Familia, profesión y estado social: la villa de Palma del Río (Córdoba), a mediados del setecientos

AutorMaría Soledad Gómez Navarro
CargoUniversidad de Córdoba
Páginas555-584

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Como se indica en el resumen, este texto explora, examina y analiza para la localidad cordobesa de Palma del Río los Libros de Familias de Seglares, uno de los dos tipos de libros junto a los Libros de Haciendas de Seglares que salieron de las respuestas particulares del catastro del marqués de la Ensenada para cada uno de los dos colectivos en que aquéllas se dividieron, esto es, laicos y eclesiásticos. Esta documentación participa y se inserta en un contexto general de conocimiento progresivo del Estado ilustrado de la situación de sus súbditos en concreto castellanos, como luego se explicitará, y del particular por el estudio del reino de Córdoba desde aquella fuente que actualmente acometemos. Por otro lado, la indudable acomodación de aquella magna encuesta del reinado de Fernando VI a costumbres y usos locales se manifestó en Córdoba en los ya citados Libros de Familias de Seglares y de Familias de Eclesiásticos, y Libros de Haciendas de Seglares y de Haciendas de Eclesiásticos, y aun en la existencia de pequeñas diferencias en un mismo conjunto de libros, responsables, por ejemplo, de que en Palma del Río hallemos los libros de familias de seglares por calles, como si fuera un padrón domiciliario, no sucediendo así .que sepamos- en Lucena o Montilla, verbigracia, que también he trabajado. Hay, pues, mucho de concepción y visión de Estado en esta fuente, como ya se ha indicado, y también mucho de concepto y composición de familia -de cabezas de familia u hogares, mejor dicho-, de Estado aliado con el sistema social imperante basado en la nuclearidad de la familia -del patriarcado por tanto-, por lo que es fácil suponer qué vamos a encontrar en esta rica huella documental, en la que, para empezar, se debe distinguir entre cabezas de familia y población propiamente dicha.

I La huella analizada

Como es sabido, el Estado, pese a las concepciones cambiantes en las diferentes etapas de nuestra historia, tiene la capacidad de ejercer el poder mediante diferentes agentes, tomando e imponiendo sus decisiones en el ámbito peninsular, siendo, por tanto, la documentación producida por aquél fiel reflejo de su estructura organizativa a través de dichas etapas1. En este sentido -y a

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nuestros efectos-, todo comenzó con el reinado de los Reyes Católicos, fin de un periodo iniciado con Alfonso X, y albor de uno nuevo que se extiende hasta finales del XVIII. Con la implantación del Estado moderno por aquéllos, la nueva estructura administrativa se refleja en los documentos: Desaparecen tipos documentales de amplia tradición medieval, se simplifican los tipos diplomáticos y la estructura de las fórmulas, y predominan las cláusulas jurídicas sobre las solemnes. La cancillería real desaparece como única institución encargada de la conscriptio del documento real, la Corona cede a personas e instituciones el derecho de expedir documentos a nombre del monarca, abundando así los documentos públicos emanados de autoridades delegadas. Se produce una explosión documental en todas las direcciones, se organizan y legislan los libros registros y se erigen e institucionalizan los archivos. Todas estas tendencias en los usos cancillerescos se expanden con los dos primeros Austrias. Las reformas borbónicas, con la creación de las Secretarías de Despacho, sólo intensificaron los fenómenos desarrollados dos siglos antes.

En efecto, el cambio dinástico del Setecientos trajo consigo nuevos planteamientos ideológicos que originaron una profunda reforma de la estructura del Estado. Los Borbones cambiaron el sistema de Consejos de los Austrias por el de las Secretarías de Despacho, génesis en gran medida del esquema administrativo de la España posterior. Encabezadas por un Secretario como jefe de las diferentes ramas de la Administración, las Secretarías de Despacho se convirtieron, gracias a la reforma de Felipe V en 1714, en verdaderos ministerios, que quedaron definitivamente organizados entre 1754 y 1855, en los siguientes: Estado y asuntos extranjeros, Gracia y Justicia, Marina e Indias, Hacienda y Guerra.

Como ya se ha dicho, por razones obvias parte muy importante de esa remodelación borbónica será la hacendística, donde va a tener cabida, precisamente, la encuesta general en que se inserta y a que pertenece la fuente que aquí examino.

La organización de la Hacienda del Estado ha sufrido numerosos cambios según han variado los fines de éste a lo largo de los siglos, cambios que han incidido obviamente en la tramitación de la documentación generada por las instituciones hacendísticas y han quedado reflejadas en los archivos donde se conserva -de ahí, por tanto, que el Archivo del Ministerio de Hacienda transfiriera al Histórico Nacional fondos documentales propios y también los que conservaba del Consejo de Hacienda, de la Superintendencia y de la Secretaría de Estado y del Despacho del ramo, si bien sigue conservando colecciones legislativas de esas instituciones, series de contribuciones y rentas, incluyendo el Catastro del marqués de la Ensenada, deuda pública, industria, comercio, etc.-. Desde la

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Edad Media, el Estado ha necesitado siempre organizar sus ingresos y gastos para transformar la realidad y proporcionar bienes y servicios en virtud de su potestad de mando. Ahora bien, dada la característica constitución tradicional de la Monarquía Hispánica, hasta el siglo XVIII no se consiguió un sistema unitario que acabase con la profusión de figuras fiscales y la dificultad recaudatoria por igual en todos los territorios.

Los Borbones aportan, pues, una nueva planificación hacendística y tributaria. A través de los archivos mencionados conocemos la existencia de un nuevo régimen fiscal que perseguía la igualdad de la presión tributaria con respecto a Castilla: "Real única contribución" en Aragón, "catastro" en Cataluña, "equivalente" en Valencia y "talla" en Mallorca. "Única Contribución" es lo que pretenderá llevar a la práctica Ensenada en Castilla. Lo relevante de todas esas iniciativas y medidas es que reyes y ministros ilustrados acometieron portentosas empresas informativas, que, en parte, sólo fueron un subproducto del impulso de la Administración central de la Monarquía, y, en parte, una necesidad ineludible, si se quería aumentar la recaudación fiscal. Paralelamente la combinación de los proyectos de reforma social y económica con la influencia intelectual de las obras de los aritméticos políticos estimuló una nueva presencia de lo cuantitativo en los estudios de los organismos oficiales, de los "amigos del país" y de las academias, resultando de todo ello cúmulo tal de novedades, que hacen de la segunda mitad del Setecientos periodo privilegiado en el contexto del Antiguo Régimen desde el punto de vista de la información cuantitativa disponible. Es más: Los proyectos y realizaciones de los ministros ilustrados -y más los primeros que las segundas- fueron la referencia constante de la construcción de un aparato estadístico de nuevo cuño a lo largo del Ochocientos. La renovación de la tradición de los vecindarios, elevados a la categoría de censos, la pretensión de conocer las producciones agrarias e industriales del país, así como la distribución espacial y social de la renta, y el intento de medir las transacciones exteriores de los reinos peninsulares, mediante la construcción de una balanza, han legado unas fuentes imprescindibles para la historia de los últimos cinco siglos2.

En ese contexto se acomete, pues, el catastro del marqués de la Ensenada. Ciertamente, y como ya avancé, parte, y muy importante por cierto, de esa reforma completa del régimen fiscal acometida por los Borbones fue el Catastro de Ensenada, proyecto muy similar al de los otros reinos peninsulares, si bien claramente fracasado. La vasta operación se inició en 1750 tras unos ensayos previos en Guadalajara, y se prolongará, por lo menos, hasta 1752,

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caso precisamente del lugar que nos ocupará. Los intendentes provinciales se desplazaron en persona a los pueblos, acompañados de un grupo de funcionarios, y reunieron una junta local de notables que debía darles respuesta a un amplio cuestionario sobre población, cultivos, comercio, industria, hacienda local..., bajo la denominación de "Interrogatorios generales".

Completada esta operación, se procedió al interrogatorio personal a todos los vecinos -incluidos los religiosos-, que produjeron sus "respuestas particulares", bajo la forma de memoriales escritos; aquéllas, tras los reconocimientos y comprobaciones de los peritos, fueron empleadas como base para los libros catastrales. En 1756 se concluyeron las indagaciones en las veintidós provincias castellanas, pero la caída de Ensenada impidió que se introdujera la Única Contribución proyectada.

El resultado de esta operación es el fondo más amplio sobre la sociedad y la economía de los reinos castellanos de la edad Moderna. Su primer nivel, el de las respuestas generales, detalla información, en cuarenta preguntas, sobre un sinnúmero de aspectos de la vida social y económica de los pueblos; su segundo nivel, el de las respuestas particulares, personaliza la información genérica3, y produjeron tres libros: El de familia, con datos de población -y el objeto aquí de nuestra atención-, el de relaciones de particulares, que contiene las manifestaciones hechas por los vecinos sobre su oficio y patrimonio, y el de Hacienda, que recopila la información anterior una vez comprobada, y en su caso corregida, por los agentes del Catastro. Estos libros se hicieron por duplicado para separar a los laicos y los eclesiásticos4. En todo caso, la cuestión siempre planteada ha sido la de su fiabilidad, menor en el primer nivel porque se elaboró a partir de las opiniones de gentes de formación...

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