Formación del contrato

Autor:Steven Shavell
Cargo del Autor:Director John M. Olin Center for Law, Economics & Business
Páginas:363-375
 
ÍNDICE
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En este capítulo consideraremos varias cuestiones concernientes a la formación de los contratos.

1. El esfuerzo de búsqueda

Un importante aspecto de la formación del contrato es el esfuerzo que los individuos dedican a ello –el tiempo y los recursos que emplean en buscar e investigar oportunidades contractuales. Comenzaremos nuestro estudio de la formación del contrato con una comparación entre el grado de esfuerzo de búsqueda socialmente ideal y el deseado por los particulares.

Es socialmente óptimo que una persona busque en tanto el beneficio social de la búsqueda exceda el coste que le supone al individuo. El beneficio social de que la persona busque a lo largo de un período de tiempo es el valor esperado de cualquier contrato celebrado por tal persona y su socio en el contrato menos el valor esperado de cualquier contrato que se haya impedido porque el socio contractual de dicho individuo ha devenido indispuesto para contratar con nadie más (si A, que está buscando oportunidades de contratos, contrata con B, entonces B puede verse impedido para contratar con C).

El incentivo privado a buscar un contrato puede diverger del incentivo socialmente óptimo por dos razones diferentes y que se contrarrestan. Por un lado, la persona que busca se verá inducido a hacerlo solamente por el rendimiento que él mismo obtiene de concluir los contratos; no computará como negativo cualquier beneficio que se detraiga a la sociedad dado que él sigue obteniendo

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otros beneficios de realizar sus contratos. Esto sugiere que se dedica demasiado esfuerzo por parte de los individuos a buscar socios contractuales (aquí, encontrar un socio para un contrato es similar a pescar un pez, que niega a otro pescador la oportunidad de capturarlo; ver la sección 1.3 del capítulo 4).

Por otro lado (y dejando aparte la posibilidad de que cuando se celebra un contrato puede que se esté impidiendo otro), cuando una persona contrata con alguien, habitualmente obtiene solo una parte del superávit que de ese modo se genera –se divide entre las dos partes a través del precio del contrato. Esto significa que el rendimiento privado de cerrar un contrato es menor que el rendi-miento social. Por ejemplo, un contrato que genera un superávit de 100 dólares generaría solo 50 dólares de beneficio para cada parte si se repartieran amedias el superávir. Como consecuencia, el nivel de búsqueda basado en motivos particulares podría quedarse corto respecto del socialmente óptimo.

La conclusión, por tanto, es que puede haber, en términos netos, tanto un exceso como una insuiciencia de búsqueda de contratos, dependiendo de las circunstancias. Si el primer factor, el relativo a que la celebración de un contrato por un sujeto tiende a impedir que otros hagan contratos, es dominante, entonces el esfuerzo de búsqueda tenderá a ser socialmente excesivo; si el segundo factor, el relativo a que el rendimiento de irmar un contrato es menor que el su-perávit que ese contrato genera en sí mismo, es dominante, entonces la actividad de búsqueda tenderá a ser socialmente insuiciente.1

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La naturaleza de la comparación entre el grado deseable de esfuerzo de búsqueda desde el punto de vista social y desde el punto de vista privado plantea cuestiones sobre si las autoridades públicas podrían ontener la información necesaria para formular políticas correctivas. En cualquier caso, no parece que existan políticas que declaren tener como objetivo modificar el esfuerzo de bús-queda.

2. Regla fundamental para el reconocimiento de los contratos: el consentimiento mutuo

La regla básica para el reconocimiento legal de los contratos es que un contrato se considera válido si y solo si ambas partes dan una muestra clara de consentimiento, como irmar con sus nombres en un documento.2Esta regla que implica el mutuo consentimiento posee las dos virtudes, particular y social, mencionadas en la sección 2 del capítulo 13.

Primera, el hecho de que el mutuo consentimiento sea suiciente para que se reconozca un contrato, y que las dos partes tienen por naturaleza la facultad respectiva de otorgar su consentimiento, las permite celebrar contratos ejecutables cuando así lo deseen. Es más, su conocimiento de que, de hecho, han consumado un contrato legalmente reconocido faculta a las partes a dejar de buscar e inmediatamente emprender actuaciones que aumentarán el valor del contrato, tales como contratar trabajadores y comprar materiales para la producción.

Segunda, el hecho de que se requiera el mutuo consentimiento para que se reconozca un contrato significa que ninguna de las partes se estará obligada por el contrato a menos que lo desee. Esto es deseable para las partes, y socialmente deseable, porque fomenta la búsqueda y negociación de contratos. Si una parte se viera de algún modo obligada contra su voluntad, como resultado de la mera búsqueda y/o negociación por sí solas, dichas actividades podrían verse restrin-gidas, y el grado y calidad de la contratación se verían perjudicados.

Puede mencionarse, sin embargo, que a pesar de la exigencia habitual del consentimiento mutuo para la formación del contrato, algunas doctrinas jurídicas a veces dan como resultado que las partes se vean contractualmente obligadas sin haber prestado su consentimiento. Ello puede ocurrir cuando una parte se ve inducida a hacer importantes esfuerzos o inversiones con anticipación a la

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formación del contrato.3Esta política legal no solo puede dar como resultado un enorme esfuerzo de búsqueda, puede también inducir a grandes derroches en inversiones tempranas como estrategia para conseguir la formación del contrato.4

3. Oferta y aceptación

El consentimiento mutuo a veces no es simultáneo; una parte puede hacer una oferta y que pase el tiempo antes de que la otra acceda. Esto reviste interés por varias razones, y expondremos las dos más importantes.

La primera es que puede mediar un retraso entre la oferta y la aceptación porque la parte a quien se le hace la oferta quiere estudiarla. La información que busca quien recibe la oferta podría tener que ver, por ejemplo, con la calidad del vecindario en el que está situada una casa que se pone a la venta. Su deseo de información plantea la cuestión de por cuánto tiempo, y bajo qué circunstancias, el oferente querrá mantener su oferta, y si debería mantenerla. Supongamos que el oferente mantiene sus términos, digamos que ofrece vender la casa al precio de 100.000 dólares. Entonces, el destinatario de la oferta a menudo se verá inducido a invertir esfuerzo en estudiar las opciones contractuales, porque sepa que puede comprar la casa al precio designado. Si, en cambio, el precio puede variar, el eventual comprador tendrá miedo de que si regresa y expresa un interés serio tras haber estudiado el contrato, el oferente aumente el precio, digamos a 125.000 dólares. La previsión de que el oferente sacara provecho de ello reduciría los incentivos de los destinatarios de la oferta a estudiarla y, por tanto, podría disminuir indeseablemente la formación de contratos. Por consiguiente, puede que redunde en interés tanto de los oferentes como de la sociedad que los términos ofrecidos sean ejecutorios durante un período de tiempo. Aun así, las circunstancias de los oferentes también pueden cambiar, haciendo ventajoso, desde el punto de vista privado y desde el punto de vista social, que modifiquen los términos del contrato y, por tanto, entre otras cosas, que mantengan en pie su oferta solo por un tiempo limitado. A la luz de estas observaciones, no es

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sorprendente que la ley normalmente considere ejecutorios los términos de las ofertas que hacen las partes, incluyendo el tiempo durante el cual se pretende que la oferta sea efectiva.

Una segunda razón para que medie un lapso de tiempo entre la oferta y su aceptación es simplemente que las dos partes no estén físicamente próximas y, por tanto, que lleve su tiempo desde que el oferente envía su mensaje hasta que le llegue la respuesta de su destinatario. A este respecto, normalmente rigen dos reglas legales alternativas en relación con la formación de los contratos: la llamada regla del buzón, de acuerdo con la cual la aceptación es legalmente reconocida en el momento en que el destinatario de la oferta manda el mensaje de aceptación (p. ej., echando la carta al buzón), y la regla de la recepción, según la cual se reconoce la aceptación solo desde el momento en que se recibe por el oferente, dando por supuesto que no ha concertado otro contrato en el interim. Según la regla del buzón, se promueve la conianza temprana del destinatario de la oferta en relación con lo que sucede en la regla de la recepción, porque se asegura de que hay un contrato desde el momento en que envía su mensaje de aceptación. Es más, no se estimula al oferente a celebrar contratos alternativos hasta que reciba noticias del eventual aceptante o el oferente le envíe un mensaje revocando su oferta. Qué regla sea mejor depende sustancialmente de si es más valioso promover...

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