Lectores de historia y hacedores de política en tiempos de fractura "constitucional".
| Autor | Carmen García Monerris |
| Cargo | Profesora Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia |
Carmen García Monerris
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Profesora Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Recientemente ha publicado el libro (edición y Estudio Preliminar), José Canga Argüelles, Reflexiones sociales y otros escritos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.
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Una versión sensiblemente reducida de este trabajo se presentó como comunicación al Congreso internacional "La revolución liberal española en su diversidad peninsular (e insular) y americana", celebrado en Madrid, entre el 28 y 30 de abril de 1999 y posteriormente se publicó en la revista Hispania (Madrid) 209 (septiembre-diciembre 2001).
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Entre 1808 y 1812 se asiste en España, como ya sabemos, a una crisis constitucional de origen profundo, diverso y de trascendentales consecuencias. La antigua monarquía hispánica dará paso a una entidad estatal-nacional de nuevo cuño en la que las proclamas por mantener un cierto grado de continuidad con la vieja tradición histórica y política acabarán por mostrarse no contradictorias con los aspectos más revolucionarios resultantes de tan compleja situación. Todo ello ocurría, además, en medio de una situación excepcional marcada por la desorganización y el vacío de poder, y una invasión extranjera. Lo nuevo y lo viejo, la tradición y las luces revolucionarias, la historia y la política, se mezclarán con una virulencia y con una riqueza de matices difícilmente comparables con otro momento histórico. Tal vez sea ésta una de las razones por las que, pese a modas y corrientes historiográficas, la del liberalismo y la primera revolución liberal se resiste a ser clausurada y a desaparecer de los ámbitos de discusión académica. Son demasiados los aspectos de nuestra más inmediata realidad social y política que hunden sus raíces en aquel proceso como para no necesitar, casi de forma recurrente, de un ir y venir historiográfico que mantenga en perpetua reinterpretación aquellos años y aquellos acontecimientos históricos.
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A estas razones, atribuibles por lo demás a la finalidad de cualquier discurso historiográfico, podríamos añadir otras que contribuyen de igual manera a la riqueza y a la diversidad de los estudios sobre la primera revolución española. No podemos olvidar, en efecto, que la variedad de los proyectos políticos a que dio origen, desde distintas opciones ideológicas y posiciones sociales, se fraguó, a su vez, en espacios territoriales e históricos -los antiguos reinos o las provincias borbónicas- a los que años de empeño absolutista no habían conseguido, sin embargo, reducir a un mínimo común denominador. La crisis del antiguo régimen en España fue la quiebra de un entramado jurídico, político y social de similares características en todos los territorios de la monarquía, pero que se manifestó desde las peculiaridades conservadas, desde las historias recordadas y desde las tradiciones asumidas de cada uno de los componentes de esa misma monarquía. La eclosión federalizante de las Juntas Supremas al inicio del proceso revolucionario no haría sino agudizar esa diversidad subyacente sobre la que los distintos grupos sociales y políticos proyectarían unos programas de los que, muy a menudo, resultaba difícil borrar los ecos de un pasado, reinterpretado ahora desde las expectativas de un futuro que se suponía inmediato y novedoso.
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El presente trabajo quiere ser una aproximación más a ese mundo plural y diverso del primer liberalismo desde la óptica regional de uno de los territorios, el antiguo Reino de Valencia, que pudo ejemplificar extraordinariamente ese cruce sincrético entre la modernidad uniformizadora que le imprimió el reformismo borbónico y la permanencia, a veces ni inocua ni superficial, de determinadas estructuras e instituciones que hundían sus raíces en el pasado foral. Resultado de ese entrelazamiento fue un peculiar desarrollo económico en el marco del absolutismo centralista y una no menos peculiar configuración social que, sin solución de continuidad, prestó su carácter radical al proceso desencadenado a partir de mayo de 1808.1 Llegado el momento de pensar la nueva constitución política y social que debería otorgársele a la monarquía -y el período puede ser considerado todo él, en un sentido sustantivo y no jurídico-formal, como constituyente, al menos hasta 1812- , no todo, ni siquiera lo más importante iba a depender de las respectivas posiciones sociales o económicas de los agentes sociales, o de determinaciones más o menos objetivas. En ese debate colectivo, que tantas ocasiones tuvo de manifestarse en medio de circunstancias excepcionales, no faltaron, ni mucho menos, las influencias debidas a la percepción de una tradición cultural y política que se resistía a desaparecer y que encontraba en esa fractura constitucional de inicio de siglo, una ocasión privilegiada para volver a manifestarse. No era la vuelta ingenua a un pasado que se sabía ya definitivamente superado; ni las manifestaciones agónicas de un catolicismo anti-ilustrado, anti-regalista y eminentemente contrario a la filosofía y a la política; pero tampoco era el proyecto o el diseño universalista del liberalismo radical que, no obstante, estuvo también perfectamente representado, como veremos, en la peculiar coyuntura valenciana que los contemporáneos conocieron como "la guerra del francés".
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A una y otra tradición, a la más radical y a la que, de momento, podemos calificar de historicista, dedicaremos las siguientes páginas, confrontando para ello a tres autores de poca fortuna historiográfica: José Canga Argüelles, Bartolomé Ribelles y Francisco Xavier Borrull; y aprovechando una de esas circunstancias en que el debate político y la generación de escritos alcanzó una especial intensidad: la convocatoria de Cortes por decreto de la Junta suprema gubernativa del Reino de 22 de mayo de 1809.
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José Canga Argüelles (1771-1842), de origen asturiano y futuro secretario interino de Estado y del Despacho Universal de Hacienda en Cádiz (1811), unió gran parte de su trayectoria profesional, política e intelectual al País Valenciano desde que, a finales de 1804, fuera nombrado Contador General de Ejército de Valencia y Murcia. Tras unos decisivos años como oficial de la Secretaría de Estado y de Hacienda en Madrid, Canga, ya en Valencia, entraría a formar parte de esa nutrida pléyade de burócratas y cargos ilustrados que, desde el seno mismo de la monarquía absoluta, se empeñaría en una relectura muy especial de las posibilidades reformistas y racionalizadoras de esa misma monarquía a partir de las particularidades que ofrecía la estructura económica e institucional valenciana.2
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Sus años de experiencia al frente del Real Patrimonio valenciano consolidaron en su ideario un fuerte contenido antiestamental y antiseñorial que, frustradas las expectativas de una reforma desde el corazón mismo de la monarquía, le permitió el paso, sin excesivas violentaciones y en medio de la profunda crisis institucional de 1808, a un activo y expedito liberalismo como miembro de la Junta de Valencia y destacado participante en el proceso revolucionario. A su condición de experto y avezado conocedor de las interioridades administrativas de la maquinaria hacendística de la monarquía unió su faceta de intelectual ilustrado que había encontrado en la naciente economía política las posibilidades de un pensamiento casi constituyente de la nueva sociedad y, sobre todo, de las nuevas relaciones entre sociedad y política. A todo ello añadiría, entre los años 1808 y 1814, una destacada actividad como publicista, de influencia nada desdeñable en el devenir de las instituciones y de la política valenciana, y de la española en general.
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Como sabemos, la constitución de las diversas Juntas provinciales, en tanto que expresión institucional de un nuevo poder soberano, fue seguida inmediatamente de un debate sobre la conveniencia, naturaleza y composición de un gobierno central. En el caso de la Junta de Valencia ello supuso uno de los primeros enfrentamientos entre las viejas autoridades y la facción más radical y revolucionaria que encabezaba la familia Bertrán de Lís. La contribución de Canga a este debate quedó reflejada en la que constituye una de sus primeras aportaciones teóricas a la nueva situación política, la Memoria sobre la constitución de la Junta Central de gobierno que se trata de formar en España.3 Es un escrito que, desde mi punto de vista, marca la transición de nuestro autor desde su etapa reformista anterior en el seno de la institución patrimonial (1805-1808), con fuertes enfrentamientos con los poderes señoriales y municipales constituidos, hasta un neto liberalismo que le llevó a la defensa de un nuevo Estado y de una nueva Constitución como instrumentos idóneos para la consumación de las reformas frustradas por el despotismo.
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De momento, la postura del que todavía era Contador General de Ejército, aunque ya con tensas relaciones con su inmediato superior, el Intendente colaboracionista Azpiroz, parece decantarse hacia un punto intermedio entre los partidarios de un Consejo Real fuerte como baluarte contra las veleidades revolucionarias de las provinciales y aquellos otros que propugnaban la constitución de una Central como un poder soberano nuevo. La necesidad incuestionable de un gobierno para toda la monarquía era un requisito al que obligaba la propia finalidad de la guerra que se mantenía contra el invasor ("mantener la Monarquía en su integridad", según Canga, p. 6) y la eficacia en la conducción de la misma. El hecho cierto, no obstante, era el fenómeno de la asunción de la soberanía por parte del "pueblo", aspecto éste al que no renuncia nuestro autor...
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