La impugnación judicial contra la resolución definitiva del Recurso Gubernativo. El denominado recurso ante la jurisdicción civil contra las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

Autor:Dr. D. José Francisco Valls Gombau
Cargo del Autor:Magistrado. Doctor en Derecho
Páginas:264-287
RESUMEN

I. Introducción. II. Objeto y naturaleza especial y sumaria del juicio declarativo. III. Juridiscción y Competencia. Jurisdicción por razón de la materia. Competencia objetiva. Competencia territorial. Competencia funcional. IV. Partes. ¿Quién puede actuar como parte actora? El Estado como parte demandada. La intervención del Registrador como parte coadyuvante. V. Procedimientos. Plazo y... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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    Esta comunicación fue presentada y desarrollada en Febrero de 1999, dentro de las actividades del CIDDRIM.


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I Introducción
  1. El RD 1867/1998, de 4 de septiembre, de reforma del Reglamento Hipotecario, modifica sustancialmente el recurso gubernativo contra las calificaciones de los Registradores -art. 66 LH-. Las reformas, según su Exposición de Motivos, responden a las necesidades de adaptación a modificaciones legales anteriores, de acomodación de la función del Registrador a las nuevas necesidades y a la regulación de figuras carentes de una reglamentación registral actualizada.

    Esta reforma, sin embargo, no se limita a simples actualizaciones terminológicas (como serían la sustitución de las referencias al Presidente de la Audiencia Territorial - suprimidos por la LOPJ de 1985- por la del Tribunal Superior de Justicia, o cambios en su tramitación), sino que se proyectan sobre dos aspectos de notoria importancia:

    1. La precisión de su naturaleza como acto de jurisdicción voluntaria - art. 118.1 RH -, y

    2. La determinación «reglamentaria» de que contra la resolución de la Dirección General (y la de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia cuando el recurso se funde en el Derecho civil, foral o especial, privativo de la Comunidad Autónoma) puede ser recurrida, en el plazo de tres meses siguientes a su notificación, ante la jurisdicción civil-art. 131.3 RH.

  2. No pretenden estas líneas reproducir ni comentar las diversas posturas doctrinales que sobre la naturaleza del recurso gubernativo se han venido manteniendo. Las nuevas tendencias legislativas y doctrinales, zanjando tal cuestión, enmarcan el recurso gubernativo, contra la calificación registral, dentro los actos de jurisdicción voluntaria no judicial.

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    Nótese que ya el RD1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de Justicia e Interior1 y más recientemente la Ley 7/1998, de 13 de abril2,sobre condiciones generales de la contratación se habían pronunciado en dicho sentido. Y las más modernas teorías3, revisoras de posiciones doctrinales que han defendido tesis opuestas como las de su naturaleza administrativa, independiente o adscrita a una jurisdicción especial, se han inclinado por la naturaleza del recurso como una actuación que debe ser encuadrada en la jurisdicción voluntaria.

    Esta naturaleza del recurso gubernativo como acto de jurisdicción voluntaria no judicial tiene, como veremos, un reflejo definitorio sobre lo que es objeto de comentario, es decir, su revisión por los órganos de la jurisdicción civil.

    Deben abordarse, con carácter previo, para clarificar el tema las siguientes cuestiones:

    En primer lugar, si debe reconocerse o no el derecho a la jurisdicción y la necesidad de que el recurso gubernativo contra la calificación registral no se agote ante un órgano eminentemente administrativo como es la Dirección General de los Registros y del Notariado.

    Por otra parte, conviene también preguntarse si ha de ser la jurisdicción civil o la contencioso-administrativa la competente para conocer de estaPage 266 especial y sumaria impugnación judicial que revise la decisión de la Dirección General o, en su caso, la de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia cuando la materia sea de Derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma.

  3. El artículo 24.1 CE proclama que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y el artículo 1 LH dispone que los asientos regístrales, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales. De estas normas no cabe sino inferir la conclusión que el recurso gubernativo contra la calificación registral no puede agotarse ante la Dirección General.

    El control jurisdiccional de la calificación registral4 viene impuesto y trae causa de la aplicación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Este corresponde a todas aquellas personas que en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos se les haya denegado o suspenda algún asiento en los Registros de la Propiedad o Mercantiles. A mi entender, la necesidad de un control jurisdiccional se fundamenta en tres razones:

    1. La propia naturaleza de la función registral.

      La función registral cuando califica documentos, admite, deniega o suspende su acceso al Registro no siendo función jurisdiccional sí se aproxima a la misma, entendida en un sentido amplio. Como señalaba LACRUZ5 lo esencial es la definición de los derechos que realiza este funcionario, impar-Page 267cial y ajeno a la cuestión debatida; lo que le presta una autoridad que caracteriza su función frente al poder ejecutivo basado en la potestad y que le otorga la necesaria auctoritas para solventar el derecho de los particulares en posición de imparcialidad. Y si dicha función en España se encuentra desjudicializada no impide, sino todo lo contrario, como sucede en Derecho comparado, que sea revisada, definitivamente, por los órganos judiciales.

    2. El agotamiento de las vías de impugnación del recurso contra la calificación registral no debe concluir en un órgano administrativo como es la Dirección General de los Registros y del Notariado.

      El agotamiento del recurso gubernativo ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (o en su caso, ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia) resulta notoriamente deficiente. Si todos los actos administrativos, como establece el artículo 106 CE6, pueden ser controlados en vía jurisdiccional, con mayor razón sí trasciende a un Registro público con efectos «erga omnes ».

    3. La insuficiencia del «recurso judicial» previsto en el artículo 66.2 LH.

      El mal denominado «recurso judicial» establecido en el artículo 66.2 LH, tiene, como es bien sabido, distinta naturaleza y alcance. La existencia de dicho cauce no puede entenderse que subsana la necesidad de una revisión judicial de la decisión adoptada por la Dirección General (o Presidente del Tribunal Superior de Justicia). Téngase presente que la calificación registral se entiende limitada a los efectos de extender, suspender o denegar la operación solicitada, lo que no impide que los interesados promuevan, como señala el artículo 132 RH, la oportuna controversia sobre la validez o nulidad de los títulos (documentos). Por tanto, dicho «recurso judicial» se mueve en un ámbito distinto de la registración de los títulos que constituye el objeto del recurso gubernativo.

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      No compartimos la idea de que los Tribunales solamente han de pronunciarse sobre la validez o nulidad del título (art. 66.2 LH), sin penetrar en las cuestiones relativas a la inscripción misma, que queda al margen de la jurisdicción, como una zona exenta. Es decir, se trataría de distinguir entre la registración en sí misma y los derechos derivados de tal registración. Tal diferenciación, aparte de su sentido formalista, queda diluida por los derechos afectados y su trascendencia en los intereses legítimos de quienes solicitan el acceso registral, cuya protección ha de merecer un amparo de igual intensidad para ambos supuestos. Nótese que la denegación del acceso registral puede producir efectos tan gravosos como la declaración o negación de sus derechos por los Tribunales.

      El denominado recurso judicial establecido en el artículo 66 LH, como hemos señalado, tiene un alcance distinto. Y su regulación, así como la posibilidad de que se acuda a dicha vía, no resuelve el problema de la denegación o suspensión del acceso registral, por tratarse de cuestiones distintas. Por ello resulta insuficiente tal cauce impugnatorio para solventar el problema planteado.

  4. Admitido el control jurisdiccional, la doctrina discute sobre si debe ser la jurisdicción contencioso-administrativa o la civil la competente para su revisión.

    Los partidarios de la jurisdicción contencioso-administrativa se apoyan, en síntesis, en dos argumentos: a) la naturaleza administrativa de la Dirección General de los Registros y del Notariado, adscrita a la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, y b) la calificación del Registrador cuando procede a denegar o suspender el asiento solicitado debe calificarse como de derecho subjetivo público, de carácter administrativo. Por todo ello, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si la delimitación del ámbito de esta Jurisdicción se encuentra en función del acto frente al que se deduce la pretensión, emana de la Administración pública y está sujeto a Derecho administrativo, los únicos Tribunales con jurisdicción para conocer de las pretensiones impugnatorias serían los del orden contencioso-administrativo7.

    Sin embargo, actualmente un sector doctrinal mayoritario y la jurisprudencia, acertadamente, entienden que ha de ser la jurisdicción civil la única competente para conocer la impugnación contra las decisiones de la Dirección General. En cualquier forma ésta ha quedado zanjada por el artículo 131.2 RH, al disponer que:

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    La resolución de la Dirección General será recurrible ante la jurisdicción civil en el plazo de tres meses siguientes a su...

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