La imprescindible reforma de la organización de la universidad pública: el desafío de la eficacia y la eficiencia

Autor:Manuel J. Sarmiento Acosta
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Administrativo
Páginas:825-852
 
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LA IMPRESCINDIBLE REFORMA DE LA
ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA:
EL DESAFÍO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA1
Manuel J. Sarmiento Acosta
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
I. LA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
UNIVERSITARIA
La Universidad pública ocupa un papel central para el desarrollo de una
enseñanza de calidad, pues se presenta como una institución muy consolidada
en España que atesora indudables valores y méritos que no se pueden desco-
nocer ni mucho menos menospreciar de forma simplista, como en ocasiones
se observa en los medios de comunicación social. La Universidad además ha
obtenido en los últimos cuarenta años indudables avances, con un reconoci-
miento de la autonomía, una inmersión en la sociedad y una contribución
también evidente para el desarrollo de esa misma sociedad. Ahora bien, tam-
bién es verdad que tiene serias inconsistencias que deben ser tratadas y resuel-
tas para que pueda abordar con las necesarias garantías las demandas y exi-
gencias de una sociedad cada día más compleja, plural y mediatizada por la
globalización y los cambios tecnológicos. Aparte de ello tampoco se puede
olvidar que en los ranking que ordinariamente se manejan no suele ocupar
lugares destacados, si bien es verdad que la configuración de tales ranking y
los propios promotores de los mismos deben ser objeto de un análisis más
1 Es una satisfacción para mi colaborar en el libro-homenaje al profesor Jaime Rodrí-
guez-Arana. Se ha elegido un tema que conecta con su brillante carrera universitaria, en la cual
el mérito y la capacidad — que tanto se enfatizan en esta colaboración, en congruencia con el
art. 103.3 de la Constitución Española— quedan sobradamente acreditados, y sirven de modelo
para generaciones futuras.
LOS DESAFÍOS DEL DERECHO PÚBLICO EN EL SIGLO XXI
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profundo del que a veces se hace2, muy superficial y hasta papanatas, con un
afán de autoflagelación impropio de universitarios serios y responsables. Ni
probablemente se esté tan bien como afirman algunos rectores ni tan mal como
machaconamente destacan algunos informes de entidades privadas o medios
de comunicación, con sesgos ideológicos e intereses de parte bien definidos.
Los problemas e inconsistencias que se suelen destacar desde hace ya va-
rias décadas son casi siempre los mismos3: endogamia, mala selección del
profesorado, masificación desmesurada con la consiguiente reducción de la
calidad de los estudios, alejamiento del mercado y, por ende, dificultad de los
egresados para conseguir trabajo en las disciplinas en las que se han formado,
excesiva oferta de títulos y escasa especialización, recortes en la financiación,
localismo o, en fin, la deficiente organización, con un predominio de órganos
colegiados, muchos de ellos ciertamente mastodónticos, y con una exacerba-
ción del principio democrático o participativo con una paralela reducción de
los criterios meritocráticos, que son, en buena lógica, los que deberían impe-
rar, pues la Universidad ni es el Parlamento, ni es un Pleno de un Ayunta-
miento ni siquiera es una comunidad de vecinos, sino una institución que
presta un servicio público, que es lo que justifica su existencia y el manteni-
miento a través de los impuestos de los ciudadanos, pues los ingresos que
provienen de las tasas de los estudiantes o de otras fuentes son poco signifi-
cativos en la práctica.
En este artículo nos vamos a centrar en la organización universitaria, tema
de puro Derecho Administrativo, pero que tiene una enorme trascendencia para
que la prestación del servicio público sea eficaz y eficiente. La organización
administrativa, en general, y la universitaria, en particular, son factores que
condicionan no solo la adecuada gestión de los asuntos públicos, sino que son
determinantes para procurar más ahorro y rentabilidad a los fondos que se
asignan para la prestación de los servicios. Si es ya común en los últimos años
criticar el exceso de sector público, con múltiples organismos autónomos,
entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades mercantiles públicas,
mancomunidades, etc. que incrementan de forma irracional el gasto público,
y se enfatiza mucho la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera,
debemos también considerar que la Universidad como servicio público debe
ser eficaz y eficiente, lo que exige, en nuestra opinión, una gestión profesional,
unos objetivos bien definidos, así como indicadores para comprobarlos, y un
2 Debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, el U-RANKING 2017. Indicadores sistemáticos
de las Universidades españolas, P, F. y A, J. (dirs.), Fundación BBVA, alude preci-
samente a los «riesgos» y las «limitaciones» de estos ranking (p. 13), que a veces se toman
como verdades absolutas.
3 Vid. S A, M. J., «Plan Bolonia y Estudios de Derecho: reflexiones jurí-
dicas y metajurídicas sobre un artificio político», Revista Jurídica de Canarias, núm. 26, 2012,
pp. 125 y ss.

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