Historia de la facultad de derecho de Malaga

Autor:Manuel J. Peláez
Páginas:573-591
 
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No viene siendo infrecuente, en los últimos años, la publicación de no escasos artículos sobre la enseñanza del Derecho y sobre la historia de las propias Facultades o Escuelas de Derecho. Así, ha nacido en Francia una revista de historia de las Facultades de Derecho.

Por lo que se refiere al caso concreto objeto de nuestro trabajo, la historia de la Facultad de Derecho de Málaga, como la de la propia Universidad (que ha logrado superar ya los cuarenta mil estudiantes), ofrece un más prometedor futuro que un pasado muy reciente caracterizado por sus glorias, sus triunfos y sus reconocimientos internacionales. No obstante, han sido en Málaga muy notables los juristas que, no siendo legión, sí se han de señalar como un número considerable de personajes que han llevado el nombre de la ciudad de Málaga y de sus pueblos a altas cotas de reconocimiento en diversos órdenes. Nos referimos a los hijos nacidos en el actual territorio de la provincia del mismo nombre, que han destacado en los siglos XIX y XX como juristas, dando lugar a numerosas investigaciones -unos más que otros-, lo cual sería sumamente prolijo detallar en exceso, pero no nos retraemos de indicar al menos los nombres de Francisco Zea Bermúdez (Málaga, 1779), Federico Esteban Vahey Alba (Vélez-Málaga, 1807), Melchor Ordóñez y Viana (Málaga, 1811), Antonio de los Ríos y Rosas (Ronda, 1808), Pedro Nolasco Aurioles Aguado (Ronda, 1818), Bernabé Dávila y Bertololi (Málaga, 1837), José de Salamanca (Málaga, 1811), Francisco Bergamín (Málaga, 1855), José de Carvajal y Hué (Málaga, 1835), Francisco Romero Robledo (Antequera, 1838), Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839), Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 1828), Hermenegildo Giner de los Ríos (Ronda, 1847), Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, 1879), Andrés Mellado Fernández (Málaga, 1846), Pedro Borrajo y Jiménez de Herrera (Alhaurín el Grande, 1849), Pedro Gómez Chaix (Málaga, 1864), Rafael Andrade Navarrete (Ardales, 1856),Page 574 Blas Infante Pérez (Casares, 1885), Antonio de la Cruz Marín (Vélez-Málaga, 1890), Enrique Ramos Ramos (Algarrobo, 1890), Alberto Jiménez Fraud (Málaga, 1883), Emilio Baeza Medina (Torrox, 1892), Carlos Rein Segura (Málaga, 1897), Francisco García Checa (Archidona, 1911), Manuel Olivencia Ruiz (Ronda, 1929), Ernesto Caparros (Málaga, 1935; poco conocido en España, no así en Quebec, donde ha sido catedrático de Derecho civil en las Universidades de Laval y Ottawa, miembro de número de la Société Royale du Canada, y coautor de importantes leyes civiles o laborales del Quebec), Enrique Mapelli López (Málaga, 1921), Alfonso Padilla Serra (Vélez-Málaga, 1925), Antonio Pérez de la Cruz Blanco (Málaga, 1943), José María Martín Delgado (Málaga, 1947), Horacio Oliva García (Málaga, 1943), etc. Entre ellos cualquier avispado observador puede detectar que aparecen varios presidentes del Consejo de Ministros (uno de ellos cinco veces), del Congreso y del Senado, ministros (en particular de Estado, de Gracia y Justicia, de Instrucción Pública y Bellas Artes, de Hacienda y de Trabajo), parlamentarios, académicos de Legislación y Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas (también como directores de las Academias), el factótum de la Institución Libre de Enseñanza (sobre el que se han elaborado media docena de tesis doctorales, amén de otros numerosos estudios de conjunto), y eso por sólo referirnos a los de los siglos XIX y XX, ya que en el XVIII a José Gálvez y Gallardo, natural de Macharaviaya (1720), se debe la autoría de las Ordenanzas de Libre Comercio de 1778 para la América española. ¿Quién duda de la importancia que algunos de estos juristas malagueños tuvieron en la redacción de las Constituciones españolas de 1812, 1845 y 1931, y en concreto en la de 1876, la que ha estado vigente por más tiempo en nuestro país? Pero no sólo eso, a malagueños se debe la autoría de la Ley de Vagos y Maleantes de 1845, la Ley de Dotación de Culto y Clero, muchas de las reformas secularizadoras de la Segunda República, etc. Hay allí también el padre del nacionalismo andaluz, el director de la Residencia de Estudiantes, el fundador del Banco de Isabel II, un presidente del Consejo de Estado, otro del Ateneo de Madrid, y un tercero del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial, el comisario de la Exposición Universal de 1992, y uno de los que más ha influido en la elaboración y reforma de la mayor parte (como acabamos de precisar) de las leyes de Derecho privado del Canada francés, en los últimos veinte años. Decía Honorato de Balzac que «la gloire est le soleil des morts»; en la Costa del Sol, ni de los muertos, ni de los vivos...

Los inicios de la Facultad de Derecho se produjeron en un aula cedida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y por el entonces Decano de dicho centro docente, don Felipe Sánchez de la Cuesta, y traducían el esfuerzo y el interés del pueblo malagueño que, en los diez años anteriores, había logrado despertar un sentimiento cristalizado en un movimiento ciudadano en favor de laPage 575 creación de un centro jurídico en la ciudad de fundación fenicia. La Facultad tuvo luego dos sedes materiales más, en la avenida de la Estación, s/n., de El Palo, que pasó a ser en 1991 Escuela de Graduados Sociales y, a partir de 1993, lugar donde se imparten las enseñanzas de la Diplomatura en Relaciones Laborales y, por último, en el Campus Universitario de Teatinos, en el boulevard Louis Pasteur, s/n. La que actualmente ocupa debe considerarse, y así se presume, como definitiva. La primera clase impartida en la Facultad de Derecho de Málaga, el 11 de enero de 1980, corrió a cargo del entonces profesor adjunto de Filosofía del Derecho y Derecho natural, José F. Lorca Navarrete, que procedía de la Facultad de Derecho de Sevilla donde se había formado al lado de Francisco Elias de Tejada. Más tarde Lorca alcanzaría la cátedra de Filosofía del Derecho, Moral y Política, tras un lamentable itinerario cargado de recursos, motivados por el cambio que manu militari se produjo en el Boletín Oficial del Estado en 1983 del Presidente del Tribunal que la Universidad había nombrado para dicha cátedra; resuelto jurídicamente en el verano de 1987 por la Audiencia Nacional, en sentencia firme y favorable a la pretensión del profesor Lorca Navarrete, pudo llevarse a cabo la oposición celebrada con seis ejercicios entre el 28 de enero y el 5 de febrero de 1988. Aquel curso 1979-80, primero de la Facultad, vio terminar sus clases en el mes de julio e, incluso en agosto, hubo todavía exámenes y atención al alumnado. De la primera promoción salieron dos posteriores vicedecanos (ya titulares de Derecho administrativo y Derecho penal) y el actual secretario general de la Universidad (Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política), que venía ya pertrechado de tres títulos universitarios más obtenidos en otras sedes (Madrid y Roma). Fueron profesores de aquella primera promoción, aparte del mencionado Lorca, el entonces profesor agregado de Derecho romano, Antonio Ortega y Carrillo de Albornoz, cuyo itinerario discente y docente tuvo jalones significados en las Universidades de Granada, Bolonia, Salamanca y Autónoma de Madrid; el triste y prematuramente desaparecido Juan José Ruiz-Rico López-Lendínez, entonces también profesor agregado de Derecho político y más tarde catedrático de Derecho constitucional en Málaga y en Granada, y el profesor adjunto Manuel Pérez-Vitoria de Benavides, que impartía Historia de Derecho español. De ellos destacaba por su locuacidad sin límites Ruiz-Rico, con una sólida preparación cultural que se extendía más allá de la pura formación académica, para adentrarse en materias de Literatura e Historia. Autor de varias novelas premiadas como Al sur son las hogueras (Granada, 1982)1, dejó en Málaga una escuela de titulares y catedráticos como Francisco Balaguer Callejón, su hermana María Luisa (orientada en principio hacia la Ciencia política más que por el Derecho constitucional, línea que hubo de cambiar por circunstanciasPage 576 en el momento presente, y transcurridos más de diez años, todavía inaclaradas) y Ángel Rodríguez-Vergara (doctor en Ciencias políticas por la Universidad Complutense y en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia).

En 1984, un joven universitario pleno de vocación y entusiasmo, Luis María Díez-Picazo Giménez, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia2, llega a la Facultad para integrarse en el Departamento de Derecho administrativo. Poco tiempo después cambia de área de conocimiento, y obtiene primero la titularidad y luego la cátedra de Derecho constitucional, casi por ensalmo. Entre ambas consigue una plaza de profesor de Derecho en el Instituto Europeo Badia Fiesolana, donde sigue impartiendo sus enseñanzas, con reconocimiento generalizado; la distancia física no le impide colaborar en empresas científicas organizadas en España y participar en distintas obras de conjunto, y no sólo en aquellas programadas con ocasión de homenajes a profesores de su disciplina.

Tres han sido los catedráticos de Derecho civil que ha habido en la Facultad de leyes malagueña, Guillermo García Valdecasas, Jorge Caffarena y José Manuel Ruiz-Rico, junto a tres titulares de auténtico mérito Miguel Cerda Olmedo, Blanca Sillero y Ana Cañizares Laso. El Derecho penal ha contado con un fugaz Gonzalo Quintero Olivares y un catedrático más duradero, José Luis Díez Ripollés, de especial mérito, pues ganó la plaza no siendo el candidato «oficial» para el que la Facultad había propuesto al presidente y secretario de la Comisión. Igualmente una tripleta de catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha pasado por la Facultad, Santiago González Ortega, María Fernanda Fernández (forjadora de muchas vocaciones universitarias, a las que desde Sevilla o desde Madrid, o de nuevo desde la capital hispalense, ha seguido orientando, dirigiendo y protegiendo, me...

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