El gobierno abierto y con capacidad de reacción
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Los ciudadanos mejor educados e informados demandan cada vez más fiabilidad en la adopción de decisiones de gobierno, y servicios más accesibles y fáciles de usar. El e-gobierno es un facilitador clave para conseguirlo. Un gobierno abierto y receptivo, tiene transparencia en las acciones de gobierno, la accesibilidad a los servicios e información del gobierno, y la receptividad del gobierno a nuevas ideas, demandas y necesidades. La aportación de información efectiva y eficiente y la prestación de los servicios al público son elementos clave en la mejora de la fiabilidad y confianza en el gobierno. La crisis actual ha forzado a los gobiernos a tomar decisiones urgentes y rápidas con un compromiso limitado para el público en el proceso de adopción de decisiones. Ser confiable, transparente y receptivo durante la implementación de las soluciones a la crisis es imperativo para mantener la confianza pública.
Este capítulo hace un seguimiento de la respuesta de los países miembros de la OCDE a las demandas de mayor apertura a la aprobación de la legislación sobre el acceso a la información, privacidad, protección de datos y procedimientos administrativos, así como sobre la creación de oficinas de Defensoría del Pueblo y de Entidades Fiscalizadoras Superiores. También presenta indicadores que evalúan la disponibilidad de un país para el desarrollo e implementación de e-gobierno, y mide también el suministro, madurez y uso de los servicios de e-gobierno. Los datos permiten la comparación del marco legal para gobierno abierto y receptivo entre países y evalúan el grado hasta el que los países están utilizando el e-gobierno como medio de mejorar la calidad de los servicios públicos.
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Hoy, el marco legal para el gobierno abierto está ampliamente difundido en los países miembros de la OCDE, y está constituido por:
· Las leyes de acceso a la información, que dan derecho a los ciudadanos a acceder a la información del gobierno. Éste es un prerrequisito para el control y la participación pública.
· Las leyes sobre privacidad y protección de datos fijan a su vez parámetros que establezcan cuándo la información no puede ser aportada al público por el interés de la protección de datos personales.
· Las leyes sobre procedimientos administrativos establecen algunas garantías a los ciudadanos en sus relaciones con el gobierno, y establecen unos mecanismos para mantener la confiabilidad de los organismos administrativos.
· Las leyes sobre instituciones de Defensoría del Pueblo establecen un lugar de contacto para las quejas, apelaciones y reclamaciones de indemnización de los ciudadanos en sus relaciones con órganos públicos.
· Las leyes sobre Entidades Fiscalizadoras Supremas hacen una fiscalización independiente de las cuentas públicas, y la ejecución de los programas y los proyectos del gobierno.
Este marco legal ha evolucionado a ritmo constante durante los últimos 50 años. Entre los 24 países que eran miembros de la OCDE en 1980, menos de un tercio tenían legislación sobre acceso a la información. En general, los países nórdicos fueron los primeros en adoptar estas leyes. El impulso para el gobierno abierto ganó fuerza en los años noventa, y para 2001 el número de países que habían aprobado una legislación de acceso a la información era casi el doble. Para 2008, 29 de los 30 países miembros habían adoptado leyes de acceso a la información. Algunos países miembros de la OCDE han incorporado incluso principios de gobierno abierto a sus Constituciones (p.ej., Austria, Hungría y Polonia).
El marco institucional que se precisaba para implementar y hacer cumplir estas leyes ha crecido rápidamente. Como complemento a las garantías legales para la privacidad de los datos personales adoptadas en la mayoría de países miembros de la OCDE, más de dos tercios de los países miembros de la OCDE han establecido Comisiones Parlamentarias para la protección de datos y privacidad. En 1960, sólo Suecia, Finlandia y Dinamarca contaban con una defensoría del pueblo; hoy, el 90% de los países miembros de la OCDE tienen tales instituciones o sus equivalentes. Todos los países miembros de la OCDE tienen Entidad Fiscalizadora Superior, y en la mayoría de los casos es un organismo independiente que informa directamente al Parlamento.
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Metodología y definiciones
Los datos son un extracto de un conjunto más amplio de datos actualizado por última vez en abril de 2008, por representantes de los gobiernos ante el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. La Tabla 28.1 observa las legislaciones específicas en vigor, y las figuras 28.2 y 28.3 están basadas en los datos del primer proyecto de ley a nivel nacional. El defensor del pueblo es un fiscalizador independiente que interviene en nombre de los ciudadanos alegando que han recibido un mal trato por parte de la burocracia. Ninguna de las tablas o figuras evalúa la efectividad de la implementación, uso o cumplimiento de estas leyes.
Otras publicaciones
OECD (2001), Citizens As Partners: Information, Consultation and Public
Participation in Policy Making, OCDE, París.
OECD (2005), Modernising Government: The Way Forward, OCDE, París.
OECD (2009), Focus On Citizens: Public Engagement for Better Policy and
Services, OCDE, París.
Nota
28.1: Aunque Italia no cuenta con un defensor del pueblo nacional, se da extensa cobertura a través de instituciones de defensoría del pueblo sub-nacionales y una comisión designada por el gobierno supervisa la implementación de la ley sobre acceso a la información pública. Turquía aprobó una ley sobre un defensor del pueblo nacional en 2006 que fue posteriormente suspendida por el dictamen de su Tribunal Constitucional. Aunque Suiza no tiene un defensor del pueblo, la ley de protección de datos designa a una persona para orientar y monitorear la interpretación de la ley, y la ley de transparencia asume que esta persona sirve también como mediador. En países sin leyes específicas sobre procedimientos administrativos, como Canadá e Irlanda, otra legislación (p.ej., libertad de información o privacidad / protección de datos) establece mecanismos para que los ciudadanos mantengan la confianza en los gobiernos.
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28.1. Vista general de legislación presente e instituciones para gobierno abierto (2008)
| Libertad de información | Privacidad/ |
Protección de datos
Procedimientos administrativos Defensor del pueblo / comisionado Institución suprema de auditoría Australia Austria Bélgica Canadá Rep. Checa Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Islandia Irlanda Italia Japón Corea Luxemburgo México Países Bajos Nueva Zelanda Noruega Polonia Portugal Rep. Eslovaca España Suecia Suiza Turquía Reino Unido Estados Unidos Unión EuropeaLegislación en vigor.
Legislación no en vigor.
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre Gestión Estratégica de Recursos Humanos en el Gobierno (2006) y Encuesta CEPD (2006).
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28.2. Número de países miembros de la OCDE con leyes sobre acceso a la información (1960-2008)
[VER GRÁFICO EN PDF ADJUNTO]
28.3. Número de países miembros de la OCDE con leyes sobre instituciones de defensoría del pueblo (1960-2008)
[VER GRÁFICO EN PDF ADJUNTO]
Fuente: OCDE (2009), Ciudadanos como objetivo: Compromiso público para unos servicios y una política mejores, OCDE, París.
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Un alto nivel de...
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