El régimen de las infraestructuras en la legislación del territorio de la comunidad valenciana

Autor:M.ª Teresa Cantó López
Cargo:Profesor Ayudante-Doctor (LOU) Master en Urbanismo y Ordenación del Territorio
Páginas:63-74
RESUMEN

El objeto del presente trabajo se centra en la planificación y el desarrollo de las redes de las infraestructuras en la ley valenciana 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y protección del paisaje, pues su influencia en la ordenación territorial se advierte decisiva en términos de competitividad y dinamismo. El modelo valenciano permite que las infraestructuras de transporte,... (ver resumen completo)

 
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1. Planteamiento general

A priori, se advierte que la implantación de infraestructuras origina la transformación del terreno sobre el que se va a asentar un determinado modelo socio-económico y urbanístico. En este sentido, la planificación y el desarrollo de las redes de infraestructuras en el territorio pueden condicionar nuevos procesos de suburbanización de las ciudades mediterráneas, abocando hacia un modelo de ciudad dispersa 1 que se caracteriza, entre otros factores, por el incremento del tráfico rodado y el alto consumo de los recursos ambientales 2, pues provoca la desaparición de los límites entre el campo y la ciudad. Como consecuencia, creo que sólo desde la ordenación del territorio pueden arbitrarse medidas para paliar y corregir tales procesos, pues la planificación territorial aparece vinculada a los intereses supralocales, la protección ambiental, mejora de la calidad de vida y equilibrio regional, e integración de las políticas sectoriales 3.

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En este sentido, la normativa territorial valenciana ha previsto adecuadamente estas circunstancias, de forma que, las infraestructuras ya no son sólo objeto de consideración como afecciones territoriales desde el punto de vista del planeamiento urbanístico sino que derivada de su dimensión supralocal, adquieren importancia desde la ordenación del territorio, pues las limitaciones que se establecen en su legislación específica cercenan la discrecionalidad del planeamiento o el derecho a edificar en un área o sector determinado.

Desde esta perspectiva, creo que las previsiones de la ley 4/2004, de 30 de junio de ordenación del territorio y protección del paisaje (en adelante, LOTPP) supone un punto de inflexión en la perspectiva urbanística de las grandes redes de infraestructuras dotándolas de una dimensión territorial, y que como efecto vinculan al planeamiento urbanístico de los municipios de la Comunidad Valenciana, sirva de ejemplo, la aprobación del Plan de Acción Territorial del Corredor de Infraestructuras. Por consiguiente, este trabajo se centra en el tratamiento de la implantación de las redes de infraestructuras desde la legislación territorial valenciana.

2. EL papel de los instrumentos de ordenación territorial en la creación de infraestructuras

Sin duda, la previsión de las infraestructuras se identifica como un elemento clave en la ordenación del territorio valenciano, como así se demuestra en el marco de la regulación establecida en el artículo 23 LOTPP y su desarrollo reglamentario, artículos 48 a 53 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante, ROGTU). Así, el extenso artículo 23 LOTPP titulado "implantación de infraestructuras" contiene los criterios de ordenación territorial relativos a las mismas, y que pueden ser de: transporte, energía, agua y comunicaciones. Por tanto, con carácter programático, la norma valenciana fija con buen criterio una serie de objetivos comunes a todas ellas:

- Atender las necesidades de desarrollo valenciano.

- Dotar al territorio de vías de comunicación, niveles de dotaciones y equipamiento que incrementen su competitividad.

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- Reducir al mínimo sus posibles efectos ambientales, culturales y territoriales negativos.

- Establecer condiciones que permitan la equidad territorial y la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los bienes y servicios públicos esenciales.

- Aplicar criterios de rentabilidad social y proporcionalidad en la asignación de los recursos

- Contribuir a la seguridad y calidad del suministro energético.

- Impulsar el desarrollo de las zonas rurales.

A continuación, con carácter obligatorio, la norma establece determinadas directrices que deben incorporarse a los instrumentos de ordenación territorial, y son las siguientes:

A) Medidas de integración en el territorio

En materia de infraestructuras, ordenación territorial y paisaje, las relaciones entre las administraciones públicas se rigen por el principio de coordinación 4, constitucionalizado en el art. 103 CE, pues presupone diversidad de competencias a título propio para cada ente. Específicamente, para el logro de los objetivos antecitados, la norma valenciana establece la obligación a las distintas administraciones públicas competentes de coordinar sus planes y proyectos 5 para la creación de infraestructuras. Por consiguiente, de acuerdo con ese principio organizativo, uno de los entes, en este caso, el Consell o gobierno autonómico, es quien va a ejercer la función de coordinación con respeto a la autonomía de las demás administraciones implicadas. De forma que, se dispone expresamente Page 66 que en caso de conflicto entre las administraciones, éste se soluciona en base a los criterios de colaboración en el marco de sus respectivas competencias, pero si persiste el desacuerdo, la disyuntiva termina por resolución del Consell o Gobierno Valenciano.

En cualquier caso, cabe precisar que debe respetarse la distribución de competencias y un margen de actuación a la administración local en materia de ordenación del territorio. Así, la STSJ del País Vasco de 17 de marzo de 2003, en relación con la aprobación por la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueba el plan especial para el desarrollo de unas infraestructuras de valorización de residuos sólidos urbanos en Monte Arraiz (Bilbao), determina que dicho plan cumple la función de coordinación y garantía de prestación integral del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos para los municipios y respeta la competencia del municipio en cuanto a la gestión de residuos en relación con infraestructuras de carácter municipal. Además, este pronunciamiento judicial pone de manifiesto que el plan especial es acorde con el ordenamiento urbanístico y la doctrina del Tribunal Supremo 6 porque no clasifica suelo sino que simplemente se dedica a prever el asentamiento de la infraestructura, anticipando aquellas que resulten necesarias y complementarias para su puesta en funcionamiento.

En cuanto a la técnica de coordinación, la norma valenciana precisa que la manera adecuada de llevar a cabo esa tarea es mediante la compatibilidad de usos y su integración en redes homogéneas para reducir el consumo de recursos, sin suponer un menoscabo en la accesibilidad y utilización por los ciudadanos. Por su parte, el reglamento establece que prioritariamente, la administración debe utilizar las reservas de terreno 7 previstas en el planeamiento Page 67 o compatibilizándolas con las existentes con anterioridad. En definitiva, los instrumentos de ordenación del territorio, y en concreto, los planes de acción territorial integrados o sectoriales, se establecen como medidas jurídicas para la aplicación del principio de coordinación.

En esta cuestión que nos ocupa, la implantación de infraestructuras, cabe señalar la vinculación existente entre el planeamiento territorial y urbanístico 8, en cuanto que la LOTPP determina, como primera medida de integración en el territorio que los planes urbanísticos han de contemplar reservas de suelo necesarias para la creación o ampliación de las infraestructuras. Se exigen tanto las reservas de suelo para la gestión de residuos (recogida, ecoparques y otras) como para las instalaciones o aparatos de vigilancia y control de la contaminación lumínica, acústica y atmosférica, las cuales tienen la consideración de elementos de la red primaria de dotaciones públicas a efectos del planeamiento urbanístico 9. Además, los terrenos como pasillos para redes u otras infraestructuras pueden ser clasificados en atención a las clases de suelo previstas en la legislación urbanística, así por ejemplo pueden ser calificados como suelo no urbanizable cuando se aprecie su valor paisajístico o mediambiental, y por tanto inadecuados para el desarrollo urbano siempre que esa opción haya sido motivada por la administración en uso de su facultad discrecional de planeamiento 10.

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De modo que, la potestad discrecional de la administración en el planeamiento territorial y urbanístico, a la hora de diseñar las infraestructuras necesarias ha de adecuar su trazado y diseño a las características del territorio en el que se implanten, su integración en el paisaje, su respeto al medio natural y la prevención de los eventuales riesgos naturales. Su importancia es tal, que no son solo recomendaciones de carácter técnico sino que se convierten en criterios de elección de dicho trazado siendo elementos reglados de la decisión administrativa definitiva.

Además, para lograr la integración de las infraestructuras en el entorno, los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico ordenan aquellas de suministro de energía y comunicaciones 11, mediante la delimitación de corredores o pasillos para el paso de dichas instalaciones atendiendo a la vulnerabilidad del medio, mediante la integración de su estructura en el territorio, de forma compatible con los valores culturales y el paisaje. Una vez más, se pone de manifiesto las exigencias ambientales, y sobretodo, las paisajísticas 12 en el marco de la implantación de las infraestructuras, pues se exige analizar el impacto territorial que pueda originarse 13 junto con su funcionalidad en relación con el medio y Page 69 la necesaria ejecución de aquellas que sean necesarias cuando se trate redes de transporte, energía, agua y comunicaciones 14.

B) El ejemplo del plan de acción territorial de carácter sectorial de corredores de infraestructuras

El trazado de las infraestructuras lineales a través de los corredores y reservas de suelo que se proyecten en el territorio valenciano, tal y como exige la legislación del territorio 15, se establece mediante el Plan Territorial de carácter sectorial de corredores de infraestructuras 16 en el ámbito de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 78/2005, de 15 de abril. En concreto, el objetivo del PAT de infraestructuras consiste en establecer la reserva de suelo necesaria para la ejecución futura del "Proyecto de Transferencias de recursos hídricos de la cuenca del Ebro a diversas cuencas, autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional". Así contiene además, las reservas de suelo para instalaciones anexas junto con las normas para la regulación del uso del suelo y de la edificación en una franja de terreno a ambos lados del trazado 17.

Este PAT se compone, de un lado, de una parte eminentemente técnica (memoria y planos) en la que se aborda: el análisis y diagnóstico territorial integrado en un documento de información, los objetivos y estrategias a seguir, y la evaluación ambiental estratégica. De otro lado, la parte normativa se refiere a las limitaciones en el ámbito del corredor, y que se establecen en relación con: las afecciones territoriales (espacios naturales protegidos, vías pecuarias, montes, zonas inundables, infraestructuras ya existentes 18, y Page 70 planeamiento urbanístico), las limitaciones al uso del suelo y la edificación atendiendo a las distintas clases de suelo por las que discurre el corredor (urbano, urbanizable y no urbanizable), y por último, con la adecuación a las infraestructuras.

En relación a los pasillos infraestructuras, su ubicación está sometida a la previa autorización de la administración autonómica con competencias en esta materia. No obstante, la implantación de las infraestructuras objeto del PAT ha de adecuarse en lo posible a la estructura parcelaria, a los linderos de propiedades colindantes y caminos existentes, estando sometida necesariamente a evaluación de impacto ambiental.

C) Límites a los nuevos crecimientos urbanísticos

Como regla general y basándose en la filosofía propia del modelo de ciudad compacta, propio de la vertiente mediterránea, desde la legislación valenciana se pretende limitar los nuevos crecimientos urbanos o usos del suelo que necesitan redes de comunicación, transporte o energía, de forma que, su desarrollo urbano o el uso del suelo debe apoyarse en las ya existentes. Con estas previsiones, se trata de reducir la creación de núcleos de crecimiento aislados en el territorio, pues es conocida la tendencia a desarrollar edificaciones y elementos accesorios en las proximidades de las infraestructuras de comunicación.

De manera excepcional, la LOTPP contempla la posibilidad de creación de nuevas infraestructuras para las necesidades de transporte, accesibilidad y movilidad cuando resulte justificado desde el punto de vista territorial 19. En este sentido, el reglamento determina que los planes o proyectos han de contener la justificación y análisis de las instalaciones o de los desarrollos urbanísticos previstos que puedan perturbar el adecuado funcionamiento de la infraestructura o resulte incompatible, supuesto éste último, en el que el planeamiento deviene obligado a prohibir el crecimiento urbanístico Page 71 en la zona afectada. También, cabe destacar que en la implantación de las infraestructuras, la integración en el paisaje cumple un papel esencial, pues el artículo 11.3 LOTPP dice expresamente que "los planes que prevean crecimientos urbanos y los planes y proyectos de infraestructuras contendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el paisaje, que se incluirá en los estudios de evaluación estratégica ambiental". En definitiva, otro instrumento de ordenación territorial, el estudio de paisaje, dispone las medidas correctoras y compensatorias de los impactos paisajísticos que fundamenten la viabilidad del proyecto.

Por otra parte, tanto la LOTPP como el ROGTU han querido perfilar a quien corresponde la financiación de las infraestructuras. Primero, la citada ley atribuye al promotor o a los propietarios los costes económicos para la construcción o ampliación de las infraestructuras necesarias para satisfacer sus necesidades, de acuerdo a los instrumentos urbanísticos pertinentes. Y en segundo lugar, la norma reglamentaria ha determinado que éstos corresponden a cargo de los propietarios, excepto de si se trata de obras accesorias susceptibles de concesión, en cuyo caso son asumidos íntegramente por el urbanizador. Se observa aquí, que jurídicamente se toma en consideración los objetivos complementarios que pueda haber comprometido el urbanizador, y que antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana, este agente lo repercutía con cargo a los propietarios del sector en la ejecución del programa de actuación integrada.

D) La contribución a través de la gestión territorial en el mantenimiento del territorio y el paisaje

Así las cosas, los nuevos planteamientos de la ordenación del territorio se orientan a la integración de las políticas sectoriales, la gestión racional de los recursos naturales, la protección y la mejora de la calidad de vida, el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, y la idea de equidad territorial. Para ello, la norma valenciana introduce el concepto de "gestión territorial" 20 que tiene Page 72 como finalidad la consecución del desarrollo sostenible favoreciendo la protección del paisaje y del territorio junto con la utilización más racional de los recursos naturales, minorando los residuos y emisiones al ambiente.

Se trata de un modelo de gestión en el que se aplica la idea de equidad territorial desde el ámbito supralocal, y desde el que se relaciona todo el suelo del municipio, pues permite que se pueda transferir los aprovechamientos a determinados municipios a costa de los beneficios de los municipios que más consumen recursos 21, de modo que corresponde a éstos contribuir a asegurar la sostenibilidad global compensando al conjunto con actuaciones financiadas por el "Fondo de equidad territorial", gestionado por la Generalitat y por otra, a un fondo municipal que se invierte en el propio municipio. De forma que se realizan actuaciones orientadas bien a proteger el territorio bien a mejorar las condiciones de la población o del entorno.

Como se ha expuesto más arriba, la LOTPP considera que la ejecución de las infraestructuras consume recursos naturales e incide sobre el paisaje, de modo que establece imperativamente que cualquier infraestructura que discurra o vuele sobre suelo clasificado como no urbanizable, a excepción de aquellas agrarias, debe contribuir en el mantenimiento y en la recuperación del territorio a través del mecanismo de las cuotas de sostenibilidad integradas en el instrumento de la gestión territorial.

Este mecanismo es importante porque las cuotas de sostenibilidad financian entre otras cosas, los programas y proyectos para la sostenibilidad y la calidad de vida, es decir, proyectos que se orientan a satisfacer los objetivos previstos en el artículo 2 LOTPP, entre los que figura la implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo territorial con arreglo a los criterios de calidad, economía, eficiencia, ambientales y territoriales. Por tanto, estos programas pueden incluir la ejecución de obras, infraestructuras, instalaciones, acciones públicas de recuperación del paisaje 22 y del ambiente, que sea necesaria para conseguir ese objetivo.

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Hay que hacer notar, que tanto en la ley 23 como en el reglamento de ordenación territorial 24 destaca la ausencia de la adopción de un concepto de infraestructuras o la delimitación de su contenido 25. No obstante, la norma reglamentaria enuncia las infraestructuras sujetas a la cuota de sostenibilidad 26: viarias, ferroviarias, portuarias, cualquiera referida al transporte de mercancías o pasajeros, energéticas (de producción, transporte y distribución), hidráulicas (de suministro, evacuación y vertido), las de telecomunicaciones y otras análogas. Por el contrario, quedan excluidas 27 de la cuota de sostenibilidad, aquellas que se refieren a: depuración y reutilización de aguas residuales, aprovechamiento de fuentes de energía renovables, y las de defensa de poblaciones frente a riesgos naturales.

La regulación de la cuota de sostenibilidad dispone que corresponde a los particulares titulares o promotores de la infraestructura la asignación al Fondo de Equidad Territorial, considerándose como cargas, una cantidad equivalente al 2% del presupuesto de ejecución material de la obra o instalación 28. También las administraciones públicas que lleven a cabo la ejecución de las infraestructuras Page 74 aportarán como mínimo el 2% del presupuesto total a dicho Fondo, sin que suponga un incremento presupuestario 29.

En cuanto al momento para realizar efectivamente la aportación de la cuota, el dies ad quem es de un mes a contar desde la notificación de la concesión de la última licencia municipal necesaria para el comienzo de las obras, o bien del acto de aprobación del proyecto de ejecución 30. Cuando se trata de infraestructuras de la Administración General del Estado, se aplicará su normativa específica 31.

3. BREVE CONSIDERACIÓN FINAL

En resumen, cabe concluir que los instrumentos de ordenación territorial resultan adecuados para integrar la política sectorial de infraestructuras al incidir en la implantación de las mismas a través de las técnicas de coordinación de las administraciones competentes en sus planes y proyectos, la vinculación del planeamiento urbanístico, y la gestión territorial. En definitiva, en el ámbito valenciano, se proponen medidas específicas para integrar las infraestructuras en el territorio al tiempo que se protege el entorno y se mantiene y recupera el paisaje. Con todo ello, se pretende dar cumplimiento a uno de los principios de sostenibilidad enunciados en la Estrategia Mediterránea de Desarrollo Sostenible que dice expresamente "desarrollo de las políticas de planificación, ordenación del territorio y urbanización que reconduzcan la expansión urbana e industrial preservando los valores culturales y naturales de la Cuenca Mediterránea" 32.

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Notas

[1] Sobre este concepto, vid. J. MONCLÚS, "Suburbanización y nuevas periferias. Perspectivas geográfico-urbanísticas", La ciudad dispersa, Centre de Cultura Contemporánea, Barcelona, 1998, pág. 9. O. NEL LO, "Los confines de la ciudad sin confines. Estructura urbana y límites administrativos en la ciudad difusa", La ciudad dispersa, Centre de Cultura Contemporánea, Barcelona, 1998, págs. 35 y ss.

[2] S. RUEDA PALENZUELA, "Costes ambientales de los modelos urbanos dispersos: el caso del área metropolitana de Barcelona", Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 54, junio, 2003, págs. 14-23; pone de manifiesto la indefinición entre el campo y la ciudad, los impactos ambientales que provoca la creciente ocupación del suelo, a la vez que señala los efectos sobre el medio de la tipología unifamiliar aislada: elevado consumo de agua, excesiva fragmentación del territorio por las vías de comunicación, y aumento del consumo de energía; además de los elevados costes económicos de su mantenimiento.

[3] En este sentido, vid. F. LÓPEZ RAMÓN en "Introducción a los significados de la ordenación del territorio en Europa", RAP, núm. 166, enero-abril, 2005, pág. 231.

[4] Art. 90 LOTPP.

[5] Arts. 23.2 LOTPP y 53 ROGTU. Ambas disposiciones deben ponerse en relación con el art. 3 LOTPP en el que se reconoce a la ordenación del territorio como una función pública que corresponde a la Generalitat, los municipios y provincias, al tiempo que determina la colaboración de las administraciones públicas y los particulares en los instrumentos y objetivos de ordenación del territorio.

[6] La STS de 15 de noviembre de 1995 pone de manifiesto que los planes especiales tienen la limitación específica de no poder sustituir en ningún caso a los planes generales como instrumentos de ordenación integral del territorio y expresamente no pueden clasificar suelo.

[7] Así, por ejemplo, la STSJ del País Vasco de 27 de marzo de 2002 entiende que la aprobación condicionada de las Normas Subsidiarias de Zizurkil a la inclusión de la reserva de suelo para la nueva Red Ferroviaria del País Vasco, es una expresión de la necesidad de coordinación entre Administraciones Públicas, pues las infraestructuras afectan al territorio y al propio planeamiento municipal "lo que explica razonablemente la necesidad de introducir, mediante la coordinación institucional, en las normas de planeamiento las previsiones del plan territorial sectorial" (f. jco.2º).

[8] Es significativo la vinculación jurídica estricta entre los instrumentos de ordenación territorial sobre los planes de urbanismo, esta cuestión forma parte de la problemática sobre los efectos entre el sistema de planeamiento territorial y urbanístico. Sobre este particular, vid. S. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ en "Gestión territorial", RAP, núm. 166, enero-abril, 2005, págs. 268 y ss.; y E. SCHMIDT-ASSMANN, "Elementos estructurales y niveles de la planificación en el Derecho Alemán (con especial referencia al "sistema de planeamiento territorial)", Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 6, 2004, pág. 26.

[9] Art. 23.6 LOTPP, arts. 51 y 52 ROGTU.

[10] La STSJ Madrid de 13 de abril de 2005 (Ar. 187349) reconoce que en la Memoria se justifica por qué se han preservado esos suelos del proceso urbanizador, en relación con pasillos para infraestructura y zona verde extensiva. Por otro lado en la STSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de noviembre de 2003 estima conforme al ordenamiento valenciano que el Plan Especial de Infraestructura eléctrica "La Punta" desclasifica un suelo agrícola en suelo de sistema general de infraestructuras básicas y de servicios, pues considera que el Plan recurrido cumple con la función de concretar el funcionamiento de la red de infraestructura al tiempo que "desarrolla"o "modifica las previsiones del Plan General o el Plan Parcial.

[11] Como pone de manifiesto la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de mayo de 2001, para aprobar el proyecto de obras "Parque lineal del Montañar Bajo de Jávea (Alicante)" en zona de paseo marítimo en el que se crea o amplían las reservas de uso dotacional y se definen y protegen las vías de comunicación y el medio natural es preciso que previamente se haya aprobado un Plan Especial relativo al sistema General del Paseo Marítimo Montañar.

[12] El art. 11.3 LOTPP dice así "El paisaje actuará como criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de las infraestructuras". Los planes que prevean crecimientos urbanos y los planes y proyectos de infraestructuras contendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el paisaje, que se incluirá en los estudios de evaluación estratégica ambiental". En definitiva, el estudio de paisaje dispone las medidas correctoras y compensatorias de los impactos paisajísticos que fundamenten la viabilidad del proyecto.

[13] Art. 48.2 ROGTU

[14] Arts. 23.7 LOTPP y 49 ROGTU sobre la integración en el territorio

[15] En concreto, por mandato de los arts. 13.3 y 23.7 LOTPP

[16] En adelante, PAT de infraestructuras. Otras Comunidades Autónomas, como Navarra o Cantabria, someten a un PAT la ordenación general de las infraestructuras en su territorio; por ejemplo, en el Plan Regional de Ordenación Territorial o bien a las Directrices de Ordenación territorial, como Castilla y León, Baleares o La Rioja.

[17] El ámbito de actuación comprende los terrenos situados en una franja de 200 metros a cada lado del trazado denominado "solución base "y "variantes", y de 400 metros en el entorno de los "elementos de regulación y auxiliares".

[18] A titulo de ejemplo: línea de alta velocidad Madrid-Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana, tendidos de líneas eléctricas, gaseoducto Bañeres- Caudete, red de gas natural, instalación cable de línea telefónica de España, o determinadas líneas de RENFE, entre otras.

[19] Arts. 23.5 LOTPP y 50 ROGTU

[20] Sobre el concepto, análisis y desarrollo del sistema de gestión territorial, vid. S. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ en "Gestión territorial", RAP, núm. 166, enero-abril, 2005, págs. 257-279.

[21] Ídem.

[22] En este sentido, la LOTPP proporciona un salto cualitativo en los medios jurídicos para canalizar la protección del paisaje por los efectos de las infraestructuras sobre el ambiente y el paisaje. S. GONZÁLEZ-VARAS en "Medidas jurídicas para la protección del paisaje frente a la incidencia de las infraestructuras de transporte", Paisaje y desarrollo integral en Áreas de Montaña. VII Jornadas sobre el Paisaje, Segovia, 17-21 octubre 1994, 1997, págs. 113-120; destaca entre otras medidas que la restauración paisajística se consigue a través de la articulación de las medidas de protección del paisaje mediante la institución de la evaluación de impacto ambiental junto a otras específicas para el sector de los transportes.

[23] Art. 87.1 LOTPP

[24] Art. 65 ROGTU

[25] G. ARIÑO ORTIZ en "Infraestructuras. Nuevo marco legal", págs. 64, y J. L. VILLAR EZCURRA en "Construcción y financiación de las infraestructuras públicas: viejos y nuevos planteamientos", págs. 92 y ss.; en REDETI, "Nuevo Derecho de las Infraestructuras", Montecorvo, 2001; abordan el concepto moderno de infraestructura que engloba el siguiente contenido: la obra pública, elementos o instalaciones de actividades reguladas públicas o privadas de interés público (redes de telecomunicaciones, energía eléctrica, gas e hidrocarburos), infraestructuras de interés general (ferroviarias, carreteras, puertos y aeropuertos), quedando excluidos las obras públicas no encuadrables en el concepto de red, como las obras públicas consideradas equipamiento o dotación pública por la legislación urbanística (museos, hospitales, dependencias oficiales...).

[26] Art. 65.2 ROGTU

[27] Art. 65.3 ROGTU

[28] Arts. 87.2 LOTPP y 65.4 ROGTU

[29] Arts. 87.3 LOTPP y 65.5 ROGTU

[30] Art. 65.6 ROGTU

[31] Arts. 87.4 LOTPP y 65.7 ROGTU

[32] Estrategia Mediterránea de Desarrollo Sostenible, Comisión de Medio Ambiente, Alto Consejo Consultivo en I+D de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Generalitat Valenciana, 2006, pág. 199.

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