Cuestión de Inconstitucionalidad y conflictos de competencias

Autor:Juan Manuel López Ulla
Páginas:623-626
 
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STC NUM. 163/1995, FJ. 4:

El TC señala que la legislación básica del Estado puede ser utilizada como parámetro para controlar una ley autonómica de desarrollo de la legislación básica estatal. Pero que dicho control ha de realizarlo el TC. Esto es, los jueces no podrán asirse a la cláusula de prevalencia para dejar de aplicar, por sí mismos, una ley autonómica por considerar que no respeta la legislación básica del Estado: Señala el Alto Tribunal que, tanto el art. 163, como el art. 153.a) CE, son claros al residenciar el control de constitucionalidad de las normas con rango o fuerza de ley en el TC. Incluso el art. 45.1 del Estatuto de Andalucía señala que dicho control corresponde en exclusiva al TC.

"Quiere ello decirse que los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial no pueden pretender una excepción a lo previsto en los arts. 163 y 153 a) CE, así como en el correspondiente precepto estatutario, como consecuencia de un determinado entendimiento de lo previsto, de forma más general y en un diferente contexto constitucional, en el art. 149.3, inciso segundo, infine, CE.

Ciertamente, los citados preceptos, y más en concreto el art. 153 a) CE y el equivalente estatutario, suscitan el problema de qué deba entenderse por «control de constitucionalidad», pues es éste, y no cualquier otro, el que queda reservado a este Tribunal, siendo a ese control al que queda delimitado el llamado «privilegio jurisdiccional» de la ley. El problema no es, evidentemente, tal en aquellos supuestos en los que el control se suscita, de forma única y directa, respecto de un precepto contenido en la Constitución, sino en aquellos otros en los que, como consecuencia de la configuración constitucional de la distribución de competencias normativas, dicho control debe tener lugar, en los términos del art. 28.1 LOTC, respecto de «Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas».

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No es necesario, a los efectos de la presente cuestión de inconstitucionalidad, detenerse en los distintos supuestos en los que, en nuestro ordenamiento, tal situación puede presentarse. El supuesto que ahora nos ocupa es el que deriva del fundamental criterio de distribución de la potestad legislativa en determinadas materias según se trate de sus contenidos básicos o de su desarrollo, tal como resulta del art. 149.1 y 3, inciso primero CE (...). El control del respeto de este criterio de distribución es, sin duda, «control de constitu-cionalidad» en el sentido del art. 153 a) CE. Las competencias legislativas de desarrollo resultantes de la Constitución y los EEAA derivan efectiva y directamente de dichas normas y, en ese sentido (...) ese control es «control de constitucionalidad». De ahí que este...

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