Las fiestas catalanas y el calendario laboral en cataluña

La experiencia de los últimos años ha venido a demostrar que la posibilidad de celebración de las fiestas tradicionales catalanas, mediante su correspondiente inclusión en los calendarios oficiales de fiestas laborales en Cataluña, es un problema que todavía no ha quedado satisfactoriamente resuelto. Pese a los diversos intentos de los poderes públicos implicados, lo cierto es que no se ha conseguido definir un modelo estable y satisfactorio, puesto que raro ha sido el año en que, debido a coincidir suficientes fiestas en domingo, han podido celebrarse como días laboralmente inhábiles todos aquellos correspondientes a las fiestas tradicionales catalanas.

El problema se plantea tanto a nivel jurídico como a nivel fáctico. A nivel jurídicoPage 96porque, como tendremos ocasión de exponer, el ordenamiento vigente no delimita con la claridad y precisión deseables ni la distribución competencial en materia de fiestas ni cuáles son los poderes públicos a quienes corresponde determinarlas. Además, tampoco la doctrina se ha preocupado hasta el momento presente de profundizar en estas cuestiones, por lo que carecemos de estudios específicos al respecto.¹

Y, a nivel fáctico, resulta notorio que durante los últimos años siempre ha quedado alguna de las fiestas tradicionales catalanas fuera de los días festivos incluidos en el respectivo calendario anual de fiestas laborales aprobado por el Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, lo que pone de manifiesto las disfuncionalidades y limitaciones existentes en las diversas soluciones adoptadas. Cabe añadir que dichas soluciones han tenido siempre caráccer coyuntural, lo que sin duda redunda en perjuicio de la deseable seguridad jurídica que se vería favorecida por la estabilidad del calendario de fiestas, pues a nadie escapan los inconvenientes de adoptar cada año un calendario de fiestas parcialmente distinto al del anterior.

Esta situación, aunque socialmente haya sido asumida con serenidad, no deja de ser motivo de preocupación. En efecto, periódicamente, cuando se avecina cualquiera de los días que antaño era festivo en Cataluña y ahora no, renace la insatisfacción de comprobar cómo, poco a poco, se van desdibujando unas tradiciones festivas que daban contenido a la peculiaridad del pueblo catalán y eran un momento favorable para manifestar su propia identidad. Sin caer en alarmismos, sí que creemos poder afirmar que la pérdida de las fiestas tradicionales es motivo de lógica decepción en la sociedad catalana, más explicable, si cabe, por el hecho de que el modelo autonómico de organización del Estado, nacido de la Constitución de 1978, hizo poner las esperanzas ciudadanas en la obtención de un marco político de mayor respeto hacia las notas diferenciales de cada nacionalidad y región, que en este caso no se han visto confirmadas.

Además, es de señalar que algunos de los días que tradicionalmente se han venido celebrando en Cataluña como festivos coinciden con días que también lo son en la tradición de la mayoría de los países del entorno europeo comunitario, de manera que su pérdida supone un alejamiento de la sociedad catalana respecto de las tradiciones comunes europeas. Todo ello nos lleva a concluir que estamos ante una cuestión que merece ser objeto de la atención y de la adopción de las oportunas medidas correctoras por parte de los poderes públicos que resulten competentes.

Por nuestra parte, nos ha parecido válido plantear el presente trabajo orientándolo principalmente al análisis del origen y sentido de aquellos condicionamientos socio-jurídicos que están en la base de la problemática señalada, si bien, considerando que también desde el campo del Derecho se han de buscar respuestas que permitan avanzar en el respeto hacia los signos de identidad de cada grupo social y en la convivencia entre éstos, para finalizar apuntaremos unas eventuales vías de actuación que, dentro del marco constitucional y estatutario vigente, pretenden dar mejor satisfacción al legítimo deseo de los ciudadanos de Cataluña de seguir celebrando como festivos aquellos días que corresponden a sus fiestas tradicionales.

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Dadas las características de la materia a tratar y el objetivo que nos proponemos, hemos optado por seguir un método que combine el seguimiento histórico de la cuestión con la profundización en los conceptos jurídicos, de manera que, sin menoscabo del debido rigor científico, se obtenga una exposición no excesivamente técnica. Pretendemos, pues, presentar de manera accesible un tema que, como se verá, no está exento de complejidad.

Desde una perspectiva sociológica, por fiesta se entiende la solemnidad con que un grupo social conmemora un acontecimiento importante del pasado o subraya la trascendencia de un hecho actual. Y, consecuentemente, son días de fiesta aquellos en los que se celebran dichas solemnidades.

Las fiestas son un fenómeno de naturaleza social que se viene produciendo en las colectividades humanas con carácter ancestral, pudiendo encontrarse en todas las civilizaciones como manifestación típica de la vida en comunidades organizadas que caracteriza a las personas. Así pues, los días de fiesta se diferencian de los restantes días, u ordinarios, por su contenido especialmente significativo para quienes los celebran. Por ello también, las fiestas propias de cada grupo social constituyen uno de sus signos de identidad y su celebración uno de los elementos configuradores y potencia-dores de la cohesión social entre sus miembros.

Desde una perspectiva jurídica, la relevancia de los días festivos, entendiendo por tales aquéllos a los que una disposición normativa vincula unos efectos jurídicos específicos -que pueden ser diferentes en función del tipo de festividad de que se trate-, resulta evidente si se tiene en cuenta que la declaración de un día como festivo afecta de forma directa a distintas relaciones jurídicas insertas en las diversas áreas del derecho —del trabajo, procesal, mercantil, etc.— tanto en la esfera privatista como en la publicista, y, en definitiva, a todo el conjunto del ordenamiento jurídico.

Habitualmente, la celebración de una festividad en el orden social comporta que el ordenamiento jurídico disponga que en esa jornada no se realicen las actividades ordinarias, ya sean de tipo laboral, comercial, académico u otras, lo que sin duda contribuye a realzar su mayor solemnidad y diferencia. No obstante, ello no siempre es así y cabe que un día sea festejado socialmente sin que haya sido jurídicamente declarado como festivo. Recordemos que en Cataluña, por ejemplo, existe una larga y consolidada tradición que solemniza el 23 de abril, día de San Jorge, como patrón de Cataluña y fiesta del libro y de la rosa, celebración de arraigado carácter social popular pero que no tiene una repercusión directa en los ámbitos laboral, administrativo, judicial, académico o mercantil. Conviene aclarar, por tanto, que el contenido jurídico propio de los días festivos puede ser distinto y separable del fenómeno social de las fiestas.

Ahora bien, como en el entendimiento más generalizado las fiestas son equiparadas a los domingos en tanto que días de descanso laboral y como, sin duda, la consecuencia jurídica más notable de la declaración de un día como festivo es que dicha jornada resulta inhábil para la producción de una serie de relaciones jurídicas, entre las que por su mayor repercusión social cabe destacar Las relaciones laborales, vamos a ceñirnos a tratar de las fiestas que hayan sido establecidas con carácter general y con efectos en el orden laboral, entre otros posibles.

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No entrarán, pues, en nuestra consideración aquellas fiestas que no tienen el carácter de días inhábiles laboralmente para la generalidad de los habitantes del territorio, como son las fiestas declaradas sólo a efectos oficiales y que afectan únicamente al sector público, las fiestas de ámbito exclusivamente académico, o las fiestas gremiales y de los distintos sectores profesionales.

La normativa referente a los días de fiesta ha sido relativamente abundante, pero sin que haya existido hasta la fecha una regulación sistematizada de la materia, sino, más bien, una maraña de normas confundidas a causa de la particularización, la división sectorial, la superposición histórica y la actual estratificación territorial de fiestas de ámbito estatal, autonómico y local, que se entrecruza con la tradicional distinción entre fiestas nacionales, oficiales, académicas y laborales.

En una visión global de la evolución que ofrece la normativa en materia de fiestas destaca la importante repercusión que sobre las mismas han tenido los cambios sociales de los modelos productivos operados en los últimos años, lo que se refleja, por un lado, en una continuada tendencia a la reducción de su número y, por otro, en la voluntad de lograr una ordenación más lógica y racional del sistema de fiestas, de manera que su distribución en el calendario minimice la incidencia negativa que pueden suponer para el conjunto de la actividad económica por la interrupción de los procesos productivos que comportan.

Veamos cómo ha evolucionado la regulación de las fiestas en España en los últimos tiempos, atendiendo a su número y régimen jurídico en tres momentos distintos.

Pese al silencio del texto del art. 37.2 del ET sobre a quién corresponde dictar el calendario laboral, todo conduce a pensar que, tratándose de una función ejecutiva, ha de realizarla el Gobierno como titular de dicho poder. Ahora bien, al aprobarse el ET ya habían sido aprobados y estaban vigentes algunos Estatutos de Autonomía, entre ellos el de Cataluña, cuyo art. 11 establece que:

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Corresponde a la Generalidad la ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes:

2) De trabajo, asumiendo las facultades...

.

Por tanto, la remisión tácita del art. 37.2 del ET al ejecutivo para dictar el calendario laboral debe entenderse hecha al gobierno estatal o a los Gobiernos autonómicos, en el caso de que éstos resulten competentes por razón de la materia y en base a su respectivo Estatuto. Así parece explicarse mejor el prudente silencio del legislador que, pese a que en la Ley de relaciones laborales atribuía al Gobierno el encargo de elaborar el calendario laboral, en el Estatuto de los trabajadores nada se dice al respecto, pues dependería de los respectivos estatutos de autonomía -la mayoría de los cuales se encontraban entonces en proceso de elaboración- que el Gobierno competente fuera el estatal o el autonómico, siempre referido a su respectivo ámbito territorial. En el caso de Cataluña, según acabamos de ver, la citada competencia corresponde al ejecutivo catalán.

Debemos señalar que, en un principio, a falta de normativa estatal que desarrollara reglamentariamente el art. 37.2 del ET, la Generalidad disponía de una notable autonomía para dictar el calendario de fiestas laborales en Cataluña, incluyendo en él las fiestas que tradicionalmente se habían venido celebrando en esta Comunidad y respetando los amplios márgenes que, como vimos, establece al respecto el ET: incluir las tres fiestas señaladas como de ámbito estatal y no sobrepasar el máximo de 14 fiestas anuales, contando las dos de ámbito local.

En ejercicio, pues, de sus facultades ejecutivas, el Gobierno de la Generalidad catalana aprobó en primer lugar el Decreto de 17 de marzo de 1980, por el que se fijaba el calendario de fiestas laborales para el año 1980 en Cataluña. ¹⁴ En este Decreto se establecían 11 fiestas, se preveía que las 2 fiestas locales de cada municipio serían fijadas en una norma posterior, y se añadía:

Articulo tercero.- La fiesta nacional de Cataluña será determinada por el Parlamento catalán después de su constitución

.

Habiéndose restablecido poco después el Parlamento catalán, la primera ley que aprobó fue precisamente la Ley 1/1980, de 12 de junio, declarando la «Diada» del 11 de septiembre como Fiesta Nacional de Cataluña. Sobre esta fiesta, que evidentemente no era una fiesta tradicional en Cataluña aunque constituía su fiesta más propia, volveremos más adelante.

Por lo que ahora interesa, es preciso señalar que una vez determinadas las 14 fiestas a celebrar durante 1980, el Gobierno catalán consideró útil y conveniente fijar el calendario de fiestas de Cataluña de una manera estable y, a tal efecto, dictó el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, ¹⁵ en el que, además de establecerse en concreto el calendario de fiestas para 1981, se daba carácter fijo al calendario laboral siguiendo el criterio de señalar 12 fiestas fijas, las cuales serían sustituidas por otras 3 suplentes, en el orden en que se indicaban, en la medida en que alguna de las primeras coincidiera en domingo.

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Así pues, con arreglo al mencionado Decreto, las fiestas en Cataluña a partir de entonces serían:

Fijas: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Reyes; Viernes Santo; Lunes de Pascua Florida (o de Resurrección); 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; Corpus; 24 de junio, San Juan; 15 de agosto, la Asunción; 11 de septiembre, Diada Nacional; 1 de noviembre, Todos los Santos; 25 de diciembre, Navidad; y 26 de diciembre, San Esteban (o 2a día de Navidad).

Suplentes: Lunes de Pascua Granada (o de Pentecostés); 19 de marzo, San José; y 29 de junio, San Pedro.

Puede concluirse, por tanto, que la anterior relación respondía al entendimiento que tenía el Gobierno catalán sobre las fiestas que debían celebrarse laboraimente en Cataluña, por ser fiestas propias o tradicionales en esta Comunidad. Nótese que en ella figuran las cuatro fiestas que anteriormente se habían venido celebrando en base a su inclusión como fiestas de ámbito provincial y con carácter de recuperables, a saber: los dos lunes siguientes a las Pascuas, el día de San Juan y el 2° día de Navidad, también conocido como de San Esteban. Reseñamos de manera especial estos días de fiesta porque tres de ellos coinciden con fiestas comunes en la tradición festiva europea, de la que Cataluña ha venido participando desde tiempos inmemoriales.

En efecto, el lunes de Pascua de Resurrección es festivo en todos los países de la Europa comunitaria, con la única excepción de España y Portugal, además de ser celebrado en Austria y Suiza, por lo que a países europeos se refiere. El lunes de Pascua de Pentecostés es festivo en Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y Luxemburgo, además de serlo en Austria y Suiza. Y en cuanto al día siguiente al de Navidad, es festivo en Alemania, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido, además de en Austria y Suiza. Por consiguiente, queda suficientemente demostrada la participación de la tradición festiva catalana en la tradición festiva europea ¹⁶ a través de la celebración común de las tres fiestas señaladas, además de otras que también se celebran en el resto de España, como son las de Navidad, Año Nuevo, Viernes Sanro y Todos los Santos.

Por su parte, el Gobierno del Estado siguió dictando los calendarios de fiestas de ámbito estatal, aplicables en los territorios que no habían accedido a la autonomía y, con carácter supletorio, en las comunidades aurónomas que no habían ejercido la facultad de editar su propio calendario de fiestas laborales. Es de señalar que, como es lógico, muchas de las fiestas que figuraban en los calendarios de la Generalidad se incluían a su vez en los del Estado, debido a que se partía de una tradición festiva en buena parte común por razón de las fiestas de origen religioso. Así, en los respectivos calendarios para 1981, las diferencias se referían al 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad y al 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada.

Fue precisamente la no inclusión del día 12 de octubre como festivo en el calendario de fiestas laborales catalán para 1981 -aprobado en el art. 2 del DecretoPage 107177/1980- lo que provocó la primera situación conflictiva, puesto que, en cambio, dicho día figuraba en el calendario de fiestas aprobado para el mismo año por el Real Decreto 2811/1980, de 30 de diciembre, del Ministerio de Trabajo.¹⁷

A causa de la supresión de la celebración de la Fiesta de la Hispanidad en Cataluña, el calendario catalán fue recurrido en la vía contencioso-administrativa por la Federación de Casas Regionales de Barcelona. Habiendo sido solicitada por ésta la suspensión provisional de la norma en lo referente a la omisión de la festividad del día 12 de octubre como día de la Hispanidad, pretensión a la que se adherió la Abogacía del Estado, la Sala de la Audiencia Territorial de Barcelona dictó Auto en el que acordó la suspensión del Decreto 177/1980, «en cuanto que omite y no considera como fiesta el día 12 de octubre». Sin embargo, la Generalidad recurrió alegando los elevados perjuicios económicos que podía comportar la celebración de un día más de fiesta a efectos laborales -del orden de 9.046 millones de pesetas, equivalentes a la parte del PIB que en Cataluña se dejaría de producir-, por lo que el Tribunal optó, en un nuevo Auto,¹⁸ por dejar sin efecto la suspensión del Decreto, si bien en su decisión definitiva hizo constar:

La necesaria precisión de que esta resolución no afecta, ni puede afectar, a la festividad del día 12 de octubre, como "Día de la Hispanidad", a todos los efectos que no sean los estrictamente laborales

.

La argumentación que motivó tan ponderada decisión no fue otra que la posible distinción en nuestro ordenamiento jurídico entre fiestas de carácter judicial, mercantil, administrativo, académico o meramente laboral, por lo que resulta ser perfectamente factible que existan fiestas que afecten a todo el ámbito oficial y no al laboral. De ello concluía el Tribunal:

El calendario elaborado por el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 3 de octubre de 1980, al igual que el aprobado por el RD 2811/1980, de 30 de diciembre, del Ministerio de Trabajo, como derivados de lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 8/1980, del Estatuto de los trabajadores, sólo tienen ámbito exclusivamente laboral, como dispone el art. 1 de la referida Ley, por lo que el controvertido acuerdo de la Generalidad no puede afectar al carácter de fiesta a todos los demás efectos, excepto el laboral, que como "Día de la Hispanidad" le atribuye la Ley de 15 de junio de 1918 y el Decreto de 10 de enero de 1958

.

En definitiva, fue así como en 1981 el día 12 de octubre fue jornada laborable en Cataluña, sin perjuicio de que a todos los demás efectos se considerase día festivo.

Las discrepancias puestas de manifiesto en el citado contencioso -que finalmente fue resuelto a favor de la legalidad de la norma,¹⁹ reconociéndose la competencia de la Generalidad para dictarla y que respetaba el marco legal establecido en el art. 37.2Page 108del ET- se reprodujeron poco después, sustanciándose esta vez en sede constitucional.

En efecto, la notable amplitud del marco normativo, configurado sólo por el art. 37.2 del ET, a partir del que la Administración autonómica podía ejercer su competencia ejecutiva en materia de trabajo elaborando los calendarios anuales de fiestas laborales en Cataluña, pronto encontró una importante limitación en la normativa reglamentaria que el Gobierno estatal decidió dictar para el desarrollo y aplicación del citado precepto legal. Se trataba del RD 2819/1981, de 27 de noviembre,²⁰ por el que se determinan las fiestas de ámbito nacional a efectos laborales, y del RD 3217/1981, también de 27 de noviembre, consecuencia del anterior y relativo a la celebración del 12 de octubre, como fiesta nacional de España y Día de la Hispanidad.

En el primero de ellos, que nacía con la voluntad de configurar un sistema estable, se concretaban las fiestas de ámbito nacional a incluir en el calendario laboral de cada año, distribuyéndolas en cuatro grupos, a saber:

En el grupo a) figuraban las tres fiestas señaladas en el art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores.

En el grupo b) constaban cuatro fiestas (la Asunción de la Virgen, Todos los Santos, la Inmaculada y el Viernes Santo), «de acuerdo con la Conferencia Episcopal, en cumplimiento del art. III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979».

El grupo c) incluía sólo el 12 de octubre, «fiesta nacional de España y de la Hispanidad».

Por último, en et grupo d) se contenían seis fiestas: primero el «Lunes de Pascua de Resurrección» y luego -de acuerdo con la Conferencia Episcopal- las fiestas de la Epifanía (o Reyes), Santiago Apóstol, San José, Corpus Christi y la de San Pedro y San Pablo.

A continuación se establecía que: «El calendario laboral de cada año comprenderá las fiestas señaladas en los apartados a), b) y c) del número anterior que no coincidan en domingo e incluirá, hasta completar un máximo de doce y de acuerdo con el orden en que se relacionan, las que correspondan del apartado d)».

En cuanto a las facultades reconocidas en el párrafo final del art. 37.2 del ET a las comunidades autónomas, el art. 1.3 del citado Real decreto 2819/1981 las concretaba así:

Las Comunidades Autónomas podrán sustituir hasta tres fiestas de las señaladas en el apartado d) por otras que por tradición les sean propias, bien con carácter permanente o en el calendario laboral de cada año

.

Esta misma facultad se extendía a favor de los entes preautonómicos, por delegación del Gobierno contenida en la disposición adicional. Con ello se igualaba, en principio, el nivel competencial de todas las comunidades autónomas, las ya existentes y las futuras, por lo que a señalar las fiestas propias con efectos en el orden laboral se refiere.

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Como consecuencia de la regulación reglamentaria que desarrollaba y aplicaba el art. 37.2 del ET, el margen de hasta nueve fiestas que las comunidades autónomas podían señalar, siguiendo su propia tradición, quedaba reducido a tres fiestas. Además, ocho fiestas anuales habían de ser celebradas por igual en todo el territorio estatal.

Tan significativa limitación respecto a las facultades autonómicas hasta entonces existentes y ejercidas provocó una controversia de índole competencial entre el Gobierno del Estado, por una parte, y los gobiernos catalán y vasco, por otra, ya que éstos últimos, al no ver atendidos los preceptivos requerimientos previos de incompetencia, llevaron la cuestión ante el Tribunal Constitucional en sendos conflictos positivos de competencia.²¹

Con fecha 20 de marzo de 1982, el representante del Gobierno de la Generalidad de Cataluña planteó conflicto de competencia frente al Gobierno del Estado en relación con el Real decreto 2819/1981, de 27 de noviembre, y, por conexión, con el Real decreto 3217/1981, de igual data, que determinan las fiestas de ámbito nacional a efectos laborales, solicitando del Alto Tribunal declare que la titularidad de la competencia controvertida corresponde a la Generalidad, y anule los reales decretos mencionados. Con la misma fecha, el representante del Gobierno vasco formuló conflicto de competencia contra el mismo Real decreto 2819/1981 y contra el Real decreto 2820/1981, también de 27 de noviembre, que establecía el calendario laboral para los años 1982 y 1983- Ambos conflictos, una vez admitidos a trámite, fueron acumulados y resueltos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 7/1985, de 25 de enero.

Antes de entrar en el contenido de dicha Sentencia, puede resultar útil conocer el posicionamiento de otros organismos que intervinieron previamente al proceso. Así, conviene indicar que el Gobierno de la Generalidad había sido instado a promover este conflicto por el Parlamento de Cataluña, mediante Resolución adoptada al efecto por la Diputación Permanente el 27 de enero de 1982, en base a lo previsto por el art. 39 del Estatuto de autonomía y por los art. 52.1 y 134.1 del Reglamento del Parlamento catalán.

Por su parte, el Consejo Consultivo de la Generalidad se pronunció al respecto en el Dictamen núm. 8, de 24 de diciembre de 1981,²² que le había solicitado el Gobierno de la Generalidad en relación con el Real decreto 2819/1981, concluyendo que esta norma «no afecta el ámbito de competencias de la Generalidad». Al margen de algunas observaciones críticas en torno a la falta de rigor técnico de la disposición, contenidas en el fundamento VIH, la argumentación que llevó al órgano consultivo a su decisión partía de que la competencia de orden ejecutivo que corresponde a la Generalidad de Cataluña en materia de trabajo, según el art. 11.2 del EAC, queda acotada por «el sometimiento a las normas reglamentarias que el Estado dicte en desarrollo de su legislación», según dispone el art. 25.2 del mismo EAC. Y puesto que la norma dictaminada se presenta como norma para el desarrollo del art. 37.2 de la Ley 8/1980, del ET, precepto que «por su carácter ambiguo, exige un desarrollo reglamentario», tal normación corresponde al Estado.

También el Consejo de Estado, en el preceptivo dictamen²³ previo a la aprobaciónPage 110de la norma, emitido el 12 de noviembre de 1981 sobre el Proyecto del Real decreto 2819/1981, se había pronunciado favorablemente, aunque incluía algunas observaciones que fueron, en parte, atendidas en la nueva redacción que, a su vez, presentaba otras variaciones respecto del texto inicial. Seguramente, el cambio más importante fue que en el Proyecto inicial se reservaba a las comunidades autónomas la facultad de señalar sólo dos fiestas laborales anuales mientras que el Gobierno estatal podía establecer siete, números que pasaron a ser de tres y seis fiestas, respectivamente.

El Consejo de Estado considera que la norma pertenece al ámbito de la legislación laboral que compete establecer al Estado, en base al art. 149.1.7 de la CE. Y en cuanto a la posible interpretación literal del párrafo 3 del art. 37.2 del ET, en el sentido de permitir a las comunidades autónomas fijar las nueve fiestas restantes, entiende que «no debe prosperar, ya que parece deseable que el mayor número de fiestas laborales sean de ámbito nacional, tanto por razones culturales, como de productividad, como de Derecho comparado». Y añade en su Dictamen:

Por otra parte, el párrafo 3 del citado art. 37.2 no figuraba en el proyecto inicialmente remitido por el Gobierno al Congreso de Jos Diputados, incorporándose ulteriormente por haber sido aceptada una enmienda de adición del Grupo Minoría Catalana, en cuya justificación se alegaba la necesidad "de que los pueblos del Estado puedan celebrar sus fiestas de acuerdo con sus tradiciones y creencias", es decir, que lo que se intentaba era recabar la posibilidad de que las Comunidades Autónomas pudieran festejar sus fiestas tradicionales, lo que, en criterio de este Consejo, se respeta con pulcritud mediante la reserva de dos fiestas a tal fin...; siendo además de destacar que las fiestas de carácter general que se reconocen en el proyecto están arraigadas en la sensibilidad comunitaria de todos los españoles

.

Para no extendernos excesivamente, no vamos a exponer aquí el contenido de las alegaciones formuladas por los gobiernos catalán y vasco en los conflictos competenciales planteados contra el repetidamente mencionado Real decreto 2819/1981. Un amplio resumen de las mismas se puede encontrar en los antecedentes recogidos en la Sentencia del Alto Tribunal 7/1985, cuya fundamentación jurídica pasamos a considerar.

La decisión del Tribunal Constitucional que puso fin a la controversia competencial, suscitada por la aprobación de los reales decretos que desarrollaban el art. 37.2 del ET, declaró que dichas normas «no invaden las competencias que en materia laboral atribuyen a las Comunidades Autónomas catalana y vasca sus respectivos Estatutos» .

Pero, más allá de esta clara afirmación, resulta del mayor interés conocer la fundamentación jurídica a través de la que se llega a ella en la Sentencia 7/1985, de 25 de enero.²⁴ La expondremos de forma resumida ceñiéndonos a los extremos que aquí más interesan.

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En primer lugar, el Tribunal menciona el acuerdo de las partes en que, a efectos competenciales, los reales decretos 2819/1981, 2820/1981 y 3217/1981 deben encuadrarse en la materia laboral. Y, después de citar los preceptos constitucionales y estatutarios aplicables al respecto, añade:

Se parte, pues, de que a las Comunidades vasca y catalana les corresponde la competencia de ejecución de la legislación estatal en relación con la fijación del calendario laboral en el ámbito territorial respectivo. Las discrepancias surgen en el momento de concretar qué normas integran la legislación laboral en esta materia

.

En cuanto al alcance de la expresión «legislación laboral» contenida en el art. 149.1.7 de la Constitución, recuerda que, según su jurisprudencia anterior,²⁵ dicha expresión incluye tanto las leyes como los reglamentos que desarrollan la ley. Esta interpretación viene respaldada por la forma en que se asumen las competencias autonómicas en materia laboral. El Estatuto catalán prevé en su art. 25 que la competencia de ejecución de las materias incluidas en el art. 11 debe sujetarse a las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado.

La doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia 7/1985, de 25 de enero, sobre interpretación y aplicación del art. 37.2 del ET resulta actualmente de plena validez, pues este precepto sigue vigente y en nada ha cambiado el marco competencial en materia de fiestas laborales. No se puede decir lo mismo de las disposiciones reglamentarias que lo desarrollaban. De hecho, cuando en 1985 se dictó la citada Sentencia, el Real decreto de 1981, que es la norma principal a que se refiere, ya había sido derogado y sustituido por el Real decreto 2001/1983, de 28 de julio,²⁶ sobre regulación de jornadas, horas extraordinarias y descansos.

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El art. 45 de la citada disposición de 1983 reproducía la regulación reglamentaria sobre fiestas establecida por la norma de 1981, excepto en un punco: en la relación de fiestas del grupo d) se reemplaza la del 29 de junio, San Pedro y San Pablo, por la del Jueves Santo. Recordemos que este grupo d) estaba constituido por las fiestas que las comunidades autónomas podían sustituir -hasta tres- por otras que por tradición les fuesen propias.

Aunque en la exposición de motivos de la nueva disposición nada se dice sobre la necesidad de regular de nuevo el tema de las fiestas ni se contiene explicación alguna del citado cambio, parece ser que la razón del mismo responde a una proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 1 de abril de 1982, en el sentido de que se mantuviera todos los años como festivo el Jueves Santo en toda España.

Al respecto, cabe señalar que en la reglamentación sobre fiestas laborales de 1981 el Jueves Santo no aparecía en ninguno de los grupos -b) y d)- de fiestas establecidas de acuerdo con la Conferencia Episcopal española. Asimismo, cabe recordar que en el régimen jurídico anterior el Jueves Santo era considerado festivo sólo a partir de las dos de la tarde, «dada la especial tradición y devoción del pueblo español». Por ello, no puede dejar de extrañarnos que se decidiera reinstaurar la celebración de esta fiesta una vez que las autoridades eclesiásticas habían convenido su supresión.²⁷

Como ya indicamos, la regulación sobre las fiestas ha sufrido numerosos cambios, por lo que debemos referirnos todavía a otras normas que configuran la actual situación.

En primer lugar, cabe citar que el marco legal actual referente a la jornada laboral -en el que ha de encuadrarse y entenderse el tema de las fiestas- no es el fijado en elPage 117Estatuto de los trabajadores, sino el que determinó la Ley 4/1983, de 29 de junio,³² que modificó la redacción del art. 34.2 del ET estableciendo:

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo.

Tal reducción del tiempo de trabajo establecida con carácter general comportó una reordenación global de la jornada de trabajo existente en las empresas, de manera que, aunque no se modificó la norma que establecía la obligatoriedad de un mínimo de 36 horas ininterrumpidas de descanso semanal, en la práctica ese tiempo resulta siempre superior. Así, es común que en los convenios colectivos se establezca el cómputo anual de la jornada laboral y su distribución durante cinco días laborables a la semana, de manera que -además del domingo- cada semana suele haber otro día -en general, el sábado- que, sin ser festivo, resulta inhábil laboralmente.

En cuanto a la reglamentación específica sobre fiestas laborales, el Real decreto 1346/1989, de 3 de noviembre,³³ ha establecido una nueva ordenación, que sustituye a la de 1985, al modificar nuevamente el art. 45 del RD 2001/1983, de 28 de julio, sobre jornada de trabajo y descansos.

La novedad de la regulación de 1989 es que pretende dar al tema de las fiestas la estabilidad de la que había carecido, introduciendo medidas de racionalización del sistema. A tal efecto, el Gobierno estatal determina un calendario laboral muy semejante al anterior, en el que las fiestas siguen distribuidas en los mismos cuatro grupos, a saber:

1. De carácter cívico:

   12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

   6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

2. De acuerdo con el Estatuto de los trabajadores:

   1 de enero, Año Nuevo.

   1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

   25 de diciembre, Natividad del Señor,

3. En cumplimiento del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979:

   15 de agosto, Asunción de la Virgen.

   1 de noviembre, Todos los Santos.

   8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

   Viernes Santo.

4. En cumplimiento del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979:

   Jueves Santo.

   6 de enero, Epifanía del Señor (Reyes).

   19 de marzo, San José, o 25 de julio, Santiago.

   Puede observarse que las variaciones en la lista afectan a las fiestas del grupo d) -el compuesto por las fiestas sustituibles por las comunidades autónomas- y consis-Page 118ten en que desaparece la fiesta del Corpus Christi y en que se establece una opción entre la de San José y la de Santiago Apóstol, a decidir por las comunidades autónomas.

   La principal novedad del sistema reside en lo que dispone el punto 2 del nuevo artículo 45, a saber:

   Cuando alguna de las fiestas comprendidas en el número anterior coincida con domingo, el descanso laboral correspondiente a la misma se disfrutará el lunes inmediatamente posterior.

   Y, coherentemente, se permite a las comunidades autónomas que, además de sustituir las tres fiestas del grupo d) por aquéllas que por tradición les sean propias, puedan hacer lo mismo con el descanso del lunes que corresponda a las fiestas de ámbito nacional que coincidan en domingo, de manera que, en su lugar, incorporen otras fiestas que les sean tradicionales.

   Es preciso indicar que el nuevo sistema de regular las fiestas ha comportado para el Estado la innecesariedad de seguir dictando anualmente calendarios de fiestas laborales con valor supletorio, pues al fijarse en la norma de 1989 sólo 12 fiestas de ámbito nacional, son ésas las que han de celebrarse en el caso de que alguna comunidad autónoma no dicte el calendario referido a su ámbito territorial. Y si alguna de las fiestas coincide en domingo, el descanso laboral se traslada al lunes siguiente.

   Por consiguiente, desde 1990 el Gobierno del Estado no dicta anualmente los calendarios laborales como antes. En su lugar, lo que hace es ordenar la publicación en el BOE del conjunto de días festivos que le son remitidos por las Comunidades Autónomas para facilitar el conocimiento en todo el territorio estatal de las jornadas que son fiesta laboral en alguna parte del mismo.³⁴ Con ello, igualmente, se facilita el cumplimiento de lo previsto en el art. 2.1 del Reglamento 1182/1971, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 3 de junio de 197l, ³⁵ por el que se determinan las normas aplicables a plazos, fechas y términos. Cabe observar que según dispone el art. 2.2 de esta normativa europea: «Por día hábiles se entenderá, para la aplicación del presenre Reglamento, todos los días menos los días festivos, los domingos y los sábados».

   Así pues, con la nueva ordenación se ha conseguido dar estabilidad a las fiestas que figuran como permanentes y de obligada inclusión en todo el ámbito estatal. Pero no puede decirse lo mismo respecto de las fiestas catalanas tradicionales. Como decíamos al inicio, la posibilidad de la celebración de todas ellas resulta algo inestable, ya que depende en gran manera del número de fiestas de ámbito estatal que coincidan en domingo. Y ello varía anualmente.

   En la práctica, ha ocurrido que algunos años ha podido quedar circunstancialmen-te compensada la restricción de la capacidad autonómica para incluir sus fiestas propias en el calendario laboral, pero como no siempre un número suficiente de fiestas estatales coincide en domingo, el resultado ha sido que alguna de las fiestas tradicionales catalanas puede celebrarse unos años sí y otros no.

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   En un intento de paliar esta situación, la Generalidad de Cataluña ha optado algunas ocasiones por dejar fuera del calendario de fiestas laborales aquella fiesta tradicional que coincidía en sábado, puesto que al ser éste un día en gran parte inhábil en los órdenes laboral, académico, mercantil y administrativo, la repercusión social de que no fuera festivo habría de ser menor. Así, por ejemplo, el Decreto 190/1988, de 1 de agosto,³⁶ suprimió del calendario de fiestas laborales establecido por el Decreto 17/1982, sólo para el año 1989, la fiesta del 24 de junio, San Juan, que ese año caía en sábado, para que pudiera celebrarse el Lunes de Pascua de Resurrección. Semejantemente, en el Decreto 183/1989, de 1 de agosto, ³⁷ se suprimió, sólo para el año 1990, la fiesta del día 6 de enero, Reyes, que también ese año coincidió en sábado. Al mismo tiempo, se recomendaba el traslado a otros días de las eventuales horas que correspondiera trabajar en la fiesta tradicional.

   Este cipo de medida, al margen de precisar una mayor cobertura legal, puede servir para dar solución puntual al problema que se plantea algunos años, aunque volver al régimen jurídico de las fiestas recuperables sólo nos parece aceptable con carácter muy excepcional. Consideramos deseable, pues, buscar un tipo de respuesta más estable y definitiva. A tal efecto y para partir de una base mejor fundamentada, resulta conveniente analizar la tipología de las fiestas, a quién corresponde establecerlas y su sentido en la sociedad actual.

Lo más notorio de la declaración de una jornada como festiva es el efecto jurídico consistente en que ese día es declarado día inhábil a todos los efectos. Y entre éstos la principal repercusión se produce en el terreno de las relaciones laborales, de manera que se asimila al domingo o a los días de descanso laboral obligatorio. Tanto es así que, en el común entender, una fiesta es un día que resulta inhábil laboralmente.

Partiendo del análisis de los calendarios anuales de fiestas laborales de nuestro país, o de cualquiera de los países de nuestro entorno, puede observarse que en todos ellos existe alguna fiesta calificada como fiesta nacional, mientras que las restantes jornadas figuran simplemente como festivas en el orden socio-laboral. En base a este dato y siempre dentro de las fiestas con efectos laborales, cabe distinguir entre las fiestas nacionales, que responden a un interés público, y el resto de fiestas, que responden a un interés general pero de tipo privado.

En cuanto a la denominación de fiesta nacional es preciso aclarar que es un término que resulta un tanto confuso -e incluso confundido en ocasiones a través de los propios textos legales-, porque el hecho de que una fiesta se celebre en todo el ámbito territorial de una nación, o de un estado, no la convierte en la fiesta nacional.

La nota peculiar de las fiestas nacionales está en el carácter eminentemente publicístico de su institución y de su celebración, dirigidas sólo de manera indirecta al interés de los ciudadanos y, en cambio, directamente al del Estado en cuanto organizador de la res publica. Por el contrario, los restantes días de fiesta consienten celebra-Page 120dones privadas, religiosas o laicas, a las que los poderes públicos son más bien ajenos en su desarrollo.

Manifestación, asimismo, del carácter propio de las festividades públicas cuando son declaradas de ámbito estatal, es su imposición a comunidades autónomas y municipios, de manera que comportan una celebración pública a todos los niveles de organización del Estado, a cuyo efecto deben aplicarse en esos días las normas propias del ceremonial, según lo dispuesto por el Real decreto de 25 de enero de 1908, sobre normas para conmemorar días de fiesta nacional,³⁸ que es la regulación aún vigente al respecto.

Por lo que hace al resto de las fiestas laborales, que son de alcance general pero de interés privado, o también de carácter jurídico privado, producen sus principales efectos jurídicos en la esfera de las relaciones entre particulares, especialmente de las relaciones de trabajo.

Sin entrar aquí en la vieja polémica de si el derecho laboral es derecho privado, público o bien constituye un «tertium genus», consideramos que se trata de fiestas de interés privado en tanto que su disfrute es privatizado, es decir, dejado a la voluntad de los particulares, de manera que la intervención de los poderes públicos, o mejor de las Administraciones Públicas, se limita a fijar la cronología de dichas fiestas para que produzcan los efectos previstos por el ordenamiento en la esfera de las relaciones entre particulares. Representan la mayoría de los días festivos.

Por lo demás, su origen puede obedecer a razones de carácter religioso o bien a la conservación laicizada de dichas fechas tradicionalmente festivas, o bien a causas meramente civiles, e incluso a la mezcla de todos estos factores. Ahora bien, no puede ignorarse que la repetición de la celebración de unas determinadas fiestas a lo largo del tiempo las ha convertido en parte integrante de la tradición cultural de cada grupo social, de manera que, si bien desde la perspectiva del descanso laboral podría ser hasta cierto punto indiferente cuáles son Jos días festivos concretos, no resulta lo mismo desde la óptica cultural, que ve en el seguimiento de las propias tradiciones un valor a respetar y proteger.

En resumen, los días de fiestas tradicionales tienden a satisfacer intereses privados de colectivos sociales que son dignos de protección, en tanto que los días de fiesta nacional -que comportan efectos semejantes en el orden laboral- se instituyen para la satisfacción de intereses públicos. Esta distinción no obsta para que, a mayor acercamiento o reconocimiento entre Estado y sociedad, se corresponda un mayor acortamiento de la distancia entre el interés público y el interés privado de las fiestas, tal y como, a nivel sociológico e histórico, lo demuestran algunas fiestas nacionales de reconocido arraigo popular.

Sin embargo, en el plano jurídico la distinción entre ambas categorías de fiestas es importante. La diferencia tiene su origen en la causa de la institución y se refleja en sus efectos, lo que a su vez se proyecta en cuestiones como la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas y el reparto de potestades públicas sobre cada categoría de fiestas.

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No resulta fácil precisar a qué poder público corresponde la potestad de establecer las fiestas. Podemos preguntarnos si se trata de una potestad jurídica que, por tanto, corresponde ejercer a los representantes de los ciudadanos, o si estamos ante una potestad gubernativa discrecional, e, incluso, si puede considerarse como una potestad administrativa stricto sensu. Las consecuencias de adoptar una u otra respuesta son importantes, ya que en el primer caso las fiestas deberían determinarse por medio de ley formal dictada por los representantes del pueblo, mientras que en los otros podrían ser declaradas por vía reglamentaria o mediante disposición establecida por las autoridades administrativas.

A nuestro juicio, procede distinguir entre las Fiestas Nacionales y el resto de fiestas laborales. Por lo que a las primeras respecta, nos parece más correcto incluirlas en la potestad jurídica original del poder legislativo, en razón de su propia naturaleza y por el propio carácter de los hechos celebrados, destinadas a exaltar y dar mayor relevancia a acontecimientos históricos y valores de orden fundamentalmente político, como pueden ser el sentimiento nacional, la forma política del Estado o el núcleo aglutinador de la comunidad política. No estamos ante una manifestación de poderes jurídicos derivados directamente del ordenamiento jurídico, sino ante una manifestación de la propia configuración del Estado y su poder jurídico.

Las fiestas nacionales nos sitúan más ante una manifestación de legitimidad del Estado que de legalidad, pese a que la primera se explicite a través de la segunda, del mismo modo que ésta se fundamenta en aquélla. De ahí que, a nuestro entender, el acto institutivo de estas fiestas haya de ser un acto del poder legislativo.

Algo semejante se podría predicar de las otras fiestas laborales, pues sólo la ley puede constituir o modificar relaciones jurídicas cuando no esté previsto de otro modo por el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, en principio, sólo la ley habría de decidir la festividad de determinados días a todos los efectos, ya que ello comporta la alteración del régimen jurídico normal de una cantidad indefinida de relaciones civiles, procesales, laborales, administrativas, etc. y afecta a una generalidad de sujetos públicos y privados, a quienes se atribuyen derechos e imponen deberes. Ahora bien, en este caso, al no darse con la misma fuerza que en el caso anterior la necesidad de que sea festivo un día determinado -pues desde la perspectiva estrictamente laboral resulta en buena parte indiferente cuáles sean los días festivos concretos-, cabe que el legislador se limite a señalar los aspectos que configuran el núcleo esencial del régimen jurídico de las fiestas y encargue al poder ejecutivo su desarrollo reglamentario y aplicación a través de los calendarios anuales de fiestas en los que se concreten cuáles son los días elegidos.

Porque en la determinación de los días concretos cabe tener en consideración varios factores además de los estrictamente laborales, entre los que podemos señalar la incidencia sobre la ordenación general de la actividad económica y el respeto por las tradiciones culturales festivas de cada lugar. De hecho, el art. 37.2 del ET, al que antes nos referimos ampliamente, es una buena muestra en ambos sentidos. En su párrafo segundo, recordemos, permite que el Gobierno traslade a lunes la celebración de algunas fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, lo que debe entenderse en el sentido de minimizar las consecuencias negativas que para el buen funcionamiento del sistema productivo en general tienen los usualmente llamadosPage 122«puentes». Y, en el párrafo tercero, recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas señalen y celebren las fiestas que por tradición les sean propias, lo que muestra, como también vimos, el respeto del legislador hacia las diferencias culturales de los pueblos de España.

No ha de extrañar pues, que el legislador asigne al poder ejecutivo, estatal o autonómico, la tarea de decidir las fiestas tradicionales a incluir en el calendario laboral. En este supuesto, resulta verosímil entender que estamos ante una manifestación de poderes jurídicos derivados del ordenamiento jurídico que, en todo caso, deberán ejercerse dentro del marco legalmente fijado.

Y como en las diversas zonas del territorio estatal no coinciden del todo las fechas que han sido tradicionalmente festivas, parece adecuado a la actual organización del Estado conceder a los ejecutivos de las Comunidades Autónomas un suficiente margen de autonomía para decidir en esta cuestión, de manera que al editar su calendario de fiestas laborales siguiendo la normativa estatal, puedan recoger la tradición festiva singular de cada lugar y así se respete la riqueza de la pluralidad cultural española.

A pesar de no existir en nuestro ordenamiento jurídico una sistematización legal respecto a qué poder compete establecer los distintos tipos de fiestas, podemos afirmar que el planteamiento que acabamos de exponer encuentra explícito apoyo en la reciente práctica jurídica positiva.

Por lo que atañe a las fiestas nacionales -grupo en el que incluimos tanto la Fiesta Nacional de España, como las fiestas nacionales o regionales de las Comunidades Autónomas-, recordaremos que en Ja Ley 8/1980, del ET, a pesar de haber sido dictada en la etapa constitucional, no existe referencia alguna ni a la Fiesta Nacional de España ni a las posibles Fiestas Nacionales o Regionales, propias de las Comunidades Autónomas, pese a que en su art. 37.2 se hace expresa referencia a tres fiestas —Año Nuevo, la Fiesta del Trabajo y Navidad — como fiestas de ámbito nacional a respetar en cualquier caso. Fue en el posterior Real decreto de 27 de noviembre de 1981 donde el Gobierno estatal estableció el 12 de octubre como «Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad», con ámbito estatal y no sustituible por las comunidades autónomas.

Pasaron unos años hasta que las Cortes Españolas en 1987 decidieron que era a ellas, en la representación del pueblo que ostentan, a quienes correspondía establecer la Fiesta Nacional de España y, a tal efecto, dictaron la Ley de 18/1987, de 7 de octubre, que en su artículo único dispone: «Se declara Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 12 de octubre.»

Con anterioridad varias comunidades autónomas habían llegado a semejante conclusión. Cataluña fue pionera. En efecto, poco después de entrar en vigor el Estatuto de Autonomía, el Gobierno catalán dictó el Decreto de 17 de marzo de 1980, por el que se fijaba el calendario de fiestas laborales para el año 1980 en Cataluña y además se preveía: «La Fiesta Nacional de Cataluña será determinada por et Parlamento catalán después de constituirse».

Es decir, para el ejecutivo catalán era evidente que la institución de la Fiesta Nacional de Cataluña no correspondía a sus potestades, sino a tas de la Asamblea Legislativa catalana que a punto estaba de constituirse. En consecuencia, fue la Ley 1/1980, de 12 de junio,³⁹ primera que aprobó el recobrado Parlamento catalán, la que instituyó como fiesta nacional de Cataluña «la diada de l'onze de setembre»,

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Y semejantemente ocurrió poco después en varias comunidades autónomas. Así, en la Comunidad de Aragón la Ley 1/1984, de 16 de abril,⁴⁰ declaró Día de Aragón el 23 de abril de cada año, tradicional conmemoración de San Jorge, precisando además que «a todos los efectos, incluso laborales, la indicada fecha se considera festiva en todo el territorio de Aragón».

También, en el Principado de Asturias la Ley 5/1984, de 25 junio,⁴¹ declaró la fecha del 8 de septiembre «Día de Asturias», como «fiesta que tendrá, a todos los efectos, carácter de fiesta regional».

Especialmente ilustrativo resulta el caso de La Rioja. La institución del día 9 de junio de cada año como «Día de la Rioja», declarado como día festivo en dicha Comunidad a todos los efectos, se efectuó precisamente en el art. 11 de la Ley 4/1985, de 31 de mayo ⁴² «reguladora de los signos de identidad riojana», título con el que se destaca el carácter institucional que tienen las fiestas nacionales, o regionales, como elementos significativos de la identidad de los pueblos, al igual que ocurre con otros signos como son la bandera, el escudo y el himno.⁴³

Y, finalmente, resulta adecuado tratar del caso de la Comunidad de Madrid, cuya Ley 8/1984, de 25 de abril,⁴⁴ declaró «Fiesta de la Comunidad de Madrid» la jornada del 2 de mayo. Lo que más interesa aquí destacar -en cuanto que guarda relación con lo que explicamos sobre la posible intervención de los poderes ejecutivos para concretar los días de fiesta laboral- , es la habilitación que la Asamblea de Madrid confiere al Gobierno de la Comunidad sobre esta materia. Dice el art. 2 de la citada Ley:

Se autoriza al Consejo de Gobierno a que, de acuerdo con la legislación del Estado, fije por Decreto la sustitución de una fiesta de ámbito nacional por la señalada en la presente Ley.

He aquí, pues, un ejemplo claro del posible reparto de funciones entre el poder legislativo y el ejecutivo en materia de fiestas laborales. El legislador instituye una fiesta de interés público, «la Fiesta de la Comunidad», en el ámbito territorial de su competencia y encarga al ejecutivo que, en orden a su celebración a efectos laborales, decida cuál de las otras fiestas laborales debe ser sustituida, de manera que no se exceda el máximo de fiestas laborales legalmente permitido.

Pasamos ahora a considerar el tema de las fiestas desde la perspectiva de la distribución competencial, en las distintas materias, entre los órganos del Estado y los de las comunidades autónomas, fruto del Estado de las autonomías fundamentado en la Constitución de 1978.

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También aquí opinamos que resulta preciso distinguir entre las fiestas nacionales, que responden a un interés público, y el resto de fiestas, que responden a un origen tradicional y tienen efectos simplemente laborales.

Por lo que a las fiestas nacionales se refiere, parece lógico que la competencia para establecerlas corresponda a los legislativos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, referida en cada caso a su respectivo ámbito territorial. Dada la naturaleza y sentido que, según ya quedó expuesto, tienen las fiestas nacionales y regionales como celebración colectiva de eventos que configuran la identidad de los pueblos o de rasgos de su propia organización política, la determinación de tales fiestas puede considerarse incluida dentro de las facultades de organización de las propias instituciones que corresponde a cada ente político, dotado de poder territorial, para su autogobierno.

Si un pueblo se reconoce a sí mismo a través de sus instituciones y las fiestas nacionales tienen un evidente carácter institucional, resulta coherente que sean los representantes de cada comunidad política quienes fijen las festividades que consideren más significativas con vistas a su solemnización pública y a todos los efectos. De ahí que corresponda al Estado determinar las fiestas de interés público de ámbito estatal, mientras que a las Comunidades Autónomas les compete establecer las fiestas de interés público de ámbito autonómico. Y, semejantemente, serán los representantes locales quienes deberán decidir las fiestas de ámbito local.

En el caso de Cataluña la competencia autonómica se podría amparar en el art. 9.1 de su Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Generalidad competencia exclusiva para la organización de sus instituciones de autogobierno, en el marco del propio Estatuto. Es de señalar que, de hecho, la determinación por parte de las comunidades autónomas del respectivo Día de la Comunidad, Día de la Región o Diada Nacional como festividad de carácter público y a todos los efectos no ha sido nunca motivo de controversia competencial con el Estado y que actualmente casi todas las comunidades autónomas han establecido de alguna manera la jornada de la fiesta propia de la Comunidad.

Otro punto a considerar es el referente al título competencial en base al cual las comunidades autónomas pueden atribuir efectos laborales a estas fiestas, ya que no se trata de las fiestas tradicionales propias previstas en el art. 37.2 del ET. Aunque ésta sea una cuestión pacífica, de manera que el silencio del ET al respecto no ha hecho surgir dudas sobre la corrección de la actuación autonómica, es cierto que la seguridad jurídica hubiera resultado beneficiada con la inclusión de alguna referencia expresa en dicho texto legal.

En cuanto a los efectos en el orden laboral del resto de fiestas, aquellas cuyo establecimiento responde a usos y motivos tradicionales, el alcance e interpretación del sistema de reparto competencial en materia laboral previsto en el bloque de la constitucionalidad ya quedó expuesto al tratar de la Sentencia del Tribunal Constitucional 7/1985.

Según recogimos de dicha Sentencia, las comunidades autónomas sólo pueden incluir en el calendario laboral respectivo el número de fiestas propias que permita la normativa estatal. Es también la normativa estatal la que determina el régimen jurídico de las fiestas laborales. Y, en caso de resultar necesaria alguna medida para paliar los efectos negativos de una hipotética excesiva diversidad de fiestas laborales autonómicas en las relaciones económicas intracomunitarias, el Estado podrá dictarla enPage 125base al art. 149.1.13 de la Constitución, que le atribuye la competencia sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. Aunque preciso es constatar que tal eventualidad resulta altamente improbable, dado el reducido número de fiestas propias tradicionales que la normativa estatal permite señalar a las comunidades autónomas.

Por consiguiente, para que Cataluña puede recuperar la posibilidad de celebrar en el orden laboral sus fiestas tradicionales resulta necesario que el Estado, a quien corresponde establecer la normativa legal y reglamentaria en materia laboral, modifique la actual regulación sobre fiestas laborales, lo que podría hacer en el sentido de las propuestas que se indican en el siguiente apartado.

Antes de finalizar señalando unos posibles cambios a introducir en la normativa reglamentaria, permítasenos una breve referencia al actual contexto socio-económico en el que cualquier regulación de las fiestas debe enmarcarse, lo que servirá para su mejor justificación.

En términos generales puede decirse que los días feriados responden a la necesidad de satisfacer intereses generales comunes a la mayoría de los ciudadanos, ya se trate de asegurar la festividad de días conmemorativos de eventos civiles de importancia cualificada por su resonancia político-social en el pasado histórico o en el presente, o de destacar la solemnidad de días concernientes a celebraciones religiosas cradicional-mente celebradas con el paralelo descanso laboral, o, simplemente, de seguir los usos y costumbres que distribuyen a lo largo del año unos días inhábiles a todos los efectos, que vienen a completar el habitual descanso semanal.

Ahora bien, el cambio en la organización de la vida social experimentado en los últimos años nos lleva a constatar que actualmente los días de fiesta no cumplen, en conjunto, la misma función social que en el pasado. Ello ha sido propiciado, por una parte, por la progresiva reducción de la jornada laboral y, por otra, por el mayor y más claro deslinde de las categorías religiosas respecto de las civiles que caracteriza a la sociedad occidental actual.

En cuanto al primer factor, cabe recordar que en España la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo está actualmente fijada en 40 horas semanales, las cuales es común que se computen anualmente y se distribuyan en cinco días laborables a la semana, de manera que -además del domingo- otro día de la semana -en general, el sábado- sin ser festivo, resulta inhábil laboralmente. Por tanto, en el presente los días feriados no se justifican igual que antes por la necesidad de proporcionar un plus de descanso laboral. Además, en ocasiones las fiestas intrasemanales comportan una cierta distorsión en el desarrollo habitual de los procesos productivos, especialmente cuando alternan un día laborable y otro festivo -los denominados puentes- de manera que el intento de su reducción y de su traslado a los lunes ha sido una tónica general, siguiendo en este punto a los países de nuestro entorno.

El otro factor que, sin duda, ha influido en la valoración social de aquellas fiestas que conmemoran hechos y dogmas religiosos, es el carácter aconfesional del Estado proclamado en el art. 16.3 de la Constitución de 1978. Por lo que aquí interesa, es dePage 126señalar que, en la línea de cooperación entre los poderes públicos y la Iglesia Católica prevista en el mismo precepto constitucional, el 3 de enero de 1979 se suscribió un Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, en cuyo art. III se afirma:

El Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos.

Nótese que en dicho texto nada se establece en concreto sobre las fiestas, aunque, precisamente por ello, el cambio habido en relación con el régimen concordatario adoptado en 1953 es evidente. Por lo demás, hasta la fecha no se ha firmado ningún acuerdo al respecto entre el Estado y la Santa Sede. No obstante, el Gobierno estatal ha consultado con la Conferencia Episcopal española antes de dictar la normativa reglamentaria sobre días de fiesta laboral -aunque la Conferencia Episcopal no ostenta la representación de la Santa Sede- y en la relación de fiestas de ámbito nacional, aprobada por el Estado, figuran dos grupos de fiestas bajo el epígrafe: «En cumplimiento del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979», si bien, como acabamos de ver, el contenido de dicho precepto resulta sumamente inconcreto.

Pero, frente al decreciente relieve que tienen los días de fiesta en cuanto al descanso laboral acompañado de la incidencia del proceso secularizador sobre las fiestas originariamente ligadas a contenidos religiosos, es de destacar el auge de las fiestas tradicionales, lo que hace patente que -al margen de las necesidades de descanso y de expresión religiosa-, las fiestas cumplen la función de aglutinar a cada grupo social en torno a unas celebraciones que constituyen elementos de su tradición cultural y que, a través del tiempo, van configurando su propia identidad.

Por todo ello, a nuestro entender, hoy en día resulta insuficiente plantear el tema de las fiestas sólo desde su perspectiva laboral, ya que a su vez incluye y manifiesta un contenido específico de índole cultural muy importante. Sin duda, el significado institucional y cultural de las fiestas tradicionales -a través de las cuales un pueblo se reconoce a sí mismo- las hace merecedoras de un especial respeto y protección, que habrá de compatibilizarse con la necesidad de coordinar los ritmos de la producción de bienes y del oportuno descanso de los trabajadores según las exigencias de la sociedad actual.

A partir de estas premisas, pasamos a presentar unas propuestas de modificación de la actual normativa sobre fiestas, que deben interpretarse como sugerencias que lleven a su revisión, al objeto de responder mejor al necesario respeto por las fiestas tradicionales y en la misma línea del proceso de convergencia con Europa por el que avanzamos. Cabe señalar que hemos optado por integrar las propuestas en el marco constitucional vigente, ajustándonos a la interpretación que del mismo hizo el Tribunal Constitucional en la Sentencia 7/1985. Igualmente, respetamos las decisiones de las asambleas legislativas, estatal y autonómicas, al instituir las fiestas nacionales y regionales existentes.