea tan grave que ni únicamente una multa ni una sentencia que imponga una medida en el ámbito de la comunidad puedan justificarla" (medida de último recurso). El propio artículo 152 establece dos excepciones: cuando el delincuente
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no expresa su voluntad de cumplir con los requerimientos propuestos por el tribunal para ser susceptible de una medida en el ámbito comunitario que la requiera o, en el caso de delincuentes que han alcanzado la edad de 14 años, no cumplen con una orden prejudicial de control periódico de drogas.
A la hora de establecer el umbral, el tribunal debe comprobar, junto con los requerimientos legales, las circunstancias, edad y madurez del joven delincuente. La obligación de atender el interés del menor obliga al tribunal a considerar una amplia gama de cuestiones incluyendo las relativas a la salud mental, capacidad y madurez286.
En lo que concierne a la duración de la medida, el principio general contenido en el artículo 153.2 de la norma establece que, salvo en los casos en que la imposición es imperativa, la sentencia "debe aplicarse por el tiempo mínimo posible (no excediendo el máximo permitido) que en la opinión del tribunal sea proporcional con la seriedad de la infracción, o la suma de la infracción y otra u otras asociadas a ella".
Son varias las posibilidades que permite la ley:
Si la sentencia adopta una "orden de detención y formación" (detention and training order), puede imponerse por los períodos de 4, 6, 8, 10, 12, 18 ó 24 meses, de conformidad con el artículo 101.1 de la Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000287. El tribunal no debe realizar una orden de detención y formación en el caso de menores de 15 años a menos que sea un infractor persistente (persistent offender)288y, en el caso de menores de 12, sólo cuando sea el único medio adecuado para proteger al público de que continúe cometiendo infracciones penales. El período de cumplimiento se divide en el estadio inicial de internamiento (que, en principio, debe abarcar la mitad del tiempo de la orden conforme al artículo 102.2), que puede acortarse en determinadas circunstancias (artículos 102.4 y 5) o alargarse si comete un nueva infracción durante el período de supervisión (artículo 105). El período de supervisión (de un agente de probation, trabajador social o miembro del Young Offending Team) dura hasta el final del plazo de la orden y se desarrolla en medio abierto (artículo 103).
Si la sentencia se dicta conforme al artículo 91 de la Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (especifica un conjunto de delitos graves), las medidas son de
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larga duración, superior a los dos años. La norma no especifica el período concreto indicando que durará el tiempo que "en opinión del tribunal sea proporcional con la gravedad de la infracción o la suma de ésta con otra u otras asociadas".
La Criminal Justice Act 2003 introdujo normas particulares respecto a lo que se denomina "delincuentes peligrosos" (dangerous offenders) en sus artículos 224 y ss289.
En estos casos, pueden imponer una detención de por vida (detention for life), una detención para pública protección (detention for public protection) o una prolongación de sentencia (extended sentence). La primera es la más grave; la segunda comprende un internamiento por tiempo indeterminado sujeto a las previsiones del capítulo 2 de la Parte 2 de la Crime (Sentences) Act 1997 sobre la puesta en libertad condicional; la tercera se trata de un período añadido al del tiempo de internamiento de la sentencia (no pudiendo exceder ambos el tiempo máximo de prisión que se impondría a un adulto) en el que el afectado debe sufrir un período de libertad condicional (que no puede exceder de cinco años en el caso de determinados delitos violentos y de ocho en el caso de determinados delitos sexuales). En los dos primeras formas el tribunal debe fijar el tiempo mínimo que tiene que cumplir el afectado antes de ser puesto en libertad condicional.
Por último, el artículo 90 de la Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 permite la detención at Her Majesty’s pleasure de aquellos menores de 18 años que hayan cometido un homicidio. Se trata de un internamiento por tiempo indeterminado en el que el tribunal debe fijar el mínimo que el afectado debe sufrir en custodia antes de alcanzar la libertad condicional. El punto de partida mínimo se fija -para los menores de 18 años- en 12 años, período que podrá incrementarse o reducirse teniendo en cuenta los factores de agravación o de atenuación que recoge el Apéndice 21 de la Criminal Justice Act 2003.
Existen tres tipos de instituciones donde los menores infractores pueden cumplir medidas custodiales: young offenders institutions (prisiones para jóvenes que son contratadas con el Servicio de Prisiones), secure training centres (más pequeños que los anteriores contratadas con compañías de seguridad privadas y que no pueden contener a más de 100 internos con un ratio mínimo de 3 trabajadores por 8 internos) y las secure children’s homes (que, con alguna excepción, son centros de servicios sociales de pequeñas dimensiones no más de 40 individuos- que son gestionados por las autoridades locales)290. El número de niños privados de libertad (tanto definitiva como provisional) es alto, lo que indica que la detención no siempre se aplica como medida de último recurso, lo que ha sido objeto de preocupación del Comité de Derechos del Niño291.
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Las medidas comunitarias (o de medio abierto), han experimentado una sensible modificación con la Criminal Justice and Immigration Act 2008292. La norma prevé una única medida en medio abierto con un amplio contenido que viene a sustituir el amplio número de medidas vigente bajo la Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (curfew orders,...
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