La gestión de viviendas sociales en contextos de diversidad cultural y étnica
| Autor | Octavio Vázquez Aguado/Fernando Relinque Medina |
| Páginas | 121-144 |
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Las políticas sociales son un mecanismo importantísimo para la redistribución de las riquezas y suponen también una ayuda fundamental para las familias a la hora de recibir recursos, tanto monetarios (prestaciones por desempleo o pensiones) como de servicios (sanidad, educación, servicios sociales, etc.).
Contrario a lo que muchos piensan, la aportación que realizan las personas extranjeras a las arcas públicas sigue teniendo un balance positivo debido al número de inmigrantes que continúa trabajando en el país (Nova, 2012), aún a pesar de la crisis económica y de que el paro les haya afectado notoriamente más que a la población autóctona (Torres, 2014; Hernández y López, 2013). Su aportación, a manera de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, también contribuye a que se mantengan estas políticas sociales, pero ¿se redistribuye equitativamente? Nos encontramos, por consiguiente, ante la necesidad de comprobar cómo se están gestionando estos servicios públicos destinados a proteger a la población general.
Para ello, más allá de revisar leyes, planes, programas o proyectos que en muchas ocasiones se quedan en «papel mojado», la mejor manera de constatarlo es a través de los datos. Destacamos los que ofrece el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social1 (SEEPROS, en adelante), avalado por Eurostat. Nos centraremos en los principales servicios estudiados en nuestro país, que son: sanidad, educación, prestación por desempleo, pensiones, servicios sociales y, cómo no, vivienda.
De manera general, y siguiendo al Colectivo IOE (2014, pp. 84-85), el gasto público español en políticas sociales creció de forma progresiva hasta 2009, se estancó en 2010 y empezó a recortarse a partir de 2011. Empezando por la sanidad, supuso el 7% del PIB en 2011 y el 23% del gasto social, un recorte del 5,7% con respecto al año anterior. Además, es la única partida que no ha dejado de decrecer desde 2007. La educación también sufrió algo parecido ya que a 2011, el presupuesto se redujo un 5,8%. La prestación por desempleo, sin
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embargo, creció a niveles nunca vistos debido a la destrucción de empleo: en 2009 incrementó el monto en casi un cincuenta por cien, llegando a representar, en 2011, el 3,6% del PIB y el 14,24% del gasto social. Esto no significa que a día de hoy dé cobertura a todos, puesto que el número de personas desempleadas que ya no reciben prestación alguna crece cada año (3,1 millones de personas a 2013). Las pensiones representan el mayor gasto social público (33,7% de media) y el mayor peso presupuestario en el PIB para este tipo de gastos (8% de media), cubriendo a prácticamente la totalidad de la población a través de las prestaciones contributivas y no contributivas. Pero la subida real en los últimos años ha sido irrisoria, teniendo como consecuencia que 2,6 millones de personas en 2012 cobrara menos de la mitad de lo establecido como Pensión Mínima de Jubilación (unos 340 euros) y muchos otros millones de pensionistas tengan serias dificultades para llegar a final de mes. Es evidente que los recortes en todas estas áreas afecta al uso que se hacen de los Servicios Sociales. Éstos suelen ser la última malla de protección para la población general, aunque para muchos inmigrantes sea la primera (Moreno y Aierdi, 2008; Alemán, 2011; Vázquez-Aguado, Álvarez-Pérez y Mora-Quiñones, 2012). Lo avalan los datos: desde que empezara la crisis hasta 2012, el número total de personas usuarias (autóctonas y extranjeras, ambas sumadas) aumentó un 59,3%, con lo que las intervenciones crecieron en más de un cincuenta por cien (Pedreño, Moraes y Gadea, 2015, p. 120). Por último, en cuanto a la vivienda, su presupuesto anual es irrisorio, representando, de media, el 0,17% del PIB y el 0,75% de las políticas sociales.
Esta realidad no es arbitraria o fruto exclusivo de la crisis socioeconómica mundial sino resultado de la falta de inversión en los servicios públicos de protección desde hace muchos años. España, ni en sus años de bonanza económica, aprovechó para incrementar el presupuesto del gasto público, siendo inferior al 21% del PIB en la pasada década, mientras que la media para la Unión Europea fue del 27% (Alemán y Soriano, 2013, p. 95).
Como es de presuponer, los/as extranjeros/as no han sido ajenos a estos recortes. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,que regula las prestaciones a las que tienen derecho, ha sido modificada hasta en nueve ocasiones2. Esto da cuentas de cómo se ha tenido que adaptar la legislación a la realidad migratoria, especialmente a partir del nuevo milenio (Alemán y Alonso, 2012, p. 9).
En un contexto en el que los recortes han hecho desaparecer muchos recursos relacionados con la atención de la diversidad cultural en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales cabe preguntarse cómo se está llevando a cabo su gestión.
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En relación al desempleo, afecta más a personas extranjeras (36,6%), que a españolas (24,3%). La tasa de paro llega a ser de 12,3 puntos porcentuales de diferencia (Torres, 2014, p.220). Además, se ha cebado mucho más con la construcción, uno de los sectores de la producción masculinizados en los que se encontraba un gran número de extranjeros/as. La población africana, concretamente la marroquí, de la que nos ocupamos en este capítulo, es la que más ha sufrido los estragos del desempleo (Pedreño, Moraes y Gadea, 2015, p. 119).
Asimismo, aunque la población extranjera sea una mano de obra cualificada según el nivel de estudios (Hernández y López, 2013, p.301), están abocadas, en su mayoría, a trabajos de baja cualificación que como consecuencia, conlleva mayores riesgos de siniestralidad (accidentes totales como mortales) mayor incidencia de lesiones y vulnerabilidad sociolaboral (RondaPérez et al., 2014).
En cuanto al ámbito educativo, se podría decir que existe una segregación escolar multicausal. Por un lado, la política de zonificación, esto es, el criterio de selección de centro asociado al lugar en donde reside la familia. Esto afecta más a los/as extranjeros/as ya que suelen vivir en lugares en los que el precio de la vivienda es más económico o donde tienen mayores redes sociales de apoyo. En muchas ocasiones coinciden con ser zonas desfavorecidas, excluidas o con especiales necesidades de diferente índole (Santos-Rego y Lorenzo-Moledo, 2011, p.413).
Otra razón de la segregación podría ser la «huida» de la población autóctona hacia centros privados o concertados3cuando en los públicos se concentra una mayoría extranjera (García, Olmos, Rubio y Capellán, 2014; Franzé et al., 2012; García y Rubio, 2011; Eseverri, 2010; Santos, Lorenzo y Priegue, 2009; Alegre, 2008).
Desde un punto de vista sanitario, sigue existiendo una gestión deficitaria de la diversidad. En cuanto a lo económico, no se invierte lo suficiente puesto que los inmigrantes representan tan sólo el 5,2% del gasto público sanitario total en España (Alemán y Soriano, 2013, p.99). En cuanto a las leyes, porque se siguen recortando derechos previamente adquiridos.
El Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, aprobado de «urgencia», introdujo una serie de cambios importantes. El más destacable, y que afecta de lleno a la población extranjera de terceros países, es el requisito de residencia para el disfrute de una asistencia sanitaria integral, mientras que antes se exigía únicamente el empadronamiento (art. 1).
Los resultados de estos recortes y leyes restrictivas, son, entre otros: menor uso de las recetas médicas como fruto del copago farmacéutico y de la
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reducción de la lista de fármacos subvencionados; aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas; insatisfacción ciudadana con el sistema público sanitario; y efecto disuasorio hacia el uso de la sanidad pública para los más desfavorecidos, entre los que se encuentran los inmigrantes (Urbanos y Puig-Junoy, 2014).
Asimismo, se lleva constatando desde hace muchos años que las personas extranjeras son quienes tienen un menor índice de salud percibida, hacen mayor uso de los servicios de urgencia y menor uso de los servicios especializados (Tormo et al., 2015; Cantarero y Pascual, 2014; Llosada, Vallverdú, Miró, Pijem y Guarga, 2012; Muñoz y Antón, 2010).
Refiriéndonos a los Servicios Sociales, y de acuerdo con la última memo-ria del Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales (SIUSS, en adelante), podemos señalar que, aunque el informe demuestre que exista una ligera sobre-representación de los/as extranjeros/as en el uso que se hace de ellos (16,54% de usuarios extranjeros frente al 12% de su peso demográfico) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012, p.16), este dato se reduce considerablemente cuando se analizan las intervenciones realizadas según el sector de referencia, ya que los «inmigrantes» representan tan solo el 10,31%. (ídem., p. 26). De ellos, América Central y la Unión Europea son dos de los colectivos de usuarios mayoritarios, pero los del Magreb (especialmente marroquíes, nacionalidad de especial interés en este capítulo) casi dobla su peso demográfico debido a los procesos de reagrupación familiar y porque presentan tasas de paro superiores...
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