Informe Británico

AutorProf. Jo Carby-Hall
Cargo del AutorUniversidad de Hull

I. INTRODUCCIÓN

Antes de presentar un análisis del concepto de la huelga y de la acción colectiva, quiero informar al lector de tres puntos fundamentales.

Primero. La ley británica no concede al trabajador el derecho de hacer huelga o de llevar a cabo cualquier otra acción colectiva, como, por ejemplo, la huelga por pequeños paros de trabajo, la huelga de celo, etc... El trabajador tiene, más bien, la libertad de hacer huelga y de formar un piquete de huelga ("freedom to strike and picket").

Segundo. La libertad de hacer huelga o de llevar a cabo cualquier otra acción colectiva depende de la inmunidad acordada al sindicato o a los trabajadores en el caso de comisión de actos ilícitos durante la acción colectiva. Estos ilícitos son la incitación a la ruptura del contrato de trabajo y del contrato mercantil, la conspiración, las amenazas y la interferencia en los intereses legítimos de otro.

Tercero. Este terreno de la ley británica es un terreno extremadamente complejo, porque no es sólo la legislación la que regula el conflicto; también la "common law" regula los hechos ilícitos mencionados.

La intención del autor para guiar al lector por este laberinto complicado y confuso es la siguiente. Ante todo, resulta esencial analizar el punto de vista histórico. Luego, se analizarán los hechos ilícitos que pueden cometerse durante la acción industrial, al tiempo que se analizan también las inmunidades acordadas por la legislación. Ahora bien, dada la importancia de la fórmula de oro ("the golden formula"), ésta será analizada en tercer lugar. En cuarto lugar, se verán las restricciones legislativas que limitan estas inmunidades. En quinto lugar será analizado brevemente el piquete de huelga. En sexto lugar se hará una breve presentación de los remedios posibles en el plano del derecho civil. Y, finalmente, se ofrecerán, a modo de conclusión, algunas reflexiones.

Precisemos por adelantado que no nos será posible entrar en todos los detalles de cada uno de los puntos, y que sólo podremos abordar las grandes líneas. El lector que desee un análisis más profundo deberá acudir a las obras mencionadas en las notas.

II. TELÓN DE FONDO HISTÓRICO

Antes de 1871, se consideraba a los sindicatos como organizaciones ilegales, bien porque el derecho penal impedía la creación de ciertas formas de asociación12, bien porque la ley sobre la conspiración podía darle naturaleza penal a todo acuerdo entre dos o más personas13.

Cuando entró en vigor la Trade Union Act de 1871, los sindicatos se convirtieron en organismos legales y sus miembros dejaron de poder ser acusados de conspiración14. A pesar de esta ley, el tribunal decidió, en el asunto R v Bunn15, que los asalariados que habían hecho huelga habían roto su contrato. Así éstos eran culpables de conspiración penal16. Esta sentencia, que produjo gran agitación en su época, trajo consigo, en 1875, una nueva ley17 sobre la intimidación y la violencia durante una acción colectiva, y sobre todo fue útil para determinar que una asociación de trabajadores no constituía una conspiración penal, siempre que su acción fuese llevada a cabo en previsión de un conflicto entre empresario y trabajadores o para seguirlo18.

La ley de 1875 protegía a los trabajadores contra la acusación de conspiración penal en un conflicto entre empresario y trabajador, pero no tenía efecto alguno en el terreno de la conspiración de orden civil. Los sindicatos y sus miembros debían así pagar daños y perjuicios19.

En Taff Vale Railway Co. v ASRC20, el tribunal decidió que el sindicato podía ser responsable de un ilícito civil21, y debía por ello pagar daños y perjuicios al empresario. Como consecuencia de esta sentencia, el gobierno de la época constituyó una Comisión Real ("Royal Comisión") presidida por Lord Dunedin, que publicó su informe en 190622, y que tuvo como consecuencia una nueva ley protectora de los sindicatos, la Trade Disputes Act de 1906. El gobierno decidió no seguir las recomendaciones del Informe Dunedin, y la ley de 1906 tuvo como efecto el de casar la sentencia del asunto Taff Vale. Sus disposiciones eran de tal tipo que (a) los sindicatos gozaban de una inmunidad completa para los ilícitos civiles; (b) los sindicados y los asalariados de los sindicatos ("Officers of the trade union") gozaban de inmunidad en los ámbitos de la conspiración y de la incitación a la ruptura de contrato cuando actuaban sobre la base de la fórmula de oro, y (c) para evitar toda duda, la sentencia del asunto Allen v Flood (ver nota 8) fue confirmada.

La Trade Disputes Act de 1965 introdujo una ampliación de esta protección estatutaria, acordando a los sindicatos inmunidad en el ámbito del acto ilícito de la intimidación, que había sido resucitado por la Cámara de los Lores en el asunto Rookes v Barnard23.

Pero a todo esto sobrevino una importante modificación con motivo de la Industrial Relations Act de 197124, que fue aprobada durante el gobierno conservador de M. Heath, y que suprimió la inmunidad completa e introdujo el nuevo concepto de "unfair industrial practice" basado sobre la responsabilidad civil del sindicato.

Esta ley apenas sobrevivió dos años, y fue sustituida por la Trade Union and Labour Relations Act de 197425, que restableció la ley tal cual era antes de la ley de 1971. La Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act de 1976 añadió una ampliación de la inmunidad a favor de los sindicatos. En primer lugar, los sindicatos gozaban de inmunidad no sólo cuando incitaban a la ruptura del contrato de trabajo, sino también cuando esa incitación era a la ruptura de un contrato comercial. De esta manera, los sindicatos tenían inmunidad en el dominio del boicot secundario. Y en segundo lugar, los sindicatos obtuvieron una ampliación de sus inmunidades también cuando se interferían en el contrato ("interference with contract") sin incitar a la ruptura del contrato.

Es claro que en 1976, los sindicatos gozaban de importantes inmunidades en relación con el acto ilícito, lo que les confería un poder considerable en el dominio de la acción colectiva.

En reacción a esta ley, hubo toda una jurisprudencia del Tribunal de Apelación que, aplicando a la letra la "fórmula de oro"26, había declarado responsables de ilícitos civiles a los dirigentes de los sindicatos. Pero en tres casos27 La Cámara de los Lores se encontró en desacuerdo con las sentencias del Tribunal de Apelación, y las casó.

Cuando fue elegido el gobierno Thatcher, se revaluó la "fórmula de oro", y una ley de 1980 integró en ella las decisiones tomadas por el Tribunal de Apelación. Y así fue como la Employment Act de 1980 estipuló28 que una acción colectiva secundaria (secondary industrial action) -es decir, una acción contra personas no directamente comprometidas en el conflicto- no quedaba protegida por las inmunidades contra hechos ilícitos. Conviene, sin embargo, precisar que, en determinadas situaciones, la ley de 198029, permitía la acción colectiva secundaria.

La Employment Act de 1982 hizo más difícil la acción colectiva por la modificación de la definición del término "trade dispute". Esta expresión juega un papel muy importante en el análisis de la "fórmula de oro"30. La enmienda introducida era importante: un sindicato no gozaría de inmunidad en caso de conflicto relativo al reconocimiento del sindicato o a la "closed shop"31, insertos en un contrato mercantil o en una subcontrata.

Otra reforma importante, que trajo la ley de 198232, fue la de suprimir la inmunidad total del sindicato por hechos ilícitos, inmunidad que había sido acordada por la Trade Disputes Act de 1906 (vide supra). El sindicato tenía así las mismas inmunidades frente al acto ilícito que las acordadas a los sindicalistas y a los sindicados. Por otro lado, esta ley también contenía ciertas disposiciones que estipulaban en qué casos era responsable el sindicato de las acciones de sus agentes y de sus comités.

Fue en 1984, cuando el gobierno Thatcher "dio una vuelta más a la tuerca" para debilitar a los sindicatos33 en el ámbito de la huelga y de la acción colectiva. Antes de 1984, los sindicatos no estaban estatutariamente obligados a organizar un escrutinio antes de convocar una huelga o de llamar a cualquier otra clase de acción colectiva. La Trade Union Act de 1984 obligó al sindicato a proceder a una votación consultiva par conocer la opinión de los sindicados sobre la huelga, etc... en el caso de una acción colectiva oficial. Una acción colectiva oficial sin voto mayoritario34 suprimía la inmunidad de los sindicatos frente a hechos ilícitos, y toda persona afectada35 por la huelga, etc... podía plantear una demanda para conseguir contra el sindicato una orden judicial de prohibición, o para reclamarle daños y perjuicios.

La ley de 1984 no fue la última palabra. En 1988, el gobierno Thatcher promulgó la Employment Act, que tuvo como efecto el de poder controlar los problemas internos del sindicato suprimiendo las inmunidades estatutarias relativas a los hechos ilícitos en el caso de que el sindicato organizara una huelga, etc... en el contexto de una cláusula de "closed shop", es decir en el contexto de una huelga que tuviera como finalidad la de obligar a todos los asalariados a sindicarse. Con respecto al escrutinio, la ley de 1988 obligaba al sindicato a organizar escrutinios individualizados por cada establecimiento, excepto si se daban ciertas condiciones.

Otros disposiciones que tenían como finalidad la de debilitar a los sindicatos en el ámbito de la huelga, etc..., fueron decididas por la Employment Act de 1990. Esta ley hizo aún más difícil con sus disposiciones la acción colectiva secundaria y la acción colectiva no oficial36. Casi todas las inmunidades frente a hechos ilícitos quedaron suprimidas para toda acción colectiva secundaria37, y, además, con esa ley, se hacía a los sindicatos responsables de los hechos ilícitos debidos a acciones de sus agentes, de sus comités y de sus sindicados.

Es innegable que, desde el año 1980, se...

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