La externalización de la gestión integral de pólizas en el marco de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y la propuesta de directiva de mediación de seguros (IMD II)

Autor:Blanca Romero Matute
Cargo:Profesora Titular de Derecho mercantil de la Universidad de Cádiz
Páginas:143-175
RESUMEN

Una de las novedades más relevantes de la Directiva Solvencia II radica en la posibilidad de la externalización de funciones y actividades de las entidades aseguradoras. Las funciones objeto de externalización pueden incluir la gestión de pólizas o carteras, el análisis y la tarificación de riesgos, la administración de contratos, la gestiónde siniestros sueltos o de carteras completas yla decisió... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

El mercado asegurador se está preparando para introducir los cambios que de la mano de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (en adelante, Directiva Solvencia II)2han sido incorporados en la normativa ordenadora del sectora través de la Ley 20/2015, de 14 de Julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras

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y Reaseguradoras3. A pesar del retraso de la incorporación de la normativa europea en relación con las fechas inicialmente previstasla fecha máxima de transposición contemplada era el pasado 30 de junio de 2013 y la fecha programada de aplicación el pasado 1 de enero de 2014, se haN podido atender los nuevos plazos ampliados,que permitían un período de implantación y adecuación gradual que se prolongará desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de enero de 2016; fecha ésta en la que será plenamente aplicable, con carácter obligatorio, el régimen de la Directiva de Solvencia II en su totalidad4. No obstante dicho desfase temporal inicial, en orden a avanzar en dicho proceso, se dictó la Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (BOE núm. 111, de 7 de mayo), desarrollada por la Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones(BOE núm. 162, de 4 de julio). Esta última disposición tiene por objeto precisamente facilitar la transición al régimen previsto en la citada Directiva Solvencia II en materias como el sistema de gobierno, incluido el sistema de gestión de riesgos y la evaluación prospectiva interna de los riesgos; fijar los plazos, condiciones y procedimiento a seguir para la presentación del informe de supervisión de la evaluación interna prospectiva de los riesgos ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y dar publicidad a las directrices y recomendaciones publicadas por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación5.Estas directrices, aplicables, a su

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vez, desde el 1 de enero de 2014, tienen como objeto que las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y los grupos de éstas, estén preparadas para cuando sea plenamente aplicable, con carácter obligatorio, el régimen de la Directiva de Solvencia II.

El sector asegurador se enfrenta pues a diferentes retos durante los próximos años, dado el impacto de Solvencia II tanto a nivel de requerimientos de capital como en lo que se refiere a la propia gestión del negocio. El objetivo de este régimen de solvencia es garantizar la solidez financiera de las entidades aseguradoras. Se trata no solo de proteger a los tomadores de seguros, sino la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Las normas de solvencia establecen, de un lado, los importes mínimos de los recursos financieros con los que deben contar las entidades aseguradoras y reaseguradoras para cubrir los riesgos a los que están expuestas, y de otro, los principios que deben dirigir la gestión global de riesgos de las entidades aseguradora para que puedan prever mejor cualquier acontecimiento adverso y gestionar mejor esas situaciones6. Los nuevos requisitos de solvencia abarcan no solo los riesgos de pasivo derivados de los contratos de seguro o reaseguro suscritos y los riesgos de explotación -como hasta ahora, sino que incluyen la cobertura de otros riesgos relativos a los activos como el riesgo de mercado o disminución del precio de mercado de las inversiones de las empresas aseguradoras, el riesgo de liquidez y el riesgo de concentración,el riesgo de suscripción, el riesgo de crédito o impago yel riesgo operacional.

La incorporación del Derecho comunitario de seguros y la adaptación normativa al desarrollo del sector asegurador han desembocado en nuestro país en la redacción de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (en adelante, LOS-SEAR), que incorporala Directiva Solvencia II, al margen de otros desarrollos reglamentarios que culminen dicha incorporación.

Tal y como se señala en el Preámbulo (II) de LOSSEAR, la Directiva Solvencia II supone un notable ejercicio de armonización que pretende facilitar el acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro

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del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras desarrollen su actividad en todo el mercado interior.

La solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras,siguiendo el nuevo enfoque de Solvencia II basado en el riesgo, su adecuada gestión y su repercusión sobre el capital económico, se articula en tres pilares que se refuerzan mutuamente: a) El primero viene constituido por reglas uniformes sobre requerimientos de capital determinados en función de los riesgos asumidos por las entidades. b) El segundo de los pilares está integrado por un nuevo sistema de supervisión con el objeto de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades. c) El tercero, se refiere a las exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos claves del perfil de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión.

II La externalización de funcionesy actividades en el sector asegurador

Una de las novedades más relevantes de Solvencia IIradica en la posibilidad de la externalización de las funciones de las entidades aseguradoras, recogida dentro de la regulación del sistema de gobierno corporativo de las entidades aseguradoras y sus mecanismos de gestión de riesgos (Pilar II).

Se entiende por externalizacióncualquier tipo de acuerdo entre una empresa de seguros o de reaseguros y un proveedor de servicios, ya sea o no una entidad sujeta a supervisión, en virtud del cual ese proveedor de servicios, directamente o por subexternalización, realice un proceso, una prestación de servicios o una actividad que, en otras circunstancias, hubiese realizado la propia empresa de seguros o de reaseguros7.

Así también se recoge en la LOSSEAR(artículo 13, Sistema de Gobierno y externalización de funciones), que entiende por función, en un sistema de gobierno, la capacidad administrativa de una entidad aseguradorao reaseguradora para llevar a cabo determinadastareas del gobierno de la entidad, contemplando la externalización de funciones (entre otras, función de gestión del riesgo, la función de verificación del cumplimiento, la función de auditoría interna y la función actuarial) y actividades. Dichas funciones quedan incluidas en los mecanismos de control interno de una entidadaseguradora o reaseguradora, que constituyen su Sistema de gobierno, entendido éste sentido amplio, pues engloba no solo aspectos del gobierno corporativo, sino también la gestión de riesgos.

A fin de garantizar una supervisión eficaz de las actividades o funciones externalizadas, Solvencia II considera fundamental que las autoridades de supervi-

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sión de la entidad de seguros o de reaseguros que externalice las actividades tengan acceso a toda la información pertinente que obre en poder del proveedor del servicio de externalización, con independencia de que este sea una entidad regulada o no regulada, y que tengan derecho, asimismo, a realizar inspecciones in situ. Y prevé que, con vistas a tener en cuenta la evolución del mercado y cerciorarse de que siguen verificándose las condiciones para la externalización, las autoridades de supervisión deban ser informadas antes de la externalización de actividades o de funciones críticas o importantes así como de cualquier cambio posterior significativo en relación con dichas funciones o actividades. Exige, por demás, que las empresas de seguros y de reaseguros cuenten con políticas escritas referidas, al menos, a la gestión de riesgos, el control y la auditoría internos, y, en su caso, a la externalización8.

El artículo 49 de la Directiva Solvencia IIpor su parte impone además a los Estados miembros que velen por que las empresas de seguros y de reaseguros sigan respondiendo plenamente del cumplimiento de todas las obligaciones que para ellas se derivan de dicha Directiva cuando externalicen funciones o cualquier actividad de seguro o de reaseguro. Limita la externalización de funciones o de actividades operativas críticas o importantes cuando perjudique sensiblemente la calidad del sistema de gobernanza de la empresa considerada; aumente indebidamente el riesgo operacional; menoscabe la capacidad de las autoridades de supervisión para comprobar que la empresa cumple con sus obligaciones; o afecte a la prestación de un servicio continuo y satisfactorio a los tomadores de seguros.Por último relega a un futuro desarrollo por parte de la Comisión la regulación de las condiciones para la deslocalización de la externalización de funciones, esto es en los supuestos en lo que los proveedores de los servicios externalizados se encuentren situados en...

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