Inconstitucionalidad de la Declaración Tributaria Especial. Doctrina sobre el deber de contribuir y vulneración de Principios Constitucionales a propósito de la STC 73/2017, de 8 de junio

Autor:Juan Jesús Martos García
Páginas:81-119
RESUMEN

Se expone el régimen jurídico de la Declaración Tributaria Especial, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el deber de contribuir y los tributos de alcance general, que ha provocado su declaración de inconstitucionalidad, así como un análisis de los principios del art.31.1 de la Constitución Española que nos lleva a considerar que también los transgrede. Palabras clave: DTE, Amnistía... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 82

1. Introducción

La amnistía fiscal como modalidad de regularización extraordinaria de rentas no declaradas ha sido una figura utilizada por numerosos países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Portugal, Grecia, Alemania, Irlanda, Reino Unido o Estados Unidos1.

Los informes de la OCDE la defienden como una estrategia válida vinculada a recuperar capitales ocultos, aunque advierten que debe considerase como una medida excepcional2.

Sin embargo, pese a su uso habitual en el Derecho Comparado y a que cuenta con cierto beneplácito por parte de una institución internacional relevante como OCDE, provoca un fuerte rechazo social.

Y es que nos encontramos ante una igura paradójica. Por un lado, conlleva una repatriación de capitales que fortalece el sistema inanciero del país, ofreciendo nuevos recursos que en última instancia redundan en la economía productiva y con ello, en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Pero además, cuando se exige el pago de una cuantía como contraprestación por la regularización extraordinaria de las rentas, la Hacienda Pública obtiene una recaudación adicional de forma inmediata; y consecuentemente, al emerger a la legalidad iscal nuevos bienes y derechos, también se ensanchan las bases tributarias y los contribuyentes, incidiendo favorablemente en la recaudación a medio y largo plazo.

No obstante, acudiendo a una conocida expresión popular, no todo es oro lo que reluce. La amnistía iscal provoca profundos reproches morales y jurídicos. Con ella el ordenamiento ofrece al incumplidor tributario, con responsabilidad administrativa y en su caso penal, la posibilidad volver a la legalidad a través del pago de una cuantía, inferior en todo caso a la que le habría correspondido pagar de haber declarado tempestivamente las rentas.

Page 83

El incentivo a quienes desobedecen la norma, reduciendo la tributación y anulando intereses, recargos y sanciones, supone un agravio comparativo respecto a aquellos que la cumplieron, para quienes actuará como desincentivo en el cumplimiento futuro de sus obligaciones iscales.

Plantea abiertamente un enfrentamiento con los principios tributarios que inspiran y rigen los ordenamientos modernos, recogidos en nuestra normativa en el artículo 31 de nuestra Constitución y, en especial, con los Principios de capacidad económica, de igualdad, de progresividad y de justicia tributaria.

El Gobierno español históricamente ha acudido a medidas de esta naturaleza en momentos de debilidad inanciera. Durante la actual etapa democrática, se han aprobado tres amnistías iscales en nuestro país. La primera llegó con la ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros. Se trataba de la compra de pagarés del Tesoro Público sin penalización iscal y con pleno anonimato. La segunda la trajo la Ley 18/1991, del IRPF, de 6 de junio, que permitió invertir el dinero oculto hasta la fecha en un producto creado ad hoc, la Deuda Pública Especial, de manera que las rentas o patrimonios alorados no tributaban, ni los rendimientos generados quedaban sometidos a imposición.

La tercera y última se produjo en 2012, con la denominada Declaración Tributaria Especial (DTE), aprobada por la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Ley 12/2012, que hasta el 30 de noviembre de 2012 permitió la declaración de rentas, previamente no declaradas, a cambio del pago de un 10%. Este precepto se completó con la La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que incorporó los puntos 6 y 7 a la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012 con efecto retroactivo, desde el momento de la entrada en vigor de esta última3.

Page 84

La DTE fue desarrollada por la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, que contenía algunas aclaraciones, materiales y procedimentales, necesarias para su cumplimiento. Además, la Dirección General de Tributos (DGT) emitió varios informes con fecha 27 de junio y el 11 de octubre de 2012, sobre diversas cuestiones interpretativas.

Su marco normativo se completó en el plano penal con la redacción dada al art.180.2 LGT por la Disposición inal primera del Real Decreto-Ley 12/2012, actualmente trasladada con algún matiz al art.252 LGT; y, posteriormente, con la Ley Orgánica 7/2012, que modifico el art.305 del Código Penal (CP) que regula el delito iscal e incorporó el tipo agravado del art.305.bis CP.

No se necesitaban dotes adivinatorias para saber que la DTE, aprobada unilateralmente por el Gobierno en 2012 mediante Real Decreto-Ley, con el fuerte rechazo del resto de grupos parlamentarios, sería recurrida ante el Tribunal Constitucional.

El recurso de inconstitucionalidad se presentó el 15 de Junio 2012 por los parlamentarios del grupo socialista4y la Sentencia, cinco años después, ya está aquí.

Se trata de la STC 73/2017, de 8 de junio, que ha declarado la inconstitucionalidad de la DTE al considerar inapropiado el instrumento formal utilizado, el Real

Page 85

Decreto-Ley, entendiendo que con ello se atenta contra el deber de contribuir. Pero esta sentencia va más allá y formula algunas ideas de las que se puede inferir que a juicio del Tribunal Constitucional, cualquier amnistía iscal, pasada, presente o futura, violenta los principios constitucionales del art.31.1 CE.

A lo largo de este trabajo expondremos el régimen jurídico de la DTE. Analizaremos la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el deber de contribuir y los tributos de alcance general o global, que ha justificado su declaración de inconstitucionalidad. Desarrollaremos aquello que el Tribunal Constitucional ha insinuado pero sobre lo que no ha querido profundizar: la inconstitucionalidad de cualquier amnistía iscal futura por vulnerar los principios los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad; y inalizaremos exponiendo los efectos jurídicos que su inconstitucionalidad conlleva.

2. La declaración tributaria especial (DTE) del Real Decreto-Ley 12/2012 Régimen jurídico, naturaleza y efectos jurídicos
2.1. Configuración jurídica

La DTE era opcional, permitiendo al contribuyente regularizar rentas no declaradas en tiempo y forma en el IRPF, en el IS o en el IRNR, cuantificadas como la diferencia entre el valor de sus bienes y derechos y las rentas declaradas oportunamente en los periodos no prescritos.

Como señaló el Informe de la DGT de 27 de junio de 2012, “deberá declarar la totalidad los bienes o derechos de los que sea titular que no se correspondan con las rentas declaradas. Ahora bien, en el caso de que el contribuyente se encuentre en condiciones de acreditar que la titularidad de los bienes o derechos corresponde a ejercicios prescritos, podrá declarar sólo los bienes o derechos cuya titularidad corresponda a ejercicios no prescritos”.

La presentación de la DTE llevaba aparejada el pago del 10% de las rentas no declaradas, correspondientes a periodos no prescritos.

Lógicamente, aquellos bienes y derechos de los que era titular el contribuyente en periodos ya prescritos no podían haber sido adquiridos con rentas posteriores, correspondientes a periodos que aún podían ser comprobados. Por tanto, aquellas rentas empleadas en su adquisición ya no podían ser liquidadas por la Administración, dado que había prescrito su derecho como consecuencia del transcurso del tiempo y la inacción de aquella. En consecuencia, aquellas rentas ya se encontraban regularizadas, por lo que jurídicamente no podían ser objeto de una nueva regularización a través de la DTE5.

Page 86

En relación al plazo de prescripción, era de 4 años en materia tributaria y de 5 en el plano penal. Aún no había entrado en vigor la Ley orgánica 7/2012 de reforma del Código Penal y, por tanto, no se había introducido el art.305.bis que incorporó el delito contra la hacienda pública agravado, con pena de 2 a 6 años, al que corresponde un periodo de prescripción de 10 años, conforme al art.131 CP. En consecuencia, por aquel entonces, el periodo de prescripción para todos los delitos iscales era de 5 años, lo que suponía que los periodos no prescritos llegaban hasta 2006 si había delito iscal y hasta 2007 si no lo había.

Se debía acreditar la titularidad de los bienes y derechos con anterioridad a la inalización del último periodo impositivo cuyo plazo de declaración hubiera inalizado antes del 31 de marzo de 2012. Por tanto, para los contribuyentes en el IRPF, IS o IRNR cuyos periodos impositivos coincidiesen con el año natural, circunstancia habitual, la titularidad debería acreditarse a 31 de diciembre de 2010, dado que el plazo de declaración en éstos para el periodo 2011 inalizaría con posterioridad a 31 de marzo de 20126. En relación al dinero negro, bastaba con que estuviese en una cuenta corriente antes del 30 de noviembre de 2012.

No todos los contribuyentes ni todas las bases imponibles podían acogerse a la DTE. Esta facultad se restringió a los obligados en el IRPF, IS e IRNR, que fuesen titulares de patrimonio no justificado iscalmente de procedencia lícita.

No podían ser objeto de DTE las bases...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA