Finalidad de la Ley

Autor:Ana Suárez Blavia
 
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Finalidad de la Ley

La finalidad de la Ley es doble, de una parte facilitar la supervivencia y el reflotamiento de las empresas en situaciones de insolvencia provisional y por otro garantizar la ejecución ordenada y justa del patrimonio del deudor en caso de insolvencia definitiva.

I Principio mantenimiento de empleo y el de continuidad de la empresa

La finalidad del Concurso según la filosofía de la ley es la conservación de las empresas como medio para satisfacer los intereses crediticios afectados por la crisis, la conservación de empresas viables aparece como principio general rector y medular de la nueva filosofía concursal; las mayores posibilidades de satisfacción de los acreedores si la empresa se reorganiza los enormes costos que comportaría la reasignación del total de los recursos, el interés público que se vería afectado por la eliminación de la empresa en crisis y la esperanza de abaratar costos administrativos a través de procedimientos adecuados de conservación, puede llevarnos a creer que se ha llegado a una fase donde la liquidación deja de ser norma general y se convierte en norma residual del sistema concursal. La nueva filosofía heredada de nuestro derecho comparado es que a una empresa declarada insolvente, antes que pensar en liquidarla de entrada se debe evaluar su viabilidad para reestructurarla es decir; la decisión de reestructurar o reorganizar una empresa debe fundarse en el hecho de que sea posible no que sea deseable. Una empresa insolvente deberá desaparecer del mercado sino es viable, por el contrario si la empresa es viable deberá ser reestructurada. Como señala Jose Leyva(13) más que una prevalencia de una sobre la otra hay una complementariedad de medios que entre otros fines tienen la protección del crédito.

En el Derecho extranjero se aprecian dos tendencias: una encaminada a lograr la conservación de la empresa, con el mantenimiento consiguiente del empleo y la otra, orientada a la liquidación para satisfacer lo antes posible a los acreedores. La legislación francesa - Redressement et liquidation judiciares des entreprises - (Ley. 85/98, de 25 de enero de 1985, que entró en vigor el 1 de Enero de 1. 986 establece en su artículo artículo 1º que el procedimiento concursal tiende al -levantamiento- (redressement) de la empresa, y si no fuere posible, a la satisfacción de los acreedores. En Alemania la Ordenanza sobre la insolvencia (Insolvenzordnung) de 1994 en vigor desde el 1 de enero de 1999, en su artículo 1º indica que el procedimiento persigue, o la satisfacción colectiva de los acreedores, o el establecimiento de un Plan de insolvencia encaminada a la -conservación de la empresa- (Erhaltung des Unternehmens). En Italia, un Proyecto de Ley (aprobado por el Gobierno con fecha de 27 de octubre de 2000) pretende de forma expresa la tutela de los -niveles ocupacionales- (livelli ocupazionali) de la empresa. Entre dichos principios generales podrá tener su lugar también la protección de los intereses sociales en presencia en términos compatibles con la satisfacción de los intereses de los acreedores no laborales.

Un valioso producto de esta nueva concepción concursal lo encontramos en el Derecho Portugués es el - Código dos processos especiais de recuperaçao da empresa e de falencia - (Decreto Ley 132/93, del 23 de Abril de 1993) que introduce al Ordenamiento jurídico de ese país al regular un nuevo procedimiento judicial para el tratamiento de las situaciones de crisis económica de la empresa, el cual supone la plasmación legislativa de los principios inspiradores de la moderna filosofía concursal. Con éste dispositivo pues se intenta establecer un tratamiento unitario, rápido, flexible y sistemático de las diferentes situaciones de crisis empresarial que permita una vez analizada la viabilidad de la empresa, decidir su destino, es decir su reestructuración o su liquidación.

Además de las citadas, otras modernas leyes abrazan la idea que un procedimiento concursal debe tender a conservar la empresa y mantener el empleo como intereses dignos de tanto o mayor tutela que el de los acreedores, cabe mencionar la Insolvenzrechtânderungsgesetz austriaca de 1982, La Insolvenz Act de 1986 del Reino Unido, La Ley Concursal de Colombia, Decreto 3. 350 del 16 de Febrero de 1989, La ley irlandesa de 1990, la Corporate Law Reform act australiana de 1992 y la Ley Concursal Argentina de 1994 sancionada mediante Ley nº 24. 552

En España como lógica consecuencia del abandono normativo del legislador español en materia concursal, el régimen jurídico aplicable a las situaciones de insolvencia empresarial reflejaba hasta ahora un panorama profundamente deficiente. Esta ineficiencia normativa partía en buena medida, de una realidad social jurídica y política radicalmente diversa a la existente en el momento de aprobación del sistema concursal. Por ello, instituciones como la representación especializada de los trabajadores, las garantías causales y formales de los despidos o, en general de las vicisitudes contractuales o la participación de aquéllos en las vías de gestión negociada del empleo en la empresa en crisis brillaban por su ausencia. Ante tales carencias, se evidenciaba la necesidad de realizar interpretaciones garantistas y tuitivas en aquellos extremos de la normativa concursal que lo permitiesen y a ello obedece, por ejemplo, el necesario respeto a los cauces procedimentales del despido.

No obstante este principio general han surgido duras criticas en torno al mantenimiento de la empresa como la última ratio de la Ley. Así el texto articulado se enmarca en un sistema consolidado de relaciones laborales vertebrado en torno a la catalización de intereses que ejerce la representación de los trabajadores, a la participación activa de éstos en los procesos o mecanismos de fijación o modificación de condiciones de trabajo y a la fuerza vinculante de las normas autónomas de regulación de aquéllas. En tal contexto, cualquier norma generadora de efectos o consecuencias jurídicas para las relaciones laborales habría de respetar los parámetros antedichos, so pena de incurrir en caso contrario en ilegalidad manifiesta o incluso en inconstitucionalidad. Ante ello, el respeto a las leyes y al ordenamiento jurídico en general exigirá bien coordinar las nuevas previsiones normativas con las disposiciones precedentes o bien -solución más extrema-...

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