La gestión de la pluralidad religiosa en España, hoy: algunas propuestas

Autor:Mª del Carmen Barranco Avilés/Montserrat Abad Castelos
Páginas:119-133
 
ÍNDICE
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1. Introducción

La discusión sobre la gestión democrática de las manifestaciones de la pluralidad cultural tiene siempre un elemento de tensión en la exigencia de mantenimiento del mínimo de cohesión social sin el que ningún orden social ni político puede sobrevivir. Es, desde luego, un debate clásico en la filosofía jurídica y política y, más concretamente, en la teoría de la democracia. En efecto, quizá el elemento más novedoso, el desafío más importante para la democracia liberal desde el último tercio del siglo XX, sea el que resulta de la transformación de las nuestras en sociedades caracterizadas por lo que se ha convenido en denominar, desde Taylor, la diversidad profunda. Me refiero a sociedades en las que la presencia de la multiculturalidad es un rasgo estructural significativo, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativamente.

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Conviene recordar que no se trata de realidades lejanas, como las que encontramos en Canadá, Brasil o India, por citar tres ejemplos de demo-cracias asentadas en esas condiciones. España es ya una sociedad en la que la diversidad tiene una dimensión que no se puede ignorar, y no solo porque la presencia de inmigración asentada en nuestro país alcanza el 10% de nuestra población, sino sobre todo porque lo ha sido constitutivamente desde su origen como el más viejo de los Estados-nación europeos, aunque la España oficial siempre ha luchado por ocultarlo. Pero esa realidad ha emergido con fuerza desde el retorno a la democracia, marcado por la Constitución de 1978 (CE 78).

En realidad, desde Constantino esta tensión es una constante en la historia del pensamiento y de las instituciones políticas en Occidente y es una discusión que reencontramos hoy, 36 años después del comienzo de la democracia en España. Se trata de una línea roja de nuestra reforma democrática, aunque algunos preferirán denominarlo una de las trincheras donde se jugó el balance de la transición. Y es así porque supuso la reformulación de relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica, que parecían atadas y bien atadas por el modelo del nacionalcatolicismo propio del franquismo, pese al impulso renovador que procedía del Vaticano II y de la posición abiertamente comprometida con la clase obrera y con la democracia que sostenía un importante sector de la iglesia católica española, aunque no, obviamente, el sector con más poder.

Como en otros nudos gordianos de la negociación propia de la transición, reflejada en buena medida en el articulado de la CE 78, en este se alcanzó un acuerdo, o, quizá más exactamente, un compromiso. Una solución en la que, sobre todo, cobraba visibilidad el temor a que se repitiera lo que muchos consideran uno de los errores de la Constitución de 1931, la laicidad militante frente a la oposición de la Iglesia católica, bastión de la derecha y, aun peor, del reaccionarismo más antidemocrático. Por eso, la solución fue la «no confesionalidad del Estado», junto con una especial consideración a la Iglesia católica en cuanto confesión sociológicamente mayoritaria. Es lo que refleja el texto del tercer párrafo del artículo 16 de la CE 781.

Pero lo cierto es que hoy, cuando se hace balance de la transición y se insiste en la necesidad de profundizar en la democracia, no faltan quienes advierten sobre la necesidad de retomar el necesario impulso hacia el objetivo de la autonomía del poder político del demos, que exige liberarse de

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otros poderes no elegidos por el pueblo, en particular el que representan los mercados, pero también las iglesias. Porque, reconozcámoslo, para hablar de democracia en serio es condición sine qua non un marco de laicidad que abandone el confuso planteamiento del artículo 16 de la CE 78, que salga de la confesionalidad vergonzante, la tolerancia y el paternalismo, para consagrar la libertad de conciencia y el pluralismo. Y todo ello es más urgente aún en un contexto de creciente diversidad cultural, es decir, de pluralidad de pensamiento, de conciencia y también de religión.

2. Algunas hipótesis para la discusión

En lo que sigue trataré de ofrecer algunos argumentos para asentar la propuesta de la necesidad de abandonar el recurso a la tolerancia y a una libertad religiosa teñida de mal disimulada confesionalidad o, al menos, trato de favor hacia la iglesia católica, para sustituirlo por una defensa de la laicidad y la libertad de conciencia.

Me cuento entre quienes sostienen que, precisamente por tratarse de un concepto histórico2, el de tolerancia resulta inadecuado como principio de política religiosa en el momento y el proceso que vive nuestro país, en este segundo decenio del siglo XXI. Es decir, de un lado, en un contexto en el que los derechos fundamentales y libertades públicas están reconocidos y garantizados universalmente en nuestro ordenamiento jurídicoconstitucional vigente y, de otro, en un mundo, y particularmente una sociedad como la nuestra, que se caracteriza por su creciente diversidad3, por el acrecentado proceso de secularización y, al mismo tiempo, por un incremento de las reacciones fundamentalistas en algunos sectores de la población española y de la población residente en nuestro país.

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Por eso, a mi juicio, lo que necesita la democracia en Europa, y en particular en España, hoy y en el futuro próximo, no es más tolerancia, sino profundizar en el reconocimiento de las exigencias del pluralismo, en el método de establecimiento del acuerdo sobre lo que es valioso para una sociedad plural y, de esa forma, en otra noción de cohesión social que no esté lastrada por el prejuicio de la pluralidad como patología, al que he denominado en otros lugares «complejo de Babel», siguiendo la apreciación de Cassirer o, si se prefiere de otro modo, por el prejuicio de la identificación entre cohesión social (pervivencia e incluso progreso social) y unidad, que insiste en el requisito de homogeneidad etnocultural como condición sine qua non de uno y otra, al modo en que lo expresa el falaz lema e pluribus unum.

Precisamente por ello, también a mi juicio, es preciso encontrar una vía que reformule la laicidad desde la afirmación básica del primado del pluralismo y de la libertad de conciencia, sin reivindicar por ello la multiconfesionalidad, que me parece el riesgo más verosímil, más próximo y al mismo tiempo el de mayor gravedad hoy.

Para decirlo de la forma más clara desde el principio, mi posición se concreta en las siguientes tesis:

1) Una democracia plural e inclusiva es la única propuesta que permite gestionar de forma legítima y eficaz los problemas y conflictos propios de los desafíos de la diversidad profunda, también en materia religiosa.

2) Ese modelo de democracia exige, en primer lugar, abandonar el recurso a la tolerancia y el paternalismo, así como la confesionalidad encubierta. Pero es asimismo imprescindible combatir con todos los medios legales toda forma de dogmatismo y fundamentalismo, también los religiosos.

3) La democracia plural e inclusiva consagra tres principios básicos en relación con la gestión del fenómeno religioso: el pluralismo, la libertad de conciencia (que es mucho más amplia que la libertad religiosa) y la laicidad.
4) Pero convendría precisar o incluso reformular esta última, pues la discusión actual reúne no pocas propuestas (la «laicidad positiva» de la que hablaba el anterior pontífice romano Benedicto XVI (hoy papa emérito) y políticos como Sarkozy; la distinción entre laicidad y secularización, etc.) que redefinen en uno u otro sentido la noción original que encontramos por ejemplo en la ley francesa de 1905.

Afrontamos una etapa crucial en la gestión de la diversidad profunda, en Europa y en España. Hemos comenzado el año 2015 bajo la conmoción provocada por los abominables atentados durante la semana de

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reyes, en París. Eso no quiere decir que la situación sea idéntica en todos los países europeos. Por lo que toca a España, es cierto que crece la preocupación ante la extensión de un mensaje xenófobo e incluso racista que parece calar en la opinión pública española, que vuelve a prestar oídos a formaciones de extrema derecha (como España 2000), e incluso arraiga entre un importante sector de votantes de la derecha (PP). Por decirlo todo, aunque moleste a quienes hablan de la Cataluña tolerante e integradora, también alcanza eco en sectores importantes de la población catalana y no solo entre los votantes de PxC, sino también de una parte de los de CiU.

De acuerdo con ese mensaje, habríamos alcanzado el límite de la pluralidad que se puede gestionar sin poner en peligro la cohesión e incluso la supervivencia. Quienes mantienen esa posición se ven alentados por una jerarquía de la iglesia católica que, pese al giro que representa la posición del papa Francisco, reivindica su aspiración a conformar hegemónicamente la sociedad, desde una concepción (el sentido cristiano de la vida pública, interpretado según una visión ortodoxa que más bien habría que calificar como reaccionaria) que ahoga el pluralismo en nombre de una cruzada contra el relativismo como modelo de gestión de la convivencia...

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