El grupo de estudios de política criminal organiza una jornada de protesta contra la reforma penal

Autor:José María Suárez López
Cargo:Profesor Titular de Derecho Penal. Acreditado Catedrático
Páginas:410-411
 
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El día 4 de marzo de 2015 se organizó por el Grupo de Estudios de Política Criminal un acto conjunto que se llevó a cabo en diversas universidades españolas bajo el título «No hay Derecho. Por un Código Penal de todos», en el que se mostró su oposición al proceso de reformas penales actual y en el que participaron profesores, jueces y fiscales.

En los diversos actos que se celebraron, entre otras, en las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Salamanca, A Coruña, Pública de Navarra, Granada -que lo realizó conjuntamente con Córdoba, Jaén, Almería-, Málaga, Alcalá, Alicante, Jaume I, Cádiz, Carlos III, Valencia, País Vasco, Las Palmas, Autónoma de Madrid, Complutense y Castilla La Mancha, se organizaron, conferencias, seminarios, mesas redondas y foros de debate y se leyó un comunicado con el siguiente contenido:

Ante la reforma penal emprendida por el Gobierno el Grupo de Estudios de Política Criminal considera necesario manifestar públicamente su rechazo tanto al contenido como a la forma.

Decimos que "no hay derecho" puesto que en esta reforma se da un salto cualitativo en el endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ningún estudio riguroso previo de la situación del sistema penal español ni justificación racional para ello. Las tasas de población penada y penitenciaria en el Estado español son extremamente altas cuando las tasas de delincuencia son inferiores a la media europea. El endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad de las personas puesto que ésta depende en mayor medida de otros factores. El Código penal vigente contempla penas de duración superior a los cánones europeos, permitiendo ya en la actualidad cumplimientos de hasta cuarenta años de efectiva estancia en prisión. La introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos. Penas de mayor duración no suponen obtener mayor seguridad pero sí provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria. De la misma forma, la calificación como delitos de las infracciones hasta ahora consideradas como faltas representa una exacerbación de la respuesta penal injusta y desproporcionada.

Por otro lado, son muchos los preceptos en los que se opta por bare-mos de definición de conductas o de determinación de penas sumamente indeterminados, dejando a los Tribunales la tarea de definir las...

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