El futuro ya no es lo que era Las proyecciones de la Seguridad Social

Los sistemas de pensiones han despertado siempre mucho interés académico en razón de la creciente preocupación que se viene manifestando en torno a su viabilidad financiera. De los sistemas de pensiones penden las vidas de millones de personas, justamente en las edades menos apropiadas para afrontar dificultades. Por tanto, todo sistema que se precie debe proporcionar antes que nada confianza a los afiliados y beneficiarios del mismo en la solidez de sus bases financieras. Esa exigencia elemental se ha venido complicando con la proliferación de estudios y proyecciones que, en su mayoría, no han contribuido a transmitir el sosiego indispensable en una actividad asimilada al aseguramiento.

Casi todas esas proyecciones han resultado fallidas, lo que ha ido desplazando hacia el futuro el momento de la temida inviabilidad financiera. Pese a todo, la importancia de la materia justifica sobradamente el interés por su futuro. Lo que este artículo se propone no es una nueva proyección, seguramente destinada al fracaso, sino una recopilación de las que en mayor medida han contribuido a extender un clima de pesimismo respecto a la salud de nuestro sistema de pensiones. Todas ellas estaban en principio asentadas en supuestos enmarcados en tres apartados: el demográfico, el económico y el institucional. Por lo general, esos supuestos, en ninguno de los casos analizados se han hecho realidad ni por asomo, pasado el tiempo.

Precisamente ahora que la confianza del público en las instituciones económicas fundamentales adquiere un valor por el que se desembolsan miles de millones de euros a la búsqueda de su rescate, tiene sentido preguntarse si todos esas investigaciones que han puesto en cuestión el futuro de un sistema de seguro social han proporcionado alguna rentabilidad social. En este trabajo, fundado en el análisis de algunas de las investigaciones más publicitadas, se ha querido indagar hasta qué punto todos esos vaticinios no han sido otra cosa que inútiles ejercicios académicos sobre un sistema que hace más de cuarenta años que proporciona prestaciones fundamentales a millones de españoles.

Page 14

Las proyecciones que se llevan a cabo en torno a la viabilidad futura del Sistema de Seguridad Social son una cosa muy seria, y como tal no conviene banalizarlas. Por más que algunos resultados de las mismas, pasado el tiempo sobre el que se hacían previsiones, y constatada la divergencia entre previsión y realidad, inviten a lo contrario. Son una cosa muy seria porque esas proyecciones, quiérase o no, inciden para bien o para mal -habitualmente para esto último- en la confianza que los ciudadanos tienen en el Sistema y en la credibilidad que el mismo transmite respecto de la posibilidad de que en el futuro, cuando ya no generen rentas con su trabajo, ese Sistema las pueda sustituir adecuadamente. En pocas palabras afecta a la confianza que el Estado puede y debe transmitir a los ciudadanos en cuanto a la seguridad de que en el futuro, incluso en el futuro lejano, hará honor a sus compromisos.

En realidad, lo que se transmite de modo subliminal en todos esos trabajos de adivinación de lo que puede ocurrir en un lapso de 50 años no es otra cosa que el hundimiento del sistema de protección, la quiebra del mismo. La institución que garantiza las rentas no será capaz de hacer frente a sus compromisos puesto que estos adquirirán tal magnitud en términos relativos que la sociedad no podrá encajarlos en los gastos corrientes del Estado. Hay autores a los que desagrada que se haga hincapié en lo temerario de este tipo de prognosis a 50 años y, en particular, que se recuerde que detrás de este tipo de investigaciones están siempre las entidades financieras. A fin de cuentas, se dice, las entidades financieras financian buena parte de los trabajos de economía que se publican en nuestro país, lo que no deja de ser cierto. Aunque también lo es que en pocos casos como en éste existe una relación tan estrecha entre las conclusiones y derivaciones de las investigaciones, y los intereses de las entidades financieras.

No se piense sin embargo que los hechos son nuevos, ni que en nuestro propio país no se hayan escrito textos que ya en el año 1982, avisaban de un colapso financiero en nuestra Seguridad Social.

Y, más aún, que las opiniones sombrías sobre un Sistema fundado en el reparto son asunto que se origina en los momentos críticos de 1973. Con mucha anterioridad insignes economistas vaticinaron la inviabilidad de un Sistema de reparto y predijeron las peores consecuencias para la sociedad que hubiera adoptado tal Sistema de seguro frente a la vejez. A fin de cuentas, desgraciadamente, también a este respecto se hace realidad ese latiguillo popular debido a Kenneth Boulding que asegura que un economista es un profesional que explicará mañana por qué no se han cumplido hoy las predicciones que hizo ayer.

Las afirmaciones precedentes en cuanto a la seriedad de esta cuestión se justifican sin problema alguno en la conciencia de que hablamos de un asunto que en términos de expectativas de derechos constituye el patrimonio básico y fundamental de millones de ciudadanos que tienen en el compromiso que el Estado tiene con ellos en materia de pensiones, la garantía de una vejez sin sobresaltos. Es oportuno notar que a este respecto España se compara excelentemente con otros países. No sólo está por encima de la media de la OCDE, y bien por encima, sino que nuestras cifras tan sólo las superan Grecia y Hungría. Claro está que lo que unos lo presentamos como un hecho positivo, otros lo entienden negativo. ¿Por qué razón? Es muy sencillo: la generosidad de hoy no es sino el anuncio de los inabordables problemas de mañana. ¿No son fundadas entonces las razones que consideran a la economía como la ciencia lúgubre?

En realidad, cuando se habla de proyecciones de gastos de la Seguridad Social en materia de pensiones, se plantea una condición previa que determina el conjunto de la pro-Page 15yección. Se supone que todos los cálculos se hacen en condiciones de legislación constante. Eso significa, ni más ni menos, que no variarán en casi 50 años ni las bases de cotización (por supuesto, en términos reales), ni los tipos de cotización. No se alterarán tampoco los déficits de los regímenes especiales y la financiación de los mismos se instrumentará al modo del presente. Esto es: con los superávits del Régimen General y Especial de Autónomos. De manera que lo que debería suceder es que no se van a alterar en modo alguno ninguno de los regímenes especiales; ni sus bases de cotización, en aquellos casos en los que difieren por inferiores con las del Régimen General; ni sus tipos de cotización cuando son inferiores al 28,4%. Es natural que esos ejercicios deban plantearse de ese modo porque de no ser así, la cuestión resultaría sencillamente inabordable. Para quebrar tal argumento en el que se fundan todas las predicciones no sería necesario más que relatar sucintamente todos los cambios que en pasado lejano y reciente han tenido lugar en materias paramétricas del sistema: bases y tipos de cotización, fórmula de cálculo de la base reguladora de la pensión de alta, condiciones de la jubilación anticipada, etc. Todos esos cambios habidos en el pasado y los que se vislumbran en el futuro inmediato son una buena contrastación de lo sensato del supuesto de legislación constante.

[ VEA LA TABLA EN EL PDF ADJUNTO ]

Tales supuestos tienen mucho de heroicos en la medida que resulta impensable que a lo largo de cuatro décadas no se vaya a mover ni una paja en la normativa de la Seguridad Social. No digo ya que se fueran a suponer reformas sistémicas; se trata de que ni reformas paramétricas se vayan a introducir ni atrevidas, ni tímidas. Sencillamente, ninguna reforma.

Ese tipo de método para abordar una cuestión que algunos llaman prognosis conduce a resultados que suponen un cierto despilfarro de medios. Tales investigaciones nos alertan frente a determinados acontecimientos que podrían ocurrir, por ejemplo, en 2059. Se avisa que si seguimos por la misma senda por la que hoy discurrimos, en ese año alcanzaremos un gasto en pensiones que se elevará el 18% del PIB frente al 8,2% que supone en 2007. En definitiva, de seguir así las cosas duplicaremos el gasto cuando el porcentaje de población mayor de 65 años llegue ya a constituir una porción de la sociedad extraordinariamente importante.

Tal cantidad de votantes en esas edades, o en edades aledañas, supondrán una fuerza electoral muy considerable. Que puede inclinar, sin duda, la balanza hacia gobiernos que estén dispuestos a alterar el gasto público o la estructura del mismo para alcanzar ese 18%. Así es el sistema democrático. Pero, ¿sería Page 16 ello un disparate económico de imposible sostenimiento? En modo alguno. Básicamente por dos razones: la primera porque la prognosis estima que a partir de esas fechas desaparece el efecto baby-boom y se comienza una senda demográfica de regreso a la normalidad, pero vaya usted a saber...; la segunda porque ese porcentaje de gasto es el que hoy soportan países como Italia y habría que preguntarse si mañana sería un drama en España lo que hoy no lo es en Italia.

Es evidente que la atalaya desde la que hoy observamos el panorama del futuro proporciona una visión más despejada que la de años atrás. La causa no es otra que el refuerzo de mano de obra que ha supuesto la inmigración y la positiva evolución del mercado de trabajo. En suma, la base fiscal del Sistema ha experimentado en los años precedentes un aumento considerable. Por cierto que cabe ahora preguntarse quiénes de los que ahora predicen el hundimiento del Sistema en 2059 acertó en sus previsiones de 1998 respecto de lo que ocurriría en 2007 o 2006. La respuesta es fácil: ninguno.

Pero no todo lo que por fortuna ha ocurrido es beneficioso para el Sistema, según algunos. El inconveniente que plantea el papel de complemento demográfico que supone la inmigración tiene una contrapartida. Pasados los años, el día de mañana, cuando los afiliados inmigrantes se conviertan en jubilados, habrá que pagarles las correspondientes pensiones, residan aquí o en sus países de origen en virtud de los innumerables convenios que España tiene con numerosos países. Frente a esta dificultad cabe preguntarse: ¿qué hubiera pasado si el alivio demográfico, en suma el aumento de la base fiscal o el incremento de la ratio afiliados/pensionistas, se hubiera producido merced a un fuerte crecimiento de la población activa española? ¿Transcurridos los años no habría que pagarles idéntica pensión que a los inmigrantes? Es justamente lo que ocurrió, y aún ocurre, con los españoles que emigraron a países europeos en los años 60.

Pese a todo, en estas nuevas condiciones en las que hemos resuelto el problema demográfico vienen a manifestarse nuevas alarmas. La continua mejora de la salud de la población y el consecuente aumento de la esperanza de vida alarga el período en el que los ciudadanos tienen derecho a la percepción de una prestación contributiva. El problema, ciertamente, viene de lejos y amenaza con seguir socavando las bases financieras del Sistema. Para hacer frente a tal problema hay quien propone escindir las prestaciones que hoy proporciona el Sistema público en dos figuras distintas y diferenciadas: una la sustitución de rentas; otra el aseguramiento de la longevidad. La responsabilidad de la sustitución de rentas sería encomendada a un mercado de anualidades que está por crear en nuestro país; la segunda figura sería responsabilidad del Gobierno. Por esta vía, un tanto tortuosa se abriría paso a un sistema mixto que es lo que hace más de una década vienen pretendiendo algunos autores.

Sin embargo, toda una pléyade de autores españoles, que se ocupa de esta cuestión de la Seguridad Social del futuro, ignora habitualmente las dificultades que plantean a los poderes públicos las reformas del Sistema, cualquiera que sea la ambición reformadora. Esta realidad suele ser calificada por esos mismos autores como «política del avestruz» o como «mirar a otro lado», «intereses electorales inconfesables» y cosas similares. Olvida esa gente que estamos tratando una cuestión muy sensible. Un asunto político que determina el futuro de millones de trabajadores que han depositado su confianza en un Sistema que se ha comprometido a resolver su problema de rentas cuando hayan agotado su capacidad para obtenerlas con su trabajo. Y ese compromiso, ciertamente, es una cosa muy seria. El mejor ejemplo de cuanto se dice se encuentra en Estados Unidos. Bush tuvo desde el inicio de su mandato en su agenda reformadora la privatización de la Seguridad Social. Con el paso del tiempo, los ímpetus se han ido desvaneciendo hasta el punto de que Page 17 si bien en 2006 en el Discurso sobre el Estado de la Unión la reforma de la Seguridad Social ocupó más de la mitad del mismo, la intensidad de la reforma redujo su alcance. En el momento presente, cuando la autoridad presidencial parece tan menguada, en el ocaso de su presidencia no parece probable que Bush acometa esa reforma. Alan Greenspan en su reciente libro se lamenta de que Bush no haya tenido el coraje político para llevar a cabo esa reforma. Por tanto, es curioso constatar que quien tuvo coraje y capacidad política para llevar a cabo una reforma fiscal profunda o para llevar a su país a la guerra en Irak no haya encontrado el momento ni las circunstancias idóneas para materializar la reforma de la Seguridad Social. Refiriéndose a nuestro entorno más cercano, no es necesario insistir en los plazos en los que se han acometido reformas. La reforma italiana fue calificada por algunos autores como la reforma sin fin; la tan celebrada reforma sueca se aprobó en el parlamento tras varios años de discusiones; y la alemana no fue en absoluto corta en términos temporales.

De modo y manera que una decisión política de esta naturaleza exige cautelas absolutas. ¿Cuál es la razón? Sin duda, la pasada experiencia en proyecciones sobre el mismo tema, que han sido arrumbadas por la realidad de los hechos. En las proyecciones a corto plazo- 2000, 2005 o 2010- los resultados han sido desoladores por su alejamiento de las cifras ya constatadas o que se pueden esperar en el futuro, como son las cifras de 2010. De esos trabajos, en realidad, se ha colegido como conclusión de todos ellos una cuestión de fácil expresión: su inutilidad. Veamos someramente la experiencia pasada: en 2000, cuando ya era evidente el fiasco de las proyecciones hechas en 1996 se vuelven a hacer ejercicios de adivinación aunque afirmando que las nuevas proyecciones volverán a fallar como lo hicieron las anteriores: efectivamente, volvieron a fallar. Poco más tarde ese error se explica sencillamente aludiendo a la pasmosa evolución de nuestro mercado de trabajo. Pero, ¿qué hubiera sucedido, entonces, si dando por buenas aquellas predicciones de los expertos se hubiesen dado los pasos para hacer una reforma sistémica de la Seguridad Social? Pues que siguiendo sus recomendaciones de tono científico se hubiera abierto la puerta a una Seguridad Social de estructura mixta en la que una buena parte del Sistema se hubiera traspasado a la responsabilidad de las entidades financieras privadas que, lógicamente, habrían recibido aquella entrega con los brazos abiertos. Mención especial merece aquí el arquitecto de la reforma chilena, que fue contratado por un círculo de empresarios para hacer proyecciones conducentes a la exportación a España del nuevo sistema chileno. ¿Qué hubiera ocurrido de haber seguido las recomendaciones de Piñera ahora que el sistema chileno está de regreso de la experiencia capitalizadora? En realidad ni las estimaciones hechas aquí, ni la realidad de allá se han acercado siquiera a lo previsto.

Pero disponemos también de proyecciones oficiales, entendiendo por tales las que ha llevado a cabo el propio Sistema de la Seguridad Social. En fechas lejanas, en 1996, la Seguridad Social suponía que a legislación constante, en el año 2030 -límite superior de su proyección- el gasto en pensiones se elevaría al 11,18 del PIB. Años después, en 2002, el Sistema vuelve a auscultarse a requerimiento del Comité de Protección Social de la UE si bien en un horizonte más amplio que llega a 2050; en tales condiciones el gasto alcanza el 13,04% del PIB. En fin, la última proyección oficial conocida, hecha igualmente a instancia de la UE, eleva la cifra de gasto al 14,51% del PIB. En todo caso se trata de cifras sobradamente inferiores a las que obtienen los expertos privados.

Los que apuntaban como plausible aquella reforma proponen hoy algo distinto, y lo hacen apoyados en una nueva base que en este caso se ajusta a la realidad: el aumento de la esperanza de vida que obviamente aumenta el gasto en prestaciones. Unos auto-Page 18res se apoyan en esa irrefutable situación para proponer la escisión en dos del Sistema, tal como se relataba líneas atrás. Otros se inclinan por extender la formula de cálculo de la pensión de alta a toda la vida laboral; por el incremento de la edad legal de jubilación hasta los 70 años; y por el procedimiento de revisión anual de las prestaciones conocido como IPC-X. A ello, una vez alcanzado el equilibrio del Sistema, habría de añadirse la apertura del mismo a la capitalización individual. Este hecho singular, la apertura a la capitalización, forma parte, de uno u otro modo, de las condiciones previas para que el Sistema pueda ser salvado.

Vamos por partes. Proponer una edad legal de jubilación de 70 años va mucho más allá de todas las modificaciones que en ese parámetro se han hecho a lo largo y ancho del mundo; la mayor parte de ellas se queda en los 67 años y eso tras un largo período que llega hasta el año 2035. Proponer esa cuestión en estudio patrocinado por una entidad bancaria es, por lo demás, como mentar la soga en casa del ahorcado toda vez que son las entidades financieras las que se aprestan a jubilar prematuramente a sus empleados con mayor diligencia. Extender en la fórmula de cálculo la totalidad de los años cotizados forma parte de la acentuación de la contributividad de la que habla el Pacto de Toledo; por lo tanto, pronto o tarde, es probable que una fórmula de esa o similar factura sea llevada a la normativa. En fin, proponer una rebaja de las prestaciones sobre la base del IPC-X supondría un tratamiento indiscriminado de la población pensionista. Existe una propuesta más imaginativa que supone crear un IPC específico para los jubilados, tratando de asegurar que tal grupo de población no pierda capacidad adquisitiva.

Nótese, a todo esto, que se excluye, sin motivo alguno que lo justifique, la posibilidad de aumentar los ingresos como medio para hacer frente a futuros problemas. Todos estos trabajos ni tan siquiera se plantean esa posibilidad, que ya está descartada de antemano.

Ello no deja de ser una manifestación más del tinte ideológico que envuelve todos estos trabajos. En todos ellos es un hecho dado que los trabajadores españoles rechazarán cualquier solución de los problemas de la Seguridad Social que suponga un aumento de las cotizaciones. Y nada de eso se corresponde con la realidad si los trabajadores españoles mostraran el mismo tipo de inclinación que los norteamericanos a propósito de esta cuestión: preguntados si para afrontar el problema financiero de la Seguridad Social optaban por la reducción de pensiones o el aumento de las cotizaciones se inclinaban claramente por esta última posibilidad. En ese contexto, no cabe duda que los trabajadores se inclinan por el ahorro forzoso que supone el incremento de cotizaciones antes que por la reducción de prestaciones.

En Estados Unidos la Oficina de la Seguridad Social lleva a cabo de modo oficial y periódico predicciones a largo plazo de la viabilidad financiera de su sistema de protección; de ellas informa al Congreso. A su vez, las reformas propuestas en las Cámaras son evaluadas convenientemente y siempre se acude al método, en uno y otro caso, de los supuestos alternativos (optimista, intermedio y pesimista). Adicionalmente, numerosas instituciones privadas llevan a cabo también análisis independientes de las reformas que se proponen. Obviamente, para que las predicciones tengan un mínimo grado de credibilidad los supuestos en los que se fundan son fundamentales. Son sin duda los criterios más controvertidos por lo que son sometidos a unos cuantos filtros de opinión y evaluación de los mismos. Todos los años, naturalmente, se contrastan los supuestos y la realidad para ajustar las predicciones respecto del futuro.

Page 19

Una vez que los supuestos son aceptados, los actuarios llevan a cabo su trabajo de proyección.

Cuando un cambio tiene lugar en alguna de las variables, la duda es inmediata: ¿se trata de una fluctuación de corto plazo o de un cambio de tendencia? Sólo el paso del tiempo tiene respuesta a esa pregunta. Una vez que el trabajo está hecho, en la experiencia norteamericana se someten los resultados a un panel técnico que, como ocurrió, en 2003, recomendó cambios en cinco supuestos: 1) un incremento de la tasa esperada de inmigración 2) una acentuación del declive de la tasa de mortalidad 3) la eliminación del crecimiento de la tasa de empleo de los trabajadores mayores relacionada con el previsto aumento de la esperanza de vida 4) el previsto incremento de los salarios reales y 5) la prevista reducción del nivel de inflación.

Los supuestos necesarios, como es fácil de entender, tienen una doble característica: demográficos y económicos. Unos trabajan con la población que va a recibir la prestación y otros con los trabajadores que van a aportar la cotización.

De los supuestos demográficos se puede esperar que se caractericen por una cierta estabilidad por cuanto son de cambio muy lento y en los que resulta más sencillo discernir entre una fluctuación de corto plazo y un cambio de tendencia. Entre ellos se encuentran: fertilidad, mortalidad, discapacidad e inmigración. A ellos dedicaremos una atención más detallada.

La fertilidad viene cayendo en España desde 1976. A partir de ese año las cifras de nacimientos han venido reduciéndose con escasos y débiles apuntes de una inflexión en la tendencia que no acabó de llegar. En correspondencia, la tasa de fertilidad fue decayendo al compás de los nacimientos. Sin embargo, en 1999 tuvo lugar ese cambio que modificó a su vez al alza la tasa de fertilidad, que muy lentamente, de modo casi imperceptible aunque real, comenzó una prometedora remontada. De una tasa de 1,15 en 2000, paso a paso, se ha llegado a otra de 1,29 en 2007. ¿Constituye ese dato el alumbramiento de una tendencia futura? Esta todavía por consolidarse aunque si miramos a nuestro alrededor, encontraremos razones para el optimismo. Somos uno de los países del mundo con menor tasa de fertilidad y de nuestro entorno geográfico nos comparamos con Italia, aunque divergimos de Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Es nuestro aparente cambio de tendencia una consecuencia de la explosión inmigratoria en España? Países que han vivido ese fenómeno inmigratorio, como los anteriormente citados vivieron idéntica experiencia y hoy superan nuestra tasa de fertilidad. Un dato puede ayudar a comprender el fenómeno: todos los países de procedencia de nuestra inmigración tienen tasas de fertilidad muy superiores a la nuestra. El supuesto relativo a la fertilidad, en consecuencia, debe ser revisado al alza. Así lo ha hecho el INE, que en su última proyección de población hasta el 2070 en el que considera que la tasa a partir de 2030 y hasta el límite del horizonte de proyección alcanzará un valor de 1,53 hijos/mujer. ¿Será que la inmigración adquiere las pautas reproductoras de los españoles y abandona las de sus países de origen?

Por otro lado, la natalidad puede ser propiciada, incentivada o fomentada sin correr riesgo político alguno. Se trata de una política que goza de muy buena prensa por lo que se encuentra sobradamente legitimada socialmente. Pese a todo, respecto a esa circunstancia, no existe unanimidad, ya que algunos autores recuerdan que la contención demográfica se encuentra entre las principales razones que explican el progreso de las sociedades occidentales más avanzadas; progreso medido, por cierto, en términos de renta per cápita.

La mortalidad es otro de los factores demográficos que va a jugar un papel determinante en el futuro de los sistemas de pensiones, y en particular en el nuestro. Lo juega en senti-Page 20do inverso: nuestra baja tasa de mortalidad se corresponde con una elevada esperanza de vida que alarga el período de percepción de la pensión. Se puede afirmar sin ambages que el salto experimentado en España en materia de esperanza de vida ha sido espectacular. En 1900 la esperanza media era de 35 años mientras que en 2000 la de los hombres era de 74,14 y la de las mujeres 81,90. En realidad los países europeos que superan esas cifras son tan solo Islandia, Noruega y Suecia. Pero a nuestros efectos tiene mucho mayor interés la esperanza media de vida a los 65 años, que es nuestra edad legal de jubilación: para los hombres, en 2000, era de 16,12 años y en la mujeres de 20,11. Pero a diferencia de la natalidad, no hay en este terreno una política explícita que sea adoptada y publicitada. En las proyecciones del INE hasta 2070 la esperanza de un niño español que nace en 2035 llega a los 84 años y se mantiene en ese tope hasta 2070. Tal política es enormemente sutil y se compone de políticas diversas, entre ellas por supuesto la sanitaria, con sus avances científicos y técnicos ¿Se puede esperar, entonces, un incremento de la esperanza media que alargue más la vida de los españoles? En todo caso la evolución al alza será lenta, como lo fue la que nuestro país experimentó desde los años 60 del pasado siglo. El alargamiento de la vida cuenta además a su favor con un desarrollo científico (diagnóstico y terapéutico) que no conoce límites y que ha encontrado en la biotecnología una vía rápida de avance y progresión.

La incapacidad juega un papel muy importante en todos los sistemas de protección europeos. La causa no es otra que la cobertura que proporciona ajustada a los fines para los que se puso en pie, y por los problemas que resuelve en virtud de las posibilidades que ofrece a los trabajadores para abandonar anticipadamente el mercado de trabajo cuando no se tienen las condiciones -edad o años cotizados- para hacerlo por jubilación. Son precisamente las crisis en el mercado de trabajo las que impulsan la búsqueda de prestaciones por incapacidad. Es razonable suponer, por tanto, que este concreto apartado de las prestaciones asociará su evolución al mercado de trabajo y más en particular a las decisiones que en el ámbito empresarial se adopten sobre la eventual productividad de los mayores de 55 años. En nuestro país el incremento del número de pensiones de incapacidad ha venido retrocediendo en los ejercicios precedentes en lo que resulta una férrea política del Sistema. Otros países, caso Reino Unido, tienen en esta fórmula masiva de abandono del mercado de trabajo un problema evidente que tratan de atajar.

Pero, con todo, la inmigración y sus flujos han sido el seísmo que ha removido las bases- y de qué modo- de la demografía española. Comenzando por las cifras de la población total, los flujos de inmigrantes han pulverizado todas las proyecciones que el INE había llevado a cabo desde los datos del Censo de 1991. Incluso el Censo de 2001 ha sido puesto al día en cuanto a proyecciones en 2004, para reflejar en la medida de lo posible las nuevas circunstancias que habían sido alteradas por la realidad migratoria. Esta realidad debe ser analizada con detalle- y así ha sido- en razón de las consecuencias que puede inducir en nuestro sistema de pensiones. Lógicamente, la inmigración aporta la mano de obra de la que carece la sociedad española debido a su baja tasa de fertilidad. Esto es: aumenta la oferta de trabajo y en consecuencia las afiliaciones a la Seguridad Social resolviendo, transitoriamente dicen algunos, sus problemas financieros. De ese modo, incrementa uno de los indicadores que califica como ningún otro el estado del Sistema: el cociente afiliados/pensionistas. O lo que es lo mismo, cuantos trabajadores mantienen a un pensionista. Pues bien, esa relación, crucial en todo sistema de reparto, ha sufrido diversos avatares. En 1988 era 2,33, en 1996 alcanzaba su valor más bajo en 2,06, y en julio de 2006 había escalado hasta un 2,65. La afiliación de extranjeros es, obviamente, la responsable de ese alivio.

Page 21

Pero, nuestro gozo en un pozo, la inmigración no resolverá los problemas a largo plazo de nuestro Sistema. No lo hará porque no ataca el problema de la estructura por edades de la población o, en otros términos, la cuestión que se refleja gráficamente en la pirámide de edades de la población total, en la tasa de dependencia y, en definitiva, en el cociente afiliados/ pensionistas. La razón es de fácil comprensión. Debido a la franja de edad en la que se concentran la mayor parte de inmigrantes que es la de 20 a 40 años, esa población adicional resuelve los problemas de hoy, aunque no los de mañana porque en ese futuro dejarán de ser cotizantes para ser receptores de las pensiones del Sistema. Dicho de otro modo, si esa es la franja de edad de las nuevas afiliaciones (20-40 años) de inmigrantes, lo que ocurre es que la tasa de dependencia dentro de 20-40 años alcanzará valores insoportables financieramente. Así lo refleja la proyección del INE que alcanza valores de esa tasa moderados en el entorno del 28,0, que posteriormente se disparan a la altura de 2040 hasta 48,6 y llegan a 56,1 en 2050. Hay autores que este mismo problema lo expresan de otro modo. Recuerdan que los inmigrantes que cotizan acabarán por cobrar sus pensiones, y tienen razón. La tendrían también en el caso de que ese incremento de la afiliación hubiese sido de procedencia estrictamente nacional: si cotizan hay que pagarles la pensión. Del mismo modo se hará cualquiera que sea el país en el que decidan residir los inmigrantes al término de su vida activa, siempre que tal país tenga Convenio con la Seguridad Social española.

La cuestión fundamental de esta conclusión de inviabilidad financiera del Sistema, incluso con el concurso de la inmigración, se encuentra, cómo no, en los supuestos en los que se fundan las proyecciones. El INE estima que de una fase de fuerte incremento de los flujos exteriores habrá una transición a una tendencia mucho más moderada en la que tales flujos, hasta el año 2070 se mantienen en el entorno de los 250.000 efectivos. Pero, una vez más, en los supuestos que se pueden contrastar con los datos, los hechos difieren de la realidad.

[ VEA LA TABLA EN EL PDF ADJUNTO ]

La diferencia, por otro lado, no es una cuestión menor. Ambas columnas revelan tendencias antagónicas, una creciente, otra de signo contrario. De ello se puede derivar una doble conclusión: es seguro que la realidad atemperará la cuantía de los flujos, pero es también probable que no termine haciéndolo en los 250.000 anuales que supone el INE. Y, ¿en qué cambia esto la situación proyectada? Sin duda en que un mayor aporte de trabajadores procedentes de la inmigración mantendrá la tasa de dependencia y la relación afiliados/pensionistas en niveles de viabilidad financiera del Sistema.

En ese caso el problema no sería demográfico, sino económico. Si la economía española es capaz de seguir creando empleo y si la Page 22 demanda de trabajo no encuentra satisfacción en la población residente española, la oferta de trabajo extranjera acudirá a restablecer el equilibrio en el mercado de trabajo.

Ciertamente que la cuestión no es baladí a efectos sociales. Pongamos el caso del Banco de España que, con todo rigor científico, se ocupa de estas cuestiones relativas al futuro de las pensiones en nuestro país en sus publicaciones. La primera consecuencia económica de la inmigración que se apunta en uno de sus últimos trabajos no es otra que el abandono de toda esperanza porque no cabe esperar que la inmigración contribuya significativamente a resolver los problemas de financiación de las pensiones que se vislumbran en el futuro. Son cuestiones estas que por su incidencia social merecen y exigen todos los matices respecto a supuestos y requisitos que se han de cumplir para que las conclusiones tengan alguna credibilidad. Bastaría alguna muestra de cómo los medios de comunicación vulgarizan tales noticias para tomar conciencia de lo que en tantas ocasiones se califica de alarma social.

Ahora se puede recordar que en la literatura que se ocupa de estos asuntos era normal encontrar no hace tanto tiempo rotundas afirmaciones sobre la absoluta fiabilidad de las proyecciones demográficas. Por ejemplo, se decía en 1998 que los trabajadores del año 2020 ya han nacido y tal aserto era entonces completamente irrefutable. Lo que nadie imaginaba, al menos en la literatura no hay muestra de ello, era que nuestro país experimentase una avalancha inmigratoria como la que hemos vivido y que, por sobradamente conocida, sería redundante documentar a estas alturas.

Sin embargo, las personas interesadas en esta materia deberían saber que las proyecciones demográficas son meramente cálculos formales que desarrollan las implicaciones de los supuestos adoptados. En palabras de una definición de Naciones Unidas de 1958 «una población estimada es una proyección en la que los supuestos se considera que proporcionan un cuadro realista del futuro desarrollo de una población».

La calidad de tales estimaciones está crucialmente determinada por la validez interna de los supuestos, esto es, la coherencia y consistencia de las relaciones entre las variables. Por otro lado, lo importante de un pronóstico es su validez externa, esto es, el modo en el que el pronóstico responde a los acontecimientos subsiguientes. Los demógrafos consideran un artículo de fe que una proyección con un alto grado de validez interna tenga, a su vez, el mismo grado de validez externa.

Es evidente que las proyecciones que se hicieron en la década de los 90 sobre la realidad española se han separado espectacularmente de la realidad subsiguiente, por lo que su validez externa resultó seriamente cuestionada. Lo mismo podría decirse de la validez interna de los supuestos en los que las proyecciones se basaban, por lo que se puede concluir que la afirmación dogmática de los demógrafos, que se reproducía líneas atrás, funciona en ambas direcciones.

Para rizar el rizo, la Seguridad Social norteamericana ha empezado a hacer, a partir de 2003, proyecciones en un horizonte infinito. El problema que plantea la novedad no es otro que, en esas condiciones, el período de percepción de una pensión sea superior al de cotización del trabajador. Por otro lado, se plantea si la tasa de mortalidad tiene un tope a partir del cual comenzaría a descender.

Todos estos interrogantes dan pie a una consideración un tanto escéptica de las proyecciones demográficas. En realidad los problemas se plantean cuando a las mismas se le otorga una relevancia cercana a una predicción, siendo así que los actuarios de los departamentos oficiales no les otorgan esa validez. Benjamin y Pollard distinguieron con precisión la diferencia entre una proyección y una predicción.

Page 23

Si aventuradas y temerarias son las hipótesis sobre el futuro comportamiento de los factores demográficos, más lo son aún los supuestos sobre las variables macroeconómicas que subyacen en todo ejercicio de proyección. Cíclicas por naturaleza, son difíciles de prever a corto plazo, cuanto más a largo plazo. En realidad se trata de aventurar el comportamiento hasta el año 2070 -por seguir con el horizonte del INE para los factores demográficos- de una serie de variables entre las que se encuentran los salarios nominales, el IPC, los salarios reales, los tipos de interés, la tasa de empleo, la tasa de desempleo y, obviamente, la tasa de crecimiento del PIB.

Vivimos en los finales de 2008, inmersos en una profunda crisis financiera que nadie fue capaz de adelantar, y cuando se reflexiona sobre las previsiones macroeconómicas que diversas instituciones hicieron en la segunda mitad de los años 90 sobre lo que sería la economía española del momento presente, se extiende la sensación de pérdida de tiempo cuando se pretende adivinar lo que puede ser el año 2070 de nuestra economía. Y por supuesto, cuando uno se ocupa de estas cuestiones se tiene la sensación de estar experimentando un proceso de verdadera alquimia. Algunas publicaciones se ocupan de dar a conocer de forma periódica todas las previsiones macroeconómicas a corto plazo que se llevan a cabo sobre la economía española. Salta a la vista que incluso a tan corto plazo las discrepancias son en ocasiones importantes. Bien es verdad que en muchas ocasiones las diferencias no van más allá de una o unas décimas. Tales diferencias, a corto plazo, tienen una escasa significación, si bien a lo largo de más de 50 años conducen a resultados radicalmente alejados. Es por ello que quienes ejercitan estos ejercicios de proyección a larguísimo plazo con periodicidad, corrigen de modo sistemático sus hipótesis y las someten a su vez a la consideración y revisión por instituciones independientes. Abordemos una a una tales hipótesis.

El salario nominal determina la base fiscal del Sistema que forman el propio salario y el tipo de cotización. De modo indirecto los salarios nominales que se fijan en la negociación colectiva son también referencia ineludible para la evolución de las bases de cotización. En particular el salario medio de la economía y las bases medias de cotización debieran de estar relacionados de algún modo ya que en otro caso la cuantía de la pensión de alta en el Sistema se iría alejando del salario de jubilación lo que afectaría a la tasa de sustitución.

El índice de precios al consumo afecta a las negociaciones de los salarios nominales. En un entorno inflacionista, los sindicatos aceptarán con resistencia la negociación sobre inflación prevista y, en todo caso, generalizarán la aplicación de las cláusulas de revisión de los salarios lo que significaría volver, de hecho, a la negociación sobre inflación pasada que estuvo vigente en tiempos pretéritos. Por otro lado, la tasa de inflación condiciona la evolución del gasto en pensiones ya que por ley las pensiones se revisan anualmente con ese criterio.

Los salarios reales son, como se sabe, el resultado de restar a los salarios nominales la tasa de inflación. En realidad, los salarios reales constituyen la cuadratura del círculo de la realidad macroeconómica que permite relacionar los mismos con la productividad de la economía. Los salarios reales deben de acompasar su evolución a la productividad porque en otro caso el resultado no será otro que la tendencia inflacionista. Hay quien cree que los sindicatos negocian salarios con la referencia de la productividad. Lo que sí reflejan los salarios reales, ceteris paribus, es la evolución del nivel de participación de los salarios en la riqueza de la nación aunque de modo muy vago.

Los tipos de interés han pasado a ser variable a considerar en las proyecciones de Page 24 ingresos, por cuanto empiezan a ser rúbrica importante en los sistemas que poseen Fondo de Reserva, lo que es nuestro caso. Cuando ese Fondo llega a un 4% del PIB y se barrunta un crecimiento del mismo en el futuro inmediato, los tipos de interés cuentan. Es la nueva realidad en la que tiene sentido, ahora, el debate sobre la conveniencia de la inversión de recursos del Fondo en renta variable.

La tasa de empleo refleja la población que, teniendo edad legal para trabajar (16-64), está ocupada. La tasa española es aún baja e irá creciendo a medida que se materialicen las políticas que creen el entorno social para que la mujer acceda al mercado de trabajo en condiciones similares a las de los hombres. La tasa tiene una importancia crucial porque es el antecedente de uno de los cocientes fundamentales del Sistema: la relación afiliados/pensionistas. Algunas entidades e instituciones que generan datos en el ámbito social, empiezan a presentarlos elevando la edad legal de 16 años a 20 años, como consecuencia del incremento de los años de escolarización de los jóvenes. La población en edad de trabajar en ese caso sería de 20-64 lo que aumentaría obviamente la tasa de ocupación por motivos estadísticos.

La tasa de desempleo es complementaria de la tasa de empleo, excepto el desempleo friccional. La baja fertilidad del pasado reciente llevó a los expertos a vislumbrar un futuro en el que la economía nacional se habría de enfrentar a una situación de restricción de brazos, una situación que, en la economía española, sería inédita. Tal hipótesis ha sido arrumbada por la realidad inmigratoria que estamos viviendo. Téngase presente, además, que a legislación constante la protección por desempleo es responsabilidad del Sistema de la Seguridad Social.

Por último, la proyección de la tasa de crecimiento del PIB tiene un valor capital por varios motivos. Por un lado, es el denominador de un cociente que expresa en todos los trabajos el indicador de alarmas cual es el porcentaje del PIB que en futuro lejano absorberá el gasto en pensiones contributivas, eso sí, a legislación constante. Por otro es el resumen aritmético de las fuentes de crecimiento entre las que se encuentran el trabajo, el capital y la tecnología. Es, por lo tanto, una variable resumen en la que se contiene la evolución y el comportamiento de todos los factores de producción que operan y operarán en la economía española a lo largo de un inmenso lapso de tiempo. Pues bien, se trata de adivinar su comportamiento, que es el resultado de tantos factores concatenados en un horizonte tan profundo como el del año 2070. Para ello, la primera posibilidad es acudir al pasado, olvidándose de la aseveración de Benjamin y Pollard. Para ello se cuenta con una serie de tasas de crecimiento del PIB que retrocede más de 40 años (1961-2003) y que nos puede proporcionar alguna idea. El perfil de la serie denota tasas de crecimiento asiáticas en los años 60, que se corresponden con la etapa desarrollista de nuestro país, etapa que se extiende hasta las primeras manifestaciones de la crisis de los 70, que se manifiesta de forma brutal, cuando el PIB descendió hasta el 0,5%. Tras un ligero repunte, vuelve la recaída en los primeros años de la democracia. El inicio de la recuperación se produce en el inicio de los 80 en los que la variable llegó a alcanzar tasas del 5,5%. Sin embargo, el comienzo de los 90 reprodujo las consecuencias de las crisis financieras y descendió por primera vez en todo el período a tasas negativas.

[ VEA LA TABLA EN EL PDF ADJUNTO ]

Page 25

¿Qué decir de esta sumaria historia de nuestro PIB? ¿Acaso proporciona mimbres para construir una tendencia futura? La cuestión es harto dudosa. En la evolución de las cifras de avance del PIB español han incidido elementos que van mucho más allá de las estrictas condiciones económicas que conforman ciclos y tendencias. En nuestro caso, esa corta historia del PIB se compone, por ejemplo, de circunstancias históricas difícilmente repetibles. Un proceso de apertura de nuestra economía al exterior como conclusión de una etapa autárquica, un cambio sustancial en la economía mundial como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, un cambio radical del marco político que tuvo en sus inicios una incidencia relevante en el terreno económico a partir de 1976, una crisis financiera internacional en los inicios de los 90 y la repetición acrecentada de un fenómeno similar en estos momentos.

Ninguno de tales hechos de decisiva relevancia en la esfera económica fue predicho ni adivinado. Y menos aún las dificultades del año 2008.

Pues bien, en la mayor parte de las proyecciones financieras que se han realizado sobre nuestro sistema de reparto, se introduce un supuesto que por su imbricación económica precisaría de una explicación más detallada de la que se suele proporcionar. Se trata de la evolución de la productividad que juega un papel determinante como principal fuente de crecimiento a largo plazo del PIB.

Sin embargo, tales explicaciones están ausentes de todos estos trabajos que auguran en tono alarmante la inviabilidad financiera del sistema. Tales explicaciones no se publican porque, sencillamente, no existen.

De los últimos trabajos que se han publicado en torno a la proyección del Sistema de pensiones de jubilación, destacan, por su trascendencia pública, uno de procedencia oficial y otro que provino una instancia pseudooficial en razón de uno de sus autores pero que funda sus cifras de futuro en otro anterior de la misma persona. Este último, por otra parte, fue objeto de un editorial del diario líder de la prensa nacional, lo que tuvo que reforzar indudablemente la incidencia de sus tesis que, por cierto, el diario hizo suyas.

Son dos buenos ejemplos de cómo visiones marcadamente pesimistas sobre el futuro de las pensiones y de los pensionistas futuros llegan al conocimiento del gran público y socavan la confianza que los ciudadanos depositan en un sistema que viene funcionando en nuestro país desde el año 1963, y que depende, crucialmente, de la confianza que los ciudadanos le otorgan. Más aún, si un Informe oficial elaborado por el propio sistema llega a unas conclusiones nada optimistas, la ciudadanía puede pensar que se trata ir justificando recortes en las prestaciones respecto de su nivel actual. ¿Qué pensar, por otra parte, de un artículo que procede de un autor instalado en el Palacio de la Moncloa en el que se recomienda para la salvación del Sistema el aumento de la edad legal de jubilación a los 70 años? Se dirá probablemente que eso es lo que posteriormente el Gobierno aceptó en la negociación con los sindicatos, aunque eso sí con importantes incentivos y de modo completamente voluntario.

A la luz de los argumentos expuestos a lo largo de estas líneas, es conveniente, por tanto, someter trabajos de esta naturaleza y objetivos, a pruebas de coherencia elementales para ver si es posible derivar de ellos algunas conclusiones que verdaderamente sean útiles para diseñar las reformas necesarias en el sistema. Al margen quedan otros que tienen fecha de publicación bastante reciente pero que han pasado inadvertidos para la mayoría de los medios españoles que, pendientes como perros de caza de trabajos de esta naturaleza, rentabilizan la vulgarización de las conclusiones de los mismos que, inevitablemente, son alarmantes en su visión de futuro.

Page 26

Comencemos por el Informe que en el año 2005 elaboró el MTAS (ahora MTIN) para su análisis por la Unión Europea. Lo primero que llama la atención es su anonimato. Un trabajo del que lo único que se sabe es que ha sido realizado por el MTAS. Ningún organismo, ningún servicio del propio Ministerio se responsabiliza de una tarea hecha en respuesta a una demanda de la UE. Pocas palabras también para dar a conocer la metodología empleada, para llegar a unas conclusiones que debemos aceptar como se aceptan los dogmas: porque sí.

Pero la opción por un escenario económico muy concreto (tanto que en 2010 el crecimiento del PIB en términos nominales se precisa hasta la centésima: 4,96) resta al conjunto del trabajo una cierta credibilidad, tan necesaria en este tipo de aproximaciones al futuro lejano. En este terreno las precisiones de esa finura en el calibrado convierten el trabajo en meros ejercicios de prácticas, aunque desde luego alejados de la pretensión de ser utilizados como guía para la política relacionada con la Seguridad Social.

Sobre la base de un método de proyección que no se explicita se extraen las siguientes conclusiones que se transcriben:

- Hasta el año 2014 se seguirá produciendo superávit en el Sistema.

- En el año 2015 aparece el primer déficit del Sistema por un importe equivalente al 0,04 del PIB.

- En este mismo año se comienza a utilizar el Fondo de Reserva para equilibrar los resultados.

- A partir de 2021 se empezarían por tanto a producir déficits efectivos.(Informe MTAS 2005, pág 39).

Por su parte Balmaseda, Melguizo y Taguas elaboran un indicador «con horizonte en el medio plazo que debería ser capaz de responder a dos cuestiones básicas. En primer lugar si el sistema incurrirá en déficit durante, por ejemplo, la siguiente década, y en segundo lugar, si el Fondo de Reserva será capaz de financiar dicho déficit (en el caso de que lo hubiera) y durante cuantos años. Como se puede observar, en el escenario base el sistema incurre en déficit en el año 2011, si bien el Fondo de Reserva permite financiar las prestaciones del período sin recurrir a recursos externos» (Balmaseda, Melguizo y Taguas, 2005. Pág. 10).

Si aumentamos la amplitud del foco podemos irnos a fechas más recientes, por ejemplo a 2006. En esa fecha encontramos que con el modelo MODPENS, el déficit del sistema se inicia en el año 2020 (revisadas las prestaciones con el IPC) y a partir de esa fecha inicia una escalada (más bien desescalada) del balance del sistema que llega a cifras negativas importantes (-6,3% del PIB) en 2050. No obstante, para valorar tales cifras en sus justos términos podemos tener presentes las cifras que presenta el Cuadro adjunto

Y sin ánimo de ser exhaustivo, mucho más recientemente podemos constatarque utilizando el modelo MOPEDU03, «los resultados muestran que la tendencia actual de generación de superávits en el balance del sistema va a seguir manteniéndose en la próxima década, entrando en déficit en el año 2029. Dichos superávits acumulados alcanzarían un fondo de reserva máximo del 28% del PIB en 2027.»

¿Que nos ofrece entonces este brochazo que dibuja el panorama futuro de nuestro Sistema a través de las proyecciones de las dos décadas precedentes? La respuesta al interrogante es sencilla: que el futuro ya no es lo que era. En efecto, nuestro sistema, según algunos autores, hubiera estado ya en déficit en 1995, la mayor parte de ellos ese momento lo fijó en 2000, y el último citado que lo situaba en 2000 lo sitúa ahora en 2029.

De manera que ya hay quien retrasa los problemas de nuestra Seguridad Social, sub-Page 27sector contributivo, a la tercera década de este siglo. Ello permite a las autoridades responsables del sistema, a las actuales y a las futuras, sopesar las reformas necesarias para afrontar los retos que plantea la demografía con una cierta tranquilidad.

[ VEA LA TABLA EN EL PDF ADJUNTO ]

Una opinión similar la expresa un informe muy reciente del propio Ministerio de Trabajo en el que corrigiendo su opinión del año 2005 (que fechaba los problemas financieros del sistema en 2015), los dilata hasta el año 2029. Entre tanto, han ido apareciendo otras aportaciones fundadas en el balance actuarial del sistema que llegan a resultados preocupantesque sugieren una situación de insolvencia que, además, se acrecienta a medida que aumenta la cifra de afiliados. El motivo no es otro que la rentabilidad (excesivamente alta) que el Sistema proporciona a sus beneficiarios. En la misma línea de aplicación de métodos actuariales Devesa y Devesa (2008), refiriéndose tan sólo al Régimen General, calculan que el desequilibrio del sistema se eleva a fecha actual a 885.000 millones de euros y se muestran partidarios de que una norma legal obligue a la Seguridad Social a publicar anualmente las cifras del balance actuarial.

El problema estriba en que el Sistema de Seguridad Social español nunca fue guiado por la lógica actuarial, ni pretendió serlo. ¿Por qué habría de serlo en el futuro?

Desde otra perspectiva, utilizando el viejo método de la descomposición del gasto en cinco cocientes, que alcanzan a tres factores (demográfico, laboral e institucional), Peláez (2008) concluye que el sistema seguirá teniendo un volumen de gasto interior a los actuales ingresos, pero que a largo plazo (20 años) la ratio de dependencia se deteriorará inevitablemente, de modo que «ni la inmigración, ni la recuperación de la natalidad- ni la mayor o menor mortalidad conseguirán modificar la estructura por edades vigentes».

A pesar de todo, es oportuno reparar en que todos estos trabajos recientes, incluido el ministerial, abogan, como es natural, por reformas más o menos drásticas a largo plazo. Sin embargo, ninguno de ellos se inclina por la sustitución parcial o total del sistema de reparto por otro de capitalización, lo que supone una importante diferencia en relación con trabajos divulgados en etapas precedentes. Más aún, en alguno de ellos (Peláez Page 28 (2008) se encuentran reflexiones como la que sigue: «Antes de los ochenta las cotizaciones sociales se utilizaron para pagar las pensiones contributivas, las no contributivas y las prestaciones sanitarias de la población, de modo que fue la sociedad en su conjunto la que se benefició del ahorro detraído de los trabajadores. Alonso (2007 nota 28) calcula que si se hubieran acumulado todos los excedentes pasados, desde 1967, y se hubieran capitalizado al tipo de interés legal del dinero, el Fondo de Reserva que tendría que existir en el presente representaría el 34,33% del PIB de 2004. Pero la práctica de acumular los excedentes del sistema no comenzó hasta el año 2000, por lo que existe una deuda del conjunto de la población con la Seguridad Social. Si en el pasado se desviaron fondos propios del sistema contributivo, ¿por qué en el futuro no puede hacerse lo mismo pero en sentido contrario?».

No hay sistema de pensiones en este mundo, sea de reparto o de capitalización, que no afronte los problemas que se derivan de los cambios que se vienen produciendo en la esfera demográfica. En cada país el significado y consecuencias de esos fenómenos tienen orígenes y causas distintas. Básicamente, en nuestro país, las proyecciones a largo plazo han de resolver dos problemas: de un lado la tasa de natalidad que alimente la oferta de trabajo, y, de otro, la tasa de inmigración que complemente la oferta de mano de obra nacional.

Ambas variables han sido en el pasado las causas de los problemas y, a su vez, de las soluciones de los mismos. Por una parte la baja tasa de natalidad (entre las más bajas del mundo) que tuvo su mínimo en 1996 llevó a muchos estudiosos del problema en la década de los 90, a llamar la atención sobre los malos augurios que se cernían a medio plazo sobre nuestro sistema. Líneas atrás quedaba constancia de lo yerros cometidos por no haber previsto la irrupción a gran escala del fenómeno inmigratorio en nuestro país. Lo que los expertos desconocían, claro está, era la capacidad de la economía española para crear empleo y, por ende, para actuar como importante magneto de atracción de trabajadores extranjeros a la búsqueda de una vida digna.

En el momento presente quien se aventura a proyectar el Sistema hasta el año 2050 o 2060 se encuentra con los mismos problemas. ¿Qué tasa de natalidad y qué flujo de inmigrantes se pueden esperar en el futuro cercano y lejano? Dar respuesta a esa cuestión es decisiva para atisbar por donde puede discurrir nuestro mecanismo de protección. Ciertamente que la respuesta a ambas cuestiones no es en absoluto fácil por cuanto dependen de innumerables factores que no son susceptibles de control por parte de las autoridades españolas, ni de conocimiento por parte de los expertos.

En relación con los nacimientos, contamos con las previsiones hechas por la Comisión Europea que estima que de la tasa de fertilidad del 1,3 pasaremos en el futuro al 1,4 (según la Comisión Europea); un crecimiento tan débil que puede no estar recogiendo el cambio de tendencia que se observa con claridad en la serie de nacimientos en la población española. Esa serie recoge el comportamiento de la variable demográfica desde 1930 y en el gráfico refleja el retroceso experimentado en los años de la guerra civil (a la que se atribuyeron los buenos resultados de los años precedentes del inicio del siglo XXI) y su posterior recuperación. Con todo, el gráfico que refleja la serie de nacimientos denota un cambio de tendencia que debe ser tenido en cuenta, si uno se aventura a predecir lo que va a ocurrir en el futuro, con esa variable demográfica tan decisiva, por lo demás, en el horizonte de un sistema de pensiones de reparto. Lo realmente cierto no es otra cosa que la natalidad en nuestro país se recupera.

Page 29

En tal recuperación, del año 1960 a 1974, tuvo lugar el fenómeno del baby boom español, que llegó a su cénit en 1974. Eso implica que si se perpetúa la edad media de alta de jubilación de los momentos presentes (63 años) los peores momentos desde el punto de vista financiero del Sistema se vivirán entre 2023 y 2037. A menos, claro está, que en esos momentos haya un flujo importante de inmigrantes, que permita incrementar la relación cotizantes/pensionistas.

Sin embargo quedó ya recogido líneas atrás que la última proyección del Sistema (Alonso, 2007) remitía a 2029 para encontrar el primer déficit en el balance del sistema. Entonces, puesto que aunque la tendencia de la natalidad apunta una tendencia favorable (debido fundamentalmente al comportamiento de las madres inmigrantes), como esa variable es de comportamiento lento a lo largo del tiempo no cabe esperar que la aportación de brazos que mantenga o incremente la relación cotizantes/pensionistas provenga de la natalidad de los residentes en nuestro país.

Por consiguiente, el sistema de pensiones contributivas pasa a depender crucialmente de la variable inmigración que, en consecuencia, juega un papel determinante en las proyecciones del sistema. A partir de ahí, los supuestos sobre el comportamiento de esa variable deben ser explicados convenientemente para que las proyecciones tengan una mínima solidez y credibilidad.

Sin embargo, es posible otro enfoque de la cuestión. Lo que falló en las proyecciones del sistema de la década de los 90 no fue el inesperado shock de inmigrantes sino la incapacidad de atisbar la fortaleza de la economía española para la creación de empleo. El shock de inmigrantes se produjo porque el empleo de nuestra economía tuvo un comportamiento como ninguna economía tuvo en el período, y ello a pesar de cuantas advertencias hicieron los expertos relativas a la necesidad de cambios estructurales en la regulación de las condiciones contractuales en el mercado de trabajo. Las cosas como son. El inmigrante viene porque sabe que hay perspectivas favorables para encontrar un puesto de trabajo; se lo dicen desde aquí quienes ya han puesto pié en nuestro país y si ese elemento de atracción coincide con otro elemento de expulsión por razón de la situación en su país, se dan las condiciones para que esas personas entiendan que merece la pena arriesgar incluso la vida para encontrar un puesto de trabajo. La cuestión no está tanto en la inmigración como en el empleo. Si la economía española es capaz en el futuro de mantener el proceso de creación de empleo, sea con trabajadores nacionales o con foráneos, será posible sostener una relación cotizantes/pensionistas que equilibre financieramente el sistema de reparto.

Todo dependerá crucialmente del empleo en materia de inmigración. Se olvida con frecuencia que el flujo hacia nuestro país comenzó cuando nuestra economía comenzó a dar muestras de una enorme capacidad para crear empleo. Y, a su vez, cuando las condiciones sociales en otros países se deterioraron de modo importante. América Latina y la zona subsahariana se convirtieron en zonas expulsoras de población laboral, al tiempo que se amplió la UE. Pero, ¿qué puede deparar el futuro?, ¿qué comportamiento cabe esperar del lado de la oferta de mano de obra? Ello dependerá de cuestiones institucionales y de condiciones sociales. En cuanto a las institucionales acaban de adherirse a Schengen los nuevos socios europeos, de modo que serán libres los movimientos de población de Tallin hasta nuestro país. Y en el plano social, será importante la evolución que se pueda producir en el África subsahariana, donde las perspectivas sociales y las demográficas no son nada halagüeñas. Es razonable, entonces, esperar que por el lado de la oferta no vendrán los problemas. Otra cosa será que el perfil de los oferentes sea el que precisen los demandantes de mano de obra, pero esa será, estrictamente, una cuestión de ordenación de los flujos. De todos modos ese será un asunto Page 30 radicalmente distinto a aquel que llevaba a suponer que la economía española, en el futuro, llegaría a experimentar en la esfera laboral una situación de restricción de brazos.

En todo caso, si los factores de empuje y atracción de la inmigración (en terminología de Sandell) actúan en el futuro de modo coincidente en el tiempo y en el mismo sentido es muy probable que la proyección de Alonso (2007), que sitúa la inmigración a largo plazo en una cuantía que no supera las 100.000 personas, vuelva una vez más a resultar muy alejada de la realidad. Pero en verdad, lo que sí resulta es alejada de la proyección del INE que refleja el Cuadro siguiente en el que se constata que la proyección del INE tiene dos particularidades.

[ VEA LA TABLA EN EL PDF ADJUNTO ]

Tanto en lo relativo a flujos del exterior como a tasa de fertilidad. Respecto a la primera, el INE entiende que la inmigración no descenderá de los 259.000 efectivos en todo el horizonte que va hasta 2070; respecto a la segunda, la tasa de fertilidad llega a alcanzar el valor de 1,53, cifra que está por encima del 1,40 de la Comisión Europea y que incorpora Alonso (2007).

En parte sobre la base de estas proyecciones, el Banco de España se ha apresurado a sostener que ni el intenso flujo de inmigraciones que prevé el INE a lo largo del siglo, al menos hasta 2070, aportará argumentos demográficos suficientes para pensar en una consolidación de nuestro sistema de reparto.

La razón no es otra que la incidencia que la inmigración tendrá en la tasa de dependencia que se supone será muy escasa. Las razones tienen que ver con la estructura de edades de nuestra inmigración que se concentra entre los 24 y los 40 años. Detengámonos un momento en estos argumentos. Según el Banco de España la estructura por edades de la población española está abocada a un crecimiento en espiral en los próximos años, aunque a este respecto es preciso un mayor espíritu crítico a la hora de valorar tales proyecciones. Una primera consideración tiene que ver con las diferencias abismales que se encuentran en esa proyección y que se reflejan en el Cuadro siguiente.

Page 31

[ VEA LA TABLA EN EL PDF ADJUNTO ]

En efecto, en el mismo año la diferencia entre una y otra fuente es nada menos que de 10 puntos lo que sin duda se debe a las distintas proyecciones de los flujos migratorios. Ya quedó anotado con anterioridad que en lo que tienen que ver con esa variable, el INE supera a otras fuentes y que en los años transcurridos de la década presente el INE ha errado en sus proyecciones sobre la misma variable por excesivamente bajas. ¿Quiere decirse con ello que las proyecciones del INE son erróneas? En modo alguno. Lo único que se quiere decir es que el INE es extraordinariamente prudente en sus proyecciones y que las que en estas fechas podemos contrastar con la realidad apuntan a un criterio muy cauteloso.

Por otro lado, no se puede dejar de recordar que algunos autores han llamado la atención sobre el hecho de que los inmigrantes, cuando se jubilen, percibirán su pensión, lo cual no deja de sorprender si se es consciente de que nuestro sistema es contributivo. Y, más aún, alguno llega a considerar que el flujo migratorio puede llegar a ser el caballo de troya del Estado de Bienestar en nuestro país.

En todo caso, la variable determinante desde el punto de vista de la viabilidad financiera del sistema no es la tasa de dependencia sino la relación cotizantes/pensionistas. Y siendo esto así, de nuevo la variable crucial vuelve a ser el empleo.

Que no se engañe nadie, eso es lo que se desprende de todo manual de estrategia militar porque esta controvertida cuestión de las pensiones no es otra cosa que una batalla, incruenta, eso sí, intelectual, eso también, pero al fin y al cabo batalla. Pues bien, en ese conflicto que se desenvuelve en publicaciones científicas que posteriormente se vulgarizan en algunos medios de comunicación hay autores que asumen el papel de toda vanguardia y otros el de retaguardia. Los dos tienen idéntica importancia, los dos son necesarios.

Ciertamente que en torno al futuro de la Seguridad Social española se han publicado trabajos que se ajustan a esos papeles estratégicos. Unos han ido siempre por delante desvelando problemas futuros, avisando del negro panorama que se cierne sobre la sociedad española de no producirse un viraje en materia de Seguridad Social, viraje que por lo general se identifica como una mayor apertura a un sistema de capitalización que pueda convivir con el sistema de reparto en un verdadero sistema mixto. Esa vanguardia, que ha publicado con profusión proyecciones del sistema actual en las que ha errado estrepitosamente (estas líneas lo han reproducido) ha lamentado en diversas ocasiones el papel timorato que las autoridades responsables del sistema han jugado en torno a las necesarias reformas.

Page 32

Otro conjunto de trabajos se ha dedicado no a desvelar calamidades futuras, sino a jugar el papel de la retaguardia en todo conflicto: rentabilizar el trabajo de la vanguardia. ¿Por qué no se toman medidas más drásticas si el Sistema generará una carga insoportable para la sociedad española? ¿Por qué los responsables del Sistema se comportan como avestruces? ¿Por qué se pliegan a inconfesables intereses electorales para minimizar las reformas acometidas o retrasar las necesarias? Estas son algunas de las preguntas que se encuentran en trabajos de esta naturaleza. La mejor respuesta obviamente es una panorámica, por ejemplo, del preciso momento en el que los expertos en la materia calcularon que nuestro sistema entraría en déficit. ¿Qué hubiera ocurrido si los responsables del Sistema se hubieran rendido a la indiscutible autoridad en esta materia de Piñera y Weinstein (1996) que situaban el primer déficit en 2000?

Por otro lado, los expertos en materia de pensiones se refieren a menudo a la politización de la materia, lo que impide debates fundados en cuestiones objetivas. La tacha de politización no deja de ser cierta aunque respecto de la misma son necesarios algunos matices. En nuestro país gobernaron de 1982 hasta el momento presente dos partidos de signos ideológicos distintos y en ese período hubo una línea de continuidad respecto a la política en torno al sistema de reparto. No ha ocurrido así en al ámbito de los expertos, terreno en el que prendieron la ideas y se publicitaron profusamente las recomendaciones políticas del Averting the Old Age Crisis del Banco Mundial de 1994, en tanto que se silencian las autocríticas del propio Banco de años más tarde que otorgan a la Seguridad Social pública un papel creciente respecto a las recomendaciones de 1994.Eso sin duda alguna es pura politización de la materia.

Por eso deben de ser bienvenidas todas las llamadas al incremento de la información de la ciudadanía sobre esta cuestión. Es muy conveniente debatir sobre estos asuntos que vienen a informar a los ciudadanos sobre las garantías que ofrecen cada una de las alternativas. Un español debe saber que si pervive el sistema de reparto y se presentan dificultades financieras en el futuro, es posible que, si se modifican algunas condiciones paramétricas del mismo, la pensión que percibirá no sea exactamente la que hoy se le está garantizando. Pero debe de ser informado también de que su prestación complementaria, que tiene garantizada por una entidad financiera, dependerá de la situación y cotizaciones en los mercados bursátiles en el momento de su jubilación. Y deberá ser informado, a su vez, de que su plan de pensiones tiene un coste de un 25% del total de recursos que acumula a lo largo de su vida laboral en materia de comisiones.

Mas una consideración en profundidad de las implicaciones a las que conduce la demanda de información, merece la pena abordarlas con detalles añadidos. Se demanda cabalmente que la sociedad española pueda llegar a conocer cuáles son los riesgos que afronta, colectiva e individualmente, en el futuro. Entre esos riesgos se encuentra, sin lugar a dudas, el envejecimiento de la población. A ello se añaden las consecuencias financieras de tal envejecimiento en la estructura de edades, que desembocará ineluctablemente en lo que la literatura económica popularizó como pesada carga que pende sobre el futuro de nuestra sociedad.

Nos encontramos en este caso con problemas de información tal cual han sido formulados atinadamente por algunos autores (Alonso, 2007 y Chuliá, 2005). Tales problemas de información alcanzan en este terreno dos significados con distintas implicaciones. Por un lado se encuentran los que se refieren en términos teóricos a las cuestiones ligadas a la teoría económica del seguro entre las que se encuentran el riesgo, la incertidumbre, el riesgo moral y la selección adversa. Por otro, la mera información respecto al presente y futuro de los sistemas que hoy día conviven en nuestro país, algo que ciertamente podría Page 33 denominarse Educación para la Ciudadanía (EpC).

La primera resultaría un tanto ardua y requeriría el conocimiento de todos los mitos que se han ido extendiendo en la literatura académica y que posteriormente resultaron vulgarizados en los medios de comunicación para consumo de los ciudadanos. Resulta oportuno enumerar tales mitos que en unos casos afectan al sistema de capitalización.

La capitalización resuelve los problemas demográficos

- El único modo de capitalizar es a través de la acumulación de la pensión.

- Existe una relación directa entre capitalización y crecimiento.

- La capitalización reduce el gasto público en pensiones.

- El pago (la reducción) de deuda pública es siempre una buena política.

- Los sistemas de capitalización inducen mejores incentivos en el mercado de trabajo.

- Los sistemas de capitalización diversifican los riesgos.

- La ampliación de opciones mejora el sistema de bienestar.

La capitalización es más beneficiosa si el rendimiento real de las inversiones excede el crecimiento de los salarios reales.

Las pensiones privadas mantienen al gobierno al margen del asunto de las pensiones.

Y en otros al sistema de reparto en los que el gobierno se involucra a fondo y, en ocasiones, en exclusiva.

La pobreza es intensa entre las personas mayores, lo que obliga a los gobiernos a considerar prioritarias las políticas para aliviar esa realidad adversa.

Los programas públicos de Seguridad Social son progresivos y redistribuyen rentas a favor de los pobres de edad avanzada

La Seguridad Social cubre el riesgo de incertidumbre respecto a las prestaciones que recibirá el pensionista en el futuro.

Sólo los gobiernos pueden asegurar a los pensionistas frente el riesgo de inflación.

Los individuos son miopes pero los gobiernos adoptan la visión de largo plazo.

La intervención del gobierno es necesaria para proteger los intereses de las generaciones que aún no han nacido.

Desde una posición ecléctica, el proceso más conveniente aquí y ahora debería parecerse a un debate, lo más amplio posible claro está, que sirviera para una toma de conciencia de la población española acerca de una parte importante de su vida cual es la edad provecta en la que se dejan de percibir rentas del trabajo. Entonces, más que de información debería hablarse de educación, de toma de conciencia. La cuestión, ciertamente, se antoja un tanto compleja por la cantidad de elementos que forman parte de una valoración objetiva del presente y futuro de un sistema de protección que hasta el momento ha cumplido su papel con una razonable eficacia y eficiencia.

Hay circunstancias en las que debiera de ser posible despejar a los ciudadanos la bruma que impide la visión de su futuro, tanto del personal como del colectivo. Algunos autores lo han hecho, en este caso que nos ocupa, vaticinando con la seguridad que proporciona el conocimiento científico que el panorama que tienen y tenemos por delante es sumamente sombrío. Pero cuando se hacen vaticinios a períodos tan largos, la credibilidad de quien los hace cobra una importancia decisiva. Algunos autores se han lamentado de que ese papel de acreditador del sistema de pensiones no lo pueda fungir una Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados. Su Page 34 carácter oficial, aunque dependiente del Legislativo, le otorgaría un crédito que es fundamental en esas proyecciones en un horizonte tan lejano. Hoy tal Oficina, sin embargo, es, sencillamente, una quimera.

Entretanto las páginas que anteceden tratan de reflejar de algún modo la profusa literatura académica española en materia de proyecciones de nuestro Sistema de Seguridad Social.

Las proyecciones de la situación financiera de la Seguridad Social y los supuestos demográficos y económicos que les sirven de base no son una cuestión baladí. Inciden de modo importante en la confianza que los ciudadanos depositan en un sistema que les garantiza la percepción de una renta cuando ya no están presentes en el mercado de trabajo. Salvo patrimonio personal, esa renta es su único ingreso del que dependen sus vidas. En ocasiones, por no decir siempre, todas las proyecciones que se han hecho de la Seguridad Social española han arrojado unos resultados tremendamente negativos en términos financieros. Ello ha dado pie a calificar como una carga para la sociedad española el mantenimiento en el futuro de una parte creciente de nuestra sociedad.

En la década de los 90 proliferaron en nuestro país toda suerte de trabajos de investigación que dibujaron un panorama futuro muy poco halagüeño. El sistema de protección, fundado en el reparto entraría en déficit a comienzos de siglo y se despeñaría después a un alarmante balance financiero en el año 2050. Por fortuna, esos augurios quedaron arrumbados por la realidad de la economía española de esta primera década del siglo XXI. Erraron todas las proyecciones y lo hicieron por no ser capaces de adivinar el comportamiento del mercado de trabajo, tanto del lado de la demanda como del de la oferta. La economía española se mostró como la más vigorosa de Europa en la creación de puestos de trabajo y, en correspondencia, la oferta de trabajo se incrementó hasta niveles históricos a consecuencia de los flujos financieros. Nunca existió en todo ese proceso restricción de brazos ni, mucho menos incrementos desmesurados de los salarios consecuencia de una escasez de mano de obra.

Lógicamente, en la primera década de este siglo fueron apareciendo trabajos que analizaban los errores cometidos y valoraban la situación superavitaria de la Seguridad Social que, contrariamente a lo predicho, acumulaba y acumula fondos de reserva para hacer frente a las dificultades que el futuro pueda deparar. En lógica consecuencia tales trabajos se han ido acomodando a la nueva situación, de modo que el último trabajo publicado que contiene una proyección ha dilatado la aparición de déficit en nuestro Sistema hasta el año 2029. Si bien continúan siendo alarmantes las proyecciones hacia el año 2050 en el que la Comisión Europea cifra la tasa de dependencia de nuestra economía en un 66%. Pese a ello, si la crisis financiera se retrasa hasta 2029, se puede tomar prestada una frase de Paul Valèry para concluir que el futuro ya no es lo que era.

En verdad que el paso de los años y la refutación, o validación, de algunas proyecciones permite pensar que el futuro de la Seguridad Social es más una cuestión ideológica que aritmética, por más que esta última se esmere en sus supuestos y cálculos. Un indicio de esta aseveración se encuentra en la contraposición de opiniones que sobre la materia mantuvieron dos Premios Nóbel de Economía como Samuelson y Friedman

Todos estos episodios que han protagonizado una parte importante de la literatura económica de las décadas precedentes sugieren la necesidad de una mayor información a la ciudadanía del significado de estas proyecciones así como de la apertura de un debate en la sociedad española en torno al futuro de la Seguridad Social y del sistema complemen-Page 35tario de la misma cuales son los planes de pensiones. Los recientes acontecimientos que desencadenan la crisis financiera llevan a pensar que un sistema de seguro social no debería depender de si los mercados son volátiles o estables. A fin de cuentas, de los recientes episodios se extrae una lección elemental para el futuro: en último término, la única garantía aseguradora es la que proporciona el Estado.