El grupo de estudios de política criminal aprueba un comunicado sobre corrupción

Autor:José María Suárez López
Cargo:Profesor Titular de Derecho Penal
Páginas:273-275
 
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Los días 7 y 8 de noviembre de 2014 se celebró, en la sede del Rectorado de la Universidad de Málaga, la Asamblea General Ordinaria del Grupo de Estudios de Política Criminal en la que se conmemoró su veinticinco aniversario. En el transcurso de la misma, se aprobó el siguiente comunicado sobre corrupción:

En el mes de mayo de 2013 el Grupo de Estudios de Política Criminal destacaba el dato de que la corrupción se había convertido en el último barómetro del CIS en la segunda preocupación de los españoles. El elevado número de procesos abiertos y de personas imputadas, especialmente altos cargos y responsables públicos, evidenciaba que no se trataba de supuestos aislados debidos a la falta de ética y a la codicia de sus protagonistas, sino de una manifestación de un problema mayor. De un problema sistémico en el que incidían diversos factores y que se traducía en la confluencia de intereses privados, tanto de particulares como de servidores públicos, e intereses políticos partidarios.

Transcurrido más de un año, la percepción del problema se ha agravado, convirtiéndose, junto al paro, en la principal preocupación de

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los ciudadanos. El descubrimiento de nuevos casos de corrupción, que se produce prácticamente a diario, genera efectos devastadores en la opinión pública, minando el sistema democrático.

En este contexto, el Grupo de estudios quiere prevenir frente a propuestas poco meditadas, cuando no puramente simbólicas o vacías de contenido. Es el caso de compromisos para crear algo así como un derecho penal de excepción para las conductas corruptas, o la aparente creación de 282 plazas judiciales "para luchar contra la corrupción", cuando en realidad esas plazas llevan tiempo cubiertas y además la mayor parte de ellas no son del orden penal.

Se precisa, ante todo, una regeneración de las prácticas políticas y de las instituciones que han tolerado la degradación de esas prácticas. Eso no se soluciona con simples modificaciones legales. Es necesaria la consolidación de una exigente moral política, hoy ausente, que descalifique sumariamente a todo aquel que utilice el poder político o la administración pública para fines privados y sectarios. Solo una sociedad civil decididamente implicada en su consecución está en condiciones de garantizar esa moralidad.

En segundo lugar, hemos de ser conscientes de que no es el derecho penal el instrumento más adecuado para garantizar la probidad de políticos y servidores públicos. Las...

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