Responsabilidad civil por falta de continuidad en el suministro eléctrico

Autor:Joaquín Ma. Nebreda Pérez
Cargo:Abogado y Doctor en Derecho. Director del Servicio Jurídico de Mercados y de Estudios de IBERDROLA S.A.
Páginas:49-64
 
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  1. INTRODUCCIÓN

    LÍMITES DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN

    La presente Comunicación se limita a analizar, en primer término, la falta de continuidad en el suministro, referida a cada uno de los clientes de un distribuidor, obviando las faltas de otros tipos de calidad y, en segundo lugar, los aspectos jurídico-privados que se derivan de dicha falta de continuidad, sin entrar en los aspectos relativos a la responsabilidad administrativa, derivada del incumplimiento de las exigencias reglamentarias que nos ocupan.

    Por lo que se refiere a los demás tipos de calidad (del producto, de atención al cliente y a la calidad zonal) así como a los aspectos jurídico-administrativos, derivados de la infracción de las exigencias reglamentarias, me remito a las opiniones vertidas en Distribución eléctrica. Concurrencia de disciplinas jurídicas1.

    ANTECEDENTES HISTÓRICOS

    Antes de entrar en la cuestión planteada, conviene establecer sus antecedentes históricos que se concretan en lo dispuesto por el Reglamento de Verificaciones que, con escasas modificaciones, ha regulado el suministro eléctrico a lo largo del siglo XX, desde 1904 hasta el año 2000.

    El referido Reglamento de Verificaciones2 mantuvo siempre el criterio de que el distribuidor estaba obligado a prestar el suministro eléctrico en todo momento, salvo en supuestos de fuerza mayor y siempre que no cupiera imputar a éste responsabilidad en el evento que lo originara.

    La realidad de las cosas es que esta desproporcionada exigencia de «infalibilidad», pues sólo se eximía de responsabilidad lo imprevisible y lo inevitable, gravitó sobre las empresas distribuidoras de electricidad que podían ser condenadas a indemnizar a sus clientes siempre que no probaran la fuerza mayor o el caso fortuito, en aplicación del principio de responsabilidad contractual, establecido en el artículo 1.101 del Código Civil, al considerarse incumplimiento contractual cualquier clase de interrupción, con lo que, al menos teóricamente, se trasladaban al distribuidor riesgos que debieran absorber otras actividades industriales.

  2. COMPROMISO CONTRACTUAL DE CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO

    PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA, LEGAL

    Con la entrada en vigor de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, cuyo objetivo básico era la plena liberalización del sector, al incorporar al ordenamiento interno la vigente, entonces, Directiva 96/92, las cosas cambiaron radicalmente.

    Efectivamente, el artículo 41.1.b) de la Ley 54/1997 establece como obligación del distribuidor, entre otras, la de «Realizar las actividades en la forma autorizada..., prestando el servicio de distribución de forma regular y contínua , y con los niveles de calidad que se determinen...».

    El artículo 45.1.g), de la misma Ley, concreta la obligación del distribuidor, reconociendo la existencia de una diferenciación zonal (urbana, semiurbana, etc.): «Asegurar el nivel de calidad del servicio que, de acuerdo con los criterios de diferenciación de áreas y tipología del consumo..., se establezcan reglamentariamente».

    El artículo 48.1, del mismo texto legal, concreta la exigencia de la calidad del suministro a la continuidad: «El suministro eléctrico deberá ser realizado por las empresas titulares de autorizaciones previstas en la presente Ley con las características y continuidad que reglamentariamente se determinen para el territorio nacional, teniendo en cuenta la diferenciación por zonas...».

    Es meridianamente claro que, con rango de ley, se establece que la calidad del suministro eléctrico, concretamente su continuidad, no es «infalible» o , lo que es lo mismo, se establece que, en un contrato normado, como es el de suministro eléctrico, el incumplimiento contractual surge al superarse unos determinados umbrales, reglamentariamente establecidos, a partir de los cuales, producido el incumplimiento, aparece la responsabilidad del distribuidor frente a su cliente y, en su caso, frente a la Administración.

    En las siguientes líneas veremos la plasmación reglamentaria de esta consagración legal, pero no sin antes desbrozar la que parece una contradicción respecto de los artículos precitados.

    Me refiero al artículo 50 de la repetida Ley 54/1997, que trata, en general, sobre la interrupción voluntaria del suministro en casos singulares, y que se inicia, en su apartado 1, con una afirmación que, ciertamente, puede parecer contradictoria: «El suministro de energía eléctrica sólo podrá suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico que lo dificulten, o por causa de fuerza mayor o situaciones de las que se pueda derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas o las cosas, salvo lo dispuesto en los apartados anteriores».

    A mi juicio, no existe tal contradicción y así trato de probarlos:

    1. Este artículo 50 está dedicado, como he adelantado, a las interrupciones voluntarias del suministro (contratos de interrumpibilidad, supuestos de fuerza mayor, riesgo para la seguridad, impago, etc.) del suministro, no a las producidas por fallos en la red, que son las que ahora nos interesan.

    2. Hace una referencia, absolutamente innecesaria y con alto riesgo de confusión, a los contratos con clientes interrumpibles. Efectivamente, dice: «... sólo podrán suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro...».

    3. Sin separación sintáctica alguna, tras la referencia a los contratos interrumpibles, añade, con manifiesta falta de sentido: «... que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico...».

    Si se refiriera a los contratos interrumpibles, es evidente que éstos se suscriben por razones económicas y para evitar mayores inversiones. Si se refiere a las interrupciones en general, éstas siempre tienen su causa en una razón de orden técnico y, si me apuran, de orden económico, porque implantando una red extremadamente mallada, sin atender a razones económicas, es seguro que podrían evitarse muchísimas interrupciones del suministro, pero, naturalmente, las tarifas tendrían que ser otras, mucho más elevadas.

    En definitiva, el artículo 50.1, que comentamos, en absoluto contradice el principio legal, establecido en los artículos reseñados, de que el cumplimiento contractual del suministro eléctrico no supone «infalibilidad», teniendo unos límites, que se establecerán reglamentariamente.

    PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA, REGLAMENTARIA

    Por su parte, el Real Decreto 1955/2000, que desarrolla la Ley 54/1997, en lo referente a los aspectos operativos del transporte y la distribución eléctrica, es contundente sobre la materia. Permítaseme la reproducción de algunos de sus pasajes:

    Exposición de Motivos, párrafo duodécimo: «En lo que se refiere a la calidad del suministro, al no ser posible el asegurar el 100 por 100 en la continuidad y calidad de la prestación de este servicio, se definen una serie de parámetros representativos de niveles de calidad...».

    Pero es el artículo 104.2, del referido R. D. 1955/2000, en el que, con rotundidad, se establece la obligación del distribuidor. Así reza dicha norma reglamentaria: «El distribuidor estará obligado, con relación a cada uno de sus consumidores, a que el tiempo y número de interrupciones imprevistas mayores de tres minutos de cada año natural, dependiendo de la zona donde esté situado el suministro, ..., no supere los siguientes valores».

    Al texto reproducido le siguen dos cuadros, referidos a AT y BT, con discriminación de zonas, en los que se reflejan los umbrales, de tiempo y número, que si se superan colocan al distribuidor en situación de incumplimiento contractual. Sobra decir que los cómputos de estos umbrales excluyen las incidencias cuya causa sea un supuesto de fuerza mayor, caso fortuito o acción de terceros (art. 105.8, R. D. 1955/2000).

    Para remachar lo hasta aquí dicho, el artículo 105.1, del mismo Reglamento, establece que «El distribuidor es responsable del cumplimiento de los niveles de calidad individual definidos en los artículos anteriores, en relación con cada uno de los consumidores conectados a sus redes», con lo que se ofrece el anverso del compromiso contractual, cual es la responsabilidad contractual.

    PERSPECTIVA CONTRACTUAL

    Es sabido que el distribuidor tiene dos posibilidades contractuales de prestar sus servicios: a) El contrato de suministro a tarifa y b) el contrato de acceso de terceros a la red (ATR). Pues bien, lo dicho en lo atinente a sus obligaciones en materia de continuidad del suministro afecta, por igual, a ambos tipos de contratación.

    Por otra parte, el contrato que el distribuidor suscribe con el cliente, mediando o no comercializador, es un contrato normado, de naturaleza mixta, civil y administrativa, en el que los derechos y las exigencias reglamentarias se tornan en cláusulas contractuales.

    De aquí que, al franquearse los umbrales del artículo 104.2, se deduzca una responsabilidad contractual, frente a cada cliente, según preveé el artículo 105.1, y todo ello, con independencia de que tal extralimitación, en cuanto que constituya una infracción reglamentaria, pueda originar la consiguiente responsabilidad administrativa3.

    PRIMERAS CONCLUSIONES

    Pueden establecerse, como primeras conclusiones, sin genero alguno de duda, las tres siguientes:

    1. La Ley 54/1997 deroga la exigencia de «infalibilidad» del suministro eléctrico, estableciendo que el distribuidor deberá cumplir los umbrales que reglamentariamente se establezcan.

    2. El R. D. 1955/2000 establece unos umbrales, de tiempo/año y de número/año, que fijan la frontera entre el cumplimiento y el incumplimiento del distribuidor, como prestador del suministro eléctrico.

    3. Por cuanto que estamos ante un contrato normado, las exigencias reglamentarias que pesan sobre el distribuidor, desde la perspectiva del cliente, no son sino obligaciones contractuales, cuyo incumplimiento origina una responsabilidad contractual, razón por la que sólo surgirá dicha responsabilidad contractual si se superan los umbrales de continuidad que establecen el incumplimiento contractual.

  3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

    Estamos ya en el ámbito de la responsabilidad contractual, derivada del incumplimiento, que va a dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios.

    Huelga decir que, lo que a partir de aquí decimos, lo hacemos dando por supuesto que se ha franqueado alguno de los umbrales reglamentarios que delimitan el incumplimiento contractual.

    Como quiera que el suministro eléctrico es susceptible de prestación mediante dos tipos de regímenes contractuales, se hace obligado analizar la posición que, en cada régimen, ocupan sus distintos protagonistas.

    SUJETO DE LA RESPONSABILIDAD

    1. Contrato de suministro a tarifa

      En el contrato de suministro a tarifa, sólo aparece, además del cliente, un único protagonista, el distribuidor, de modo que la cuestión no ofrece dudas, el sujeto sobre el que pesa la responsabilidad contractual es el propio distribuidor.

    2. Contrato a mercado y comercializador mandatario del cliente

      Pero cuando el contrato es a mercado, aparece, además del cliente y el distribuidor, el comercializador. Veamos el papel que corresponde a cada operador.

      El comercializador (mientras no cambio el régimen vigente) contrata, por un lado, la energía en el mercado mayorista y, por otro, el servicio de red (o acceso a la red o ATR), para transitar la energía, al distribuidor, pero no como titular del contrato y de los derechos y obligaciones que éste genere, sino como mandatario del cliente, con lo que la relación contractual, en la que tiene que incardinarse la falta de continuidad del suministro, se establece entre cliente y distribuidor, de aquí que, sin duda de género alguno, el sujeto sobre el que pesarán las consecuencias de la responsabilidad contractual sigue siendo el distribuidor.

      Es incontestable la imputación que acabamos de realizar contra el distribuidor, tanto a la vista de la propia realidad industrial sobre la que trabajamos como a tenor de lo dispuesto en el artículo 109.1 del reiterado R. D. 1955/2000, que así se expresa: «La responsabilidad del cumplimiento de los índices de calidad del suministro individual o zonal corresponde a los distribuidores que realizan la venta de energía al consumidor o permiten la entrega de energía mediante el acceso a sus redes...».

      c) Contrato a mercado y comercializador titular del ATR

      En esta hipótesis, hoy no reglamentaria, que personalmente defiendo por razones que nada tienen que ver con la cuestión que ahora nos ocupa, el comercializador actuaría como titular efectivo del contrato de ATR, suscrito con el distribuidor, y, por tanto, titular de todos sus derechos y obligaciones, la situación sería la siguiente:

      Desde la perspectiva fáctica, la falta de continuidad tiene su causa en la red, cuyo propietario y gestor es el distribuidor, siendo el comercializador un operador no industrial, ajeno, por completo, al evento que origina tal falta de continuidad y, además, impedido, por completo, para cualquier actuación que pudiera evitar, minimizar o prever el evento que nos ocupa, de modo que el comercializador aparecería como una parte perjudicada y absolutamente ajena no sólo a la causa productora del daño sino a cualquier circunstancia que pudiera modificarla en cualquier sentido.

      El perjuicio del comercializador, en supuestos de falta de continuidad es, normalmente, mínimo, pues se concreta en el beneficio neto de la energía dejada de facturar, cuyo cálculo tiene las dificultades, perfectamente conocidas por los juristas, de la valoración del lucro cesante.

      Desde la perspectiva contractual, no existiría relación jurídica entre el cliente y el distribuidor, agente del daño, sino que existiría una relación doble, a tres bandas: a) un contrato de suministro entre el cliente y el comercializador y, b) un contrato de ATR, o de servicio de red, entre el comercializador y el distribuidor.

      De todo lo cual cabría deducir que, para el comercializador, el evento producido por el distribuidor constituye un supuesto de acción de tercero y, por tanto, de fuerza mayor. Fuerza mayor que podría alegar frente a la reclamación del cliente, con lo que el cliente que demande al comercializador, directa y únicamente, tendrá un alto riesgo de ver frustrada su pretensión.

      Quiero resaltar que el comercializador no puede elegir distribuidor, para transitar la energía hasta sus clientes, pues tiene que utilizar la única red existente y, en consecuencia, no puede gravársele con la responsabilidad, por culpa in eligendo, con que podría gravarse a un suministrador de cualquier otra mercancía que eligiera un medio de transporte que sufriera una incidencia. En éste último caso cabría que el cliente exigiera responsabilidad y, por tanto, la indemnización al suministrador y éste tuviera que repitir contra el transportista, lo que no es posible cuando el transportista es único, sin que quepa posible elección.

      A mi juicio, la solución procesal estaría en que el cliente demandara, ejercitando la acción de responsabilidad extracontractual, contra el distribuidor, con el apoyo técnico de su comercializador, para tener garantizado el éxito procesal.

      LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

      Si novedoso es, en la regulación eléctrica, el establecimiento de unos umbrales para el cumplimiento contractual, no lo es menos el hecho de que se reconozca, de forma específica, la necesidad de que el cliente actúe, ante el riesgo de la falta de continuidad y, desde luego, ante el propio fracaso del suministro, de manera que minimice tanto el riesgo del incidente como las consecuencias negativas del propio evento.

      Efectivamente, el artículo 110.2, del R. D. 1955/2000 establece que: «Los consumidores deberán establecer el conjunto de medidas que minimicen los riesgos derivados de la falta de calidad. A estos efectos, las empresas distribuidoras deberán informar, por escrito, al consumidor sobre las medidas a adoptar para la consecución de esta minimización de riesgos».

      El Reglamento describe la llamada mitigación preventiva, la previsión de riesgos, y da por supuesta la mitigación sanatoria, consistente en minimizar el daño ya producido.

      Este criterio reglamentario se funda en los principios de buena fe y en la interdicción del ejercicio abusivo de un derecho, establecidos en los artículos 7 y 1.258 del Código Civil.

      La previsión de los daños es de especial relieve, porque los clientes, fundamentalmente profesionales, empresarios, deben conocer que contratan un suministro «falible», con un determinado número de horas/año en que puede fallar, siendo imposible hacer la previsión del momento en que tal posibilidad se producirá.

      Es palmario que la obligación del distribuidor, consistente en informar a sus clientes, sobre las medidas a adoptar, será mayor cuanto menos posibilidades tenga el cliente de llegar a ese conocimiento y menor, hasta hacerse irrelevante, cuanto mayor sea el grado de profesionalización y de conocimiento del propio negocio, que tenga el cliente.

      Pues bien, si el cliente, debiendo hacerlo, no instrumentó adecuadamente las medidas razonablemente necesarias para minimizar el riesgo de falta de continuidad del suministro, debe pechar con parte de su culpa. Estaremos, en tal caso, ante un supuesto de concurrencia de culpas que originará la correlativa compensación en la liquidación económica de los daños originados.

      SEGUNDAS CONCLUSIONES

      Supuesta la extralimitación de alguno de los umbrales, reglamentariamente establecidos, cabe adelantar las siguientes conclusiones:

      1. Quien pecha con las consecuencias de la responsabilidad, derivada de una falta de continuidad, es, en todo caso, el distribuidor.

      2. El cliente está obligado a prever el riesgo de fallo del suministro, porque lo sabe «falible», tomando las medidas adecuadas en razón al tipo de actividad para la que es necesaria la electricidad y al grado de responsabilidad profesional que le vincule con su actividad. Prácticamente nula en un cliente doméstico y muy intensa en un empresario que gestione procesos muy sensibles al fracaso del suministro eléctrico.

      De no tomarse las medidas razonables de mitigación del riesgo deberá plantearse, a la hora de la indemnización, la correspondiente compensación de liquidaciones derivada de la concurrencia de culpas4.

  4. RÉGIMEN INDEMNIZATORIO

    Como es natural, la constitución en responsable del incumplimiento contractual obliga a indemnizar la totalidad del daño causado.

    En nuestro ordenamiento rige el principio de la restitutio in integrum, en virtud del cual el agente causante del daño debe reparar, en su totalidad, el daño originado a la victima5.

    Dicho de otra manera, la victima del incumplimiento debiera concluir el proceso reclamatorio en idéntica situación a la que tuviera antes de producirse el daño, sin que el proceso indemnizatorio le reporte plus alguno de beneficio.

    Es obligado hacer la advertencia de que el Derecho reconoce una cierta cuota de no indemnizabilidad, que no es sino el precio que todos pagamos por vivir en comunidad. Es el precio por nuestra condición social, de modo que no se toman en consideración ciertas molestias e incomodidades derivadas del incumplimiento (pérdida de tiempo sin perjuicio claro y directo, etc.), lo que suele afectar, frecuentemente, al cliente domestico en forma de molestias de imposible valoración económica (pérdida de la visión de un partido televisado o de un capitulo de una telenovela, retraso en los trabajos caseros, etc.).

    LA CUESTIÓN DEL DESCUENTO ANUAL

    Partiendo del principio de restitutio in integrum, vamos a analizar la naturaleza del descuento anual que prevé el artículo 105 del R.D. 1955/2000.

    El artículo 105.2 dice así: «El incumplimiento de los valores fijados en el artículo anterior para la continuidad del suministro, determinará la obligación para los distribuidores de aplicar en la facturación de los consumidores conectados a sus redes los descuentos regulados en el apartado siguiente dentro del primer trimestre del año siguiente al del incumplimiento».

    Naturalmente, este régimen de descuentos rige tanto para los contratos a tarifa como para los contratos a mercado, según se advierte de la lectura integra del referido artículo 105 del R. D. 1955/2000, como no podía ser de otra manera.

    La cuestión que ahora acometemos es la de establecer la naturaleza jurídica del descuento descrito.

    Para ahorrar palabras diremos que la cuestión está entre considerarlo como «un mero mantenimiento del equilibrio entre las prestaciones recíprocas de quien suministra y de quien paga el servicio»6 o como una «indemnización a cuenta».

    Desde luego, compartimos el criterio del TS al considerar que el descuento anual, previsto en el artículo 105, no vulnera lo dispuesto en el artículo 1.101 del Código Civil, porque, en modo alguno, el descuento es la única solución indemnizatoria sino que ésta se complementa con la posibilidad de reclamar en vía civil, la indemnización de daños y perjuicios que se estime pertinente.

    Donde, con toda prudencia, formulamos nuestro disentimiento con el más alto Tribunal es en la no consideración del descuento como «indemnización a cuenta».

    Para el TS, el repetido descuento, es una especie de cláusula de reequilibrio prestacional, dice que «una mera consecuencia derivada del déficit del suministro o de su inferior calidad», ateniéndose al apartado 7, del repetido artículo 105.

    No puedo compartir esta figura, construida, a mi juicio, con escasa argumentación. En mi opinión, una cláusula de reequilibrio prestacional debiera establecerse con absoluta claridad y con la finalidad de compensar el producto o el servicio pagado y no entregado, dejando, para la correspondiente reclamación, la indemnización por daños y perjuicios que su entrega genere.

    El TS no se percata de que la energía no entregada, por la falta de continuidad, no se factura, por lo que nada hay que reequilibrar entre lo entregado y lo pagado.

    Sólo se factura la energía que, efectivamente, ha llegado al punto de suministro, nunca la que no llega. De aquí que la falta de continuidad nunca produzca un exceso de cobro sino un perjuicio por defraudar la espectativa de disponer de suministro eléctrico.

    Con independencia de lo dicho, si, a mayor abundamiento, el Reglamento no define, explícitamente, la naturaleza jurídica del descuento como una fórmula de reequilibrio, la hermenéutica ortodoxa sólo nos puede llevar a considerarla como una indemnización por el perjuicio causado.

    Pero como quiera que el artículo 105.7 permite al cliente perjudicado, y con independencia de la percepción del descuento, reclamar la indemnización de daños y perjuicios, resulta patente que dicho descuento es una indemnización «a cuenta» de la que definitivamente reclame el cliente.

    Realmente, el descuento anual7, se estableció, fundamentalmente, para satisfacer a los consumidores domésticos el perjuicio de la falta de continuidad, de una manera preestablecida, evitándoles la prueba diabólica de valorar económicamente los perjuicios de diversas interrupciones del suministro en actividades familiares no retributivas.

    Por el contrario, para el conjunto de los clientes profesionales, empresarios, el descuento anual les alerta de un derecho que pueden ejercer, a partir de la cantidad ya cobrada.

    La diferencia entre uno y otro criterio, respecto de la naturaleza del descuento anual, no tiene más efecto real que el de considerar, o no, que la reclamación de daños y perjuicios que se formule, para alcanzar la restitutio in integrum, debe descontar, o no, la cantidad percibida como descuento.

  5. CONCLUSIONES

    A modo de recapitulación me permito establecer las siguientes conclusiones:

    1. Legal y reglamentariamente se establece que el suministro eléctrico es «falible», lo que exige establecer unos umbrales (tiempo de interrupción/año y número de interrupciones/año), según se encuentre el suministro en alguno de los cuatro tipos de zonas previstos, que permitan definir la frontera del incumplimiento contractual.

      No es discutible que, en el cómputo de faltas de continuidad, deben excluirse las que tengan su causa en supuestos de fuerza mayor, caso fortuito o acción de terceros.

    2. Producido el incumplimiento contractual, lo que sólo ocurrirá si se ha franqueado algún umbral, surgirá la responsabilidad contractual, la cual originará el derecho indemnizatorio que absorba el daño originado por la falta de continuidad.

      Es patente que no cabe formular reclamación alguna, antes de concluir el año natural, salvo que, efectivamente, se haya superado, con anterioridad, alguno de los umbrales.

    3. Si es el distribuidor, en todo caso, el agente del daño, por su condición de propietario y operador de las redes en que se produce la falta de continuidad, resulta manifiesto que es el distribuidor el sujeto pasivo de la reclamación de indemnización y quien debe adelantar el descuento anual previsto en el artículo 105 del R. D. 1955/2000.

      El comercializador debe constituirse en apoyo tecnico del cliente, que es el principal perjudicado. El comercializador podría reclamar al distribuidor el lucro cesante, por el beneficio neto perdido por la menor facturación, lo que plantea problemas procesales, de prueba, muy complejos.

    4. Frente a la responsabilidad contractual que pesa sobre el distribuidor, aparece la responsabilidad del cliente de minimizar, tanto el riesgo de falta de suministro, porque es consciente de su «falibilidad», como los daños producidos una vez fracasado el suministro.

      La concurrencia de culpas originará una compensación en la liquidación indemnizatoria.

    5. El descuento anual, previsto en el artículo 105 del R. D. 1955/2000, debe considerarse como una indemnización a cuenta, de modo que la indemnización que pudiera reclamar el cliente perjudicado deberá considerar la cantidad percibida en concepto de descuento.

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      1 JOAQUÍN M.ª NEBREDA PÉREZ, Distribución eléctrica. Concurrencia de disciplinas jurídicas, Civitas, Madrid, 2003, págs. 541 a 634.

      2 JOSÉ Mª GAZTAÑAGA E IBARRA, El contrato de suministro de energía eléctrica, Madrid, 1947, pág. 153: «El artículo 69 del Reglamento de Verificaciones fija claramente esta obligación de la Empresa distribuidora de mantener, salvo caso de fuerza mayor, permanentemente el servicio, ...».

      El artículo 66 del Reglamento de Verificaciones, vigente a la entrada en vigor de la nueva legislación, establecía la «obligación de mantener permanentemente el servicio».

      La Condición General 20 de la Póliza de Abono publicada por RD 2385/1981, referida a la Regularidad en el suministro, establecía: «Las empresas distribuidoras de energía eléctrica están obligadas, salvo caso de fuerza mayor, a manterner permanentemente el servicio, ...».

      3 Reiteramos la remisión a la obra Distribución eléctrica..., págs. 541 a 634, en la que se analiza in extenso la diversidad de tipos de calidad y de responsabilidades vinculadas al incumplimiento de las obligaciones del distribuidor de energía eléctrica.

      4 JAIME SANTOS BRIZ, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, artículos 1.887 a 1.929, tomo XXIV, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, págs. 143 y 150. El TS exige, para la compensación de culpas, que ninguna de ellas absorba la de la contraparte. TS, entre otras, 8-IV-96.

      5 JAIME SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal, Montecorvo, Madrid, 1993, pág. 387. «Principio fundamental del derecho de daños es el de la reparación de los mismos, por medio de la cual la infracción jurídica ocasionada por el evento dañoso recibe la sanción adecuada y con ello queda restablecido el orden jurídico».

      6 Criterio explicitado por la Sala 3ª del TS, Sección Tercera, en Sentencia dictada el 16-X-2003, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 167/2001, en el que se impugnaba, entre otros artículos, alegando su nulidad, el artículo 105 del R. D. 1955/2000 y cuyo petitum fue desestimado.

      7 Para la aplicación de este descuento ha de considerarse, además del artículo 105 del R. D. 1955/2000, la Orden Ministerial ECO/797/2002.

      Ver Informe del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, de 20 de mayo de 2044, en el que se considera que la «... fecha de inicio del cómputo de las posibles incidencias en el suministro, la fecha en la que la instalación de los equipos de registro fueron preceptivos, es decir, el día 14 de abril de 2003».

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