La incorporación de la política exterior española a la política europea de seguridad y defensa

AutorAntonio Sánchez Ortega/Lucas J. Ruiz Díaz
Cargo del AutorBecarios de Investigación
Páginas195-232

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1. La europeización de los intereses exterior de España La realidad española en materia de seguridad

El 1 de enero de 1986, día de la adhesión efectiva de España a las Comunidades Europeas (CCEE), representó el final de un ciclo y el comienzo de otro radicalmente distinto en la historia de nuestro país. Con este acontecimiento concluía un período aislacionista, agudizado tras la pérdida de los últimos vestigios coloniales, que se había caracterizado por un riguroso repliegue hacia los asuntos puramente internos. La entrada en el ámbito de la integración europea, por el contrario, va a simbolizar el comienzo de una etapa marcadamente internacionalista y europeísta que guiará varias de las reformas internas y la mayor parte de las iniciativas exteriores de los sucesivos Gobiernos democráticos. La normalización de la política exterior española responderá, en esencia, a la necesidad de superar el aislamiento de los últimos dos siglos y configurar una respuesta adecuada a la nueva realidad social y política del país. En este contexto, los esfuerzos de la diplomacia española se concentrarán en tres áreas geográficas (Europa, América Latina y el Mediterráneo) y una cuestión transversal, la política de seguridad, considerada en sentido amplio —englobando política, economía y la noción estrictamente militar.

La prioridad en estos primeros años de normalización será volver a Europa, hasta tal punto que algunos autores hablarán de euronormalización1 de las relaciones exteriores de España. La participación española en las instituciones del continente europeo ha sido percibida por la clase política y la opinión pública como un signo de modernización del paísPage 196 y de garantía de estabilidad del recién instaurado régimen político frente a los intentos golpistas de antaño. La política exterior española ha ido, pues, dirigida a conseguir la adhesión al Consejo de Europa, primero, y a las Comunidades Europeas, posteriormente —por mencionar solamente las instituciones de carácter político más relevantes—. Su carácter europeísta ha consistido en formar parte del núcleo de la construcción europea, encarnada principalmente por la integración comunitaria, para dotarla de una personalidad política propia con un papel internacional destacado y, de paso, sosegar los temores de algunos gobiernos europeos, recelosos de las intenciones del nuevo Estado miembro.2 Para ello, desde su ingreso en las Comunidades Europeas, los Ejecutivos nacionales europeizaron la política exterior española, es decir, la adaptaron a los mecanismos de toma de decisiones comunitarios y a los intereses compartidos por los Estados miembros, con el fin de acceder al centro de gravedad de la agenda política regional y convertirse en un actor importante de la integración europea.

No obstante, desde los inicios, dicha internacionalización vendrá regida por factores externos e internos que confirmarán la especialidad de las relaciones exteriores de España, particularmente en su articulación con Europa. La élite política vislumbró, desde la instauración de la democracia, que la posición geográfica del país, además de sus contactos históricos y culturales (Latinoamérica) y la herencia del régimen franquista (acuerdos con EEUU y relaciones con las monarquías árabes), requerirían una aproximación distinta a la del resto de miembros comunitarios en términos de proyección exterior y de seguridad, amén de un amplio margen de discrecionalidad en el seno de la integración comunitaria.

En este sentido, el «pilar» de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) ha resultado el terreno donde el integracionismo o europeismo realista descrito por Esther Barbé3 se ha mostrado con mayor claridad, manifestando un fuerte pragmatismo en el seno de la Unión y mostrando una actitud prudente en su desarrollo material.4 Ejemplo dePage 197 ello es la relación con América Latina, una de las tres áreas «prioritarias» de la proyección exterior española —junto a Europa y el Mediterráneo—. Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la PESC ha reforzado (en ningún caso sustituido) la Política Exterior de España en el ámbito latinoamericano. Su progresivo desarrollo ha servido, en la mayor parte de los casos, para respaldar las relaciones españolas con la zona, donde «Madrid» ha ejercido un importante papel promotor de una política comunitaria integral, más acorde con las exigencias acerca de una Unión Europea como actor global en las relaciones internacionales5. Los acuerdos económicos entre ambas regiones y de exención de visados para la mayor parte del continente latinoamericano6 son muestra fehaciente de ello. Sin embargo, en general, los logros de la diplomacia española por europeizar la región han resultado más modestos que en el caso del Mediterráneo.

Junto con el ingreso en las Comunidades Europeas, el diseño de una política de seguridad y defensa constituyó uno de los objetivos principales de los primeros gobiernos democráticos en materia de política exterior7 y el Mediterráneo occidental se mostraba pieza clave en este nuevo esquema. Tanto por la clase política y militar como por la opinión pública española, esta región ha sido identificada con factores políticos y securitarios, en particular la zona del Estrecho de Gibraltar — además de demostrarse vital para la economía del país en las últimas décadas—. La proximidad geográfica a áreas inestables (como el Magreb) y las relaciones de cooperación-conflicto con Estados no miembros de la Unión (Marruecos) compelieron a los sucesivos gobiernos españoles a establecer un enfoque integral de la política de seguridad del país. EstePage 198 razonamiento vinculará «seguridad» a «estabilidad»,8 buscando la promoción del desarrollo económico y las «buenas relaciones» con los países de la región, en especial con Marruecos. Así, la planificación de la defensa española ha gravitado en torno al eje Canarias-Gibraltar-Baleares durante los años ochenta y noventa, y se han establecido numerosos acuerdos de colaboración en distintos ámbitos (Tratados de Amistad y Buena Vecindad) con Marruecos y, recientemente, con Túnez y Argelia.9 En la actualidad, la región ha cobrado especial protagonismo internacional en la reorganización del sistema occidental de seguridad tras la caída del bloque comunista y en la Revisión Estratégica de la Defensa (2003) se señala de interés estratégico para la contribución española a la estabilidad regional e internacional.10

En este último ámbito geoestratégico, donde la coincidencia de intereses nacionales es mayor a nivel europeo, encontramos una de las aportaciones más relevantes de España a la consolidación de la PESC y una de las áreas más europeizadas de la política exterior española: el llamado Proceso de Barcelona. Tras varios intentos fallidos de iniciar una acción comunitaria en el Mediterráneo11 y aprovechando la presidencia del Consejo, el Gobierno lanza una iniciativa transversal con el objetivo de darle mayor coherencia a la recién instaurada PESC hacia la ribera Sur de la región. La Asociación Euromediterránea, nacida de la Conferencia Ministerial de Barcelona de noviembre de 1995, comprende tres ámbitos temáticos de cooperación diferenciados: política y seguridad, económico-financiero y socio-cultural. Si bien los mayores progresos se hanPage 199 concentrado en el segundo apartado (acordando preferencias comerciales y la creación progresiva de una zona de librecambio con los países mediterráneos), la cooperación política y sobre seguridad presenta una especial relevancia para los intereses geoestratégicos españoles y ha centrado el debate interno sobre la conveniencia de europeizar el Mediterráneo.

La razón de ser de esta iniciativa radica en la particular importancia concedida por la clase política española a otros factores conectados con la seguridad, conjuntamente con el elemento estrictamente militar. Conscientes de que los nuevos riesgos para la seguridad del Estado vendrían de la mano de agentes no-militares (entre otros, terrorismo, crimen organizado, tráficos ilícitos), los primeros gobiernos democráticos intentaron persuadir a sus socios comunitarios de la necesidad de instaurar una política más amplia hacia los países del Mediterráneo, que abarcara el máximo número de ámbitos de cooperación posibles. Se introducía, así, en la agenda política europea una visión propia de los primeros gobiernos socialistas, y continuada hasta la fecha con los países del Magreb: la teoría del colchón de intereses. Es decir, elaborar una estrategia conjunta que englobara la cooperación en diferentes ámbitos con el propósito de desmilitarizar determinados conflictos latentes entre ambas orillas, especialmente, las reivindicaciones territoriales marroquíes. Igualmente, el marco de la Unión se mostró el más adecuado para evitar que la puesta en marcha de determinados proyectos dependiera en exclusiva de las...

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