La imposición a plazo fijo

Autor:Juan Faustino Domínguez Reyes
Cargo:Doctor en Derecho
Páginas:145-167
RESUMEN

El presente trabajo versa sobre la imposición a plazo fijo o depósitos bancarios a plazo que en nuestro ordenamiento jurídico carecen de regulación expresa, quedando su contenido y eficacia a la autonomía de la voluntad de partes.

 
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I La imposición a plazo fijo
1. El depósito bancario a plazo fijo: introducción

La imposición a plazo fijo (en adelante IPF) o depósitos bancarios a plazo carecen de regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico, quedando su contenido y eficacia a la autonomía de la voluntad de partes1.

A través de los depósitos bancarios (operaciones de crédito pasivas) los clientes entregan a las entidades de crédito una suma de dinero, de las que estas pasan a ser titulares, comprometiéndose a devolver dicha cantidad al vencimiento del plazo expresamente pactado2o, como reconoció la SAP de Barcelona de 3 de abril de 20143, «la imposición bancaria a plazo origina en favor del imponente el nacimiento de un crédito contra el Banco depositario por su importe lo que tiene un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de prenda».

Hablamos de «depósitos de vencimiento fijo» cuando el depositante (cliente) puede retirar los fondos dados en garantía a la fecha de su vencimiento, en contraposición a los denominados «vencimientos a la vista», que se diferencian del anterior en que el depositante puede retirar los fondos a través de los llamados servicios bancarios de caja, cheque o tarjeta de débito4.

En este sentido se ha manifestado la STS de 19 de abril de 19975, cuando dice: «La pignoración en sentido estricto no es posible jurídicamente cuando el dinero no se ha entregado a la entidad bancaria depositaria por signos que los individualicen y distingan, sino como una suma que se confunde en el patrimonio de aquella, quedando obligado a restituir el tantundem por haber adquirido, en virtud de aquella forma de entrega, la propiedad de la misma. La pignoración lo es del crédito a la restitución, lo cual desemboca necesariamente en una compensación cuando su titular, que lo pignora, resulta deudor del que debe restituir, o sea, del acreedor en cuyo favor se ha hecho la pignoración. [...] La imposición bancaria a plazo origina en favor del imponente el nacimiento de un crédito contra el Banco depositario por su importe, lo que tiene un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de prenda». Es la primera resolución que reconoció la IPF como prenda de crédito. Esta doctrina, por otro lado, ha sido corroborada por las SSTS de 7 de octubre de 19976, de 13 de noviembre de 19997y de 25 de junio de 20018.

Hasta la que hemos denominado «primera resolución» la doctrina del Alto Tribunal ha sido ambivalente. Así, tenemos la STS de 19 de septiembre de 19879, cuyo ratio decidendi se basa en la naturaleza jurídica de la IPF (prenda de irregular) y en la realización de la compensación10; la STS de 18 de julio de 198911, ha establecido que: «el depósito de dinero o IPF no puede ser conceptualizado como título-valor y, consecuentemente, no cabe hablar de contrato típico de prenda; ya que, los derechos que entrañan no reúnen los requisitos para calificarlos como tal y poder subsumirlos en la especifica normativa del Código

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Civil, el depósito de dinero o IPF legítima a su titular para exigir en su día la correspondiente suma de dinero y nada más»; y la STS de 28 de noviembre de 198912, que dispuso que «Conforme tiene declarado la Sala, el pacto vinculando una IPF, como garantía de la apertura de una cuenta de crédito, no constituye un derecho de prenda propiamente dicho, sino un contrato atípico al amparo del artículo 1255 del Código Civil».

Conforme a lo expuesto la naturaleza jurídica de la imposición a plazo se mueve entre tres direcciones contrapuestas: la prenda de créditos, la prenda irregular y la prenda sui generis.

A) Teoría de la prenda de crédito

Los partidarios de la teoría de la prenda de créditos13parten de la dicción del artículo 1857 del Código Civil, precepto que establece los requisitos esenciales de los contratos de prenda como derecho real de garantía: a) Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal; b) Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en propiedad al que empeña o hipoteca, c) Que las personas que constituyan la prenda o hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto. En atención a lo dispuesto en el artículo 1861, la prenda puede asegurar cualquier obligación, siendo, además necesario que conste en documento público (art. 1865 del Código Civil). Todo esto nos lleva a lo dispuesto en el artículo 1922, párrafo 2.º del Código Civil, que establece la preferencia sobre «los bienes garantizados con prenda que se hallen en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor».

No obstante, su falta de regulación expresa no impide, según dice PÉREZ DE MADRID14, que la realidad social conduzca a su admisión basada en dos elementos constitutivos: la notificación de la constitución de la prenda al deudor (art. 1863 del Código Civil) y su elevación a documento público (art. 1865 del Código Civil). Por otra parte TAPIA HERMIDA15afirma que el depositante mediante un contrato de depósito entrega el dinero en el banco, disponiendo de un derecho de crédito a la restitución. Para DE CUEVILLAS MATOZZI16

citando a JORDANO FRAGA17, la diferencia entre la prenda de crédito y la prenda irregular está en la dependencia o independencia del derecho a la restitución del depósito garantizado, concretamente, en la prenda de crédito el crédito garantizado y cedido en garantía conserva su autonomía en cuanto al vencimiento (exigibilidad). FUGARDO ESTEVIL18señala que en los depósitos bancarios no individualizados, como es el caso de una imposición a plazo fijo, el impositor de la suma de dinero solo tiene un derecho de crédito: solicitar la restitución de lo entregado más los intereses. Por último, GIL RODRÍGUEZ19,

partiendo del esquema de una cesión de créditos, señala que el efecto traslativo

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lo genera el propio contrato y, por tanto, las actuaciones derivan de él: elevación a público y notificación. Concluida esta fase, se procede a poner a disposición del depositario de los documentos acreditativos de la garantía.

Por otro lado, el problema que presenta la teoría de la prenda, en opinión de PÉREZ DE MADRID20, está en si son de aplicación analógica a la prenda los artículos 1526 y 1527 del Código Civil; ya que, basta su formulación en documento privado con fecha cierta para su oponibilidad frente a terceros (art. 1527). En cuanto a la notificación, no es requisito constitutivo para su eficacia (art. 1526). En este sentido, según PANTALEÓN PRIETO21, cabe perfectamente en la prenda de crédito lo previsto en los artículos 1526 y sigs. Del Código Civil, en lugar del riguroso artículo 1865 del mismo cuerpo legal. Es posible, añade, frente a terceros, una prenda de crédito desde que su fecha deba tenerse por cierta (art. 1227 del Código Civil). La notificación del crédito pignorado no es requisito constitutivo en la prenda, pero sí de su eficacia frente a terceros desde el momento en que se consienta contractualmente. Por último, siguiendo el artículo 1922, párrafo 2.º del Código Civil, relativo a los privilegios, caben en los créditos prendarios, como así reconocieron las SSTS de 27 de diciembre de 198522, de 18 de julio de 198923y la de 28 de noviembre de 198924. En consecuencia, PANTALEÓN PRIETO25, expone las siguientes conclusiones: la prenda de créditos no regulada en el Código Civil, solo tiene los efectos propios de los contratos de cesión de créditos en garantía; es de aplicación a los contratos de cesión de créditos lo dispuesto en los artículos 1526 y 1527 del Código Civil; y la entrega de dinero por el depositante supone una cotitularidad con respecto al depositario. Podemos citar como ejemplo de resoluciones que han asumido la imposición a plazo fijo cuya naturaleza jurídica es una prenda de crédito: las SSTS de 19 de septiembre de 198726y la de 13 de noviembre 199927.

Así, podemos señalar que para la teoría de la prenda de créditos la garantía no es la suma de dinero depositada en el banco, sino el crédito que ostenta el depositante, de tal manera que el depositario puede reclamar en el momento del vencimiento28.

B) Teoría de la prenda irregular

Para los partidarios de la teoría de la prenda irregular29, el artículo 1768 del Código Civil establece una declaración terminante por la cual se excluye la posibilidad legal del depósito irregular en nuestro ordenamiento30. Por otro lado, el artículo 309 del C. Com., sin proporcionar un concepto de prenda irregular en sentido estricto, se acerca bastante, pues dispone «Siempre que con asentimiento del depositante dispusiere el depositario de las cosas que fueren objeto de depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquel

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le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario, y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mercantil, a la comisión o al contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado». En relación con este precepto, el profesor GARRIGUES31señala que el objeto del depósito es que el depositario disponga del depósito con asentimiento del depositante para la conservación del depósito en otro contrato. En el supuesto de cosa fungible (dinero), no es que el depósito se transforme en préstamo, sino que el depositario con anuencia del depositante, soporta el riesgo a título de propietario, es decir, se aplican las mismas reglas que en un préstamo.

Por tanto, en aplicación del artículo 309 del C.Com, tenemos el depósito irregular, pero si comparamos los artículos 309 del C.Com. Y el 1768 del Código Civil, existe una conversión del...

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