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Consideración final

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Vincent
AutorSoledad Barber Burusco
Páginas231-232

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Los últimos diez años de reformas ininterrumpidas en la legislación penal (que se enmarcan en políticas criminales populista inspiradas, en parte, en el denominado modelo de la seguridad) han dejado como resultado global, en el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito, un incremento de la previsión de la pena de prisión en detrimento de otras alternativas, también un aumento en la cantidad de pena con que se amenaza, en particular para determinados delitos y para los supuestos de reiteración delictiva, y modificaciones en el cumplimiento de esta pena que aumentan su aflictividad real, en la medida en que se imponen nuevos límites para acceder al tercer grado y a la libertad condicional. Algunos aspectos de estas reformas ponen seriamente en cuestión las exigencias de proporcionalidad, humanidad y orientación de la pena privativa de libertad a la reinserción social.

Pero, además, en esta preocupante evolución del Derecho penal se han traspasado otros límites, como la prohibición de retroactividad de las disposiciones desfavorables. Esta garantía, integrada en el principio de legalidad, interesa de forma esencial a los límites del ius puniendi, pues tiene como objeto que el ciudadano esté en disposición de conocer el alcance, significado y consecuencias de la regulación jurídico-penal de su conducta y que los poderes públicos se impongan límites temporales al diseño de su política criminal. Y debe extenderse, tal como he propuesto en estas páginas, al ámbito del cumplimiento de la pena de prisión, a las condiciones de cumplimiento que afectan a la concreta gravedad de la pena a la que el condenado se verá sometido. Concretamente, a los preceptos que determinan la mayor o menor restricción de la libertad que el cumplimiento de la pena conlleva, como los que regulan la clasificación de grado de tratamiento penitenciario y, como consecuencia, el régimen penitenciario, a los que determinan los criterios de progresión y regresión en el

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grado de cumplimiento, a los que regulan la amplitud de las comunicaciones con el exterior y a los que determinan las condiciones para acceder a los beneficios penitenciarios y a la libertad condicional; porque todos ellos afectan a la intensidad de la privación de libertad e impactan en la gravedad real de la pena de prisión.

A pesar de la relevancia de esta garantía constitucional, el legislador se ha permitido dar eficacia hacia atrás a leyes penales desfavorables. Como se ha...

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