Garantías

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8.9. Garantías
Las garantías aportadas para obtener la suspensión de una reclamación que esté afecta a una
deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del
obligado tributario, garantizarán, asimismo, las cantidades que deban reintegrarse como conse-
cuencia de la estimación total o parcial de la reclamación.
Quedando incluidas, si fuere el caso, las relacionadas con las obligaciones tributarias conexas que
deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial del recurso o reclamación.
8.10. La comprobación limitada
Se modifica el apartado 2 del artículo 136.
La comprobación limitada, antes de la reforma y sigue actualmente, de modo resumido, está ceñi-
da a: a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de
los justificantes presentados o que se requieran al efecto; b) Examen de los datos y antecedentes
en poder de la Administración tributaria que pongan de manifiesto la realización del hecho impo-
nible o del presupuesto de una obligación tributaria, o la existencia de elementos determinantes
de la misma no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario; c) Examen de
los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro,
registro o documento de carácter oficial con excepción de la contabilidad mercantil, así como el
examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en di-
chos libros, registros o documentos; d) Requerimientos a terceros para que aporten la información
que se encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen mediante
la presentación de los correspondientes justificantes.
Ahora con la reforma se añaden nuevos párrafos al apartado c) con el siguiente contenido:
“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando en el curso del procedimiento el obligado
tributario aporte, sin mediar requerimiento previo al efecto, la documentación contable que en-
tienda pertinente al objeto de acreditar la contabilización de determinadas operaciones, la Admi-
nistración podrá examinar dicha documentación a los solos efectos de constatar la coincidencia
entre lo que gure en la documentación contable y la información de la que disponga la Adminis-
tración Tributaria.
El examen de la documentación a que se reere el párrafo anterior no impedirá ni limitará la
ulterior comprobación de las operaciones a que la misma se reere en un procedimiento de ins-
pección.”
A partir de la entrada en vigor de esta Ley reformadora el contribuyente podrá dentro del curso
de un procedimiento aportar, sin haber sido requerido para ello, aquella documentación contable
que a su juicio pueda ser necesaria para que la Administración tributaria pueda contrastarla con la
que ya obra en su poder, en aras a una conciliación entre la realidad que el obligado pretende de-
mostrar y las declaraciones presentadas. No obstante es de notar que esta aportación de carácter
voluntario no tendrá efectos preclusivos en un eventual y posterior procedimiento de inspección
en el que podría requerírsele la misma documentación contable ya aportada.
8.11. Nueva regulación del procedimiento inspector
Se modifican los artículos: 104.2, 150 Y 159.3.
La nueva regulación de este procedimiento pretende reducir los contenciosos ante los tribunales
en materia de procedimiento que en muchas ocasiones ha provocado que la inspección se perju-
dicara por haberse producido la prescripción al derecho a liquidar.
El proyecto contempla el estableciendo un nuevo cómputo de los plazos del procedimiento ins-
pector, eliminando, entre otros, los supuestos de interrupciones justificadas del procedimiento por
causas no imputables a la Administración añadiendo nuevas obligaciones de información al con-
tribuyente afectado entre las que destaca la de ser informado de la fecha límite del procedimiento.
Las nuevas normas reguladoras de este procedimiento son, de manera resumida, las siguientes:
a) El plazo: con carácter general será de 18 meses que, como excepción, podrá ser de 27 cuan-
do la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para
auditar sus cuentas; o bien esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación
fiscal o al régimen especial de grupo de entidades.
En el caso de que las actuaciones inspectoras afecten a personas o entidades vinculadas la
concurrencia, en cualquiera de ellas, de alguna de las circunstancias especificadas en el párra-
fo anterior, determinará la aplicación del plazo de 27 meses a los procedimientos de inspección
seguidos con cualquiera de ellos.
El contribuyente requerido en este procedimiento podrá solicitar antes de la apertura del trá-
mite de audiencia uno o varios periodos en los que la inspección no podrá efectuar actuacio-
nes, que no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo el procedimiento
y supondrán una extensión del plazo máximo de duración del mismo. No obstante el órgano
actuante podrá denegar, sin que quepa recurso, esta solicitud.
En el supuesto de que el contribuyente manifieste que no tiene o no va a aportar la información
o documentación solicitada, o no la aporta íntegramente en el plazo concedido en el tercer
requerimiento, su aportación posterior determinará la extensión del plazo máximo de duración
del procedimiento inspector por un período de tres meses, siempre que dicha aportación se
produzca una vez transcurridos al menos nueve meses desde su inicio.
b) El cómputo del plazo: será desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio de
las actuaciones hasta que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante
del mismo. Siendo suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que con-
tenga el texto íntegro de la resolución.
El plazo será único para todas las obligaciones tributarias y periodos que constituyan el objeto
del procedimiento inspector, aunque las circunstancias para la determinación del plazo sólo
afecten a algunas de las obligaciones o periodos incluidos en el mismo.
c) Casos de suspensión del cómputo del plazo:
1. Por remisión del expediente al Ministerio Fiscal o jurisdicción competente sin practicar la
liquidación.

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