Hecho imponible

Autor:Carlos Marín Lama
Cargo del Autor:Abogado. Profesor, Universidad de Barcelona
Páginas:34-65
RESUMEN

Entregas de bienes y prestaciones de servicios. IVA / Hecho imponible / Entregas de bienes y prestaciones de servicios / Operaciones no sujetas / Operaciones realizadas por entes públicos / Cesión a título gratuito de unas parcelas, realizada por el Ayuntamiento titular de las mismas, para la construcción de viviendas por una empresa municipal. IVA / Hecho imponible / Entregas de bienes y... (ver resumen completo)

 
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Entregas de bienes y prestaciones de servicios

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

Resolución de 28 de abril de 2009

IVA / Hecho imponible / Entregas de bienes y prestaciones de servicios / Operaciones no sujetas / Operaciones realizadas por entes públicos / Cesión a título gratuito de unas parcelas, realizada por el Ayuntamiento titular de las mismas, para la construcción de viviendas por una empresa municipal

Vocalía 5ª

R.G. 4424/2007

SUMARIO:

Las Administraciones Públicas no tienen la consideración de sujeto pasivo en cuanto a las actividades y operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas. Así, teniendo como uno de sus objetivos primordiales favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y puesto que en este caso la cesión de las parcelas se realiza con la citada finalidad -pues la empresa municipal cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento lo que va a realizar es la construcción de viviendas protegidas de régimen especial de alquiler-, la citada entrega se realiza en el ejercicio de fines públicos debiendo gozar de la no sujeción prevista en el art. 7.º 8 de la Ley 37/1992 (Ley IVA).

PRECEPTOS:

Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido; arts. 1, 4, 5 y 7

Directiva 2006/112/CE del Consejo, Sistema Común del Impuesto sobre el Valor Añadido;

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local; art. 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Resolución de 22 de abril de 2009 Nº Consulta Vinculante: V0839/2009

IVA / Hecho imponible / Entregas de bienes y prestaciones de servicios / Obras contratadas con el Ayuntamiento / Sujeción al impuesto

SUMARIO:

La consultante es una entidad mercantil participada en su totalidad por un Ayuntamiento y con competencias urbanísticas. La entidad consultante contrata las obras que le encomienda el Ayuntamiento y después se gira al ente local la factura correspondiente más un porcentaje para atender los gastos de funcionamiento de la consultante.

1.-Sujeción al impuesto de las operaciones realizadas por la consultante.

2.-En el caso de que las operaciones realizadas por la consultante resultasen no sujetas al impuesto, deducibilidad de las cuotas soportadas por la misma y rectificación de las cuotas repercutidas y de las cuotas deducidas en períodos anteriores.

PRECEPTOS: Page 35

Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido; arts. 4, 5, 7 y 8

Descripción sucinta de los hechos

La consultante es una entidad mercantil participada en su totalidad por un Ayuntamiento y con competencias urbanísticas. La entidad consultante contrata las obras que le encomienda el Ayuntamiento y después se gira al ente local la factura correspondiente más un porcentaje para atender los gastos de funcionamiento de la consultante.

Cuestión planteada

1. Sujeción al impuesto de las operaciones realizadas por la consultante.

2. En el caso de que las operaciones realizadas por la consultante resultasen no sujetas al impuesto, deducibilidad de las cuotas soportadas por la misma y rectificación de las cuotas repercutidas y de las cuotas deducidas en periodos anteriores.

Contestación

1. El artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (antiguo artículo 4.º 5 de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo, Sexta Directiva, norma derogada y sustituida desde el 1 de enero de 2007 por la referida Directiva 2006/112/CE)), establece lo siguiente:

Los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, ni siquiera en el caso de que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o retribuciones.

No obstante, cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser considerados como sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de la competencia.

En cualquier caso, los organismos anteriormente citados tendrán la condición de sujetos pasivos en relación con las actividades que figuran en el anexo I, excepto cuando el volumen de éstas sea insignificante.

2. El mencionado precepto comunitario ha sido objeto de interpretación en diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, en adelante, Tribunal. En este sentido, ha de destacarse la de 11 de julio de 1985, Asunto C-107/84, Comisión contra Alemania, la de 26 de marzo de 1987, Asunto C-235/85, Comisión contra Holanda, o la de 17 de octubre de 1989, Asuntos acumulados C-231/87 y 129/88, así como más recientemente la de 16 de septiembre de 2008, C-288/07, Isle of Wigth Council.

En particular, en los apartados 20 y 21 de la sentencia de 26 de marzo de 1987 se establece lo siguiente:

20. Procede hacer constar, a este respecto, que el apartado 5 del artículo 4.º únicamente prevé una exención en favor de los organismos de Derecho público, y tan sólo por lo que respecta a las actividades y operaciones que lleven a cabo en su condición de autoridades públicas.

21. El análisis de este precepto a la luz de los objetivos de la Directiva pone de manifiesto que deben reunirse acumulativamente dos requisitos para que pueda aplicarse la exención; a saber, el ejercicio de actividades por parte de un organismo público y el ejercicio de actividades Page 36 en su condición de autoridad pública; lo que, por una parte, significa que todas las actividades ejercidas por los organismos de Derecho público no quedan automáticamente exentas, sino únicamente las que corresponden a su misión específica de autoridad pública (véase la sentencia de 11 de julio de 1985, Comisión contra la República Federal de Alemania, 107/84, Rec. 1985, p. 2663) y, por otra, que una actividad ejercida por un particular no queda exenta del IVA por el mero hecho de que consista en actos cuya ejecución entra dentro de las prerrogativas de la autoridad pública.

De todo ello se deduce que, en síntesis, dos son los requisitos que abrirían paso a la aplicación del artículo 13.1 de la Directiva 2006/112: a) que quien realice la operación sea un órgano de Derecho público y b) que dicha operación suponga el ejercicio de una función pública desarrollada por el órgano de Derecho público.

3. En cuanto a la interpretación de esta segunda condición, el Tribunal se ha pronunciado, entre otras, en la sentencia de 15 de mayo de 1990, Asunto C-4/89 y en la ya citada de 17 de octubre de 1989, Asuntos acumulados C-231/87 y 129/88.

En concreto, los apartados 15, 16 y 24 de esta última sentencia precisan en ese sentido lo siguiente:

15. Del análisis del párrafo 1 del apartado 5 del artículo 4 dentro del sistema de la Directiva resulta que son las modalidades de ejercicio de las actividades las que permiten determinar el alcance de la no imposición de los organismos públicos. En efecto, en la medida en que esta disposición supedita la no imposición de los organismos de Derecho público al requisito de que actúen "en el ejercicio de sus funciones públicas", considera imponibles aquellas actividades que ejercen dichos organismos no en su calidad de sujetos de Derecho público, sino como sujetos de Derecho privado. El único criterio que permite distinguir con certeza estas dos categorías de actividades es, por consiguiente, el régimen jurídico aplicable con arreglo al Derecho nacional.

16. De ello se sigue que los organismos de Derecho público a que se refiere el párrafo 1 del apartado 5 del artículo 4 de la Sexta Directiva desarrollan actividades "en el ejercicio de sus funciones públicas" en el sentido de esta disposición cuando las realizan en el marco del régimen jurídico que les es propio. Por el contrario, cuando actúan en las mismas condiciones jurídicas que los operadores económicos privados, no puede considerarse que desarrollan actividades "en el ejercicio de sus funciones públicas"...

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