Garantías Procesales propias del Derecho Norteamericano
| Autor | Faustino Gudín Rodríguez-Magariños |
| Cargo del Autor | Magistrado. Letrado de la Administración de Justicia (excedente). Doctor en Derecho. Licenciado en Criminología |
| Páginas | 113-160 |
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Como ya vimos, la Quinta y Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos contienen respectivamente una cláusula de respeto al debido proceso (due process of law). El debido proceso en la práctica de las actuaciones judiciales actúa como salvaguarda de la negación arbitraria de la vida, libertad o propiedad por el Gobierno fuera de la sanción de la ley. En concreto la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial y adicionalmente también figura en la Decimocuarta Enmienda, como una restricción al poder del Estado para resolver sobre los derechos de los ciudadanos sin que haya un debido proceso y a la equal protection clause172 (ningún Estado denegará (...) a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes).
Como relata Bodenhamer173el viejo concepto británico de due process of law fue revitalizado mediante la incorporación de las enmiendas a la Constitución en especial la Cuarta, Quinta, Sexta, y Decimocuarta, perfiladas por las aportaciones de ilustres magistrados que van desde Oliver Wendell Holmes a William J. Rehnquist.
Sin embargo, las garantías encuentran importantes excepciones o modulaciones cuando se decreta los estados de excepción emergencia o sitio. Mas no cabe olvidar que este tipo de excepciones, basadas en la defensa de la seguridad nacional, suelen ser universalmente reconocidas tanto en constituciones anti-guas como recientes174. Hunden sus raíces históricas en el modelo de la República Romana para situaciones de crisis que concentaban el Poder en un dictador militar por un periodo temporalmente limitado. Este modelo para apliar situaciones de crisis se considera el verdadero antecedente para el diseño de un sistema
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político de frenos y contrapesos (check and balance) así como en la asignación de poderes de emergencia (emergency powers) al órgano ejecutivo175.
Pero si dicha ley introduce distinciones a efectos de regular de manera distinta a diversos grupos de personas, la Corte realiza el control considerando la protección de la igualdad. En cualquier caso, lo que se busca comprobar mediante ambos test es si existe o no una relación razonable entre la regulación legal y el fin que con ella se persigue.
A partir de 1937, el Tribunal Supremo comienza a efectuar una distinción a efectos de realizar el control de constitucionalidad de la actividad regulatoria por parte del Estado. En virtud de esta distinción el control de la Corte se realizará o bien analizando que la medida adoptada es razonable desde el punto de vista del debido procedimiento, o desde el punto de vista del principio de igualdad. Más precisamente, y tomando en consideración la propia redacción de la Decimocuarta Enmienda, la Corte efectúa el control de una ley regulatoria aplicando el debido proceso sustantivo cuando ésta regula un derecho o libertad que afectará a todos por igual. En cualquier caso, lo que se busca comprobar mediante ambos tests es si existe o no una relación razonable entre la regulación legal y el fin propuesto176.
El Tribunal Supremo ha interpretado la cláusula del debido proceso legal como un mecanismo constitucional que garantiza el derecho fundamental de la persona a la autonomía en la toma de sus propias decisiones, como una manifestación del desenvolvimiento de la personalidad individual sin injerencia estatal alguna. Este sagrado derecho a la libertad individual se protege otorgándole una «posición preferente» que implica que toda legislación que pretenda su restricción deberá demostrar una extraordinaria justificación, esto es, un interés estatal relevante (compelling state interest)177, incluyéndose el derecho a contraer matrimonio, a tener hijos y decidir sobre la educación y crianza de éstos, al uso de anticonceptivos, el derecho al aborto178y a la libertad sexual en el ámbito privado, planteándose incluso si la cláusula del debido proceso ampara el derecho a rechazar un tratamiento médico y a una muerte digna, y, finalmente, en la década de los sesenta emerge una jurisprudencia vacilante que tiende a incluir en la zona de privacidad protegida constitucionalmente por el concepto de libertad de la Decimocuarta Enmienda el interés individual en evitar la divulgación de información personal, la llamada «informational privacy»179.
Sin embargo, el propio Alto Tribunal esbozó algunos tests a fin de objetivar al máximo el control de constitucionalidad basado en la Decimocuarta Enmienda. Estos tests se denominan scrutiny, y son tres: strict scrutiny, intermediate scrutiny y el rational basis review180.
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El strict scrutiny parte de la presunción de inconstitucionalidad de la regulación de un derecho o libertad, considerado como un derecho "preferente". Se entienden vinculados a esta línea de proteción aquellos "derechos que no sólo exigen la más alta protección estatal, sino que también resisten la más mínima de las intromisiones de regulación", como sería el caso de la libertad de información, la libertad religiosa, el derecho a la privacidad, etc.181. En este caso, el onus probandi recae sobre el Estado debe probar que la finalidad de la regulación es la promoción de un interés estatal imperioso y que ella es acorde a la consecución de éste.
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El intermediate scrutiny se aplica a las norma-tivas de aquellos derechos que no son preferidos, sino tan sólo "importantes". En este caso, la Corte también presume la inconstitucionalidad de la regulación, y el Estado debe probar que la regulación apunta a un objetivo gubernamental importante, debiendo existir una adecuación entre los medios y los fines.
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El criterio inerpretativo de la rational basis review se aplica subsidiariamente en relación a los anteriores. En este caso, la regulación se presume constitucional, y debe existir una relación razonable entre ella y el objetivo que se persigue. Este test es el que la Corte aplica con carácter general respecto a la alegación del derecho "al debido proceso".
En definitiva, la cláusula de establecimiento (Establishment Clause) prohíbe la interferencia en mate-ria religiosa del Estado, lo que comporta adopción de una religión nacional por el Congreso, la preferencia de una religión por encima de las demás religiones o de una opción no religiosa.
La libertad de expresión (freedom of speech) incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios). También incluye los derechos implícitos a la libertad de asociación y creencia.
El derecho a reunión permite que las personas se reúnan con fines pacíficos y legales. La Corte reconoció abiertamente que los derechos a la libertad de asociación y de creencia están implícitos en la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmiendas. La libertad de reunión no incluye un derecho de asociación. El gobierno puede prohibir que las personas se asocien con otras para participar y promover actividades ilegales en forma deliberada.
El derecho de asociación comporta la prohibición de que el gobierno exija que un grupo se registre o divulgue la identidad de sus miembros. Tampo-
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co puede negarles a personas beneficios oficiales por pertenecer o haber pertenecido a determinado grupo.
El derecho de petición garantiza el derecho de reclamar ante el gobierno una compensación por violaciones a derechos mediante un litigio u otra medida que disponga el gobierno.
Es una doctrina emanada de la pluma del emblemático Juez Holmes que viene a configurar una visión distinta del ejercicio de los derechos...
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