Ineficiencias jurídico-administrativas de la construcción social del riesgo: el caso de las antenas de telefonía móvil en Cataluña. Juridical and Administrative inefficiencies of the social construction of risk: the case of mobile phone masts in Catalonia
| Autor | Ramón-Jordi Moles Plaza - Anna García Hom |
| Cargo | Centre de Recerca en Governança del Risc (Universitat Autònoma de Barcelona) - Centre de Recerca en Governança del Risc (Universitat Autònoma de Barcelona) |
| Páginas | 51-87 |
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Los cambios sociales que se derivan de la revolución tecnológica sitúan a los instrumentos que la hacen posible en el centro mismo de la vida de los individuos. Es este el caso de las infraestructuras de telefonía móvil (ITM), y más en concreto de las antenas de telefonía móvil. La emergencia de estos cambios inaugura nuevas formas de interacción entre la tecnología y la sociedad, fenómeno históricamente no exento de polémicas. En el marco de un contexto de naturaleza marcadamente sociotécnica, es decir, de una estructura social constituida, por un lado, por artefactos técnicos y, por otro, por el conjunto de complejas relaciones que se establecen entre diferentes actores sociales, la sociedad contemporánea se encuentra enfrentada a un volumen creciente de asuntos relativos a la complejidad científica y tecnológica y, con ellos, a la controversia social generada por la implantación de las nuevas tecnologías. Fruto de las dinámicas cambiantes que originan las tecnologías en la sociedad, así como de las respuestas sociales hacia aquellas tecnologías, se erigen nuevos frentes que demandan ser atendidos mediante el uso de herramientas y de procedimientos que se adecuen a la realidad multidisciplinar y multidimensional que caracteriza a la realidad socio-técnica de nuestras sociedades. En efecto, la complejidad de gran parte de los sistemas técnicos reside, no sólo en su carácter puramente tecnológico, sino también en la resolución de determinadas dinámicas sociales que se inician como consecuencia de la emergencia de aquellos. En otras palabras, el modo como tratar los problemas sociales y jurídicos derivados de la implantación de ciertas infraestructuras tecnológicas se debate en el seno de una comunidad afectada por esas instalaciones y en el resto de los diferentes grupos sociales implicados en intentar encontrar una salida al potencial conflicto social1.
A pesar de las limitaciones inherentes tanto a los orígenes científico-técnicos del riesgo como a su inicial tendencia unidisciplinar, se pueden plantear varias aproximaciones al concepto. Thompson (citado por Althaus)2 afirma que, desde un punto de vista filosófico, el riesgo se puede definir de cinco modos diferentes: subjetivo, en cuanto estado mental de un individuo que experimenta incertidumbre o preocupación ante los resultados de un hecho específico; objetivo, es decir, las variaciones sucedidas cuando las pérdidas reales difieren de las pérdidas esperadas; real, esto es, la combinación de probabilidad y de consecuencias negativas que existen en el mundo real; observado, es decir, la medida de esta combinación obtenida a partir de la construcción del mundo real; y, finalmente, percibido: la estimación del riesgo real realizada por un miembro del público general.
En el seno de estas definiciones existe una distinción entre el riesgo, por un lado, como la propiedad objetiva de un hecho mensurable a partir del cálculo de la proba-
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bilidad de efectos adversos bien definidos -esto es, la realidad- y, por otro, como un elemento resultante de un juicio personal o de la aplicación de algún tipo de conocimiento sobre la incertidumbre -la posibilidad- y, por lo tanto, sujeto a un proceso de construcción social o cultural. Dicha diferenciación tiene claras repercusiones en las acciones que emprender hacia el riesgo. En el caso de que el riesgo sea entendido desde una perspectiva realista, las medidas que implementar serán claras y, en cambio, en el caso de que éste sea caracterizado como una construcción social, las actividades orientadas a su asesoramiento y a su gestión no lo serán tanto, sino que se encontrarán sujetas a diferentes criterios, fuertemente conectados con algunos valores sociales y estilos de vida específicos.3 Por lo tanto, en el momento de considerar el estado de cualquier riesgo, la incorporación de los elementos de carácter social permitirá introducir: 1) La perspectiva humana vinculada a todo proceso de juicio; 2) El contexto organizativo y social en el cual éste se encuentra inserto; y 3) La ambigüedad inherente al conocimiento y la acción humana.
Y es que, de acuerdo con la aproximación sociológica desarrollada a partir de los años setenta, el riesgo, lejos de basarse en una concepción verdadera y objetiva, pasará a devenir un nuevo clima de ideas, de sentimientos y de normas en el que las categorías para describir el mundo a los demás se encontrarán socialmente negocia-das4. En este sentido, éste "podrá constituir un daño o un peligro objetivo pero, al mismo tiempo, se encontrará inevitablemente definido a través de procesos sociales y culturales de los cuales no puede ser independiente"5. No alejado de críticas, desde esta perspectiva, el análisis del riesgo se encontrará sujeto a un proceso de configuración del modo como los actores interpretan y configuran el mundo que les rodea que, en última instancia, permitirá examinar de manera crítica los procesos sociales de construcción de los problemas. En este contexto, el análisis de las reivindicaciones residirá en el seno de un procedimiento en el que la percepción de los problemas podrá encontrarse distanciada de su auténtica configuración objetiva6. Así, en los últimos años, un conjunto de autores han enfatizado la relevancia de las nociones subjetivas del riesgo sobre las aproximaciones de carácter objetivo7. En este sentido, el estudio del riesgo ha ido acompañado de un cambio cultural materializado en la consolidación de una noción diferente de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza8. Asimismo, han iniciado también la coordinación de actividades de actores sociales y de agentes colectivos con interpretaciones conflictivas y antagónicas del riesgo9.
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Tomando como punto de partida este enfoque, algunos autores10 han hecho énfasis en una idea clave: el contexto en el que el riesgo se percibe y se entiende ejerce una fuerte influencia en el modo como las personas se comportan con relación a éste. Por un lado, para los psicólogos de carácter economicista, los aspectos de carácter cognitivo relativos al contexto tienen una cierta significación y, por otro lado, para los psicólogos sociales, los sociólogos o los antropólogos sociales, la aproximación al riesgo se encuentra sujeta a procesos activos de definición por parte de los individuos, de los grupos sociales y de las instituciones. Por lo tanto, como se comentaba, y tal y como se deriva de estas aproximaciones, los riesgos no se originan a partir de elecciones abstractas independientes de los procesos de aprensión de los actores humanos. Por el contrario, el contexto tiene una función central. Desde esta perspectiva, el riesgo no es, por tanto, un elemento con un carácter exclusivamente técnico y/o probabilístico, sino profundamente social.
El concepto de esfera pública tiene su origen en la Ilustración y en las revoluciones democráticas del siglo xvin. En esa época aparecieron una serie de espacios públicos que permitieron a los individuos discutir y debatir asuntos de común acuerdo y, asimismo, criticar al propio Estado. Su principal teórico, Jürgen Habermas,11 concibe la esfera pública como un fenómeno social que se caracteriza por adoptar la forma de una red compleja de estructuras comunicativas interconec-tadas y, en última instancia, activadas por la sociedad civil. En esta esfera, si bien los problemas de los individuos son vividos, en un inicio, en el ámbito de sus vidas privadas, éstos mismos son posteriormente amplificados y transformados en asuntos de relevancia pública en el seno de las asociaciones y de las instituciones representantes de la sociedad civil. Habermas define tres dimensiones características de la esfera pública: 1) El núcleo, configurado por el Gobierno, la Administración, los parlamentos y el resto de individuos responsables de los procesos de toma de decisiones; 2) La periferia interna, esto es, las instituciones con funciones delegadas del Estado como los cuerpos reglamentarios y las universidades; y 3) La periferia externa, configurada por grupos, asociaciones y colectividades encargadas de percibir, identificar y articular los problemas, edificar los valores comunicativos, formar opiniones y ejercer influencia sobre el sistema político. Pero, más allá de concebir las relaciones entre estas dimensiones dentro de un sistema comunicativo rígidamente articulado, Habermas introduce, entre otras, dos distinciones para convertir las dinámicas del discurso de la esfera pública en elementos susceptibles de ser analizados empíricamente12.
En primer lugar, en referencia al cambio social y a los cambios de poder, realiza una distinción entre los diferentes estados de la esfera pública y los modos corres-
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pondientes de resolución de problemas; por ejemplo, en momentos de crisis, en los que los cuerpos de la sociedad civil...
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