El Recurso Gubernativo contra la calificación de los Registradores de la propiedad y mercantiles

Autor:Dr. D. Francisco Javier Gómez Gálligo
Páginas:205-242
Cargo del Autor:Letrado adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Doctor en Derecho. Registrador de la Propiedad y Mercantil
RESUMEN

I. Planteamiento. A. Especialización de la materia. B. Contrapeso a las prerrogativas de la administración pública. C. Carácter no contencioso de la materia objeto de recurso. II. El principio constitucional de unidad de jurisdicción. III. Modificaciones introducidas en la regulación del recurso gubernativo por el Real Decreto 1867/1998 de 4 de septiembre. IV. Diferencias entre el recurso... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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IPlanteamiento

Calificar, en Derecho hipotecario, es determinar si el acto o contrato (título tanto en sentido formal como en sentido material), presentado al Registro de la propiedad, reúne o nó los requisitos exigidos por el Ordenamiento jurídico para su inscripción.

La naturaleza jurídica de la función registral calificadora, ha sido definida como perteneciente a la jurisdicción voluntaria por la Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. RRDGRN 26/6/1986 y 6/6/1991), lo cual tiene pleno respaldo en Derecho positivo (así, en el RD 16/9/1994 sobre normas procedimentales en materias de Justicia, expresamente se dice que las califica-Page 206ciones de los registradores de la propiedad y mercantiles no son actos administrativos sino de actos de jurisdicción voluntaria).

Dicha función calificadora se ejerce bajo la exclusiva responsabilidad del registrador. En efecto, en el ejercicio de la función calificadora, el registrador es absolutamente independiente, incluso de calificaciones anteriores suyas o de otros registradores (RDGRN 18/11/1960), sin que pueda hacer caso de apremios judiciales (cfr. Artículo 136 RH) y sin poder ni siquiera consultar en duda ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. Artículo 273 LH).

El sentido o fundamento de la calificación no es otro que la de servir de soporte al entramado de presunciones y efectos que atribuye la inscripción en el Registro de la propiedad, y que son los siguientes: se presume la posesión y exactitud del derecho inscrito (artículo 38 LH), se atribuye al titular una acción expedita y rápida para la defensa de su derecho (artículo 41 LH), se dificulta la usucapión en contra de titular inscrito (artículo 36 LH), se protege al adquirente de buena fé y a título oneroso que confía en el Registro (artículo 34), no se pueden oponer cargas o titularidades no inscritas frente al que inscribe (artículo 32 y 37 LH), las únicas cargas oponibles a terceros son las contenidas en la certificación registral (artículo 225 LH), etc.

No se puede atribuir a una institución tan fuertes efectos, sin adoptar las medidas necesarias para que el sistema no quiebre: debe procurarse que los pronunciamientos regístrales en que se basan tales efectos, estén sólidamente fundados. Esta es la razón de por qué sólo pueden acceder al Registro los negocios que sean ciertos y válidos (RDGRN 26/1/1990), debiendo excluirse de aquél todo acto o negocio jurídico que no reúna los requisitos prescritos por el Ordenamiento jurídico para su validez y eficacia (RDGRN 13/5/1994).

En cuanto a los medios de calificación, el registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del Registro, sino también atendiendo al contenido del título presentado (cfr. RDGRN 8/9/1989). Lo que no puede poner en tela de juicio son los extremos amparados por la fé pública notarial (fecha, realidad de la comparecencia de las partes y de sus declaraciones de voluntad, y realidad de los hechos declarados notorios por el notario) ni el fundamento de las resoluciones judiciales (RDGRN 12/2/1996). Tampoco puede tener en cuenta datos extrarregistrales (RDGRN 4/5/1883). Fuera de ello, el ámbito de su calificación es total.

El resultado de la calificación puede ser la de inscribir el título o la de rechazar la inscripción. Este rechazo a su vez puede ser definitivo o provisional: en el primer caso se trataría de una denegación por adolecer el título dePage 207 una falta insubsanable; en el segundo caso, estaríamos ante una suspensión del título por falta subsanable, que sería la única que admitiría la publicidad provisional del título a través de la anotación preventiva por defectos subsanables, que tiene una vigencia de sesenta días hábiles desde su fecha (cfr. Artículo 42 número 9 y 96 LH en relación con el artículo 109 RH relativo al cómputo de plazos).1

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La calificación registral está siempre sometida a recurso, como jurisdicción voluntaria que es. Pero tales recursos son estrictamente los previstos en la legislación hipotecaria, como son:

  1. el recurso de queja, de carácter judicial, contra la decisión del registrador de no practicar un asiento de presentación (cfr. Artículo 416 párrafo 4o).

  2. recurso gubernativo, de carácter de jurisdicción voluntaria, contra la calificación suspensiva o denegatoria del título (cfr. Artícuo 66 párrafo Io enPage 209 relación con los artículos 112 a 135 RH), basada en una primera instancia ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma respectiva y una segunda ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Excepcionalmente esta última instancia se convierte en única en materia mercantil (en las calificaciones de registradores mercantiles no hay primera instancia ante el Presidente del Tribunal Superior), en tanto que la de los Presidentes de los Tribunales de Justicia, por el contrario, son instancia única en materias propias de Derecho civil privativo de la Comunidad Autó-Page 210noma, caso de tenerlo (cfr. Disposición adicional 7a Ley orgánica del Poder judicial de 1/7/1985).

  3. siempre que se trate de calificación denegatoria, también cabe entablar una demanda civil para que se declare la validez del título. En tal caso podrá pedirse anotación preventiva de la demanda, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha del asiento de presentación. Lo característico de esta demanda ante los tribunales ordinarios, del orden jurisdiccional civil, es que el registrador nunca puede ser parte en el procedimiento (cfr. Artículo 132 RH).

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Las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado -como luego se verá más ampliamente- no son susceptibles de recurso contencioso administrativo, porque no son actos administrativos (por no recaer sobre materia administrativa sino civil), sino actos de jurisdicción voluntaria. (Así lo establece la RDGRN 23/3/1961).

Ahora bien, esto no significa que las resoluciones que ponen fin al recurso gubernativo, no sean susceptibles de control por la jurisdicción ordinaria. La STS 22/12/1994 señala que está fuera de duda que tales resoluciones estánPage 212 sometidas al control jurisdiccional por expreso mandato de los artículos 106 de la Constitución y 8 de la Ley Orgánica del Poder judicial; pero aclara que el conocimiento de las demandas sobre validez del título entabladas contra las resoluciones de la DGRN, corresponde a la jurisdicción civil, sin que el registrador pueda ser parte, debiendo ser interpuestas contra la Administración del Estado, en la persona del Abogado del Estado y no del Ministerio fiscal.

La configuración especial del recurso gubernativo contra la calificación de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles tiene una triple justificación:

1o) La evidente especialización de la materia, en la que no sólo se suscitan cuestiones civiles y mercantiles, sino materias y principios hipotecarios.

2o) La materia no estrictamente contenciosa del objeto del recurso, que hace que éste no sea de naturaleza jurisdiccional.

3o) El objeto propio del Registro de la propiedad, que atribuye al acto o negocio jurídico efectos que antes no tenía, y esto es también aplicable a los actos y títulos judiciales y administrativos. En este sentido, el sometimiento de la Administración Pública a la calificación registral supone un contrapeso a sus prerrogativas públicas y una protección del derecho privado.

AEspecialización de la materia

Como es sabido, en la mayor parte de las Naciones europeas, la construcción de la unidad política y la creación de los Estados en su sentido moderno, fue obra del absolutismo monárquico. El príncipe absoluto, en su lucha contra el fraccionamiento derivado de los estamentos medievales, logró la creación de una estructura política unitaria que luego se denominó Estado. En Inglaterra, sin embargo, el sujeto de la unidad nacional fue más bien el propio Parlamento, en su lucha frente a las prerrogativas del monarca. Aunque hay precedentes anteriores, se suele fijar ese momento en la "Bill of Rights" (declaraciónPage 213 de derechos) de 1688. En cualquier caso, durante el siglo XVI y XVII se desenvolvieron en Inglaterra -como poco después también en el Continente- dos grandes corrientes en orden a la justificación del poder: los partidarios del Parlamento (parlamentaristas) y los partidarios del poder absoluto del monarca (monárquicos).

Entre los opositores al intento de ampliar las prerrogativas regias figura, a comienzos del siglo XVII, el justicia mayor Sir Edward Coke, que reverenciaba el "common law", el Derecho aplicado y desenvuelto por los jueces, que consideraba incluso como las normas fundamentales del Reino, basadas en la razón, y al que el propio monarca debía acomodarse. La posición de Coke pasaría a ser fundamento del sistema americano de revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes.

Pues bien, cuando el Rey Jacobo -frente a la afirmación de que el "common law" se basaba en la razón y que vinculaba al propio Monarca- le espetó que él tenía razón de la misma manera que los jueces, Coke le contestó: "Su Majestad no esta versado en las leyes; las causas que conciernen a la vida, la herencia, los bienes o las fortunas de los subditos no deben decidirse por la razón natural, sino por la razón artificial o juicio de Derecho, el cual...

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