La experiencia de los EE.UU de América en la regulación de la erosión del suelo

INCIDENCIA DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN LOS EE.UU.

PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS. CONTEXTO CONSTITUCIONAL.

1. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.

2. EL DERECHO DE PROPIEDAD COMO LÍMITE DEL PODER DEL GOBIERNO.

2.1. PRESUPUESTOS..

2.2. EL ASUNTO LUCAS.

2.3. EL ASUNTO DOLAN.CONSECUENCIAS DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE.

LA NORMATIVA FEDERAL AGRÍCOLA DE LA EROSIÓN DEL SUELO.

1. ANTECEDENTES.

2. EL RÉGIMEN DE LA FARM BILL.

2.1. PROGRAMAS DE PROTECCIÓN.

2.2. JUICIO GLOBAL DEL TÍTULO CONSERVACIONISTA DE LA FARM

BILL DE 1985.

2.3. LÍNEAS GENERALES DE LAS REFORMAS DE 1990 Y 1996.

3. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN LA EROSIÓN DEL SUELO

   3.1. DISCIPLINA VOLUNTARIA EN LA PROTECCIÓN DE SUELOS ALTAMENTE ERODIBLES.

   1. DEFINICIÓN DE FINCA MUY ERODIBLE.

   2. OBLIGACIONES DE LOS AFECTADOS.

   3. INCUMPLIMIENTO.

   4. APLICACIÓN-ENFORCEMENT.

2. RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN öCRP-

   1. FINES Y CONTENIDO.

B) RÉGIMEN CONTRACTUAL.

3. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES.

3.3. LAS SERVIDUMBRES DE CONSERVACIÓN öCONSERVATION EASEMENT.

4. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS.

EL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN EL MARCO DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN DIFUSO.

1. PRESENTACIÓN.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CWA.

3. CONTAMINACIÓN FOCAL. POINT SOURCE POLLUTION.

4. CONTAMINACIÓN DIFUSA. NONPOINT SOURCE POLLUTION.

4.1. APROXIMACIÓON A LA DEFINICIÓN DESDE LA JURISPRUDENCIA .

2. ESCORRENTÍAS DE LLUVIA Y AGUAS SOBRANTES DE RIEGO

(IRRIGATION RETURN FLOWS Y STORMWATER DISCHARGES).

4.3. DEFINICIÓN DE LA EPA.

4.4. SECCIÓN 208.

4.5. SECCIÓN 319.

5. VALORACIÓN DE LA LEY.

6. CZARA.

7. EL FUTURO DE LA NORMATIVA NONPOINT SOURCE.

EL RÉGIMEN JURÍDICO ESTATAL Y LOCAL DE CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO.

1. INTRODUCCIÓN.

2. CONSERVATION DISTRICTS.

3. TIPOLOGÍA.

4. RÉGIMEN DE IOWA, PENNSYLVANIA Y DAKOTA DEL SUR

   4.1. INSTRUMENTOS LEGALES.

   4.2. ORGANISMOS COMPETENTES.

2. ESTÁNDAR.

   4.4. DISCIPLINA.

   4.5. PLANEAMIENTO.

   4.6. APLICACIÓN (ENFORCEMENT).

PROTAGONISTAS EN EL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO.

1. EL LEGISLATIVO.

2. EL EJECUTIVO.

2.1. LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL .

1. USDA..

2. ARMY CORPS OF ENGINEERS.

3. EPA.

2.2. ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

INCIDENCIA DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN LOS EE.UU.

La erosión del suelo es un problema grave en EE.UU.. La Administración norteamericana ha estimado(1) que el fenómeno afecta severamente al 40 por ciento de los suelos labrados, impidiéndoles un alto rendimiento económico(2). En algunas regiones la pérdida de suelo es escandalosamente alta(3).

Las consecuencias no sólo se dejan sufrir en el rendimiento agrícola sino que el suelo perdido y especialmente los nutrientes contaminan el aire y las aguas. La EPA ha manifestado que la erosión del suelo es uno de los cinco problemas ambientales más importantes de los EE.UU.. Determinó que la agricultura es el principal contaminador del 64 por ciento de los ríos y del 57 por ciento de los lagos(4), una agricultura que cada vez está más industrializada y en manos de empresas y que recibe importantes recursos de los presupuestos nacionales . En 1988, los pagos del Gobierno Federal directamente a agricultores fueron de catorce mil quinientos millones de dólares (el 42 por ciento de esta cantidad fue a parar exclusivamente a sólo sesenta mil explotaciones)(5). La política vigente hasta 1985, consistente en que el Departamento de Agricultura Federal öUSDA- se hacía cargo de pagar a los agricultores la diferencia entre el valor fijado por cosecha y el precio obtenido en los mercados, sobre la base de reconocer derechos históricos de algunas tierras y una cuota en la participación respecto de las otras, ha contribuido a la especialización del cultivo y aumento de fertilizantes (desde 1964 el uso de fertilizantes ha crecido en más de 2/3 partes y el de los pesticidas se ha triplicado; sin embargo, la producción no ha aumentado más que una décima parte) provocando un incremento de la erosión del suelo y arrastre de sustancias químicas(6) que a la postre actúan como contaminantes de origen difuso, pero de efectos manifiestos.

Se estima que el daño que la agricultura produce a los recursos naturales y bienes puede ser el 10 por ciento de la renta agrícola(7). En un estudio realizado por RIBAUDO(8), se cifra el coste anual de la erosión del suelo, off-site, en cifras de 1990, en una horquilla que va de 5.826 a 20.341 millones de dólares. Los daños off-site por tonelada de suelo perdido, tomando la media del país(9), ascienden a 2â06 dólares. Estima este autor que se pierden al año 4.926 millones de toneladas(10).

PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS. CONTEXTO CONSTITUCIONAL

1. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

   La Décima Enmienda de la Constitución de los EE.UU. especifica que los poderes no delegados por la Constitución a los EE.UU., ni prohibidos a los Estados por la misma, quedan reservados a los Estados y a los individuos. El artículo IV de la Constitución establece que ningún Estado puede promulgar leyes contrarias a las leyes federales(11).

   La Constitución americana no otorga ningún poder específico a los EE.UU. en materia de conservación del suelo o tratamiento de la erosión del suelo. Por tanto, se podría deducir que esta es una materia en manos de los Estados; sin embargo no es esta la conclusión correcta, pues el problema tiene interés nacional y, de hecho, el Congreso ha legislado sobre esta materia.

   En principio, son tres los poderes constitucionales del Congreso para legislar sobre esta materia:

1. - El Property Power(12), que autoriza al Congreso a legislar sobre los bienes que sean propiedad de la Unión. Esta cláusula ha sido interpretada de forma amplia por el Tribunal Supremo de los EE.UU.(13). En Kleppe v. New Mexico(14), el Tribunal Supremo manifestó que esta cláusula no tenía límites respecto al suelo propiedad de la Unión y comprendía el poder de regular y proteger la fauna sobre estos territorios. El problema se sitúa sólo respecto del suelo que no pertenece a la Unión(15), que es el más importante y, desde luego, el más erosivo por el uso que del mismo se hace.

2. - La Spending Power Clause, o la general welfare(16), ambas conectadas, que autorizan al Congreso a actuar cuando persiga el bienestar general.

3. - La Commerce Clause(17) , interpretada en unión de la Necesary and Proper Clause(18), que autoriza al Congreso a regular actividades si repercuten en el comercio interestatal.

   El Tribunal Supremo, en Hodel v. Virginia Surface Mining Control and Reclamation Assân(19), estableció un "test" de tres pasos para comprobar si la legislación de la Unión amparada por la Commerce Clause violaba la Décima enmienda:

   11/4 Debe estar claro que la ley federal regula "States as States". Tiene un sentido de suplantación, privando a la ley estatal de cualquier tipo de actuación.

   21/4 La norma federal debe regular asuntos pacíficamente considerados como materia estatal(20).

   31/4 Debe ser manifiesto que el acatamiento del Estado a la norma federal le daña directamente en su facultad "to structure integral operations in areas of traditional functions" (21).

   El Tribunal Supremo ha indicado también(22) que incluso cuando la Unión ha regulado un asunto estatal, si existe un interés federal evidente, se justifica la invasión.

   La erosión del suelo ha sido en el pretérito asociada a la política de intervención agraria, donde han confluido dos intereses: el general de conservación de suelos, y el particular, de explotación libre del suelo no sujeta a normas. Dentro de la política de intervención de precios, el Gobierno Federal, presidido por Roosevelt, promulgó el 16 de junio de 1933 la Agricultural Adjustment Act(23) que tenía por objeto ajustar la oferta agrícola de la nación a las exigencias de la demanda, encomendando a la Administración un programa que establecía un impuesto a los productores para recaudar dinero con el cual se pagaba a los agricultores que voluntariamente aceptaban retirar cultivos específicos y a los que decidían cultivar los productos recomendados. La Ley, más que una solución parcial al problema de la degradación de los suelos, suponía un alivio, ya que por el mero hecho de dejar suelos marginales incultos se reducían los índices de suelo perdido, aunque éste no era el objetivo de la Ley. El 6 de enero de 1936, el Tribunal Supremo de los EE.UU.(24) declaró que la Ley era inconstitucional por falta de competencias del Congreso ya que, según el Tribunal Supremo, la Ley trataba un problema lo suficientemente específico como para que la Federación se amparase exclusivamente en la cláusula general de competencia sobre el bienestar general (welfare) (25).

   Ello ha propiciado que la Federación se esfuerce en regular la materia de forma indirecta, donde tiene competencias, como en impuestos(26) y subvenciones, buscando una justificación más visiblemente conectada al interés general. No obstante, a pesar de la anterior sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno Federal nunca abandonó su interés por intervenir en la política de precios del mercado agrícola y, en el mismo año de 1936, se aprobó la Soil Conservation and Domestic Allotment Act(27), que establecía un programa de subvenciones para controlar la erosión del suelo, como problema de interés general, justificando así de forma más evidente su competencia para controlar la producción agrícola(28); se trataba de controlar la producción pagando a los agricultores, no por soil depleting crops, sino por soil conserving crops(29).

   Probablemente, los efectos del New Deal y los fenómenos de dust bowl que sufrieron algunas extensas regiones, en particular, Great Plains, ayudaron a cambiar la visión de los juristas sobre los poderes del Congreso en la intervención de la producción agrícola y conservación del suelo, y en especial, la posición del Tribunal Supremo que, desde entonces, en varias ocasiones, ha declarado constitucionales varios programas de subvenciones agrícolas del Gobierno federal(30).

   Hoy en día existe una clara comprensión del fenómeno como ligado al medio ambiente; especialmente por su conexión más estrecha y preocupante con la contaminación del agua. Como toda la materia ambiental, el poder de regulación del Congreso descansa en la cláusula de comercio. Ésta, relacionada con las aguas navegables, ha tenido una expansión conceptual. El Tribunal Supremo, en 1824(31), autorizó la regulación federal de las aguas navegables con otros propósitos a los de la navegación como manifestación de la cláusula de comercio. El término se expande porque la cláusula de comercio no sólo ampara la intervención de la Federación por causa de la navegación en aguas; sino también, en materia de contaminación de aguas, causada en un Estado que afecte a la pesca, al baño de personas o al esparcimiento en otro Estado(32); incluso, cualquier contaminación de aguas que afecte de alguna manera a otro Estado(33). Por último, la Clean Water Act(34) define el término navigable waters, a los efectos de la ley, como las aguas de los EstadosUnidos(35), aunque debemos excluir las aguas subterráneas, las que la Ley no pretende regular.

2. EL DERECHO DE PROPIEDAD COMO LÍMITE DEL PODER DE GOBIERNO

   2.1. PRESUPUESTOS

   Es necesario referirnos al contenido del derecho a la propiedad privada, tal como se entiende en EE.UU., pues como manifiesta REAL FERRER(36), la propiedad privada aparece como un obstáculo para el desarrollo de las políticas ambientales, agrícolas y cualesquiera que tengan una plasmación sobre el suelo. Sin embargo, también puede ser un instrumento para logros ambientales cuando la propiedad tenga una naturaleza estatutaria y no quiritaria.

   Sin ser este el lugar adecuado para su discusión, el dominio sobre bienes y personas ha encontrado históricamente justificación próxima en el Derecho. Pero la justificación remota de la institución ha sido y es muy débil(37) y, por tanto, ha sufrido ataques constantes, manifestándose en una adecuación de la estructura técnica del derecho a las relaciones de dominio que subyacen. Lo que aquí intentamos discernir es hasta qué punto el Derecho puede imponer a los propietarios la obligación estricta de impedir la erosión de los suelos coactivamente, con consecuencias jurídicas desfavorables para el caso de incumplimiento. La estructura jurídica de los Estados Unidos hace que encontremos en su jurisprudencia la contestación a estas cuestiones.

   La Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. establece que nadie puede ser privado de sus bienes por el Gobierno para atender a los intereses generales sin recibir indemnización. Las constituciones de los Estados también incluyen cláusulas similares(38).

   La Décima Enmienda constitucional otorga al Gobierno del Estado el poder de policía (stateâs policy power), por lo que el Gobierno ostenta el derecho (right) de proteger la salud pública, seguridad, moralidad y bienestar de los ciudadanos. Para ello, el Gobierno tiene la facultad expropiatoria (eminent domain). Cuando el Gobierno quiere ejercer su eminent domain, inicia un procedimiento expropiatorio (condemnation suit) en el que se apropia ötaking- de los títulos de los bienes de los particulares e indemniza. Este procedimiento viene regulado en las leyes federales y estatales.

   Cuando el Estado o el Municipio, este último en virtud de poderes delegados, regulan, en ejercicio del policy power, el uso del suelo, necesariamente, la regulación afecta a la libérrima disposición de la propiedad y puede tener efectos similares a los del eminent domain, puesto que la regulación puede privar algún uso del suelo deseado por el propietario. En este supuesto podemos estar en presencia de un regulatory taking y al particular le cabe deducir una inverse condemnation suit donde el propio afectado inicia el procedimiento para conseguir indemnización, procedimiento santificado por el Tribunal Supremo federal(39) que manifiesta que la inverse condemnation suit es la acción que tiene el particular para demandar al Gobierno y recuperar el valor de la propiedad que se le ha privado, aunque el Gobierno no haya ejercitado los poderes del eminent domain. Si no prospera la indemnización, puede el particular invocar la V Enmienda ante un tribunal federal. Los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo, según el test(40) establecido en el asunto Williamson(41), son: a) Finality ripeness. El propietario debe ser afectado por una decisión no susceptible de revisión respecto de la aplicación de la norma a su propiedad. b) Compensation ripeness. El propietario debe solicitar indemnización de acuerdo con la legislación del Estado, agotando la vía, por lo que antes de invocar el regulatory taking en un tribunal federal es necesario pasar por un tribunal estatal(42). La Private Property Rights Implementation Act de 1997(43) clarifica los requisitos procesales y procedimentales, recogiendo la doctrina tradicional para impugnar ante un tribunal federal una normativa por constituir regulatory taking.

   La justificación del taking doctrine reside, como hemos visto, en la V Enmienda que prohibe al Gobierno(44) privar a los particulares de sus bienes sin indemnización . El Gobierno puede apropiarse de los bienes particulares; pero indemnizando su valor justo(45). El origen de la doctrina de que las leyes reguladoras del suelo pueden ir más allá de lo razonable, causando un "regulatory taking" lo encontramos en un fallo del Juez del Tribunal Supremo de los EE.UU., Oliver Wendell Holmes del año 1922(46). Desde entonces, los tribunales intentan interpretar las normas reguladoras del uso del suelo, decidiendo si se ha pasado el umbral de lo razonable y por tanto si existe regulatory taking , con el consiguiente deber de compensar a los propietarios. De esta forma, un regulatory taking es una limitación externa a los poderes del Estado o de la Federación y tiene la consideración de expropiación sin indemnización(47). La propiedad privada es un derecho básico en la democracia americana y sus limites deben ser razonablemente acomodadas por los otros derechos, como los del Gobierno en uso de la X Enmienda. Lo que queremos enfatizar es que la protección de la propiedad privada fue objeto de una enmienda constitucional y ello no significa que la Constitución fuese enmendada para introducir un mero principio.

   Es evidente que el Gobierno no podría actuar si cada vez que afectase de alguna manera a la propiedad privada del suelo tuviese que pagar indemnización(48). En 1978, el Tribunal Supremo(49) manifestó que sólo a través del análisis particular del asunto en cuestión podía determinarse si existía taking, teniendo en consideración tres elementos: la naturaleza de la acción del Gobierno, el impacto económico y las consecuencias en las expectativas de inversiones realizadas, criterios que constituyen un test transcrito por alguna doctrina como(50): a) Purpose test. La acción debe encuadrarse en la policy power. Debe tener relación directa con la salud pública, seguridad, moralidad o bienestar (términos interpretados por los tribunales de forma muy amplia). b) Means test. La norma o el acto debe guardar proporcionalidad con el fin perseguido; c) Impact test. La norma o el acto no puede tener un impacto negativo en el propietario. No quiere decir que la norma prive al propietario de cualquier hipotético uso del suelo, sino que le prive de todo uso corriente (practical use)(51). Respecto de una de las de las manifestaciones del uso corriente que corresponde al propietario, en 1979, el Tribunal Supremo(52) determinó que cuando se obliga a un propietario a dar acceso al público por parte de un terreno, se le priva de uno de los derechos típicos en que consiste la propiedad privada, que es precisamente excluir a los otros del acceso a su propiedad.

   En el asunto Agins(53), el Tribunal Supremo manifestó que, en la regulación del uso del suelo, el Gobierno cometía regulatory taking cuando(54) : a) no se evidenciara sustancialmente el interés legítimo del Estado; o b) se privara el uso económicamente viable del suelo.

   En 1987, en el asunto Nollan, el Tribunal Supremo(55) ratificó que el derecho del propietario a excluir el paso de los demás por su propiedad es esencial en la propiedad privada; y sostuvo que se requería una conexión esencial (essential nexus) entre la carga que se le imponía al propietario y el interés público perseguido.

   Cuando en el ejercicio del policy power, se regula el uso del suelo a través de una zonificación, limitando de forma general alturas, retranqueos, etcétera, se sostiene que las cargas y beneficios se reparten de forma general (roughly in equal manner) (56). En 1926, el Tribunal Supremo(57) autorizó normas de zonificación del suelo con usos diferentes. Cuando cada parcela tiene un uso restringido, su valor es compensado al tener las demás la misma restricción. El particular tiene la carga de la prueba de que a su terreno se le ha privado de un uso razonable. Cuando se trate de restricciones particulares impuestas por un uso determinado del suelo öregulatory exactions(58)- también se aplican de forma general las anteriores reglas. En este supuesto el tribunal puede compensar el perjuicio que sufre el propietario al condicionarle un uso con el perjuicio que sufren los demás por el impacto del uso determinado del suelo que el propietario quiere realizar. Pero la carga, restricción o tasa exigida debe guardar una relación esencial con el interés perseguido.

   De lo manifestado se desprende que aunque el regulatory taking no tenga unas fronteras perfectamente delimitadas, es una barrera, muchas veces infranqueable para una regulación pública efectiva de los usos del suelo. Hay que tener en cuenta, además, que el sistema americano de indemnizaciones se ajusta más a las máximas expectativas y que la tendencia actual del Tribunal Supremo es la de incrementar el nivel de revisión de los actos del Gobierno que afectan al suelo(59); especialmente, a la vista de dos pronunciamientos recientes, preñados de consecuencias jurídicas para cualquier política de uso del suelo, y a cuyo análisis procedemos a continuación.

   2.2. EL ASUNTO LUCAS.

   En 1988 el Parlamento del Estado de Carolina del Sur aprobó una Ley, la Beachfront Management Act(60), la cual prohibía en determinados suelos marítimos la construcción de edificios y viviendas con el fin de proteger el litoral. La Ley sólo autorizaba pequeños cobertizos desmontables y pasadizos. Consecuencia de esta Ley fue que un ciudadano, Davis Lucas, quien adquirió previamente dos parcelas en una zona afectada; pero donde ya existían viviendas en parcelas vecinas, vió privada su expectativa de construir. El ciudadano recurrió a los tribunales estatales aduciendo que le habían privado de su derecho a construir; es decir, de su derecho de propiedad privada sobre los terrenos sin recibir contraprestación (regulatory taking). El State Trial Court competente estimó que existió taking y que el Estado debía indemnizar porque dejó la propiedad del actor valueless. La Sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo de Carolina del Sur que por Sentencia de 20 de noviembre de 1992(61) revocó la anterior sobre la base de que no procede compensación bajo la cláusula del taking, con independencia de los efectos de la normativa impugnada sobre el valor de la propiedad, cuando dicha normativa es promulgada para prevenir los usos dañinos o los "noxious uses" de la propiedad. El Tribunal aceptó los presupuestos de hecho (findings) de la Ley que establecía que la construcción de más edificios y casas en la zona tendría un efecto dañino para el medio ambiente, la zona marítima, la seguridad de las personas y las propiedades.

   El asunto no admitía nuevo recurso; pero el Tribunal Supremo de los EE.UU.(62) otorgó favorablemente el writ of certiorari, dictando Sentencia revocatoria. El Tribunal Supremo distinguió las privaciones de uso del suelo compensables y las no compensables, dependiendo de la existencia de un regulatory taking total o parcial. Resolvió que la indemnización sólo podía prosperar cuando se privase al propietario de todos los usos-all economically beneficial uses-(63). Incluso, manifestó que no procedía indemnización ante un total taking en dos supuestos(64) : a) cuando la restricción fuere inherente al título; es decir, que tras una indagación de los antecedentes lógicos sobre la naturaleza de la posición jurídica del propietario se manifestase que las actuaciones prohibidas no estaban amparadas en el título de propiedad; b) que la restricción fuere inherente en la ley del Estado vigente(65) sobre inmisiones o régimen general de la propiedad(66).

   El Tribunal Supremo de los EE.UU. consideró que el "developing use", el derecho del propietario de hacerse una casa, era un interés económicamente importante(67) y falló que el Estado había cometido un total taking porque se obligaba al propietario a dejar el suelo en su estado natural y el propietario tenía derecho a indemnización cuando se aprobó la Ley que le prohibía construir en parcelas previamente adquiridas(68).

   2.3. EL ASUNTO DOLAN

   La ciudadana Florence Dolan era propietaria de una parcela de 6.700 metros cuadrados en la parte sur de la ciudad de Tigard sobre la cual existía un edificio de una superficie de mil metros cuadrados donde se desarrollaba un negocio de suministro de productos eléctricos y tuberías. La propietaria solicitó licencia al Ayuntamiento para demoler el edificio y construir otro nuevo del doble de superficie donde alojar el negocio con más comodidad y asfaltar una zona de su parcela para aparcamientos. De acuerdo con las ordenanzas municipales öcommunity development plan-, dictadas de acuerdo con la habilitación de la legislación estatal-comprehensive land use plan-, la licencia solicitada era correcta; pero el Ayuntamiento tenía facultades para condicionarla. El Ayuntamiento concedió licencia; pero subordinada a que una parte de su parcela la dedicase a auxiliar un sistema general de drenaje (colector de agua de lluvias) y a que realizase, anexo al anterior, un carril de casi cinco metros de anchura para paso peatonal.

   Según la ordenanza municipal, el 15 por ciento de superficie de las parcelas, con carácter general, no podían ser urbanizadas, debiéndose quedar como espacios abiertos y paisajísticos. Pero el lugar donde se pretendía construir el nuevo edificio tenía dos elementos de interés para el Ayuntamiento. Por un lado se hallaba parte del terreno dentro de un perímetro donde el Plan municipal colector de aguas de lluvia preveía la realización de obras para evitar avenidas. Por otro, se hallaba en un perímetro de congestión de tráfico de acuerdo con un estudio municipal. El Ayuntamiento, en méritos a los anteriores intereses, concedió licencia sujeta a dos servidumbres: que dedicase una porción del suelo para la mejora del sistema colector de agua de lluvias, en concreto debía de dejar una franja de zona verde anexa al colector y que hiciese un camino peatonal, como hemos dicho, condiciones que ya estaban pre-determinadas en el plan municipal. El Ayuntamiento consideró que el terreno que debía destinar a los anteriores fines equivalía al 15 por ciento de suelo que, con carácter general, no podía construir.

   La señora Dolan no aceptó las condiciones y el asunto concluyó en los Juzgados de Oregón. La cuestión aquí se hallaba en determinar la legalidad de la norma que autorizaba al Ayuntamiento, en este caso, a exigir condiciones en el uso del suelo - exactions-. Se discutía si constituía o no un normative taking contraria a la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU..

   El Tribunal Supremo de Oregón(69) manifestó que las condiciones exigidas por el Ayuntamiento eran razonables en relación con la licencia solicitada; y por tanto, la normativa era correcta. La particular alegó que siguiendo el precedente anterior en el asunto Nollan, el Tribunal debía aplicar la teoría de la conexión esencial (esential nexus) entre las condiciones impuestas y la licencia solicitada. La recurrente manfiestaba que el criterio o test de la conexión esencial excedía al del juicio de razonabilidad aplicado por los tribunales de Oregón. Dolan recurrió al Tribunal Supremo de los EE.UU. que falló el asunto en sentencia de 21 de junio de 1994(70).

   El Tribunal Supremo de los EE.UU. aplicó la doctrina de las condiciones inconstitucionales (unconstitutional conditions doctrine)(71); i.e., el Gobierno no puede obligar a una persona a renunciar a un derecho constitucional como es la propiedad privada (una de cuyas características, como hemos visto, es la facultad de decidir que los demás se obstengan de usarla), imponiendo una carga sobre el bien inmueble como contrapartida de la expedición de una licencia(72). En el asunto, el Tribunal Supremo opinó que el Ayuntamiento impuso a la recurrente una servidumbre sobre parte del terreno como requisito para dar licencia, sin que el particular recibiese compensación. El Tribunal Supremo estableció que se debía aplicar el test de la porporcionalidad(73). Dicho requisito significa que, sin precisión matemática, el Ayuntamiento debe justificar que la servidumbre que se le impone al particular guarda relación, tanto con la naturaleza como con la dimensión del impacto de la obra que pretende construir; es decir, que las medidas solicitadas deben ser resultado de la naturaleza de inconvenientes o daños que puede causar la obra; y por tanto, las cargas deben realmente procurar la corrección de los problemas creados por el edificio. El Tribunal Supremo declaró que para superar el test de la proporcionalidad debía existir una conexión esencial (essential nexus) y aplicando su teoría al asunto, el Tribunal Supremo admitió que el Ayuntamiento tenía un legítimo interés en evitar inundaciones y avenidas y en descongestionar el tráfico buscando vías alternativas, y que era razonable que para satisfacer esos intereses restringiera en la zona el uso del suelo y buscara alternativas al tráfico rodado; pero en el asunto concreto, al imponer a Dolan la servidumbre sobre parte de su terreno se le privaba del derecho de excluir a los demás (right to exclude others), derecho característico de la propiedad privada. Además, en un estudio individualizadado de ambas condiciones, el Tribunal Supremo no observó que guardase una relación esencial con los problemas del propio edificio y la actividad que se iba a montar. Respecto del camino, el Tribunal Supremo asumió que el nuevo emplazamiento de la empresa incrementaría el tráfico; pero manifestó que sólo constaba una probabilidad de que algunos viandantes usaren el camino, sin que constare una cuantificación más precisa (exigida por el criterio de la conexión esencial). El Tribunal Supremo concluyó que el camino no guardaba una relación razonable con el incremento de tráfico que la actividad podía originar y que por tanto las cargas impuestas no pasaban el test de proporcionalidad (rough porportionality) con el impacto que el edificio podía ocasionar, soportando el Ayuntamiento la carga (burden of proof) de probar esa proporcionalidad.

   El Tribunal Supremo, en el asunto Dolan, ratificó la doctrina Nollan. Dijo que el Estado debe establecer, asunto por asunto, una rough porportionality entre el impacto del proyecto y el grado de exacciones requeridas de acuerdo con la licencia condicionada.

   2.4. CONSECUENCIAS DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE

   En Lucas, se sostiene que el propietario no puede quedar privado de todos los usos normales del suelo, y en Dolan, el Tribunal Supremo, en contra del parecer del Tribunal Supremo de Oregón, requiere una justificación explícita más fuerte(74) cuando se prive al particular de algunos de los usos del suelo. La doctrina sentada en Dolan en la aplicación de las Unconstitucional conditions puede ser aplicable a los programas orientados a la conservación del suelo donde el agricultor se acoge a un beneficio voluntario a cambio de obligarse a usar el suelo de una determinada manera.

   HAMILTON(75) sostiene que el taking no puede ser aplicable, en general, a la política federal de conservación del suelo, ya que se sostiene en base al voluntarismo en su participación y, respecto de las restricciones ambientales obligatorias, deben dejarse algunos usos económicamente viables para el propietario. El Tribunal Supremo(76) ha dejado claro que cuando el propietario afectado acepta voluntariamente las restricciones al uso de la propiedad no puede invocar el taking. La cuestión reside en que en los programas de protección de los recursos de tipo voluntario donde la no participación en uno de ellos supone la pérdida de los beneficios de todos los otros programas, la voluntariedad puede ser ficticia, estaríamos ante an offer that canât be refused(77).

   HOLLOWAY y GUY(78) manifiestan también que la Sentencia Dolan no debe afectar a los programas de conservación del suelo y prevención de polución de origen difusa cuando se trate de zonas con alto grado de erosión, pues en el estado actual de conocimiento, se puede manifestar que los efectos desfavorables sobre la productividad, contaminación de aguas, otros efectos off-site y costes generales provocados por la erosión grave están bien documentados; y por tanto, las regulaciones aplicables a estas zonas pasarían el "rough proportionality test". Sin embargo, en suelos donde la erosión del suelo no sea un problema tan evidente, la doctrina Dolan, en opinión de estos autores, tiene total aplicación, pues, en este caso, no es suficiente la presunción de que la acción realizada por el particular comporta unos daños generales y las condiciones impuestas tienden a resolver los problemas que la acción del particular provoca. En estos supuestos, para superar el rough proportionality test, cualquier condición restrictiva del uso del suelo requiere una mayor documentación y justificación sobre la conservación de los recursos y los efectos de una erosión de suelos más débil.

   La huella del conservadurismo de la era Reagan en la jurisprudencia ha sido, como hemos visto, muy significativa.

LA NORMATIVA FEDERAL AGRICOLA DE CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO.

1. ANTECEDENTES.

   A finales del siglo XIX ya no quedaban suelos vírgenes en los EE.UU. para ocupar. Las llanuras que antaño forjaron el amargo destino de los indígenas americanos fueron roturadas y labradas o dedicadas al pastoreo. Los problemas de la erosión del suelo aparecieron tan pronto como se eliminó la cubierta vegetal. Las lluvias que azotaban la desnuda tierra antes del sembrado arruinaban la fertilidad de los suelos. La falta de fertilizantes y la ignorancia de agricultores hacía el problema cada vez más grave.

   STEINER(79) ha definido tres periodos diferenciados en la política de la lucha contra la erosión del suelo. El primero se inicia con la Guerra Civil, cuando Lincoln constituye el Departamento de Agricultura öUSDA-(80) y diseña la colonización del Oeste. Es un periodo caracterizado por el desarrollo agrícola. El segundo periodo tiene su origen en el New Deal. La Administración tiene verdadera conciencia de la gravedad del fenómeno(81); es una época donde se mezcla el apoyo y sostenimiento de la agricultura con la conservación del suelo. El último periodo se inicia en la década de los setenta, presidido por el impacto ambiental de la agricultura y la protección del agua(82); la preocupación por el medio ambiente se conecta con la práctica de la agricultura. Dos leyes federales son fruto de esta preocupación: la Food Security Act y la Clean Water Act.

   En los años 30, cuando la erosión del suelo alcanzó una proporción extraordinaria, sobre todo en los Great Plains, que padecieron una prolongada sequía, fenómeno apodado como dust bowl, el Gobierno de Roosevelt decidido intervenir de forma importante en la política de precios, pues la renta agrícola era muy inferior a la de las zonas industriales y existía una considerable capa de marginación rural. En la Agricultural Apropiation Act de 1933 se asignó una partida de 160.000 dólares para el estudio de las causas de la erosión del suelo y de los medios para evitarla(83). En 1933 se creó el Soil Erosion Service, adscrito al Departamento de Interior con una dotación para combatir el problema, aunque en poco tiempo fue un instrumento para fomentar el empleo y mejorar la renta de los agricultores(84). En el mismo año 1933 se aprobó la Agricultural Adjustment Act por la que a través de la compra de cosechas y subvenciones se intentó ajustar la oferta a la demanda, consiguiendo el efecto de dejar de laborar tierras marginales. Esta Ley, como hemos visto anteriormente, fue declarada inconstitucional en 1936.

   1935 fue un año importante: se aprobó la Soil Conservation Act(85) ( SCA), que adjudó al Departamento de Agricultura todas las competencias en la conservación del suelo. La Ley rebautizó al Soil Erosion Service como Soil Conservation Service (SCS), que se constituyó en 1937 y como tal ha permanecido hasta que, nuevamente en 1996, fue rebautizado como Natural Resources Conservation Service ( NRCS), y ordenó el establecimiento de programas de conservación del suelo de carácter permanente y no con carácter de emergencia como se establecieron anteriormente(86), con el fin común de mejorar la renta de los agricultores y controlar la erosión(87). La SCA, aprobada durante la Gran Depresión americana, establece que la erosión del suelo es una amenaza al bienestar nacional, a la que se debe atender de forma permanente, siendo declarado el control de la erosión como política de interés federal. La SCA asocia el tratamiento del fenómeno de la erosión del suelo a la política de empleo y a la prevención de inundaciones.

   El 29 de febrero de 1936 el Congreso aprobó la Soil Conservation and Domestic Allotment Act(88), que supuso una nueva forma de intervenir en la política de precios(89). La Ley ha sido modificada varias veces y deja su gestión en manos de los county agricultural comittee (desde 1981 agricultural stabilization and conservation comittee). Estos comités, de ámbito condal, recomiendan a los comités del Estado los programas de conservación más apropiados y es el comité del Estado el que aprueba los programas, con la asistencia de las agencias federales.

   En 1937, para ayudar a los Estados a desarrollar la Soil Conservation Act, se publicó " A Standard State Soil Conservation Districts Law", que fue remitida por el propio Rosssevelt a cada uno de los gobernadores de los Estados(90). Se trataba de un modelo de Ley que creaba un organismo estatal de ámbito territorial denominado Soil and Water Conservation District ( SWCD) para la conservación del suelo. Debía ser el instrumento eficaz de gestión para canalizar la ayuda federal y, también, la que dispusiesen los Estados. Estos fueron constituyendo por ley los SWCD y en 1947 todos disponían de leyes similares a la propuesta. Actualmente hay alrededor de 2.950 SWCD de ámbito territorial, ordinariamente, similar al condado, abarcando casi todo el país(91).

   En este marco legal se han ido creando programas de subvenciones para la conservación del suelo (permaneciendo junto con otros de carácter típicamente de fomento agrícola(92), como los de apoyo de precios, renta agraria, financiación agrícola, promoción rural, etcétera, que se han sostenido y prorrogado prácticamente hasta nuestros días(93). Estos programas, como todos, son de carácter voluntario y se motiva al agricultor a adherirse a los mismos. Son dos las características que identifican a estos programas anteriores a la Food Security Act-FSA- de 1985 : apoyo a la propiedad privada agraria y voluntarismo. Estas notas tienen un calado estructural en el propio sistema americano, donde la propiedad y libertad son los ejes del sistema, a diferencia de los sistemas europeos cuya estructura agraria procede, aún en buena parte, de esquemas feudales(94). En estos programas anteriores a la FSA, el objetivo de reducción de la erosión del suelo se orienta a aproximar la pérdida del suelo al valor T(95) en todos los suelos que participen en los programas. Como veremos después, la reforma de 1985 supone, por un lado, concentrar el esfuerzo federal sólo en los suelos más débiles; i.e., los que más daño off-site provocan y, por otro lado, disminuir la pérdida de suelo de estos suelos más allá del nivel T.

   En los años 70 los programas convivieron con una política agraria donde se exhortó a los agricultores a cultivar la mayor parte de los campos y atender a los acuerdos comerciales de suministro de grano con la antigua URSS y China, en un contexto de dólar devaluado(96). Dicha década iba concluyendo con un sensible aumento de los daños ambientales producidos por la agricultura y por una crítica a los programas existentes(97).

   Consecuencia de ello y de la conexión ambientalista del fenómeno fue la promulgación en 1977 de la Soil and Water Resources Conservation Act(98) que intentó dar coherencia a los numerosos programas agrícolas existente(99) y ordenó al USDA: a) evaluar de forma continua el estado del agua, del suelo y de los otros recursos relacionados respecto de las áreas territoriales que no fuesen propiedad de la Federación; b) desarrollar un programa para proteger, conservar y mejorar los recursos anteriores; y c) estimar anualmente el logro de los anteriores objetivos(100). Los informes sobre el estado de los recursos debían realizarse cada 5 años, siendo el primero publicado en 1982, cuyo contenido mostraba las inconsistencias de los programas y sus efectos adversos al medio ambiente. Muchas veces, los fondos destinados a la conservación del suelo eran usados para construcción de vallas, sistemas de irrigación de campos u otros equipos que nada tenían que ver con la protección del suelo. Muchos de los programas eran olvidados por los agricultores tan pronto recibían los fondos. La cubierta vegetal de protección del suelo frágil, conservada con subvenciones, era inmediatamente eliminada a la finalización de los programas para volver a labrar los suelos. En general, las subvenciones no se dirigían a la conservación del suelo más frágil y la descoordinación de la Administración era mayúscula. Los 25 programas del USDA que mencionaba la ley eran administrados por 8 departamentos diferentes(101).

   Al mismo tiempo, se rectificó la legislación con la Agricultural, Rural Development and Related Agencies Appropiation Act de 1979, por lo que cambió el régimen del programa de conservación más importante, el Agricultural Conservation Program öACP- con el fin de no conceder subvenciones a prácticas favorecedoras de la producción que no tuviesen efectos sensibles en la conservación del suelo, e incluir subvenciones a las prácticas favorecedoras de la lucha contra la contaminación(102).

   La era Reagan se caracterizó por el recorte presupuestario en estas partidas. La erosión del suelo, como objetivo federal, sin fondos procedentes de Washington, se dejó en manos de los Estados y entes locales y el esfuerzo de la Federación se centró en las zonas donde la erosión era muy grave. El recorte presupuestario(103) llegó a suprimir el SCS, auspiciando una política puramente de mercado en los precios agrícolas, apoyando al sector privado(104). La nueva orientación ambientalista de la protección del suelo, iniciada en el seno de una crítica general de la política agraria(105) y el reconocimiento de las inconsistencias del sistema jurídico(106) sólo se pudo traducir en la Food Security Act a cuyo análisis procedemos a continuación.

   Hasta ahora, el Congreso ha regulado, constituyendo obligaciones ex lege, sólo aquellos aspectos de la actividad agraria relativos a la aplicación de los inputs, como los pesticidas, que son percibidos como potencialmente dañinos(107). El Congreso se ha abstenido de disciplinar el uso del suelo agrícola porque está muy arraigado en la cultura americana la conexión de la propiedad privada del suelo con la libertad individual que trasluce una tipología de propiedad privada con una débil función social, que sólo conoce los límites del respeto a las otras propiedades. Esta idea aún está más arraigada en la comunidad agraria. Quizá por ello el Congreso ha escogido la vía de la colaboración y no la de la normativa obligatoria(108), que, además, corre el riesgo de soportar acusación de taking.

2. EL RÉGIMEN DE LA FARM BILL

   El 23 de diciembre de 1985, el Congreso aprobó la Food Security Act(109) (FSA), comúnmente conocida como la Farm Bill cuyo título XII(110) se destinó a la conservación de los recursos naturales bajo una influencia notable de dos movimientos que definen la ley: el ambientalismo voluntario y el liberalismo (ausencia de protagonismo económico de la Unión) de la era Reagan. Dicho Título es modificado por la Food, Agriculture, Conservation and Trade Act de 1990(111), y por otras posteriores en cuestiones fundamentalmente presupuestarias, sufriendo una última y profunda modificación con el Titulo III ( Conservation) de la Federal Agriculture Improvement and Reform Act de 1996(112) . La Ley federal no pretende regular el uso de los suelos, política tradicionalmente en manos de los Estados, sino regular su propia política de subvenciones agrícolas(113).

   El Titulo XII de la FSA de 1985 contiene diversos instrumentos de intervención que intentan ser el marco jurídico de la política nacional de la conservación del suelo y de los humedales(114). La Ley persigue reducir el gasto público y, por tanto, se centra exclusivamente en la protección de las zonas más frágiles, mediante la restauración de los problemas ambientales causados por la agricultura, bien incentivando la retirada del cultivos en tierras frágiles, suelos muy erodibles - highly erodible land HEL- o procurando, al menos, su gestión sin daño ambiental(115). Los instrumentos de protección de la Ley no son obligatorios, sino voluntarios. Los partícipes aceptan su cumplimiento en base a las subvenciones del USDA.

   2.1. PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

   Dos son las líneas de acción de la FSA de 1985, apoyadas en cuatro programas, ninguno de ellos de carácter obligatorio. Por un lado se intenta conseguir una cross-compliance entre los programas conservacionistas y los de apoyo a la renta agrícola y fijación de precios y; por otro lado, se constituye una reserva de suelo retirando de la explotación agrícola los suelos más frágiles. La primera finalidad se cumple con los programas denominados swampbuster, sodbuster y conservation compliance y la segunda con el Conservation Reserve Program.

1. The Conservation Reserve Program (CRP).

   Es un programa de retirada de tierras cultivables con alto riesgo de erosión. Es el programa más importante de retirada de cultivos por motivos ambientales, instrumentalizado mediante contratos con los dueños a cambio de rentas, de duración de diez años, y cuyo régimen vigente estudiamos más adelante. Las tierras con derecho a participar debían ser suelos muy erodibles que hubiesen estado en producción, al menos dos años desde 1981 a 1985. La Ley preveía retirar 45.000 acres de cultivos que, en principio, debían ser en los suelos más frágiles, reduciendo sustancialmente la erosión(116).

   2) Swampbuster

   Las provisiones de la Ley denominadas swampbuster(117) intentan impedir que los propietarios de humedales puedan transformarlos para cultivo. La consecuencia jurídica para el que transforme el humedal consiste en la pérdida de los beneficios económicos de los programas agrícolas, aunque la Ley permite excepciones(118). Humedales (wetlands) son, a los efectos de la ley, los suelos húmedos y cubiertos con plantas que, usualmente, habitan en los humedales(119). Los propietarios que quieran drenar un humedal y dedicarlo a la producción agrícola sin perder las subvenciones deben solicitarlo a las administraciones competentes(120). Usualmente, las peticiones han prosperado sólo cuando se justifiquen por las siguientes razones:

   1. "third-party". Cuando de forma involuntaria (inadvertent) se provoque el drenaje del humedal por efecto de un campo tercero, anexo, o por construcción de infraestructuras por parte de los poderes públicos.

   2. "minimun effects". Cuando se desee transformar estos suelos teniendo la certeza de que no se van a destruir, sino sólo afectar (disturb) y se requiere la presentación de una declaración de impacto ambiental.

   No representa, pues, una verdadera protección estatutaria de humedales, sino una transformación de las inconsistencias de la política de subveciones federal que favorecía el drenaje de humedales. No estudiamos esta materia que cae fuera del alcance de nuestro objeto, mas hemos de advertir que la propia Ley observa los beneficios ambientales sinérgicos al tratar los suelos frágiles y los humedales en el mismo instrumento.

3. Sodbuster

   La Ley intenta, con las provisiones denominadas sodbuster, desincentivar a los propietarios que deseen trabajar el suelo que predominantemente sea muy erodible y que hasta ese momento no se hubiese trabajado. Son suelos de muy bajo rendimiento agrario que, por esa razón, no se habían trabajado. La Ley intenta que estos suelos continúen vírgenes. El propietario que labrare estos suelos perderá todos los subsidios del USDA, a menos que aplique un plan de conservación previamente aprobado. El USDA estimó que 345â2 millones de acres estaban sujetos a estas restricciones(121).

   4) Conservation Compliance.

   El programa anterior no es de aplicación a los suelos muy erodibles que hubiesen estado en producción en cualquier año desde 1981 a 1985 o se hubiesen retirado del cultivo según algún programa agrario anterior. Para estos suelos, la Ley obliga a los productores a aplicar un programa de conservación a partir del 1 de enero de 1990, so pena de perder los subsidios del USDA. Se estimó que 117â9 millones de acres podían reunir esta calificación(122).

2. JUICIO GLOBAL DEL TÍTULO CONSERVACIONISTA DE LA FARM BILL DE 1985

   En la Ley convergen los intereses privados y los públicos. Prima el interés particular en la reserva de suelos y en las líneas de crédito previstas para partícipes. El interés público (123) preside las provisiones de la conservation compliance, sodbuster y swampbuster. Los instrumentos financieros para el logro de los objetivos de la Ley se centran en las partidas previstas para la reserva(124) y el crédito agrícola(125) vinculado al seguimiento de prácticas conservacionistas. La aplicación de la Ley comporta una evidente mejora ambiental y paisajística(126).

   La Ley se propuso retirar 45 millones de acres de suelo marginal altamente erodible. STEINER(127) manifiesta que en buena parte se ha conseguido a un coste de más de 1.400 millones de dólares por año. La Ley intenta a través de estos programas satisfacer el máximo numero de objetivos posibles(128):

   * reducir la pérdida de suelo por erosión eólica e hídrica,

   * proteger la capacidad de la nación de producir alimentos y fibra a largo plazo,

   * reducir sedimentos y mejorar la calidad de aguas,

   * preservar los valores y funciones de los humedales.

   - reducir los excedentes agrícolas.

   La Ley tiene varias desventajas(129):

1. - Carácter voluntario de sus programas. No hay seguridad de que el suelo más erodible tenga protección, pues el propietario puede decidir labrarlo de la forma más inconsistente, sólo a costa de perder las ayudas federales. Ello provoca también que el éxito de la Ley esté vinculado al gasto presupuestario del USDA, pues, en ausencia de subvenciones importantes, la apetencia de propietarios por el cumplimiento de las normas de conservación será mínima.

2. - Recelo de agricultores en el carácter a largo plazo de los programas. Los programas dependen de las leyes anuales de presupuestos y no hay garantías de que en coyunturas difíciles no se supriman las partidas, como enseña la experiencia.

3. - La Ley negaba, en principio, cualquier uso económico de los suelos sujetos a la reserva. Ello desmotivaba a los dueños. Sin embargo, desde 1989 la Administración (el ASCS) ha autorizado algunos usos, como el pastoreo en lugares acotados, permitiéndolo las reformas posteriores de la Farm Bill.

4. - El CRP es caro e incita a especular en terrenos por parte del capital especulativo.

5. - Existe una gran inconsistencia al no prever el destino de los suelos sujetos a la reserva a la finalización del contrato.

   2.3. LÍNEAS GENERALES DE LAS REFORMAS DE 1990 Y 1996

   Previamente a la importante reforma de 1996, la Farm Bill de 1990 supuso la consolidación del modelo de tratamiento del problema de la erosión del suelo tal como se diseñó en la Ley de1985(130). La preocupación por la conservación ambiental excede a la preocupación del control de la erosión como cuestión específica. La reforma se centra en los instrumentos tradicionales de intervención; i.e., participación voluntaria, retribuciones incentivadoras, ayuda técnica, educación e información. La reforma de 1990 reautoriza al USDA a suscribir hasta 1995 contratos de 10 años en el CRP. Pero, sobre todo, la reforma eleva el nivel de protección de los humedales: respecto de las provisiones swampbuster, el programa incluye dentro de su ámbito cualquier humedal que haya experimentado una transformación por motivo de cualquier interés agrícola, y no simplemente el cultivo; además, autorizó un programa de pago de cánones por usos del suelo- easement- a largo plazo para proteger humedales , constituyendo así otra reserva húmeda -wetlands reserve program ( WRP)(131) - con una previsión de proteger 975.000 acres.

   La reforma de la era Clinton de 1996 , aunque de gran calado(132), no supone una nueva orientación de los instrumentos conservacionistas. En los debates parlamentarios estuvo apagado el espíritu ambientalista que presidió la discusión de las leyes de 1985 y 1990, primando un interés por los derechos de propiedad de agricultores afectados por la aplicación de los programas(133). Las modificaciones más sustanciales de la reforma son las siguientes:

   - Debilita el régimen de protección de los suelos muy erodibles en la Conservation Compliance al facilitar el aprovechamiento agrícola de los suelos por parte de propietarios(134).

   - Flexibiliza el régimen de protección del programa swampbuster. Se elimina la sanción del infractor cuando voluntariamente restituya el daño causado. Aumenta la discreción del USDA en la aplicación del programa, especialmente al determinar las sanciones a los infractores (i.e., los programas de subvención a los que no pueden acceder) y la aplicación de excepciones, especialmente la de buena fe -good faith-.Se mantiene la delimitación de los humedales existente a la entrada en vigor de la Ley y no se aplica la cláusula prior converted wetland a los humedales en producción agrícola, mientras permanezcan en producción. Se constituye un programa piloto de ayudas (dentro del sistema CRP) y se deja sin efecto la obligación de consulta previa al U.S. Fish and Wildlife Service(135).

   - El CRP se extiende hasta el año 2002. El programa autoriza sólo una superficie de 36â4 millones de acres, permanentemente, durante el periodo de aplicación. Se autoriza a propietarios con contratos sujetos al CRP, suscritos con cinco años de anterioridad a la reforma y cuyos suelos no sufren niveles altos de erosión potencial y no proporcionan valores ambientales considerables, a cancelar el contrato anticipadamente, autorizando al USDA a destinar el dinero obtenido de esta forma para suscribir otros contratos. Los requisitos de conservación de los suelos que han finalizado su contrato en el CRP y vuelvan a la producción no pueden ser mayores que los de los terrenos cercanos que no hayan participado en el programa. Se ordena al USDA la aprobación del reglamento de ejecución de la aplicación del CRP antes de 90 días desde la aprobación de la Ley(136).

   - Se extiende el WRP hasta el año 2002 para un total de 975.000 acres. El programa debe aplicarse sobre humedales donde los beneficios para la fauna sean mayores. Un tercio de la contratación debe ser de forma permanente, otro tercio con duración de 30 años, ambos tipo easement, y el otro tercio para restauración con técnicas de cost- sharing(137).

   - Se introduce un programa piloto, denominado Conservation Farm Option-CFO(138) bajo formula de contrato de 10 años con productores de suelos adscritos a programas de producción subvencionada, con el fin de que a cambio de una renta anual realicen una producción que favorezca los recursos ambientales.

   - Se prorroga hasta el año 2002 el ECARP(139), Environmenal Conservation Acreage Reserve Program(140), mecanismo que procura la financiación y coordinación de los programas específicos CRP, WRP y EQIP, que a continuación señalamos.

   - Se crea un nuevo programa, el Environmental Quality Incentive ProgramöEQIP- por el que se refunden cuatro programas(141) tipo cost-sahring hasta entonces en activo. El nuevo programa se basa en la asistencia técnica, cost-sharing, subvenciones y educación. La mitad de los recursos del programa se destina a problemas de conservación relacionados con el ganado. Los participantes deben adoptar un plan de conservación y los contratos oscilan de 5 a 10 años, con límites de diez mil dólares al año por contrato, sin que se rebase los cincuenta mil dólares durante toda la vida contractual por partícipe(142).

   - Se crea un programa voluntario de asistencia técnica y educacional para mantener y mejorar la tierra de pastoreo. La dotación actual es de 60 millones de dólares(143).

   - Se establece que, a través del mecanismo financiero CCC- Comodities Credit Corporation(144), se retiren del mercado los suelos agrícolas que sufran frecuentes inundaciones y que se hallen vinculados a contratos suscritos con el USDA. Se obliga a los participantes a cumplir con la normativa swampbuster y conservation compliance y a renunciar a futuras reclamaciones por desastres(145).

   - Se autoriza al NRCS a recibir hasta 50 millones de dólares del CRP para desarrollar y ejecutar planes de gestión de mejora del hábitat silvestre(146).

   - Otras cuestiones importantes de la reforma son la dotación de fondos para la política de protección de bosques y adquisición de tierras puntuales de valor ecológico(147) y la extensión hasta el año 2002 del Resource Conservation and Development Program ( RC&D), que es un programa de promoción rural conectado con la conservación de los recursos(148).

3. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN LA EROSIÓN DEL SUELO.

   Dos son los instrumentos federales vigentes más importantes de protección del suelo de la erosión: el régimen voluntario de protección y la reserva. Ambos tienen en común que se centran en la protección del suelo altamente erodible ö highly erodible land, HEL- y que se cohonesta su aplicación con la protección de los recursos naturales; pero sobre todo, del agua superficial, por lo que el suelo con alto valor ecológico se asimila al HEL.

1. DISCIPLINA VOLUNTARIA EN LA PROTECCIÓN DE SUELOS ALTAMENTE ERODIBLES.

   1. DEFINICIÓN DE FINCA MUY ERODIBLE

      Las normas relativas a esta materia se hallan codificadas en 16 USC par. 3811-3814. El Secretario del USDA ha aprobado, en su desarrollo, el Reglamento provisional de 1996(149), estando pendiente la aprobación del Reglamento final.

      La Ley no prohíbe la gestión incorrecta de suelos muy erodibles; i.e., deja en manos del gestor de los suelos la decisión de cultivarlos o no. Creemos que la Ley no podía negar el cultivo; pero sí obligar a adoptar medidas de conservación, porque tratándose de suelos muy erodibles, los efectos desfavorables off site están bien documentados y por tanto no sería invocable la doctrina de Dolan antes estudiada.

      La Ley(150) ordena que cualquier persona que, a) produzca cualquier cultivo en tierras donde predominen suelos altamente erodibles; o b) los cultive cuando esté previsto su retirada o su dedicación a fines conservacionistas; o c) cultive sin seguir un programa administrado por el USDA con el fin de reducir algún producto, no tenga acceso a participar en los programas de subvención y contratación agrícola de productos respecto de las cosechas producidas en la temporada, sin perjuicio de las excepciones que establece la Ley.

      No vamos a realizar un estudio pormenorizado de carácter práctico, sino que nos vamos a centrar en aquellas cuestiones teóricas y puntos básicos del sistema de protección de suelos altamente erodibles, ya que es la única disciplina federal de protección de estos suelos.

      La Ley define qué es suelo muy erodible(151) y autoriza al Secretario del USDA a realizar evaluaciones de suelos de particulares con el fin de conocer sus posibilidades de uso, sin perjuicio de que los propietarios puedan, con medios privados, realizar la calificación de sus suelos(152).

      Suelo muy erodible (highly erodible land) (153) -HEL- es el suelo que a fecha 23 de diciembre de 1985 tenga la consideración IV, VI, VII u VIII(154), según la clasificación de usos de suelo realizada por la SCS, o sufra un índice medio de erosión anual excesivo, en relación con el nivel de pérdida de suelo tolerable -T- o que sufriría si produjese algún cultivo.

      La Ley(155) faculta al Secretario del USDA a determinar mediante reglamentación los parámetros técnicos del cálculo de la erosión y de la relación con la pérdida de suelo tolerable. El Reglamento provisional(156) establece que HEL es el que tiene un índice de erodibilidad (erodibility index) -EI- de nivel 8 ó superior. El Erodibiligy Index es el valor numérico que expresa la erodibilidad potencial de un suelo en relación con su valor de tolerancia sin considerar las prácticas de conservación(157). El EI es el criterio que debe guiar al NRCS para realizar los mapas que fijen las zonas HEL. T es la máxima pérdida permitida para que no decline la producción a largo plazo(158).

      El índice medio anual de erosión potencial -potential average annual rate of erosion- se calcula, tanto para las mediciones de erosión laminar- sheet- como en surcos ö rill- mediante la USLE(159), determinada por los factores R ( agresividad de la lluvia -Rainfall y runoff-), K (resistencia del suelo) y LS (longitud e inclinación); y de la WEE(160), determinado por los factores C (velocidad del viento y humedad de la superficie del suelo) e I (resistencia del suelo a la erosión). El Reglamento definitivo- Final Rule(161) - del NRCS de 3 de junio de 1996 sobre Soil Loss Equation(162) , que da cumplimiento a la Secc 301 c) de la Farm Bill de 1996, desarrolla el modelo de la USLE(163) , RUSLE(164) y WEE(165) adoptada por el USDA.

      Por último, el terreno se considera Highly erodible Field,- HEF- finca altamente erodible cuando un tercio o más de su superficie sea HEL o quinientos o más acres de ese terreno o predio se identifiquen como HEL. La determinación perimetral del predio o terreno (field boundary) la realiza el NRSC, aunque el interesado puede solicitar su revisión(166).

   2. OBLIGACIONES DE LOS AFECTADOS

      Para que un operador de suelos HEF tenga acceso a los beneficios federales(167) se requiere que emita una declaración -self certification-(168) donde el interesado "auto-certifica" que reúne los requisitos para la no exclusión de beneficios y se compromete a producir o usar el suelo de acuerdo con un plan de conservación(169), autorizando a los representantes del USDA a acceder a su propiedad a los efectos de verificar su self-certificate. La self certificate es ratificada por el USDA(170).

      Los planes de conservación deben ser realizados por el operador conforme a las guías técnicas del NRCS al tiempo de adoptarlos, que se refieren tanto al campo técnico como al económico; i.e., la ejecución del plan debe ser posible öfeasible- basado en las condiciones de los recursos locales y tecnología disponible; debe ser rentable- cost-effective- y no debe causar penalidad económica- undue economic hardship- al operador que aplica el plan de conservación. El objetivo del plan es que la pérdida del suelo sea la "mínima posible". El estándar para establecer si un plan ofrece una reducción sustancial de la erosión consiste en comparar el nivel de pérdida de suelo con el que tenía antes de su aplicación. Excepcionalmente, los suelos HEL transformados para el cultivo antes del 23 de diciembre de 1985 sólo requieren un plan de conservación que consiga una "sustancial reducción" de suelo erosionado. Para campos transformados de vegetación autóctona en cultivo después del 3 de julio de 1996 y que comporten aumento de erosión, el plan de conservación no podrá permitir un "aumento sustancial" de erosión. (171). El HEL procedente de CRP debe adoptar un plan de conservación, sin que la Administración pueda obligar al operador a adoptar mayores estándares que los de campos vecinos(172).

      Los conservations districts ( organismos estatales encargados de la protección del suelo, cualquiera que sea su nombre, herederos de los SWCD) aprueban el plan de conservación tras verificación primera del NRCS. En supuesto de silencio no motivado(173) del conservation district, o en caso de inexistencia(174) de este organismo, lo aprueba el NRCS, resolución sujeta a recurso por parte del particular solicitante.

   3. INCUMPLIMIENTO

      La Ley(175) determina los beneficios a los que no se tiene acceso. Se desarrolla en el Reglamento provisional de 1996(176). En general se pierde el pago de cosechas durante todo el año agrícola, que incluye préstamos, indemnizaciones por desastres, pago de cánones por parte del CCC por el almacenaje de cosecha durante el año, pago durante el año del programa EQUIP, y la mayoría de subvenciones a recibir durante el año del incumplimiento.

      Sin embargo, hay importantes excepciones donde el operador no pierde las subvenciones(177); así:

      - En ciertas zonas que a fecha 1 de enero de 1995 producen determinados cultivos de interés público sujetos a plan de conservación.

      - Las producciones obtenidas de plantaciones realizadas antes del 23 diciembre 1985 (difícilmente puede existir alguna en 1996).

      - Cuando el área trabajada se halle bajo la cobertura operativa de un sistema de conservación adoptado por el propio distrito de conservación -Conservation System Conservation District- o por el USDA.

      - Cuando las plantaciones se hicieron en suelos que según estimaciones del SCS no eran HEL y después se han calificado como tales, salvo que la plantación se haya realizado después de la calificación HEL.

      - Cuando un arrendatario, de buena fe, no pueda cumplir con el plan de conservación, o el dueño de la tierra se oponga a su aplicación y el Secretario del USDA determine que ello no es una maquinación para incumplir la Ley.

      - Cuando el particular participe activamente en el plan de conservación y, no obstante, fracase en los objetivos, y el Secretario del USDA determine que ha sido en buena fe.

      - Al que sufra pérdidas en la explotación de cualquier cosecha respecto de las subvenciones de temporadas siguientes, si el Secretario del USDA determina que cumple con programas de conservación.

      - Cuando el incumplimiento sea menor y sin efectos importantes en la erosión del suelo, o cuando el incumplimiento se deba a circunstancias fuera del alcance del particular o a consecuencia de condiciones atmosféricas, pestes o infecciones.

      - En producciones no comerciales en suelos de menos de dos acres, cuando el Secretario del USDA determine que no se realiza con intención de obviar los requisitos de conservación.

      Además, hay una regla general de exclusión y dos excepciones particulares:

1. -Maquinación para incumplir öscheme or devive-(178).

   Las subvenciones recibidas pueden ser congeladas o su devolución reclamadas si el operador adopta o participa en cualquier maquinación o trama con el fin de evadir la aplicación de la ley.

2. - Penalidad injustificada öundue economic hardship-(179).

   Si un operador, tras la aplicación del plan de conservación sufre penalidad económica, el county committee (creado por la FSA) puede hacer una recomendación al State Comittee (creado también por la FSA) para variar el plan o sistema y éste puede autorizar el cambio fundamentado sólo en esta cláusula. El State FSA Committee sólo puede considerar en su determinación factores relevantes como costes de aplicación del programa, beneficios de su aplicación y la situación económica del sujeto.

3. - Buena fe ögood faith-(180).

   Queda exento de la exclusión de subvenciones el que habiendo contravenido la obligación de conservar antes del 23 de diciembre de 1985 (los que ante la inminencia del rigor de la FSA de 1985 transformaron bosque en tierra de cultivo o pasto) se determine que fue en buena fe y siempre que en plazo no superior a 1 año se ejecute un plan de conservación.

   La inhabilidad para recibir subvenciones por parte del infractor alcanza a las personas relacionadas -"affiliated persons"-(181) que, en general, son los dependientes, familiares y socios, directa o indirectamente (incluyendo el trust o joint venture(182)).La pérdida de los beneficios del arrendatario no alcanza, sin embargo, al propietario(183).

   4. APLICACIÓN öENFORCEMENT-.

      El NRCS es el órgano competente para las cuestiones técnicas respecto de calificación de terrenos y calificación de acciones de particulares(184).

      Cualquier miembro de la USDA que observe un incumplimiento de la normativa o del plan conservador mientras realice un asesoramiento técnico in situ- on site- debe informar al infractor antes de 45 días desde que observare la infracción , manifestándole las acciones requirentes para el restablecimiento. El infractor debe corregir las deficiencias a la brevedad posible. Si la corrección no se realiza totalmente antes de un año desde la recepción de la notificación de incumplimiento, el Secretario del USDA puede revisar la situación de habilidad del infractor respecto a los beneficios que pueda recibir(185). Las resoluciones del USDA son recurribles(186).

      3.2. RESERVA PARA LA CONSERVACION -CRP-

   1. FINES Y CONTENIDO

      La reserva para la conservación (Reserve ConservationProgram,- RCP-) es un programa de retirada de tierras de cultivo creado para, a través de un sólo programa, alcanzar el mayor número posible de objetivos fijados: conservación del suelo, reducción de stocks agrícolas, mantenimiento de la renta agrícola y mejora del hábitat de la fauna, como hemos visto anteriormente

      La reserva viene regulada en el 16 USC 3831- 3837 y se halla desarrollada en el actual Reglamento definitivo, Conservation Reserve Program CRP Final Rule, de 12 de febrero de 1997(187), redactado conjuntamente por el FSA y el CCC. El Reglamento actualiza, a la vista de la experiencia, los términos y condiciones del CRP; pero, en general, podemos decir que consolida las normas ya existentes sobre la reserva.

      La reserva aparenta tener unos beneficios económicos netos. El Reglamento declara superar con éxito el test de costes/beneficios(188). Se acepta por parte del Reglamento que el CRP comportará un beneficio neto significativo en calidad ambiental y en el aumento de precios de las cosechas, al existir inferior oferta(189).

      La preocupación primera del CRP fue la erosión del suelo HEL. Sin embargo, el Reglamento ha extendido el CRP a suelos donde la conservación a largo plazo y solución de otros problemas ambientales así lo aconsejan.

      La Ley(190), con carácter general, establece que el CRP se dirige a englobar los cultivos en suelo muy erodible que reúnan cualquiera de las siguientes notas:

      - cuando se permita su explotación sin adopción de medidas y puedan reducir sutancialmente la capacidad de producción para las generaciones futuras

      - los que de acuerdo con la Secc. 3812 son HEL

      - pastos marginales convertidos en humedales o que, antes del 28 de noviembre de 1990, constituían hábitat de fauna silvestre,

      - pastos marginales para ser poblados con árboles

      - cauces de ríos

      - otras tierras que, de algún modo, supongan una amenaza a la calidad de las aguas on y/o off-site, o al medio ambiente, o a plantaciones recientemente realizadas, si existe un sistema permanente de protección con contornos de vegetación.

      El Reglamento(191) prevé que el CCC pueda designar áreas prioritarias, sin que más del 10 por ciento de la superficie de un Estado pueda ser considerado como tal, salvo causas excepcionales. Las áreas de conservación prioritarias se delimitan cada 5 años, especialmente, atendiendo a la calidad de las aguas y otros intereses ambientales.

      La Ley(192) autoriza a contratar suelo hasta el límite de que, en cualquier momento, haya un máximo de 36.400.000 acres en la reserva(193), desde 1986 hasta el año 2.002. Ello no quiere decir que ese objetivo se cumpla.

   2. RÉGIMEN CONTRACTUAL

      El Reglamento(194) requiere que las tierras que accedan a la reserva sean:

      1) Tierras de cultivo que hayan sido efectivamente cultivadas durante dos de los últimos cinco años, según determine la Farm Service Agency y que, legalmente, puedan producir de forma normal un cultivo agrícola. Debe ser un suelo adecuado para cumplir los fines de la Ley, tales como servir de hábitat permanente a la fauna, o constituir una defensa o filtro de la erosión, sufrir erosión procedente de riadas o corrientes teniendo riesgo de inundación cada 10 años, afectar a la degradación del agua y del medio ambiente

      2)Pasto marginal, en las condiciones reglamentarias que dicte la Farm Service Agency

      3) El que ya se halle anteriormente adscrito al CRP.

      4) Suelo HEL.

      5) Suelo de protección de cabecera de manantiales.

      6) El que determine la Farm Service Agency.

      La inclusión del suelo al CRP se realiza mediante contratos de duración,

      generalmente de 10 años(195); aunque en supuestos de suelos con funciones más sensibles, como cinturones de protección de la erosión, corredores de fauna o bosques de larga duración pueden tener una duración superior, sin que rebasen los 15 años.

      Los contratos son suscrito por el USDA y, en general(196), los propietarios o arrendatarios (éstos con arriendos de duración igual o mayor que la del contrato CRP), que gocen del derecho durante 12 meses seguidos antes del convenio(197), salvo sucesión hereditaria, adquisición ejecutoria o hipotecaria u otras circunstancias que evidencien que la adquisición no se hizo con el fin de participar en el programa(198).

      Los productores pueden ofertar(199) (bids) a la Administración las cantidades que están dispuestos a recibir para incluir sus suelos en el CRP. En general, los criterios de preferencia para aceptar unas ofertas por el CCC vienen presididos por los siguientes factores: 1) erosión del suelo, 2) calidad del agua (superficial y subterránea), 3) beneficios a la fauna, 4) áreas prioritarias de conservación, 5) productividad del suelo, 6) facilidad para la conservation compliance, 7) probabilidad de que la tierra ofertada continúe con un uso conservacionista después del contrato, como cuando el oferente manifiesta su deseo de plantar árbloles, 8) calidad del aire y 9) coste.

      En el caso de que la oferta proceda del CCC, si el usuario la acepta, su terreno es incorporado al CRP de forma automática.

      El contrato expira :

      a.- Cuando el partícipe vende la tierra, aunque el comprador puede subrogarse o celebrar un nuevo contrato. No está obligado el comprador a continuar(200). Pero cuando se vende el suelo del CRP (salvo que el comprador sea el US Fish and Wildlife Service), el propietario renuncia a recibir rentas y subvenciones cost-sharing y se obliga a devolver todo o parte de lo recibido, según criterio del Secretario del USDA, salvo que el cesionario asuma las obligaciones del contrato(201); aunque se autoriza al Secretario del USDA a condonar al propietario u operador la devolución de lo recibido cuando pierda su derecho en ejecución hipotecaria(202).

      b.- Por mutuo acuerdo de las partes(203).

      c.- Por decisión unilateral del Secretario del USDA, cuando así lo aconseje el interés público(204).

      d.- Por decisión unilateral del partícipe, pasados 5 años de vigencia desde la firma del contrato (los celebrados antes del 1 de enero de 1995) con un preaviso razonable(205). No se permite, sin embargo, al propietario o usuario resolver anticipadamente el contrato cuando dicho suelo sea destinado a servir de barrera contra la erosión eólica o hídrica, de protección de cauces, tenga un índice de erodibilidad superior a 15 ó un alto valor ecológico, según determine el Secretario del USDA(206).

      El Secretario del USDA puede modificar el contrato cuando estime que es necesario para la mejor ejecución de los fines de la Ley o cuando por otras necesidades de producción de alimentos o fibra estime que todo o parte del suelo debe ser destinado a un cultivo particular durante una temporada y bajo las condiciones que se establezcan. También se puede modificar de mutuo acuerdo(207).

      A la finalización del contrato, si se tratase de suelo HEL, éste queda libre para el cultivo de cualquier tipo de producto y las obligaciones de los subcapítulos II y III de la Ley, que hemos expuesto anteriormente (para suelos HEL), serán aplicables hasta el punto de que las limitaciones sean similares a otras de tierras similares de la misma área(208).

   3. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES

      Es obligación del propietario u operador(209):

1. Desarrollar un plan para transformar la producción normal del suelo, antes de su entrada en la reserva, en otra de menos impacto ambiental, como la plantación de hierba permanente, árboles, etcétera, adecuada a la finalidad del plan(210). El plan de conservación debe ser realizado por el partícipe según las directrices del NCRS, debiendo el conservation district local aprobarlo. El plan debe reducir la erosión cost-eficiently y mantener y mejorar los recursos(211).

2. Destinar los cultivos del suelo contratado para los fines del CRP(212).

3. No usar el suelo de la reserva para propósitos de producción agrícola, salvo autorización del Secretario del USDA(213).

4. Destinar la cubierta vegetal y los humedales para la mejora de la fauna (sin que pueda ser para el ganado o peces de interés comercial, forraje, pastoreo o cualquier uso comercial) (214).

5. Realizar las plantaciones y prácticas convenidas en contrato(215).

6. Destinar 1/8 del suelo de la reserva a plantaciones, matorral o humedal que, de forma permanente, sea de uso para la fauna, incluyendo a las aves migratorias(216).

   En supuesto de incumplimiento, renuncia el partícipe a cualquier derecho y a recibir rentas y subvenciones cost-sharing, y se obliga a devolver lo recibido con intereses en supuesto de grave incumplimiento, con rebaja, en ambos conceptos, en el supuesto de cumplimiento menos grave(217).

   Los derechos del propietario u operador(218) son:

1. En general, poder realizar cultivo en franjas entre árboles, siguiendo prácticas de conservación y poder cultivar sobre parte del suelo de la reserva, con reducción de las percepciones económicas; aunque estas prácticas están sujetas a autorización expresa(219).

2. Recibir los ingresos acordados(220). Los ingresos se componen de dos partidas: las rentas y las subvenciones cost-sharing(221). Éstas se destinan a sufragar los gastos de infraestructura y medidas para la conservación. Generalmente, el USDA paga el 50 por ciento de las medidas y prácticas de conservación establecidas en el contrato(222). La renta anual, que no puede exceder de 50.000 dólares por partícipe, se acomoda a la cantidad necesaria para compensar la conversión de cultivos causantes de erosión y cultivo usual a otro de menor impacto, así como el impacto económico de la retirada permanente de cultivos(223). Respecto de las rentas para transformación de cultivos erosinantes en otros menos dañinos, el Secretario del USDA determina una cuantía suficiente para motivar a particulares, bien en dinero o en productos agrícolas del CCC(224).

   En el supuesto de muerte, incapacidad o sucesión por otro que cumpla los compromisos contractuales, el pago al cesante se realizará según lo establecido por el Secretario del USDA, sin atender a lo que estableciese otra ley, en la forma más justa posible, teniendo en cuenta todas las circunstancias(225). Los pagos federales por participar en el CRP son compatibles con cualquier beneficio, fiscal o no, procedente del Estado y vinculados al CRP. (226). Si finaliza el contrato durante el año fiscal se prorratean los derecho económicos(227).

3. Recibir asistencia técnica para cumplir con el contrato(228).

   3.3. LAS SERVIDUMBRES DE CONSERVACION -CONSERVATION EASEMENT

   La servidumbre de conservación (conservation easement) es el acuerdo voluntario entre el propietario y una organización conservacionista cualificada, realizado con el fin de proteger el suelo como recurso natural, restringiendo el uso a actividades compatibles con el objetivo de conservar. El hábitat silvestre, las aguas, los cauces, los humedales, las vistas son, entre otros, los objetivos del conservation easement(229). El término conservation easements procede del urbanista WILLIAM H. WHYTE que lo popularizó en la década de los 50. Los primeros conservation easements se remontan a 1880, constituidos para proteger los accesos a los parques de Boston. (230).

   A través de las conservation easements, el Gobierno federal puede conseguir objetivos ambientales sin necesidad de regular el uso del suelo y por tanto sin riesgos de afrontar un acusación de taking(231); además, la normativa de usos del suelo está sujeta a cambios debidos a vaivenes políticos, lo que no sucede con una servidumbre de conservación . Este sistema de actuación difiere de los programas, como el CRP, en que no necesitan funcionarios para su ejecución, pudiendo incluso ser más barato. Desde luego es más barato que la expropiación del suelo como técnica ambiental. Por tanto, las conservation easements tienen varias ventajas sobre las anteriores vías de actuación: 1) son voluntarios; 2) flexibles, pues el propietario puede convenir la servidumbre más adecuada; 3) no necesitan agencias o funcionarios para su ejecución; 4) son eficientes, pues se atienden de la mejor forma los intereses públicos necesarios dejando al propietario el disfrute de los otros usos(232). Las conservation easements tienen un trato favorable en los impuestos federales y estatales, fomentando su constitución(233).

   Por ser una institución de Derecho privado, debe ser catalogada dentro del Derecho patrimonial, constituyéndose de forma general como una servidumbre negativa y personal. Sin embargo, ello plantea problemas a la hora de exigir judicialmente el cumplimiento del derecho por parte del titular, y en la extinción de la servidumbre en supuestos de confusión de predios, ejecución hipotecaria, etcétera; por eso algunos Estados han aprobado leyes regulando las conservation easements, eliminando los obstáculos que la aplicación pura del common law suponía para la finalidad de estos instrumentos(234). Las leyes de los Estados tienen un contenido desigual. Algunas, como la de Alabama(235), limitan las conservation easements a algunos usos; otras, la mayoría, como Maryland(236), derogan la aplicación del common law en los aspectos que restringen las conservation easements; algunas otorgan el remedio procesal de la injunction al titular de la conservation easement(237) .

   Existe una propuesta de Ley uniforme de conservation easements(238), aprobada en 1981(239) que ha sido adoptada ya por más de 16 Estados(240). La Ley uniforme autoriza tanto a las agencias del Gobierno como a las organizaciones sin ánimo de lucro a ser titulares de las servidumbres, extiende la legitimación de exigir el cumplimiento de la carga y le reconoce validez de la servidumbre, aunque pudiera extinguirse por aplicación de common law(241).

   La Farm Bill de 1985 supuso un innovador uso de las conservation easements, al autorizar al Secretario del USDA a adquirir servidumbres sobre suelos agrícolas por periodo no inferior a 50 años, a cambio de renegociación de préstamos otorgados por el FmHA, realizados antes del 23 de diciembre de 1985(242).

   La Farm Bill de 1990 faculta al FmHA a continuar con la política anterior, y extiende las conservation easements en varias direcciones. Por un lado autoriza al USDA a adquirir conservation easements a perpetuidad dentro del programa de la Farms for the Future Act (de carácter promocional agrícola, que crea la Farm Bill de 1990(243)), servidumbre que se adquiere por la Unión para ceder al Estado. Por otro lado, en el programa de protección de cuencas y de recursos de la Watershed Protecion and Flood Prevention Act(244), la Ley autoriza la adquisición de servidumbres para cederlas al Estado u organizaciones ambientales(245) .Por último, en el programa de protección de bosques de la Forest Stewardship Act, que viene regulada en la propia Farm Bill de 1990 (en su Título forestal) (246), las autoriza con el fin de proteger zonas de impacto ambiental y protección de cauces(247).

   Pero la más importante apuesta en la conservación del suelo de la Farm Bill de 1990 a través de este instrumento reside en la constitución del Environmental Easement Program, autorizando al Secretario del USDA a adquirir, desde 1991 a 1995, conservation easements sobre granjas o ranchos para asegurar la protección a largo plazo de suelos ambientalmente sensibles o reducir de la degradación del agua(248). Puede ser perpetuo o de la máxima duración que permita el Estado. Las tierras aptas para este programa son las que estén en el CRP(249), las afectadas por el Water Bank Act(250) y otras tierras de cultivo que se hallen en cauces, sirvan para el hábitat silvestre o tengan valores ambientales que, de producir alguna cosecha, afectarían a los fines ambientales de la Unión, del Estado, o de los gobiernos locales(251), estando excluido el suelo de la reserva destinado a la producción de fibra y plantación de árboles(252).

   La Farm Bill de 1996, en su título III, Conservation, no autoriza la adquisición de nuevas conservation easements dentro del programa anterior; pero adopta la técnica de la servidumbre como instrumento general dentro de los programas CRP, EQUIP y, sobre todo, en el programa de protección de humedales, el Wetlands Reserve Program, donde la forma de participación de los terrenos en el programa es a través , principalmente , de la constitución de conservation easement (253).

   No parece que pueda surgir problema cuando el Gobierno de la Unión adquiera conservation easements a perpetuidad y la legislación del Estado prevea que estas servidumbres no puedan ser a perpetuidad, incluso cuando las adquiera para cederlas al propio Estado o a una entidad privada de conservación. Desde una perspectiva privatista, parece coherente que no se pueda adquirir y después ceder un derecho que no pertenece al "bundle of rights" del propietario según la legislación del Estado cuando, además, no se pretende por parte del Congreso preempt la autoridad del Estado respecto de la duración perpetua de las conservation easements; pero la property clause autoriza la adquisición de conservation easements a perpetuidad, aunque no se contemple por el Estado(254).

4. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

   La Farm Bill de 1996(255) crea un superprograma denominado Environmental conservartion acreage reserve program,-ECARP- dirigido por el Secretario del USDA para coordinar las tres reservas ambientales más importantes: CRP,WRP y EQIP(256).El programa tiene autorización hasta el año 2002. Los instrumentos para desarrollarlo son los contratos de participación y los de adquisición de easments, debiendo la Administración asistir a propietarios y gestores de suelos agrícolas y ganaderos para conservar y mejorar el suelo, el agua y los otros recursos relacionados. El esfuerzo del ECARP debe descansar en estrategias de protección a largo plazo de suelos ambientalmente frágiles, determinando las áreas aptas para participar en los programas(257).

   El ECARP pretende no duplicar los esfuerzos de las reservas(258) y distribuir los beneficios territorialmente(259); pero también debe velar por los intereses privados de los terceros cuando no hayan celebrado el acuerdo directamente con el USDA y tengan intereses sobre la cosecha. El USDA tiene autoridad para distribuir los derechos económicos en equidad(260).

   La Ley autoriza al Secretario a servirse de las agencias ya existentes para el cumplimiento de los programas ; el Secretario puede usar al NRCS, Forest Service, Fish and Wildlife Service, agencias estatales forestales, de pesca y caza, instituciones académicas, comités del condado y estatales(261), Soil and water conservation districts y otras agencias apropiadas(262). Se permite que personal autorizado y competente, distinto del NRCS, asegure la asistencia técnica(263).

   El CRP se gestiona, en lo referente a distribución de fondos, por el Commodity Credit Corporation y la Farm Service Agency. La aplicación del programa in situ se realiza por los State y County Committee creados en la Food Security Act. Las cuestiones más técnicas, como la estimación del índice de erodibilidad, adecuación del suelo para tener capa vegetal permanente, factores para mejorar la calidad del agua, etcétera, se dejan al NRCS; aunque la opinión del mismo no vincula al CCC, pudiendo este último consultar con otras agencias federales o estatales(264).

EL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN EL MARCO DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN DIFUSO

1. PRESENTACIÓN

   El flanco más preocupante de la erosión del suelo es su manifestación en la contaminación de las aguas. El suelo arrancado y erosionado, con contaminantes, pesticidas y fertilizantes adheridos, acaba en ríos y lagos, contaminándolos. Es una contaminación que no se ve, pero se nota. La erosión del suelo es sin duda la principal fuente de esa contaminación invisible- difusa-; y la actividad agrícola es la mayor causante de esta erosión(265), mas cualquier actividad que manipule el suelo sin cuidado contamina a la postre las aguas.

   La Federal Water Pollution Control Act de 1972(266), denominada popularmente como Clean Water Act-CWA(267).- , es la Ley federal cuyo objetivo(268) es restaurar y mantener la integridad química, física y biológica de las aguas de la nación, para lo cual prohibió el vertido a las aguas navegables de contaminantes , y combatió la contaminación de las aguas en la fuente, marcándose plazos cortos para el cumplimiento de los objetivos, previendo que para 1985 ya no debían verterse a las aguas ningún contaminante. Los bienes protegidos por la Ley son las aguas navegables superficiales- Nation's waters-(269) y no las subterráneas.

   Aguas navegables se definen como "the waters of the United States, including the territorial seas" (270). La EPA ha definido las aguas navegables incluyendo todas las aguas que en el presente y en el pasado han servido para el comercio interestatal o son susceptibles de servir para ello en el futuro, las que sufren el efecto de flujo y reflujo de las mareas; y todas las demás aguas, como lagos interestatales, ríos, corrientes (incluso las discontinuas), humedales, estanques, etcétera. En el pretérito, el concepto de navigable waters se ha usado para definir la competencia de la Unión(271). Pero la CWA expande la definición del término extendiendo la competencia de la Federación, alcanzando la "cláusula de comercio" para proteger prácticamente todas las aguas superficiales del país, incluyendo los humedales.

   Los tribunales han avalado esta interpretación amplia y la autoridad de Congreso para ampliar el concepto en US v. Ashland Oil & Transp. Co(272). Desde esta Sentencia se ha aplicado a los humedales, como en US v. Texas Pipeline Co(273). Aguas navegables se definen, pues, ampliamente por la Ley y la jurisprudencia.

   La ley dibuja dos esquemas de tratamiento para alcanzar los objetivos. Por un lado, trata la contaminación de origen puntual; es decir, la causada generalmente por la tubería que arroja al agua los contaminantes ( point source of water pollution).Por otro lado, la Ley trata de forma diferente a la contaminación de origen difuso (nonpoint source of water pollution), que no admite, por naturaleza, las mismas soluciones que la anterior .

   La calidad de las aguas también se procura con otros instrumentos legales. Así, la Sección 112 de la Clean Air Act de 1990 establece un programa para proteger los grandes lagos y estuarios (great waters) (274). Por otro lado, la calidad del litoral se regula en la Coastal Zone Management Act de 1972(275), que sufrió una profunda modificación en 1990, acercando la Ley a las previsiones contenidas en la CWA.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CWA

   Antes de la década de los 70, el control de la contaminación de las aguas era generalmente materia de los Estados, cuyas normas eran poco efectivas ya que se favorecía a las industrias en detrimento del ambiente(276). Con algún antecedente remoto(277), la primera ley federal en relación con la calidad de aguas fue la Water Quality Act de 1948(278) que dotó fondos federales para la investigación de los fenómenos de la contaminación del agua y para los programas estatales de control de la contaminación. La Federal Water pollution Control Act Arrendments de 1956(279) suplementa dicha ayuda a los estados.

   Con la Federal Water Pollution Control Act de 1965(280), el Congreso ordena a los Estados que adopten estándares de la calidad de las aguas y controles para alcanzarlos. En 1972(281) la Ley sufre una severa revisión; podemos decir que constituye una nueva ley, ya que lo único que se conservó fue el título(282). La Ley es modificada en 1977(283) y, nuevamente, en 1987(284) , comportando esta revisión un intento de mayor compromiso en la resolución de la contaminación difusa. La reforma amplía la Sección 208 a las "areawide waste treatment management" e introduce la Sección 319(285). Igualmente, la reforma autorizó a las tribus a gestionar programas federales para controlar la contaminación en sus reservas(286).

3. CONTAMINACIÓN FOCAL. POINT SOURCE POLLUTION

   La contaminación de origen puntual, definida en 33 USC °Ë 1362 (14), es la producida por el vertido en las aguas de contaminantes(287) (incluido el calor) a través de un foco localizado(288).

   La Ley diseña dos técnicas para controlar la contaminación de origen puntual:

   1. Autorización del vertido.

      El vertido a las aguas de contaminantes requiere autorización, que es gestionada por el National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) (289). La Ley prohíbe la descarga de cualquier "pollutant" procedente de point source(290) salvo que tenga autorización del NPDES(291).

      La limitación del vertido es un mecanismo de control de calidad point source. Son estándares específicos para cada tipo de industria que establecen el contenido máximo de partículas contaminantes que pueden verter el agua(292). Los estándares de vertido vienen reguladas en 40 CFR 400-424, ocupando un volumen de CFR.

      Los Estados están autorizados a administrar sus propios programas, que deben respetar los estándares de la CWA. Generalmente, los Estados administran el NPDES bajo la supervisión de la EPA(293). Si el Estado no administra correctamente los permisos, la EPA puede revocarle la competencia en este campo a través de un procedimiento de difícil ejecución(294), y ejercerla directamente(295).

      Las autorizaciones se basan en el cumplimiento de estándares de tecnologías y calidad de aguas(296).La CWA faculta al Administrador de la EPA para adoptar estándares y normas para alcanzar los objetivos de la Ley(297). Una de las tareas básicas de la EPA es adoptar los límites de los vertidos de contaminantes. Los estándares se adoptan en función de la clase de contaminante. Por un lado el contaminante se clasifica en convencional, no convencional y tóxico. Por otro se distingue el contaminante procedente de vertido nuevo o ya existente(298).Los contaminantes convencionales son, generalmente, los procedentes de plantas industriales y aguas residuales urbanas(299). Los tóxicos vienen detallados en una lista y se incluye en calidad de su toxicidad, persistencia y degradabilidad(300). Los no convencionales son los que no se incluyen en ninguna de las dos anteriores categorías(301). La CWA emplea cuatro tipos de estándares: best practicable control technology currently available (BPT)(302), best available technology economically achievable (BAT) (303), best conventional pollutant control technology (BCT) (304) y best available demonstrated control technology(BACT) (305).

      Además, la Ley ordena las plantas de tratamiento de residuos municipales(306) y tiene una sección, la 404, que regula el drenaje o vertido de materiales en aguas navegables. Esta sección se administra por el Corps of Engineers, de gran tradición en la gestión de obras portuarias en ríos.

   2. Adopción de estándares de calidad de las aguas.

      La CWA ordena que cada Estado determine el estándar o nivel de calidad de sus aguas, sujeto a revisión de la EPA(307). Los niveles mínimos de calidad de las aguas se determinan en función del uso que se dé a las aguas(308). Los vertidos autorizados no pueden provocar que las aguas receptoras rebasen los estándares de calidad de aguas(309). Esta técnica es, pues, prevalente.

      La Ley castiga la contaminación de las aguas de forma severa. La CWA ofrece tres mecanismos a la Administración para procurar la aplicación de la Ley cuando el obligado no lo haga(310): Primero, la EPA tiene la posibilidad de dirigir una administrative order. Es el medio más suave. El contenido de la compliance order es variado dependiendo del incumplimiento. Muchas veces se emiten las orders por parte de la Administración con el único fin de evitar responsabilidades ulteriores por negligencia del gestor público. El segundo remedio es el injunctive relief, donde la Administración solicita a un tribunal de distrito federal una permanent or temporary injuction para corregir una violación(311). La tercera vía es la presentación ante tribunal federal de demanda solicitando sanción civil y/o penal para el infractor(312). Por la primera se pueden imponer multas de 25.000 dólares durante cada día que se cometa la infracción. Con la sanción penal se persigue el incumplimiento negligente(313) y el doloso(314) de la Ley, cuando se cause un daño personal o material(315).

      El Congreso ha querido reforzar el cumplimiento de la Ley posibilitando a los ciudadanos el acceso a los tribunales ejercitando la acción popular para impedir acciones contaminantes -injunction relief- e instar la condena del infractor al pago de multas, pagaderas directamante al Tesoro público(316). Esta acción es una especie de la doctrina qui tam, de origen muy remoto, donde el relator tiene derecho a una parte de lo reclamado(317); en la acción de la CWA el particular no tiene ningún beneficio, aproximándose a la definición de la acción popular de nuestro Derecho. Cuando un ciudadano quiere ejercer la citizen plaintiff, antes de interponer la citizens suit, debe notificar a la EPA, al Estado y al infractor la existencia de la infracción. Pasados sesenta días desde las notificaciones, si no se ha restaurado la legalidad puede interponer la demanda(318). Si la EPA o el Estado deciden ejercitar acciones ante tribunales federales o estatales, el particular no puede ejercer la acción popular(319), aunque muchos tribunales requieren una acción contundente de la Administración para vedar el acceso del particular a los tribunales(320). También cabe la acción popular contra la Administración (EPA o el Estado) cuando no cumpla sus funciones(321).

4. CONTAMINACIÓN DIFUSA. NONPOINT SOURCE POLLUTION

   Las escorrentías de lluvia y las provocadas por el derretimiento de nieves son las mayores vías de contaminación difusa de las aguas, afectando, en general, a todo el suelo. El agua de escorrentía recoge las partículas y sustancias, algunas tóxicas, y por lo general las vierte en el agua superficial afectando a todo tipo de aguas. Todas las escorrentías son contaminantes: de la ciudad, de minas, de terrenos en construcción, especialmente carreteras, y, sobre todo, de los campos agrícolas. Algunos sedimentos que, por sí no son tóxicos, en contacto con las aguas aniquilan la vida acuática. En especial, la erosión del suelo provoca que el destino de fertilizantes, pesticidas y desechos de animales sea las aguas.

   La diversidad de causas hace difícil su tratamiento homogéneo. Los efectos son más fácilmente mensurables(322).

   4.1 APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DESDE LA JURISPRUDENCIA

   El término "nonpoint source" no es definido por la Ley. Desde muy temprano ha tenido lugar una importante batalla judicial para calificar algunas actividades como point source con la consiguiente obligación de solicitar permiso previo. En general, los tribunales reconocen que la definición de point source no incluye a las aguas sin canalizar(323); pero como dice DAVIDSON(324), la cuestión se complica cuando en algunas actividades se emplean obras, aún simples, para recoger o canalizar el agua. Varias decisiones jurisprudenciales han perfilado la interpretación de point/nonpoint source.

   1) United States v. Earth Sciencies, Inc(325).

   Los hechos son los siguientes: la EPA demandó a una empresa minera de obtención de oro. La mina disponía de un sistema de separación del oro de la ganga que usaba cianuro. El líquido sobrante pasaba a un depósito que, a su vez, era elevado para nuevo uso de separación de oro. Una primavera calurosa provocó que las nieves se derritiesen anticipadamente y que se inundase el depósito con el líquido. Las aguas, con contenido venenoso, acabaron en el cauce del Rito Seco Creek.

   El Tribunal de Apelación del 10th Circuit, revocando la sentencia del Tribunal de Distrito, declaró que, aunque la Ley excluía con carácter general las actividades mineras del concepto de point source, estimaba que en el espíritu de la Ley estaba el considerar point source "any activity that emits pollution from an identifiable point". Para el Tribunal fue determinante que la empresa hubiese construido un sistema para recoger los sobrantes de líquido(326).

   2) Sierra Club v. Abston Construction Co, Inc(327).

   En este asunto, iniciado mediante acción popular, los hechos son los siguientes: en una mina de carbón, los residuos eran depositados en un lugar específico. El agua de la lluvia arrancaba las partículas de los residuos y las arrastraba ladera abajo. Aunque la empresa construyó estructuras para recoger la escorrentía, parte superaba los obstáculos y, al final, paraba en el cauce . El Tribunal de Apelación del 5th Circuit , revocando la Sentencia del Tribunal de Distrito, falló que la actividad era point source. El Tribunal de Apelación manifestó que la definición de point source excluye las escorrentías de agua superficiales libres sin ningún tipo de colector o canalización; pero si se canalizan la actividad es point source(328).

   3) United States v. Oxford Royal Mushroom Products, Inc(329).

   Causa criminal con los siguientes hechos: una empresa eliminaba el agua residual a través de un sistema de aspersión que era absorbida por el suelo. Un exceso de riego provocó que parte de lo no absorbido fuera a parar a una corriente por una rotura en un tramo de un canal que rodeaba el terreno. El Tribunal, con carácter previo, debía decidir si la actividad era point source con el fin de resolver la acción penal.

   El Tribunal sentenció que la actividad era point source y manifestó que uncollected surface runoff may, but not necessarily, constitute discharge from a point source(330). El Tribunal manifestó que si la actividad era point o nonpoint era una cuestión de hecho y que, aunque la escorrentía se provocase de forma no canalizada, podía ser point.

   4) Quivira Mining Campany v. United States Envorinmental Protection Agency(331).

   Los hechos son los siguientes: una mina depositaba residuos contaminantes en cárcavas en cantidades pequeñas para impedir que las escorrentías superficiales llegasen lejos; sin embargo, las filtraciones produjeron que el contaminante llegase a aguas navegables a través de acuíferos. El Tribunal de Apelación manifestó que la actividad era point source.

   5) National Wildife Federation v. Gorsuch(332); United States ex rel. Tennessee Valley Authority v. Tennessee Water Quality Board(333).

   Los hechos en ambas causas fueron similares. Se trataba de un embalse de producción de energía eléctrica. La acusación era que el embalse contaminaba el río disminuyendo el nivel de oxigeno disuelto y creando un aumento de varios minerales en el agua, como hierro, manganeso, fósforo y mercurio. En el asunto National Wildife Federation v. Gorsuch, la EPA sostuvo la opinión de que el embalse no constituía point source porque no introducía físicamente un contaminante en el río procedente del mundo exterior. Lo básico para la definición era que el contaminante entrase por primera vez, no importando sus cambios cuando estaba ya en el río. El Tribunal del Distrito de Columbia aceptó la opinión de la EPA, fallando que la actividad no era point source. De la misma opinión fue el 6th Circuit en United States ex rel. Tennesse Valley Authority v. Tennesse Water Quality Board.

   4.2. ESCORRENTÍAS DE LLUVIA Y AGUAS SOBRANTES DE RIEGO (IRRIGATION RETURN FLOWS Y STORMWATER DISCHARGES).

   La redacción de la Ley de 1972 incluía las aguas sobrantes de riego dentro del concepto de point source. Ello provocaba importantes problemas a la Administración en la expedición de numerosas autorizaciones(334). La Reforma de la CWA de 1977 modificó la definición de "point source" para excluir de ella a los return flows from irrigated agriculture.

   El rigor de la jurisprudencia, en especial earth sciences(335), obligó al Congreso a excluir del concepto de point source algunos fenómenos, dejando clara su voluntad de excluir con carácter general a la agricultura del régimen de autorizaciones. Tras la reforma de 1977 eran point source las escorrentías de las lluvias provocadas en campos agrícolas. La reforma de 1987 añadió a la exclusión las agriculture stormwater discharges(336). La reforma también excluyó de la definición de point source la escorrentía en minas cuando, por canalización, el agua no contactara con la materia prima(337).

   4.3. DEFINICIÓN DE LA EPA

   La EPA ha definido la contaminación difusa de forma pedagógica; pero poco útil, como pollution caused by diffuse sources that are not regulated as point source and normally (....) associated with agricultural, silvicultural and urban runoff, runoff from constructions activities, etc(338).

   Podemos nosotros decir que la contaminación de origen difuso es la que no es de origen puntual, teniendo en cuenta que los tribunales han sostenido que la definición de la contaminación point source debe entenderse de forma amplia(339). Nonpoint source incluye la contaminación procedente de escorrestías con origen en actividades agrícolas, silvícolas, mineras y de construcción(340). La agricultura es la causa principal de contaminación difusa(341).La erosión del suelo es una fuente permanente de este tipo de contaminación.

   El régimen de la contaminación difusa se encuentra regulado en la CWA en dos lugares, de contexto y origen desiguales: nos referimos a sus Secciones 208 y 319(342), donde se observa un marco subrayado por el protagonismo de los Estados.

   4.4. SECCIÓN 208

   La Ley de 1972 dio un tratamiento a la contaminación difusa de aguas a través de una actuación integral planificada, siendo el plan una pieza de todo el sistema de protección de las aguas. El plan se formula como un instrumento de control global de los residuos; pero sólo para aquéllas zonas donde el control de la calidad de las aguas fuese un problema. la Sección 208 CWA(343) - Areawide waste treatment management -regula dicho plan global de gestión y tratamiento de residuos con un alcance territorial amplio.

   El contenido de la estrategia de control de contaminación difusa es el siguiente:

   1. Identificación y designación de áreas con problemas importantes de control de la calidad de aguas(344).

      Los Estados(345) deben señalar las áreas, delimitadas, con problemas de calidad de agua, que sean consecuencia de concentraciones urbanas, industriales o cualesquiera otras. Deben también designar una agencia responsable para la planificación de residuos de cada área(346). Cuando áreas homogéneas abarquen a dos o más Estados, éstos deben cooperar al señalar los límites de áreas y la planificación adecuada que procure alcanzar los estándares en la calidad del agua, eligiendo a una sola organización representativa que se encargue del plan de gestión(347). La Ley autoriza a que las agencias estatales existentes intervengan en el plan, en sus respectivas áreas(348). Todas las designaciones deben ser aprobadas por la EPA(349). Respecto de las zonas que queden fuera del área de planificación debe ser el Estado el propio planificador.

      En caso de inactividad del Estado, la Ley autoriza al Chiefelected officials of local Gobernments(350) del lugar donde se sufra el problema a realizar la delimitación del área y la designación de un organismo capaz de encargarse de la planificación(351). La EPA puede aprobar la propuesta.

   2. Proceso planificador.

      La organización debe tener en funcionamiento un plan de gestión de residuos del área. El plan debe ofrecer alternativas a los residuos y debe incluir a todos los residuos dentro del área. Los planes deben ser notificados a la EPA. La Ley concede un año para la elaboración del plan(352).

      El plan debe incluir necesariamente:

      - Identificación de los trabajos de tratamiento necesarios para dar solución a los residuos industriales y urbanos del área cuya generación se prevea en los próximos 20 años como mínimo; los sistemas de recogida de aguas de escorrentía y programas de financiación de las obras. Igualmente se identificarán las mejoras que se consigan en el territorio como consecuencia de la aplicación del programa, tal como la obtención de espacios abiertos, etcétera(353).

      - Fijación de prioridades y metas(354).

      - Establecimiento del marco normativo(355) con el fin de: I) aplicar los requisitos del tratamiento de residuos de la Sección 1281 (C); II) regular el emplazamiento, modificación y construcción de cualquier estructura en el área que pudiese provocar cualquier tipo de vertido en la misma; y III) asegurar que los vertidos industriales y comerciales cumplimenten los pretratamientos adecuados(356).

      - Identificación de todas las agencias responsables de todas las medidas del plan(357).

      - Idenfiticación de medidas a tomar para ejecutar el plan, incluidas las económicas y ambientales(358).

      - Vías para: I) identificar la contaminación difusa relacionada con la agricultura o la silvicultura, en los supuestos que sea conveniente, incluyendo escorrentías procedentes de regadíos agrícolas, debiendo considerar sus efectos acumulativos, runoff en áreas de estiércol, y áreas destinadas al pastoreo y a la producción agrícola; II) establecer procedimientos y métodos (incluyendo la aprobación de normas para el uso del suelo) para controlar to the extent feasible estas fuentes(359).

      - De igual manera como el párrafo anterior, respecto de las fuentes contaminantes procedentes de la industria minera(360) y de la actividad constructiva(361).

      - Identificación de los procesos de invasión de aguas saladas en aguas dulces resultante de reducción de flujo de ríos, estuarios, u otras causas, previendo formas de solución con el mismo estándar que en el anterior supuesto(362).

      - Vías para controlar todos los residuos generados en el área(363) y los depósitos superficiales o soterrados de residuos contaminantes(364) que puedan afectar a las aguas.

   3. Tutela e incumplimiento

      El plan de gestión de tratamiento de residuos debe ser aprobado anualmente por la EPA(365). La autorización alcanza también a la idoneidad de las agencias operativas en la ejecución(366).

      La EPA, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército(367) y el Departamento de Interior(368) deben asesorar a las agencias o gobernadores cuando lo soliciten. Igualmente la EPA debe financiar a las agencias en la construcción de obras y proyectos según el plan, generalmente mediante subvenciones que no pueden exceder del 75 por ciento del coste(369).

      En el supuesto de que el Administrador de la EPA determinase que el Estado no gestiona el plan correctamente, cometiendo fallos muy importantes, y éste no cumpliese las indicaciones dadas para su corrección en 90 días, la EPA revocará la aprobación del plan(370).

      Se prohibe a la EPA subvencionar cualquier obra sin la autorización de la agencia estatal responsable de la ejecución del Plan de un área(371).

      No se otorgará ningún permiso de la sección 1342(372) si contradijese el plan.

   4. Apoyo a agricultores. Agricultural cost-sharing(373).

      Para fomentar el cumplimiento de los planes estatales, la Reforma de 1977 modificó la Sección 208 creando el Rural Clean Water Program, ofreciendo financiación a los propietarios que atendiesen las best management practices öBMP- para controlar la contaminación difusa, generalmente, pagando el 50 por ciento de la inversión(374). Las agencias estatales son las encargadas de definir las BMP y la financiación se instrumentalizó a través de contratos a largo plazo con el USDA, generalmente de 5 a 10 años(375).

      4.5. SECCIÓN 319

      La Reforma de 1987 es consciente de que la contaminación difusa es la fuente más importante del deterioro de las aguas del país; y, por ello, incluye dentro de los objetivos de la Ley el control de la contaminación difusa(376). La Reforma crea la Sección 319 -nonpoint source management programs-, instaurando un programa nacional específico de protección de la calidad del agua de la contaminación difusa.

      El programa se estructura de la siguiente manera:

      1) Informes de evolución de los Estados(377)

      Los gobernadores de cada Estado deben preparar un informe que debe ser aprobado por la EPA(378). El informe puede servirse de la información ya existente usada en la aplicación de la Sección 208 y otras secciones(379). Dicho informe debe contener:

      a.- Identificación de las aguas navegables del Estado que sin controles adicionales de la contaminación difusa no pueden alcanzar o mantener los estándares de calidad(380).

      b.- Identificación de las categorías de contaminación difusa que contaminan los distintos tramos de aguas y contribución específica de cada una de dichas categorías(381).

      c.- Descripción de vías y procesos, incluyendo la colaboración intergubernamental y participación pública, para identificar best management practices y medidas para controlar cada categoría de contaminación difusa y reducir to the maximun extent practicable el nivel de cada categoría de polución(382).

      d.- Identificación de los programas estatales y locales ya existentes relacionados con el control de la contaminación que abarquen también la difusa(383).

      2) Programas de gestión estatales(384)

      Además del informe anterior, los gobernadores deben preparar un programa de gestión para cada cuenca(385) estatal, de aplicación en cuatro años, para controlar la contaminación de las aguas estatales de contaminantes procedente de fuentes difusas y mejorar dichas aguas. El programa necesita aprobación de la EPA(386). Para la elaboración del programa, el Estado debe contar to the maximun extent practicable con las agencias y organizaciones privadas con experiencia(387) , así como con autoridades regionales y locales y otros Estados vecinos(388).

      Cada programa(389) de gestión debe incluir(390):

      a.- Identificación de las BMP y medidas a tomar para reducir los contaminantes por cada categoría de fuente, incluyendo el impacto que dichas medidas puedan provocar en la calidad de las aguas(391).

      b.- Identificación de las vías y programas(392) necesarios para poder lograr la aplicación de las BMP(393).

      c.- Cuadro de objetivos cronológicos a alcanzar, que deberá ser ambicioso en la aplicación de las BMP(394).

      d.- Certificado del attorney general del Estado acreditando la existencia de marco estatal normativo adecuado para la aplicación del programa(395).

      e.- Fuentes financieras disponibles en cada año para la financiación del programa(396).

      3) Facultades de control de la EPA

      La EPA puede aprobar o desautorizar, en todo o en parte, el informe y programa(397) . Si el Estado no realiza el informe, lo hace la EPA y, además, informa al Congreso acerca del incumplimiento del Estado(398). Cuando éste no prepare el programa, la Ley prevé la posibilidad de programas de gestión locales. Estos programas, de ámbito territorial inferior, pueden ser elaborados por una agencia local o una organización con autoridad para aplicarlo, debiendo tener extensión geográfica suficiente, a juicio de la EPA, y respaldo del Estado(399).

      Como contrapartida a las facultades de la EPA, ésta se obliga a ayudar técnicamente a los Estados que lo soliciten en la ejecución de programas(400) y a financiar su aplicación.

      La EPA otorga subvenciones para la aplicación de los programas aprobados, que nunca excederán del 60 por ciento del coste y con la condición de que el resto no sea financiado por otros recursos federales(401). También puede subvencionar, con el límite del 15 por ciento de la dotación económica de la EPA para este capítulo, a Estados, particulares, agencias locales u organizaciones que controlen este tipo de contaminación(402). La EPA puede dar preferencias o prioridades a los Estados, basadas en la persistencia de problemas graves de contaminación difusa, en la aplicación de métodos innovadores(403), en la existencia de problemas interestatales, o en la protección de aguas subterráneas(404). Ningún Estado recibirá subvención si en el año anterior no ha progresado satisfactoriamente en la solución del problema y alcanzando los objetos fijados(405), debiendo el Estado informar a la EPA cuando sea requerido para ello(406) y, necesariamente, cada año, dando cuenta de la reducción de la contaminación difusa y del logro de objetivos(407). Hay, por último, un capítulo de subvenciones para la lucha de la contaminación difusa que tenga incidencia en la calidad de las aguas subterráneas(408).

      4) Conferencia de gestión interestatal(409)

      Cuando algún tramo de río o aguas navegables de un Estado no reúna los estándares de calidad, debido a la contaminación difusa procedente, en todo o en parte, de otro Estado, puede solicitar el Estado afectado a la EPA la celebración de una conferencia de todos los Estados que contribuyan a la contaminación. El propósito de la conferencia es que los Estados implicados alcancen un acuerdo en la reducción de contaminantes y mejora de la calidad de las aguas afectadas, sin que dichos acuerdos puedan afectar a los repartos de caudales entre los Estados(410).

5. VALORACIÓN DE LA LEY

   El tratamiento jurídico de la CWA al problema de la contaminación difusa venía como pieza de un plan general de tratamiento de residuos, regulado en la Sección 208, que obligaba a los Estados a realizar planes de gestión de residuos que debían abarcar áreas extensas(411), en los que se debía identificar las fuentes de contaminación difusa procedente de la agricultura y de otras actividades(412) y establecer métodos y procedimientos, incluyendo la aprobación de normas reguladoras del uso del suelo, para controlar "to the extent feasible" dichas fuentes contaminantes y, consecuentemente, la calidad de las aguas(413). Cada Estado debía catalogar las áreas con problemas importantes de calidad de aguas(414) y designar una agencia u otra organización para desarrollar el plan de tratamiento y gestión de residuos.

   Pero a diferencia del tratamiento que la Ley ofrece para la point source pollution, que ha tenido éxito(415), la contaminación de origen difuso, procedente en buena parte de actividades agrarias, continúa deteriorando las aguas de ríos, embalses y estuarios. El fracaso de la Sección 208 se ha atribuido a la falta de financiación federal, falta de información sobre la calidad de aguas, conflictos políticos y escaso liderazgo de la EPA(416). La Sección 208 tiene un sistema muy ineficiente de incentivos y falta un compromiso de ordenar las actividades contaminantes de la misma forma que se ha hecho con la contaminación puntual(417). En 41 Estados, los planes se han desarrollado sobre bases de participación voluntaria(418), por lo que en ausencia de incentivos económicos es difícil que el plan tenga éxito.

   La reforma de 1987 se dirige específicamente a resolver el problema de la contaminación difusa mediante una solución muy similar a la ya existente, creando otro plan de tres niveles. En primer lugar, los Estados deben determinar qué aguas son afectadas por los contaminantes difusos; es decir, las que no pueden mantener los estándares de calidad sin controlar la contaminación difusa, identificando los agentes causantes(419). En segundo lugar, deben desarrollar programas(420) de gestión para controlar la contaminación difusa "to the maximun extent practicable"(421). El programa de gestión debe contener una identificación de BMP y los medios de desarrollar estas conductas para reducir la contaminación. Por último, se sitúa la intervención de la EPA, que aprueba los programas del Estado y los financia cost-sharing .La actuación de la EPA también se hace a tres niveles: 1 1/4) debe establecer los criterios de calidad de las aguas (información científica acerca de los efectos de las distintas sustancias contaminantes); 21/4) supervisa el cumplimiento de los estándares federales por el Estado; y, 31/4) asegura que los Estados ejecuten sus normas de estándar de calidad de agua a través de planificaciones y autorizaciones(422). Los Estados cuyos programas hayan sido aprobados por la EPA y en parte financiados por la Unión deben informar a la EPA del éxito en la reducción de la contaminación difusa y del cumplimiento de objetivos(423).

   Respecto de las sanciones, la Sección 319 (como la 208) no obliga a los Estados a cumplir con los planes de control nonpoint source pollution öNPSP-. Incluso cuando el Estado no presente el informe, se traslada ope legis la responsabilidad a la EPA o se encarga esta cuestión a una organización publica local capacitada(424). En el esquema NPSP queda excluida la citizen suit(425).

   Los requisitos de la Sección 319 y 208 son realmente similares. La primera es más detallista; pero no supone realmente un cambio significativo y los programas también han permanecido, básicamente de caracter voluntario(426). La Sección 319 requiere más precisión en la valoración NPSP, en la especificación de la identificación de BMP agrícolas y en la ejecución y mantenimiento de BMP en programas agrícolas donde la contaminación difusa es significante(427).

   Actualmente, todos los Estados tienen en vigor programas de estimación y gestión de la contaminación de origen difusa. Desde 1990 a 1997, el Congreso ha destinado aproximadamente 572 millones de dólares a los Estados para sostener sus programas de lucha contra la contaminación difusa. Algunos Estados destinan cantidades adicionales para sus propios programas(428).

   La doctrina coincide, en líneas generales, acerca de las causas del fracaso de la Sección 319. GROSMANN(429) apunta a la ausencia de obligatoriedad. FLATT(430) señala como causas del fracaso la inefectividad de la autoridad federal para revocar la gestión de las autorizaciones, la falta de información sobre los programas estatales, la restricción jurisprudencial de las demandas contra la Administración y que el cumplimiento de la CWA se deje en manos de los Estados. ZARING(431) apunta tanto a la escasez de estímulos a los Estados para su cumplimiento como a la ausencia de sanciones para su incumplimiento. HEMBRA(432), desde un plano institucional, señala como causas por las cuales los esfuerzos locales y estatales no han dado fruto: el conflicto entre agencias estatales y federales; la falta de datos fiables que puedan usar los Estados acerca del calado del problema; la falta de información técnica de los Estados acerca de los estándares que deben adoptar en la calidad de las aguas; la escasez de financiación; y la falta de apetencia política de los poderes locales de regular la fuente más importante del problema: la agricultura.

   Desde nuestra perspectiva europea, creemos que el éxito de la Sección 319 debe interpretarse en base a tres presupuestos:

1. - Marco territorial adecuado.

   Cualquier política ambiciosa en la eliminación de la contaminación difusa, y especialmente de la erosión del suelo, debe realizarse en el marco de cuenca, con dirección del programa a este nivel. La Sección 208 reclama un plan areawide y la 319 un plan de cuenca dentro del Estado; pero las grandes cuencas americanas, como la del Mississippi, abarcan a varios Estados. Reconocer este hecho es desde luego sesgar el poder del Estado y difícilmente se podrá superar esta cuestión salvo que la EPA defienda, promueva y lidere ante la opinión pública un marco diferente.

   La planificación para la totalidad de la cuenca, excediendo las fronteras estatales, se instrumentalizó en la Water Resources Planning Act de 1965(433) creando el Water Resources Council, formado por representantes de alto nivel de los Estados de la cuenca, con el fin de coordinar los proyectos y rendimientos en los distintos tramos del cauce, así como coordinar el gasto de los fondos federales para cuencas. Es un organismo donde prima la inversión y desarrollo y no la conservación. La CWA(434) ordena al Water Resources Council realizar para toda la cuenca un River Basin Planning como plan de "nivel B". El carácter no precisamente conservador del Water Resources Council hace que este plan de 21/4 nivel tenga poca o ninguna relevancia en el control de la contaminación(435).

2. -BMP

   La contaminación difusa y la erosión acelerada se causa por una incorrecta manipulación del suelo. Labor imprescindible es la de realizar un catálogo de prácticas correctas e incorrectas de gestión del suelo. La Ley no define las BMP -best managment practices. La EPA(436) las define como methods, measures or practices selected by an agency to meet its nonpoint source control needs. BMPs include but are not limited to structural and nonstructural controls and operation and maintenance procedures. En definitiva BMP es "the correct way of doing things on a particular piece of ground" (437), que puede incluir prácticas conservadoras del suelo como terrazas, rotación de cultivo, sembrado en contorno, etcétera.

   Los Estados, tanto en la Sección 208 como en la 319 deben indicar las BMP que consigan eliminar la contaminación. Como consecuencia, las agencias estatales han elaborado listas de prácticas de buena gestión para el control de la contaminación difusa, especialmente en la agricultura y control de la erosión. En este punto creemos que los planes han dado su fruto.

3. - Ordenación.

   Las Secciones 208 y 319 obligan al Estado a indicar también las vías, formas y maneras -proceedings- en que las BMP, previamente identificadas, se han de aplicar en la práctica. La Ley descansa en la "política de la zanahoria"; pero es evidente que el mal está tan extendido que nunca habrá suficiente estímulo económico para acabar, al menos, con la prácticas más contaminantes. La estrategia es incoherente.

   La Sección 319 no obliga a los Estados a regular la contaminación de origen difuso. El problema radica en que no se requiere que los programas tengan carácter obligatorio/coactivo; más bien la Ley se orienta hacia soluciones no normativas, como la asistencia financiera y técnica, educación, transferencia de tecnología, etcétera(438). En caso de que el Estado no apruebe los programas fijando los etándares de contaminación de origen difua, la EPA no tiene autoridad normativa para adoptar un programa supletorio (como sí ocurre en la point pollution).

   Existe una voluntad del Congreso de que los poderes de la EPA no sean excesivos en la regulación de la contaminación difusa(439). Históricamente, el Congreso ha limitado los poderes de la EPA para controlar la contaminación difusa . En La reforma de 1987 sólo le dio poderes para revisar y aprobar el informe y el programa de los Estados. A la falta de poder se ha sumado la dejadez de la EPA en el tratamiento de esta contaminación (investigación, control de los Estados, liderazgo)(440), a diferencia de lo que ha hecho con la point source pollution; de hecho, tras la reforma de 1987, la EPA no aprobó los estándares federales de calidad de aguas hasta 1992.

   Sin una ordenanza obligatoria de control de la contaminación difusa será imposible la superación del problema. La Sección 319 la observa como rara avis e incluso autoriza a la EPA para atender subvenciones especiales a los Estados que ensayen métodos genuinos en la lucha de la contaminación, siendo uno de estos métodos los regulatory programs.

6. CZARA

   La Coastal Zone Management Act de 1972(441) fue actualizada en 1990 por la Coastal Zone Amendment Reauthorization Act(442) -CZARA-. La Ley de 1972 apremiaba a los Estados a desarrollar programas de gestión del litoral. La reforma de 1990 introdujo la sección 6217 para resolver los problemas de contaminación difusa que sufría el litoral(443). La Ley ha recogido la experiencia de la CWA.

   Le Ley ordena establecer una national guidance on nonpoint source management measures. Define management measures como "the greatest degree of pollution reduction achievable through the application of the best available controls". Adopta, pues, un estándar de limitación de la contaminación superior al de la CWA(444): "greatest degree of pollutant reduction achievable".

   Las agencias federales que gestionan la sección 6217 son la EPA y la National Oceanic Atmospheric Agency -NOAA-, del Departamento de Comercio. Ambas son las que financian y aprueban los programas y, en su caso, las que congelan los fondos.

   Los Estados costeros deben elaborar un programa de control de la contaminación de origen difusa del litoral de acuerdo con guías federales(445), con identificación de los usos del suelo que contribuyan a la contaminación de las costas(446), señalando las zonas críticas(447) y desarrollando medidas de gestión(448), deben asistir técnicamente a los municipios(449), favorecer la participación publica en todas las etapas del desarrollo del programa(450), coordinando a las agencias estatales(451). La ley ordena a los Estados a que cooperen entre sí y con las autoridades locales y, por último, les ordena que desarrollen medidas de gestión, de acuerdo con las aprobadas por la EPA(452), que a diferencia de la CWA, deben contener "enforceable policies and mechanisms" (453).

   El incumplimiento de sección 6217 por parte de los Estados provoca la retención de parte de fondos federales, tanto de los destinados a la gestión de costas(454) como al control de contaminación de las aguas(455).

   La Ley ordena al Gobierno Federal a proveer de asistencia técnica a los Estados a fin de desarrollar medidas de gestión del control de la contaminación difusa "technogically and economically feasible(456)". La EPA y la NOAA han aprobado estas medidas con la National guidance, en enero de 1993(457); pero sólo para las 6 causas mayores de polución: -escorrentía (runoff) agrícola, urbana, silvícola, obras de modificación hídrica y diques, erosión del litoral y construcciones marinas(458)-. Para que la Federación apruebe el programa, el Estado debe cumplir, al menos, con las anteriores categorías, salvo que se le excuse de alguna de ellas porque en el Estado en cuestión no tenga peso específico en su contaminación(459).

   Los Estados están aún ocupados en la realización del programa cuyo vencimiento tuvo lugar en enero de 1999, aunque disponen hasta el 2004 para aplicar totalmente las medidas del programa, pudiendo, además, aplicarlas por fases. Los Estados pueden aprobar nuevas leyes para desarrollar la sección 6217; pero pueden también operar con los instrumentos ya existentes de la CWA, con las modificaciones necesarias(460). En cualquier caso, los programas deben establecer medidas de aplicación obligatoria para los usuarios, con lo cual la aprobación de sanciones graves a los que no cumplan con el programa será necesario y, previsiblemente, se usarán técnicas ya aplicadas en la CWA para la point source pollution.

   Debemos destacar que la Ley integra el programa de control de la contaminación difusa previsto en la CWA en los Coastal Management Programs(461), por lo que actualmente hay dos estándares diferentes en la Unión: los países ribereños y aquéllos que no tienen costa.

   Existe un compromiso de la Administración Bush para derogar la reforma de 1990. La destrucción de las torres de Nueva York y la dotación presupuestaria federal para luchar contra el terrorismo internacional será buena excusa para poder cumplir el compromiso.

7. EL FUTURO DE LA NORMATIVA NONPOINT SOURCE.

   En 1995 se introdujo en el Congreso una propuesta de modificación de la Sección 319 de la CWA: la HR 961 de 1995 bill(462). La propuesta obliga a los Estados a ejecutar programas de gestión de la contaminación del agua sólo hasta el grado necesario para conseguir un "progreso razonable" en el logro de los estándares de calidad, en un plazo de 15 años. La bill ordena una financiación más amplia a los Estados. Los poderes de la EPA no se refuerzan. Se le autoriza, sim embargo, a adoptar la regulación básica (guidelines) en relación con el plan de gestión que debe conseguir ese razonable progreso; sin embargo, la EPA no puede desautorizar un plan estatal por el simple hecho de que no incluya mecanismos coactivos de ejecución. No es previsible que la bill pueda transformarse en Ley.

   Distinta es la suerte de la bill H.R.550(463) , introducida en la Cámara en abril de 1997(464), con título Nonpoint Source Water Pollution Prevention Act of 1997. Sin embargo , en el contexto actual de guerra contra el terrorismo internacional y crisis económica no será posible aprobar la norma que descansa en buena medida en la política de subvenciones.

   La propuesta establece que la "policy" de la ley consiste en consumar los objetivos de restauración de aguas de la nación previstos ya en la CWA.

   La ley reconoce (findings) que:

1. La CWA y normativa posterior se han centrado en la point source pollution.

2. Los ciudadanos han gastado 75 mil millones de dólares en limpiar las fuentes puntuales de contaminación urbanas, 130 mil millones de dólares en limpiar la fuentes puntuales de contaminación industrial, el 90 por ciento de los municipios y el 95 por ciento de la industria cumple con la Ley y, sin embargo, al menos un tercio de las aguas de la nación no alcanzan los estándares de calidad.

3. La causa principal de este fracaso está en la contaminación de origen difuso.

4. No se ha cumplido con lo ordenado en la CWA de 1972.

5. El tratamiento de la contaminación difusa debe ser a nivel de cuenca y la autoridad que debe encargarse es la estatal y local junto con organizaciones privadas. La Unión debe limitarse a aportar financiación y asistencia técnica.

6. Los propietarios del suelo se constriñen con la responsabilidad de no destruir los recursos naturales. La contaminación de aguas ni constituye un derecho ni es algo sin coste económico. La contaminación por particulares comporta altos costes públicos y privados de derechos de los otros ciudadanos, como el de la salud o recreación de la naturaleza.

7. Se necesitan legislación y recursos adicionales para completar la tarea de la sección 319 de la CWA, de la CZARA de 1990 y de los programas de calidad de aguas del USDA.

8. Respecto a los fondos aportados por el Gobierno Federal, debe continuar la diferenciación del reparto entre la contaminación point source y la nonpoint source.

   Los propósitos de la bill son:

   (1) Reducir - prevenir cuando sea posible- la contaminación difusa como causa principal de la contaminación de los ríos; (2) controlar la contaminación difusa en los suelos federales; (3) dotar a Estados y gobiernos locales y a otras organizaciones de medios para prevenir la contaminación difusa en su jurisdicción; (5) posibilitar a los ciudadanos la participación en los programas de limpieza de aguas; (6) resolver el problema de la calidad de agua en el contexto de cuenca; y (7) procurar la mejora de la salud, la calidad de vida, el habitat y la biodiversidad.

   La bill se estructura en cuatro títulos, cuyo estudio realizamos posteriormente: el primero destinado a los programas de gestión de la contaminación difusa; el segundo a la prevención de la polución difusa en suelos federales; el tercero a los estándares de calidad de aguas y, el último, a la participación ciudadana en el control de la polución difusa mediante un programa específico.

   1. Programa de gestión de la contaminación difusa -Nonpoint source management programs(465)-.

      El programa es ambicioso en su objetivo y en el estándar que adopta. Respecto del primero, se propone la full restauration and protection de las aguas , la mejora de la fauna, la protección de la salud, de las actividades recreativas, y la protección de aguas subterráneas. Respecto del segundo, establece la obligación de adoptar management measures economically achievable para el control de la contaminación adicional de origen difuso que alcancen "the greatest degree" en la reducción de contaminantes difusos.

      Se obliga a los Estados a revisar los programas de la Sección 319 de la CWA, según directrices de la EPA y de acuerdo con la estrategia que se resume a continuación. Los Estados deben identificar las actividades contaminantes de cada cuenca, adoptando como objetivo del programa los 5 grupos de más gravedad, notificando a los propietarios y operadores del primer grupo su obligación de participar en programas locales que se realicen según el plan de gestión que se apruebe.

      El plan revisado contendrá la lista de objetivos, los programas de aplicación local, donde se contemplarán las medidas necesarias de ejecución para el supuesto de incumplimiento por parte de operadores y propietarios, la identificación de técnicas de control de la aplicación del programa, las vías de identificación de nuevas fuentes contaminantes y los programas específicos para el primer grupo contaminador.

      La aplicación del plan de gestión tendrá por objetivo la restauración total y la protección de las aguas, que se ha de alcanzar antes de 8 años. Se establecen conferencias de gestión de cuenca integradas por representantes de categorías de contaminadores , la Administración federal, estatal y local, la comunidad científica y otras partes interesadas. Existirá un específico programa de cuenca por cada grupo contaminador prioritario, empezando la aplicación por el primero, seguido en el tiempo por los otros, sucesivamente. El Gobernador debe notificar a los propietarios y operadores de cada grupo su obligación de participar en programas locales de forma escalonada.

      Si pasados ocho años, la EPA determina que el Estado no ha restaurado totalmente sus aguas, éste debe incrementar los controles de los grupos contaminantes o solicitar la adopción de medidas a los propietarios excluidos de los grupos, con el fin de que antes de 12 años se alcance la restauración total.

      El papel de la EPA se refuerza. Por un lado, debe aprobar el programa de cuenca. Si el Estado no realiza el programa, éste puede ser elaborado por una agencia local u organización capaz, en los términos hasta ahora vigentes. Respecto de la financiación del programa, la EPA financiará a los Estados que hayan aplicado sus programas y conseguido resultados. Cuando el éxito se consiga sólo en algunas cuencas del Estado, la financiación se concederá sólo para éstas. Pero, además, si la EPA determina que el Estado no ha cumplido con su obligación derivada de esta sección, se congelan las autorizaciones para nuevas actividades de vertidos point source pollution (secciones 402 y 404) permitiendo sólo reautorizaciones de focos de vertidos ya existentes. En líneas generales, el régimen de subvenciones continúa igual. La bill autoriza una dotación anual hasta el año 2001 de 500 millones de dólares para la aplicación de la Sección 319. La EPA tiene obligación de informar al Congreso cada cuatro años respecto de la aplicación de la norma.

      La bill, con carácter general, ordena que los propietarios y operadores que contribuyan a la generación de contaminación difusa deben participar en un programa local y ordena que los programas contengan enforceable mechanisms;i.e., medios legales del ordenamiento del Estado para obligar al cumplimiento de las medidas.

      La norma conecta los programas de la EPA con los del USDA . Así, se considera que se gestiona el suelo correctamente en los supuestos de seguimiento o participación en el CRP de la FSA, del resto de los programas de conservación del USDA(466) y del previsto en la coastal zone reauthorization de 1990 para la contaminación difusa de los estados costeros.

      Se autorizada a la EPA a aprobar guidelines para la gestión de la contaminación difusa; i.e, criterios de especificación de medidas, de la misma manera que se prevé en la CZARA. El Estado puede eximir a alguna categoría de contaminadores señalados por la EPA si determina que no contribuyen de forma significativa en la contaminación general y entorpecen la consecución de los objetivos de la cuenca. También puede exonerarlos cuando la aplicación produzca extrema penalidad en los partícipes, aunque éstos deben ejecutar las medidas que sean de menor coste económico.

      Por último, la bill prevé la aplicación de los estándares de calidad del agua a las actividades generadoras de contaminación difusa, de la misma manera que para la puntual, de una forma escalonada. La aplicación de los estándares se realizan por grupos de actividades contaminadoras a los ocho años desde que se haya aprobobado su programa específico, aunque en los cuatro años siguientes no serán de aplicación a las actividades que sigan un programa local previsto en la bill o cualquier otro autorizado por la CWA o CZARA; y durante los cuatro años siguientes, con carácter general, no se impondrán sanciones a los que violaren las ordenanzas de la sección 319. A partir del décimosexto año será de aplicación obligatoria la sanción para el supuesto de incumplimiento de los estándares.

   2. Prevención de la contaminación difusa en suelos federales.

      El título II modifica la Sección 319 CWA(467) y obliga al Presidente a dictar normas para prevenir y controlar la contaminación difusa en suelos federales. La bill fija también para estos suelos, en ocho años, el objetivo de la full restauration.

      Por último, ordena la adopción de medidas de protección en la construcción de autopistas(468), y ordena a la EPA que informe acerca de la eficacia de los programas agrícolas y de las medidas de control de la contaminación difusa establecidas por los programas agrícolas(469).

   3. Estándares de calidad de las aguas.

      El título III- Water Quality/Criteria; Standards; Antidegradation; New Sources- modifica la Sección 304 CWA(470) y obliga a la EPA a revisar los criterios de calidad de aguas en relación con la contaminación difusa, de forma más exigente(471). La Sección 302 de la bill (estándares de calidad de agua), modifica la Sección 303 CWA(472) homologando los criterios de esta Sección a las de la anterior(473). Obliga además a la EPA a: primero, aprobar normas para extender la política actual antidegradación de aguas a las fuentes existentes y nuevas de contaminación difusa, en la misma forma y alcance que actualmente se viene haciendo para la contaminación puntual; y segundo, extender la política de antidegradacion y los planes de protección a los cambios del uso del suelo que incrementen la contaminación difusa, concediéndole un plazo breve para aprobar la normativa(474). Por último , se modifica la Sección 304 CWA(475), obligando a la EPA a aprobar guidelines para determinar los usos del suelo que causen contaminación difusa y asegurar que cualquier nuevo uso del suelo no viole los estándares de calidad de agua o de control de sedimentos, no alcanzando esta facultad de la EPA al uso del suelo ordinario en las labores agrícolas(476).

   4. Citizen Watershed Monitoring Program.

      El último título de la Bill modifica la sección 205 CWA(477). Cada Estado debe establecer y ejecutar un programa de control de cuenca protagonizado por los ciudadanos, que puede delegar en organizaciones particulares. Deben participar todos los interesados. El Estado debe destinar el 5 por ciento de los fondos de la Sección 319 a este programa, con un mínimo de cien mil dólares. El programa debe ser dirigido por participantes competentes en asesoramiento del plan de gestión de cuenca.

      La aplicación de la norma por los particulares queda constreñida a este programa, donde principalmente destaca la educación y asesoramiento y se echa en falta algún tipo de acción pública para los supuestos graves.

EL RÉGIMEN ESTATAL Y LOCAL DEL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO.

1. INTRODUCCIÓN

   Históricamente, la política de los Estados se ha dirigido más hacia el fomento de la industria estatal que hacia la protección de los recursos naturales. Ha sido el Gobierno federal el que ha incentivado, con fondos federales, la asunción por parte de los Estados de una política de conservación, quizá ante la certeza de que esta materia no admite ser resuelta fácilmente desde Washington.

   Los Estados tienen plenas competencias en la aprobación de normas reguladoras de la erosión del suelo en uso de la stateâs policy power y dentro de los límites constitucionales.

   La preocupación por la erosión del suelo ha precedido en mucho a la preocupación por los otros recursos naturales. La experiencia vivida, especialmente en los Great Plains, en los años treinta, cuando una prolongada sequía dejó el suelo desnudo seco y el viento lo azotaba levantando nubes de polvo (fenómeno conocido como dust bowl) decidió en buena medida la intervención del Gobierno federal.

   En 1937 Roosewelt remitió a cada Gobernador "A Standard State Soil Conservation District Law" con la recomendación de que cada Estado de la Unión aprobase una ley según el modelo remitido, creando distritos de conservación como forma idónea para combatir el deterioro del suelo y procurar una gestión prudente de este recurso. Todos los Estados aprobaron leyes estableciendo la constitución de distritos de conservación -SWCD(478)- adaptadas , más o menos, al modelo propuesto. Los SWCD han sido los instrumentos ordinarios de materialización de la política estatal y federal de protección del suelo y del agua.

   La era ambiental y la ampliación de la protección de los recursos naturales ha comportado cambios significativos en los Estados. Con la promulgación de la Sección 208 CWA, muchos Estados se vieron obligados a legislar con el fin de "implementar" los preceptos de la Sección. La EPA publicó el Model State Act for Soil Erosion and Sediment Control en 1973, para que sirviese de referencia para todos los Estados. En su elaboración participaron también el USDA y representaciones de los Estados. El modelo se distingue por facultar al departamento de conservación del Estado para aprobar normas estatales y estándares de conservación, delegando la competencia de la aplicación de dichos estándares a los distritos de conservación, facultándoles también para aprobar estándares específicos en su distrito, dentro del marco del Estado. El modelo prevé la aprobación de planes de conservación para actividades nocivas al suelo, especifica inspecciones y permisos y autoriza sanciones y otras medidas de ejecución forzosa como la injunction(479).

   Muchos Estados han aprobado leyes siguiendo el modelo, aunque la mayoría excluyen de su ámbito a las tareas agrícolas, centrándose en la erosión provocada por obras de construcción. Sólo Delaware, Iowa y Dakota del Sur no excluyeron la agricultura, (por otro lado, la actividad más contribuyente en la generación de sedimentos). Otros estados se ha apartado del modelo y han adoptado leyes que persiguen la mejora de la calidad del agua y control de cauces, ordenando a los gobiernos locales la regulación de la actividad agraria que cause erosión(480).

   Desde 1972 a 1991, en desarrollo de la CWA, 27 Estados han adoptado leyes específicas para la contaminación difusa provocada por la agricultura . Específicamente, 19 tienen leyes de control de la erosión del suelo; 17, leyes sobre BMP; 17, sobre aplicación de pesticidas; 3, leyes de uso del suelo agrícola; 4, impuestos de inputs agrícolas(481).

   Protección del suelo y protección del agua son dos caras de una misma moneda. Al principio se prestó atención al suelo. Hoy pesa más la protección del agua.

2. CONSERVATION DISTRICTS

   Soil and Water Conservation Districts (SWCD) son organismos de gobierno constituidos con el propósito específico de resolver los problemas de conservación del suelo y del agua del área territorial sobre los que constituyen y gobiernan. Podríamos decir que son entidades locales especiales.

   Los SWCD son entidades de participación democrática, y constituyen la pieza de la conservación del suelo donde se centra el esfuerzo federal, estatal y local(482). Cuando se constituye un SWCD se formaliza un convenio (memorandum of understanding) con el USDA con el fin de recibir asistencia técnica del SCS. En el memorándum se describe el problema específico del distrito y la estrategia a seguir por el SWCD(483).

   Según el modelo de 1937, el SWCD es una administración local, independiente, sujeta a la ley del Estado. El modelo ofrece un SWCD gobernado por un district government board, formado por 7 miembros ; 5 elegidos democráticamente por los propietarios y 2 designados por una comisión estatal formada por jefes departamentales del Estado. Las funciones del district government board, son: (1) supervisar, investigar y ensayar proyectos y operaciones contra la erosión; (2) aprobar y aplicar ordenanzas de uso del suelo; (3) celebrar convenios con operadores para adoptar planes de conservación; y (4) comprar suelo para practicar técnicas o retirar cultivos. La propuesta ordena una financiación del SWCD a través de dotaciones estatales y locales, además de poder exigir tasas por servicios prestados. La propuesta establece que las ordenanzas de uso del suelo requieren ser aceptadas por la mayoría de los asistentes a la asamblea, constituida para tal fin, formada por los propietarios afectados del distrito.

   Los Estados, al aprobar las leyes para constituir SWCD, no siempre con el mismo nombre(484), han diseñando unos distritos con menor poder que el de la propuesta. La mayoría de las leyes estatales no han incluido la capacidad del SWCD de exigir tasas; pero sí la de pedir dinero en préstamo. La mayoría de las leyes adecuan la extensión de SWCD a la del condado y no a la de la cuenca, como sería lógico. El resultado ha sido la creación de casi 3.000 distritos, número muy por encima de las previsiones del SCS, por lo que la dotación económica de este organismo debió incrementarse de forma importante para poder atender a tantos distritos. Además, hay una ausencia de coordinación de distritos de la misma cuenca, se duplican programas y, a veces, se contradicen(485). Casi todas las leyes de los Estados creando SWCD le dan competencia para estudiar el problema de la erosión del suelo, desarrollar planes de conservación y asistir técnica y financieramente a agricultores y operadores. Sin embargo, la mayoría de las leyes no otorgan(486) poder al SWCD para aprobar ordenanzas de uso del suelo; y en las pocas leyes que se autoriza, el mecanismo para adoptarlas es complejo. De las leyes estatales que facultan al SWCD a aprobar ordenanzas, sólo algunos de ellos han aprobado normas de uso del suelo(487). Un problema para ello radica en el alto porcentaje de propietarios que se requiere para aprobar estas normas. Las leyes estatales exigen para aprobar ordenanzas sobre el uso del suelo un referéndum con mayorías cualificadas(488). Por ejemplo, Texas requiere que la propuesta se avale por 50 propietarios y que sea aceptada por el 90 por ciento de los votantes(489). Además, las leyes no prevén medios de ejecución coercitiva. Generalmente, otorgan sólo la posibilidad de solicitar injunction a los tribunales. Son muy pocos los Estados donde hay algún tipo de sanción penal; y pocos obligan al infractor al pago de las costas de los procedimientos(490). Por eso, los SWCD han trabajado normalmente en una política de programas voluntarios con financiación federal. Veintitrés Estados(491) tienen fondos estatales cost-sharing para programas SWCD(492). Algunos Estados han adoptado programas de control de la erosión, como Illinois(493), con la Soil and Water Conservartion Districts Act de 1977, que ordenó al departamento estatal de agricultura que aprobara ordenanzas para el control de la erosión y de los sedimentos, asumiendo un estándar de pérdida del suelo del valor T; no obstante, las ordenanzas carecen de sanción para caso de incumplimiento(494).

3. TIPOLOGÍA

   Hay tres categorías generales de modelos de regulación de la erosión del suelo, según la participación de SWCD(495):

   1. Por el papel desempeñado por los SWCD y autoridades locales.

      1. State- enforced regulations. El Estado aprueba las ordenanzas para el control de la erosión del suelo y el mismo Estado aplica la normativa. El modelo de Pennsylvania obedece a esta clase, aunque el conservation district también puede asumir compromisos para aplicar la normativa estatal.

      2. State- mandated, locally enforced regulation. Dos Estados tienen un sistema que obedece a este tipo. Dakota del Sur e Iowa. El Estado ordena a los conservation districts que adopten los estándares de conservación de acuerdo con la normativa básica. Los propios distritos tienen la competencia para aplicar su normativa.

      3. State-enabled, locally enacted and enforced regulation. Algunos Estados autorizan al conservation district (con importantes restricciones de quórum) o al condado a aprobar ordenanzas. La mayoría de las ordenanzas locales aprobadas a nivel local lo han sido por los condados mediante zoning ordenances, y no por los soil conservation districts. Es el modelo de la mayoría de los Estados, con profundas variaciones entre ellos.

      La legislación de Minnesota, Colorado, Wisconsin o Montana se adaptan a este modelo. Son famosas las ordenanzas de los distritos de Vernon County (Wisconsin) y Lewis and Clark Conservation District (Montana); por cierto las únicas ordenanzas aprobadas por SWCD.

   2. Por los instrumentos aplicados.

      MARTIN MATEO(496) distingue cinco clases de instrumentos aplicables en la política de residuos: limitativos(497), ampliativos(498), cooperativos(499), represores(500), fiscales y territoriales. Este modelo nos sirve para observar que los ordenamientos de conservación del suelo son mayoritariamente distinguidos por las notas ampliativas öcooperativas. Podemos observar algunos Estados que han adoptado un modelo más limitativo-represor, como Delaware, Georgia, Iowa, Michigan, Dakota del Sur o Wisconsin(501).

   3. Por la tipología de legislación.

      1. Leyes generales de control de la erosión y la sedimentación.

         Muchos Estados tienen leyes de control de la erosión y sedimentación que abarcan supuestos muy diferentes, desde los sedimentos urbanos a los agrícolas. No hay dos leyes iguales. Ohio exige un control para todo tipo de actividades que afecten al suelo; pero sólo exige un plan de control de sedimentos para los proyectos de remoción de suelos no agrarios(502). Hawai ordena a los condados que aprueben ordenanzas para controlar la sedimentación de las land disturbing activities, considerando esta obligación cumplida si se adoptan las prácticas recomendadas por el SWCD(503). Muchos Estados excluyen la agricultura de su ley de control de la erosión y sedimentación(504); otros excluyen la agricultura y la silvicultura(505). Ello no quiere decir que dichas actividades no estén sujetas a un control; pero no por estas leyes. Delaware obliga a todas las land disturbing activities a presentar previamente un plan(506); pero las actividades agrícolas están exentas, salvo que el propietario no siga las instrucciones del plan de conservación del distrito de conservación(507). Algunas leyes se centran sólo en los sedimentos causados por actividades de construcción y escorrentías urbanas(508).

      2. Leyes que se aplican sólo a actividades que afecten a determinadas aguas o a nivel de cuencas.

         Estas leyes tienen la ventaja de que una sola autoridad gestiona el control de todas la earth moving activities. Especialmente, se advierte la presencia de estas leyes en estados ribereños(509).

4. RÉGIMEN DE IOWA, PENNSYLVANIA Y DAKOTA DEL SUR.

   En las próximas páginas vamos a estudiar más detenidamente el régimen de control de la erosión del suelo en tres estados: Iowa(510), Pennsylvania(511) y Dakota del Sur(512). Los hemos elegido porque a nuestro juicio se han dotado del sistema jurídico más complejo y porque de ellos podemos obtener alguna enseñanza trasladable a nuestro contexto jurídico.

   4.1 INSTRUMENTOS LEGALES

   1. Iowa tiene el régimen jurídico del control de la erosión considerando más avanzado(513). Es el más ambicioso. La Ley es de 1971, que reforma totalmente la Soil Conservation Districts Law, que operaba antes con fórmulas puramente voluntarias y que debido a su fracaso en el control de la erosión y a los enormes gastos en la reparación de estructuras de drenaje se hizo necesaria una reforma de planteamiento, como es la presente(514). En los años setenta creció considerablemente el número de denuncias de afectados por daños provocados por sedimentos, que acababan en su mayoría con acuerdos amistosos; pero otras acabaron en los tribunales donde se discutió la misma constitucionalidad de la Ley. En 1979, en Woodbury County Soil Conservation v. Ortner(515), el Tribunal Supremo de Iowa manifestó que la Ley era una manifestación justificada del states police power y que the state has a vital interest in protecting its soils as the greastest of its natural resources, and it has a right to do so, rechazando de esta manera la acusación de taking de los demandantes, que se vieron forzados a sufragar obras para mantener el valor T de pérdida de suelo en sus tierras.

      En los años setenta, Iowa vio cómo suelos marginales frágiles eran cultivados en respuesta a un mercado internacional propicio(516) y a resultas de ello, en 1980, hubo varias modificaciones en el Conservation Program(517), constituyendo lo que se llamó "Iowa Soil 2000 Program". El objetivo del programa era la reducción del suelo excesivo para el año 2000. Las herramientas en que se basa el programa son la educación, ayuda financiera, asistencia técnica y un marco jurídico coherente(518).

      La Ley está codificada(519) y como su nombre indica, adelanta el importante papel de los SWCD en su estrategia de lucha contra la erosión . La Ley, de propósitos ambiciosos, persigue integrar la conservación del suelo y recursos hídricos en la producción agrícola para asegurar la protección a largo plazo de los recursos edáficos e hídricos del Estado de Iowa y promover las prácticas y explotaciones agrícolas coherentemente con la capacidad del suelo para proporcionar los productos agrícolas y así, preservar los recursos naturales, controlar inundaciones, impedir daños a embalses, favorecer la navegabilidad de los ríos, preservar la vida silvestre, proteger el dominio público y promover la salud, la seguridad y el bienestar de las personas(520).

   2. El marco legal de la erosión del suelo en Pennsylvania es la Clean Streams Law-CSL-, de 1937, modificada en 1970(521). La Ley faculta ampliamente al Pennsylvania Department of Environmental Resources para dictar normas de control de la erosión del suelo. El objetivo de la Ley es la mejora de la calidad de las aguas(522).

      Pero la Ley se manifiesta también como marco adecuado para encauzar jurídicamente las obligaciones del Estado derivadas de la Sección 319 de la CWA federal . El Plan estatal(523) de residuos de origen difuso reconoce que la CSL es suficiente instrumento para el apoyo jurídico de toda la estrategia de lucha contra la contaminación difusa. La agricultura es la actividad principal contribuyente de la contaminación difusa de las aguas en Pennsylvania. El Plan estima que supone el 39 por ciento de la contaminación nonpoint, aunque también son focos concurrentes las actividades de extracción del suelo y las relacionadas con la minería, la construcción, escorrentía urbana y silvicultura. A pesar de las virtudes de la Ley, el Plan estatal de Pennsylvania observa como uno de los problemas vigentes las practicas agrícolas que no protegen el suelo y las que debilitan las protecciones de los márgenes de cauces. El Plan afronta este problema con objetivos clásicos, muy lejos de propuestas de cambio de marco jurídico; en concreto son milestones del plan: estimular a los agricultores a realizar un plan de conservación escrito, asistiéndoles técnicamente; fomentar y promocionar las BMP informando a los afectados; aumentar la extensión de márgenes de cauces con barreras protectoras para evitar que nutrientes acaben en las corrientes; aumentar el suelo adscrito a un programa de conservación(524); proteger los cauces lindantes con suelos destinados al pastoreo y construir vallas de protección. También, la propuesta de plan(525) del Estado en cumplimiento de la Sección 6217 CZARA (Pennsylvania linda con el lago Eire) establece que el marco jurídico actual (CSL) otorga suficiente fuerza legal para la aplicación de las medidas previstas. Dicho plan se integrará al Plan nacional de la sección 319 CWA.

      La Administración ambiental estatal, Pennsylvanya Department of Environmental Resources- PDER- ha aprobado multitud de normas(526), tanto respecto de la contaminación de residuos de ganado(527) como propiamente respecto del control de la erosión y sedimentación de áreas agrícolas(528).

   3. Dakota del Sur redactó(529) en 1978 un statewide plan en cumplimiento de la Sección 208 CWA y más tarde, en 1998, el informe y el programa previstos en la Sección 319. En el último informe se señaló que el 97 por ciento de las aguas evaluadas no eran aptas para los usos asignados, parcial o totalmente. No parece que la normativa haya tenido excesivo éxito, aunque se haya considerado como una excepción de los regímenes estatales que, en general, no han operado satisfactoriamente en la materia de la erosión del suelo(530).

      La Ley que regula la materia es la Act to Regulate Land-Disturbing Activities within the state Resulting in Soil Erosion and Sediment Damage(531), de 1937, modificada sustancialmente en 1976. La Ley permite regular de forma integral las practicas o usos del suelo que produzcan erosión y contaminación difusa, emplea un plan de conservación, incorpora BMP, utiliza los conservation districts ya existentes e incorpora instrumentos flexibles para su aplicación(532). Quizá por ello la Ley es el marco legal del nonpoint source Management Plan de la sección 319 CWA(533) .

      4.2 ORGANISMOS COMPETENTES

   1. En Iowa, la Ley distribuye las competencias entre varios organismos a niveles diferentes:

      1) Soil Conservation Committee(534) (SCC). Es un organismo público colegiado creado por la Ley para asesorar al Departamento estatal de agricultura (Department of Agriculture and Land Stewardship). Este último organismo debe gestionar la política de conservación del suelo de acuerdo con las directrices del SCC. Si hubiese divergencias entere el SCC y el Departamento de agricultura en relación con la conveniencia de una norma, la diferencia debe salvarse por acuerdo.

      El SCC está formado por el Presidente (elegido entre sus miembros) y ocho miembros, con derecho a voto, y otros dos ex officio, sin derecho a voto, (jefes de extensión agraria y de recursos naturales). Los nueve con derecho a voto son designados por el Gobernador (con visto bueno del Senado), atendiendo a su pertenencia a sectores afectados y su distribución territorial.

      El SCC tiene capacidad jurídica y puede aprobar normas dentro de sus funciones y para el cumplimento de sus fines. Propone a los dirigentes de la Soil Conservation Division (especie de dirección general del Departamento de agricultura encargada de la conservación del suelo). La duración de los miembros es de seis años (pudiendo repetir una sola vez). Hay quorum cuando concurren la mayoría de los miembros con derecho a voto.

      Las facultades del SCC son:

      1. Asistir a los commissioners de los conservation districts.

      2. Conocer los planes de conservación de los distritos e informar a todos los commissioners de las actividades del resto de los distritos.

      5. Coordinar los programas de los distritos, exclusivamente, a través del consejo y consulta.

      4. Asegurar la cooperación y asistencia a los distritos y a las agencias federales y estatales.

      6. Prestar ayuda financiera a los distritos en sus actividades.

      7. Ayudar a cada distrito a realizar su plan de conservación de recursos hídricos y edáficos. El plan debe realizarse de acuerdo con las instrucciones dadas por la División. El plan incluirá, pero no se limitará, al control de la erosión, riadas, preservación de cantidad y calidad de aguas para el óptimo uso en todos los sectores (agricultura, industria, domestico, recreacional), promoviendo la salud pública, las necesidades y el bienestar de las generaciones presentes y las futuras.

      8. Incardinar los planes de los distritos con el plan estatal de conservación de recursos de agua y suelo. El plan estatal se formará a partir de los de distrito.

      9. Coordinar los trabajos de drenaje de los distritos.

      2) El Department of Agriculture and Land Stewardship(535) y su oficina (subdepartamento) encargada de la conservación del suelo, -Division- , cuya función básica es la dotación de fondos a los SWCD, pudiendo aprobar programas de subvenciones propios(536).

      3) Los Soil and Water Conservation Districts (SWCD), piezas maestras en la lucha contra la erosión.

      Los SWCD son órganos colegiados, considerados como subdivisiones del Estado, con autonomía, cuyas facultades vienen determinadas por la Ley.

      Hay cien SWCD en el Estado, cuya demarcación no coincide necesariamente con la del condado(537), constituidos por los propietarios de suelos agrícolas que voluntariamente deseen ser miembros. La Ley prevé la posibilidad de que se pueda disolver un SWCD por voluntad de sus miembros, exigiendo una mayoría reforzada(538),así como la constitución de nuevos o la ampliación territorial de los existentes(539).

      Las competencias del SWCD son(540):

1. Realizar evaluaciones e investigación en relación con la erosión del suelo, inundaciones, daños provocados por sedimentos, medidas de control, prevención y publicación de resultados. Cualquier trabajo de investigación debe ser realizado con la cooperación del Departamento de Agricultura para evitar duplicidades.

2. En general, para los anteriores fines, realizar exhibiciones y demostraciones prácticas y ejecutar proyectos, siempre con autorización de los propietarios del suelo afectado, y con la cooperación del Departamento de Agricultura para evitar duplicidades.

3. Llevar a cabo medidas de control o prevención en suelos del distritos, siempre que exista autorización del propietario de los suelos afectados.

4. Celebrar acuerdos con propietarios para llevar a cabo medidas de control de erosión y protección de cuenca, dentro de las disponibilidades presupuestarias y legales.

5. Adquirir inmuebles y enajenarlos.

6. Facilitar a los propietarios y usuarios de tierras maquinaria, fertilizantes y equipos idóneos para conservar el suelo.

7. Construir, mejorar y mantener las instalaciones necesarias para la ejecución de las operaciones de conservación.

8. Desarrollar planes integrales para la conservación del suelo y prevención de la erosión y sedimentación en el distrito.

9. Presentar demandas judiciales.

10. Exigir contribuciones económicas a propietarios beneficiados de trabajos realizados.

11. Aprobar normas de uso del suelo.

12. Exigir a los propietarios que reciban subvenciones cost-sharing para adoptar medidas permanentes de conservación, debiéndose comprometer el beneficiario a no dejarlas sin efecto y a no reducir su efectividad, por un periodo de veinte años.

13. Colaborar con colegios para inculcar a los menores la importancia de la conservación.

14. Ejecutar el plan de conservación de los recursos edáficos e hídricos del distrito.

15. Celebrar acuerdos con propietarios o usuarios de terrenos para desarrollar practicas de protección del agua, tanto superficial como subterránea.

    Se autoriza a los SWCD a celebrar convenios entre sí, así como con las agencias estatales y federales(541).

    El SWCD está gobernado por 5 commissioners elegidos entre electores que sean candidatos independientes por cuatro años. No pueden haber dos commissioners residentes en el mismo municipio. Si un commisioner se ausenta en el 60 por ciento de las reuniones mensuales, el resto pueden declarar su puesto vacante(542).

    La Ley autoriza la constitución de subdistritos con amplias facultades, cuyo ámbito territorial puede abarcar a terrenos de varios SWCD, para ejecutar programas de protección de cuenca y prevención de inundaciones(543).

    2. El parágrafo 5 CSL de Pennsylvania es una cláusula general que faculta ampliamente a la administración estatal ambiental, Pennsylvania Department of Enviromental Resources ( PDER) a aprobar normas para la aplicación de la CSL y para la consecución de sus objetivos y, de forma particular, el par. 402 (a) de la Ley le ordena regular las actividades que puedan ser dañinas o contaminantes de las aguas.

       El PDER es el organismo encargado de aplicar la Ley; no obstante, puede delegar sus competencias a los conservation districts, en 6 niveles escalonados de competencias, mediante convenio con los mismos. La implicación de los conservation districts puede ser, voluntariamente, en las siguientes fases : 1) educación; 2) revisión de planes de control del suelo y sedimentación; 3) gestión de expedientes de quejas y denuncias a través de una oficina de investigación; 4) resolución de los expedientes; 5) cumplimiento voluntario de agricultores, directamente, o sirviéndose del municipio, profesionales o instituciones financieras; 6) ejercicio de enforcement actions ante el tribunal de distrito. La mayoría de los Conservation districts operan al nivel 5(544).

    3. En Dakota del Sur, dos son los órganos protagonistas en la estrategia de la lucha contra la erosión del suelo. El Departamento Estatal de Recursos Naturales (Department of Water and Natural Resources) y los conservation districts . El primero aprueba las instrucciones básicas (guidelines) para el control de la erosión y sedimentación que sirven de recomendación a las autoridades locales y a los conservation distritcts, tomando en consideración la clase del suelo, el clima y las otras circunstancias relevantes. En las guidelines también se recomienda el límite de pérdida de suelo y las prácticas de conservación a emplear.

       Los conservation districts deben aprobar estándares y ordenanzas de conservación(545) que sean coherentes con el control de la erosión y sedimentación de las actividades que regule. Tienen competencia para regular las actividades o usos del suelo que causen erosión a través de ordenanzas que deben ajustarse a las guidelines del Estado(546); aunque en algunas materias, éstas son directamente aplicables , sin necesidad de desarrollo(547). El soil conservation district aprueba las ordenanzas y las aplica. Tiene amplia capacidad para decidir la estrategia a seguir, siempre dentro de la normativa básica. Puede: a) prohibir algunos usos en ciertos suelos; b) regular el uso del suelo (de forma no obligatoria; esto es, permisiva); y c) ordenar la materia a través de incentivos(548). Los municipios tienen igualmente competencia para dictar ordenanzas, con el mismo fin, y dentro de la norma básica.

       Los conservation districts son órganos locales bajo la tutela del Estado, con competencias propias(549), constituidos por el Estado(550). La Ley ordena que los distritos cooperen entre si y con otras agencias(551). La demarcación del conservation districts coincide con la del condado. Cada uno de los 69 conservation districts tiene actualmente estándares aprobados(552). Los estándares y ordenanzas vinculan a particulares y al gobierno local y estatal(553).

       4.3 ESTÁNDAR

    1. En Iowa , los commissioners aprueban los límites de pérdida de suelo de acuerdo con las orientaciones del SCC(554). Soil loss limit es la máxima cantidad de pérdida de suelo debida a la erosión eólica e hídrica, expresada en toneladas por acre y año que los commissioners creen razonable para cumplir los objetivos de la Ley antes vistos(555). Dichos límites vienen recogidos en las ordenanzas, cuyos valores se determinan de acuerdo con los trabajos del SCS y que descansan generalmente en el valor T(556). Así, son de aplicación las ecuaciones USLE y WEE para la determinación del suelo perdido.

    2. El mismo criterio se sigue en Dakota del Sur, donde la Ley ordena al Department of Water and Natural Resources la elaboración de recomendaciones para el control de la erosión y sedimentación. Este organismo ha recomendado el límite T de tolerancia de pérdida del suelo para que lo apliquen los distritos. Los distritos han adoptado los estándares de común acuerdo con los gobiernos locales(557) y, generalmente, han fijado el valor T de pérdida de suelo, expresado en toneladas por año y acre según cada tipo de suelo(558).

    3. En Pennsylvania, el estándar de la Ley es la minimización de la erosión acelerada (i.e., la pérdida de suelo adicional a la natural provocada por el hombre) y consecuente sedimentación. Es un concepto cualitativo, no cuantitativo. la normativa dictada por el PDER se centra en evitar la erosión excesiva y retener los sedimentos. El hecho de que los sedimentos que venzan las defensas del plan acaben en las aguas no es importante a los efectos de la Ley(559).

       Al no estar sujeta la Administración a la USLE, su ámbito de actuación es mayor(560) que en otros Estados, pues el régimen de justificación de sus decisiones es menos técnico.

       4.4 DISCIPLINA

    1. En Iowa, todos los propietarios y usuarios están obligados a ejecutar prácticas de conservación del suelo y de control de la erosión de acuerdo con las ordenanzas. Están incluidos en dicha obligación los suelos que sean propiedad del Estado (todo tipo de propiedades: parques, autopistas, bosques, etc.). Ningún terreno puede perder una cantidad de suelo superior al límite establecido(561).

       No obstante, no se puede exigir el empleo de determinadas prácticas cuando no se sobrepase el límite de pérdida de suelo. Tampoco pueden las ordenanzas: a) ordenar el empleo de practicas de control de la erosión, subvencionadas cost-sharing, en suelos destinados, en buena fe, a las labores agrícolas exclusivamente; b) ordenar el empleo de prácticas de conservación sobre cualquier vía pública, carretera o autopista, acabada o en construcción, dentro de los límites de una ciudad; c) impedir la labranza en profundidad (fall plowing), en general; y en los suelos frágiles, no podrá impedirse cuando el agricultor utilice esta técnica para incrementar su cosecha, aunque en estos suelos pueden exigirse medidas de control de la erosión que minimicen la erosión eólica, siempre que no incrementen el coste "indebidamente"(562).

       Tampoco pueden los commissioners ordenar al propietario realizar prácticas de conservación más eficaces si las que se adoptaron fueron de acuerdo con los estándares técnicos del tiempo en que se realizaron, aunque esta excepción no es de aplicación cuando el propietario incumpla la Ley o incurra en gross negligence (imprudencia temeraria) (563).

       Existe una obligación especial para algunas actividades, denominadas land disturbing activities(564). Estas son cualquier cambio del suelo, tal como pavimentarlo, excavarlo, nivelarlo o rellenarlo, de manera que puedan causar erosión o movimientos de sedimentación a las aguas del Estado. Se excluyen de la land disturbing activities:

       1. en general , las tareas agrícolas o silvícolas,

       2. construcción de residencias unifamiliares,

       3. actividades menores, como jardinería,

       4. minas superficiales o subterráneas,

       5. instalación de servicios públicos. como postes y vallas,

       6. fosas sépticas y campos de drenaje, salvo que se realicen en el contexto de una urbanización,

       7. construcción y reparación de caminos, puentes y vías,

       8. obras de emergencia para proteger la vida o la propiedad,

       9. obras en áreas inferiores a 25.000 pies cuadrados(565), salvo que por ordenanza de un órgano administrativo competente se establezca un régimen más restrictivo.

       10. construcción y mantenimiento de carreteras públicas.

       A quien pretenda realizar cualquier land disturbing activity se le exige que presente sólo una declaración -affidavit- de que la actividad no excederá el límite de pérdida de sedimentos autorizado. La declaración se presentará ante los commissioners, salvo que el condado, municipio u otra subdivisión del Estado hubiese adoptado una ordenanza sobre control de sedimentos (con el acuerdo de los commissioners), en cuyo caso el affidavit se presenta ante esta autoridad(566). La reforma de 1980 suprimió la obligación de acompañar plano de control de la erosión(567)

    2. En Pennsylvania, las ordenanzas, por lo general, exigen autorización de las actividades que supongan remoción del suelo - earth moving activity-(568), debiendo el solicitante presentar un plan de control de la erosión y de la sedimentación. Dentro de la definición earth moving activity se incluyen las obras que supongan afectar la superficie del suelo, como excavaciones u otras.

       Están exentas de autorización, entre otras, las earth-moving activities relacionadas con la agricultura(569), como la labranza de los campos, y aquéllas que afecten a una superficie inferior a 25 acres(570).

       En general, todas las earth-moving activities (las incluidas y excluidas de autorización) deben desarrollarse de manera que no se ocasione erosión acelerada (accelerated erosion) y la consecuente sedimentación; para ello es necesario realizar medidas de protección de la erosión y sedimentación que la minimicen.

    3. En Dakota del Sur, todas las land-disturbing activities deben respetar las normas y estándares de protección de los conservation districts . Existe una prohibición general de cualquier land management practice que incremente la erosión hídrica o eólica del suelo(571). Land disturbing act es cualquier transformación del suelo que contribuya a la erosión eólica o al movimiento de sedimentos(572).

       La Ley prohíbe expresamente el empleo de la técnica de la autorización como instrumento de aplicación de la normativa; no obstante, las ordenanzas urbanísticas pueden remitirse a los estándares del conservation district y, consecuentemente (aunque sólo para las obras sujetas a estas ordenanzas), si la petición no cumple los stándares de protección del suelo se deniega la licencia(573).

       Las agricultural land disturbing activities, que son las labores normales agrícolas ordinarias que persigan tanto el incremento de la producción agrícola como la protección del suelo están exentas de la obligación de elaborar previamente un plan y de informar al conservation district de las labores que realicen(574). Sólo se requiere que cumplan con las conservation standards del distrito(575).Generalmente, los agricultores están exentos de obtener permisos para la agricultura(576).

       La ley ha sido interpretada en el sentido de que las actividades no agrícolas se tutelan por la autoridad municipal o del condado; y las agrícolas por los conservation districts, aunque la Ley guarde silencia en este respecto(577). Las ordenanzas de Dakota del Sur de prácticas de conservación se pueden calificar como mandatory normative, basadas en una combinación de fijación de tolerancia de pérdida del suelo y normas para algunas actividades específicas(578).Los agricultores deben cumplir con los estándares; pero están exentos de realizar un plan, solicitar autorización o informar de las actividades que realicen, salvo que el distrito determinare que se han incumplido los estándares(579).

       4.5 PLANEAMIENTO

    1. La aplicación de las ordenanzas en Iowa no descansa en el castigo, sino en el acuerdo entre el propietario y el SWCD; hasta llegar a dicho acuerdo la Ley esboza un proceso largo.

1. Cada unidad de explotación(580) (farm unit) tendrá un dossier (conservation folder) que será actualizado cuando el district lo crea conveniente(581). La farm unit es la unidad de explotación dentro del distrito, sin dispersión de superficies de cultivo, dirigida por una persona en régimen de propiedad o arriendo. El conservation folder es el conjunto de información referente a la topografía, composición del suelo, carácter natural o artificial del drenaje, y otros factores de una unidad de explotación, que son necesarios para la preparación de un convenio para la conservación (conservation agreement) efectivo y equitativo. La información específica que debe contener el dossier se regula por el Departamento de Agricultura(582).

   El conservation folder juega un papel pedagógico y preventivo. Cuando el propietario recibe su dossier se le conceden cinco años para acordar con el SWCD el diseño de un plan de conservación y otro año para acordar su aplicación. Si el propietario no suscribe dicho acuerdo, pierde el derecho o participar en los fondos estatales tipo cost-sharing; salvo que por denuncia de afectado deba realizar medidas, para las cuales, necesariamente, el Estado debe participar, al menos, en el 75 por ciento de su coste(583).

2. Cinco años después de la realización del dossier, los Commissioners realizarán un plan de conservación del suelo para la unidad agrícola (farm unit soil cosnervation plan) en colaboración con el propietario. Si el propietario no está de acuerdo puede presentar uno alternativo(584). El plan se basa en el dossier y especifica los trabajos permanentes y temporales de protección (erosion control practices) que eliminen la pérdida del exceso de suelo permitido. El plan identificará, si es posible, practicas alternativas(585). Los trabajos de conservación pueden ser instalaciones de mecanismos y estructuras de desagüe de edificios no conectados a redes generales y que causen erosión excesiva, colocación temporal de estructuras en lugares que ocasionan excesiva erosión, plantación de bandas vegetales o de obra en caminos, etcétera(586).

3. Dentro del año desde que se redacte el plan acordado, se celebrará otro acuerdo para la conservación del suelo con el propietario (y, en su caso, también con el usuario) basado en el plan(587). Las medidas de protección previstas por el plan son financiadas en parte por el Estado, dependiendo si son medidas permanentes, como terrazas, o temporales, como rotación de cultivos. Generalmente la subvención es del 50 por ciento del coste(588).

   Por otro lado, cada agencia estatal que posea terrenos debe celebrar un acuerdo con el distrito donde se halle el terreno para adoptar un plan de control de la erosión y conservación del suelo. También es aplicable a todo el suelo público que se dedique a la agricultura. La subvención cost-sharing no se aplica a suelos públicos. Las dispensas al régimen del plan se conceden a aquellos terrenos donde se experimenten investigaciones sobre conservación del suelo(589).

   2. En Pennsylvania, en aplicación de la CSL, el Pennsylvania Environmental Quality Board, desarrolló la normativa de control de la erosión en 1972(590) y se ordenó a todas las explotaciones agrarias diseñar y aplicar un plan de control de la erosión y sedimentación a fecha 1 de julio de 1977. El plan debe estar operativo constantemente, en tiempo de labranza y siembra. No se precisa autorización para remover el suelo, sólo la obligación de cumplir el plan. La norma no establece el contenido del plan, el cual, debe estar disponible siempre en la explotación. Debe ser realizado por técnico competente y debe contemplar tanto las características del suelo como del resto de los elementos que puedan afectar a la erosión y sedimentación.

      El plan, que no requiere en general aprobación previa, ni siquiera comunicación a la Administración, debe comprender la canalización total del agua superficial de lluvia o riego. En general, los sistemas de canalización, aterrazamiento, defensas deben procurar que la corriente de desagüe circule a una velocidad inferior a 1â5 pies por segundo (aproximadamente 0â5 m/seg.). Todos los canales y sistemas de control deben dejarse limpios y disponibles después de cada uso del suelo. El operario tiene obligación de estabilizar el suelo tras cada earth moving activity. Estabilización del terreno es la correcta gestión del suelo (planeamiento, cubrimiento, etcétera) para procurar su defensa de la erosión. Cuando no fuere posible la estabilización de una superficie frágil, tras la última earth moving activity, o cuando la remoción del suelo durara más de 20 días, se deben adoptar sin demora, desde el principio de la actividad, las medidas correctas de estabilización del suelo. En general, la normativa de control descansa en los canales, terrazas e interceptores. Todos los desagües deben abocar a un dispositivo para apartar los sedimentos, sin que puedan conectar a las aguas o cauces sin recuperación de sedimentos(591). Desagües, terrazas y canales interceptores, bien en forma de canales o bandas de vegetación tienen como finalidad obstaculizar la escorrentía en suelos con pendiente, rompiendo la velocidad y reteniendo los sedimentos(592), debiendo impedir la erosión acelerada. La ley impone a los propietarios de las tierras la obligación de realizar y ejecutar el plan; pero éstos pueden, a su vez, trasladar la obligación al arrendatario mediante acuerdo escrito(593).

      En resumen, respecto de la actividad agrícola, principal causante de la erosión, el agricultor debe canalizar por desagües las aguas superficiales que se generen, estabilizar el suelo tan pronto como sea posible tras los trabajos de campo, recuperar los sedimentos, y tener el plan a disposición de la autoridad(594). En la agricultura ordinaria de baja intensidad, el contenido del plan puede limitarse a una declaración por parte del agricultor señalado que se compromete a continuar con la agricultura de baja intensidad, con riesgo mínimo de erosión, y a seguir las prácticas tradicionales(595).

   3. En Dakota del Sur, respecto del suelo agrícola, la Ley especifica algunas circunstancias por las que un propietario puede ser obligado a adoptar un plan de conservación. Primero(596), el conservation district puede solicitar un plan de conservación antes de la transformación de un campo silvestre en tierra de cultivo, cuando se hubiere calificado el terreno como "fragile land" (597). Segundo(598), cuando el conservation district establezca que la explotación agraria incumple los estándares del distrito, ofreciendo a la explotación un plazo de seis meses para preparar un plan de control de la erosión y sedimentación, que debe ser aprobado por el conservation district, y otro plazo de seis meses para su ejecución . Si el infractor no cumple con el plan, el conservation district puede hacerlo a través de una injunction u otros remedios legales(599).

      4.6 APLICACIÓN (ENFORCEMENT).

   1. En Iowa debemos diferenciar dos supuestos:

      1. PREVIA DENUNCIA DE AFECTADO

         Si los commissioners reciben denuncia, por escrito y firmada, de un propietario afectado por daño en su terreno, provocado por sedimentos procedente de otro predio(600), el SWCD debe inspeccionar el terreno de donde proceden los sedimentos(601). Si el terreno afectado es público, decide el Board por mayoría si se inspecciona. Terreno (land) comprende también al agua, por lo que se puede denunciar al que arroje sedimentos a las aguas(602). Para realizar la inspección, los commissioners y sus delegados pueden entrar en terrenos, públicos y privados, a cualquier hora razonable, para clasificar el tipo de suelo y determinar si se cumplen las normas. Si el propietario se opusiese, el Commissioner puede solicitar autorización al district court del condado, justificando la necesidad de entrar en el terreno y aportando algún testigo de la oposición del propietario a la entrada(603).

         Si se comprueba que efectivamente se daña a un land y que el suelo del denunciado excede el limite de pérdida, los commissioners libran una administrative order al propietario denunciado y al usuario, si se conoce, ordenando adoptar medidas, permanentes o temporales, con plazo de comienzo y de finalización. En supuesto de proceder los sedimentos de obras o de estar el suelo desprotegido, se concede, como máximo, cinco días para empezarlas y treinta días para acabarlas. En los otros supuestos, seis meses y un año, respectivamente(604). Es indiferente la dimensión del daño causado(605). Pero si el land denunciado es un suelo agrícola, no se puede obligar al propietario a adoptar medidas de protección permanentes, salvo que reciba subvención del 75 por ciento del coste de las medidas permanentes; y respecto de medidas temporales, la que se acuerde; sin que, en ningún caso, la contribución del propietario pueda ser superior a diez dólares por acre y año(606).

         En el supuesto de incumplimiento por parte del afectado, tanto respecto del acatamiento de plazos o eficacia de las medidas adoptadas como en el supuesto de que el propio destinatario rehusare realizar las medidas, los commissioners pueden solicitar al district court una court order, pidiendo inmediato cumplimiento de la administrative order librada(607). La Administración soporta la carga de la prueba; debe probar que la pérdida de suelo es superior a los límites establecidos y que el demandado no ha ejecutado prácticas de conservación del suelo y control de erosión de acuerdo con la ordenanza. Con relación con las construcciones o mantenimiento de vías, carreteras o autopistas, si los estándares de control de la erosión de las obras son iguales o superiores a las adoptadas por la administración federal (dictadas para las obras realizadas con fondos federales), se presume (entendemos que iuris et de iure) que se cumplen los estándares de pérdida de suelo. Tras probar satisfactoriamente los hechos, el tribunal dirigirá una orden al propietario para acatar la orden administrativa previamente dictada por los commissioners. El tribunal puede modificar la orden de los commissioners si lo cree necesario. El afectado puede recurrirla en treinta días ante el Tribunal Supremo. La desobediencia de la orden judicial se considera contempt of court, que se castiga con prisión o multa(608).

      2. ACTUACION DE OFICIO

         Los commissioners pueden inspeccionar un terreno agrícola cuando tengan razonable sospecha de que pierda más suelo del permitido. Si comprobaren que se pierde suelo por encima del autorizado , sin causar daño, deben notificarlo al propietario dándole cuenta de la extensión del suelo perdido en exceso del límite, señalándole la normativa aplicable y las subvenciones disponibles(609).

         Sólo a los cinco años de haber recibido el afectado el dossier de su explotación y cuando el suelo perdido en el predio agrícola, sin causar daño, sea igual o mayor que el doble del permitido, y hubiese recibido tres avisos, en años consecutivos, advirtiendole que la pérdida es igual o superior al doble de lo permitido, pueden los commissioners librar una administrative order, ordenando las medidas a adoptar, sujetas al pago de subvenciones antes vistas, otorgando un plazo, de un máximo de seis meses, para empezar las medidas y de un año para finalizarlas. En caso de incumplimiento del afectado, el SWCD puede acudir al tribunal, como en el supuesto anterior(610).

         Cuando los commissioners adviertan que las prácticas realizadas con financiación cost-sharing no se mantienen, o se alteran, deben librar una administrative order para hacer cumplirlas y, si se desobedece, podrán instar auxilio judicial, sin que en este supuesto el destinatario tenga derecho a recibir más fondos para modificar o conservar las medidas(611).

         La administración del programa descansa en bases de voluntarismo, entendiendo que los agricultores conocen el valor de sus suelos como recurso. El 95 por ciento de los fondos se destinan a medidas de conservación voluntariamente aceptadas. Varias normas se han aprobado para "aflojar" el enforcement del programa, como el límite de 75 por ciento del coste a cargo del Estado, límites de gasto para el agricultor de 10 dólares por año y acre, límite de 5 años y 3 años posteriores en caso de ausencia de denuncia(612).

   2. En Pennsylvania, el PDER actúa de oficio o previa denuncia. En este último supuesto, debe sin demora inspeccionar el lugar. El denunciante tiene derecho a acompañar al lugar de la infracción al representante de la Administración(613).

      El par. 316 CSL autoriza al PDER, cuando observe que un suelo se halle en un estado tal que provoque contaminación o vertido a corrientes, o que exista peligro de ello, a ordenar al propietario o poseedor mediante administrative order la corrección de dicho estado. Alternativamente, puede ordenar que las medidas sean realizadas por funcionarios u otros autorizados, solicitando posteriormente la restitución de los costes(614). Cuando el estado peligroso del suelo proceda de causa mayor (act of God) y en el mismo exista y se cumpla un plan de conservación del Conservation District, el propietario o el poseedor(615) están exentos de las sanciones. La Ley no establece que el incumplimiento de la adminsitrative order dictada al amparo del par 316 CLS constituya, per se, una public nuisance; pero de una interpretación sistemática y finalista de la Ley, y su estrecha conexión con el par 610, se desprende que la desobediencia de una adminsitrative order, poniendo en peligro un cauce y ulteriormente las aguas, constituye una public nuisance(616).

      El par. 610 CLS autoriza al PDER a dictar enforcement orders para restaurar la legalidad cuando se realice una actividad contraria a la Ley o a la normativa dictada por el PDER . Cuando el destinatario de la orden no la obedezca, el par. 610 de la Ley considera su conducta como public nuisance. El par. 610 (a) CSL tiene un régimen más estricto al establecer que el incumplimiento de la normativa de control de la erosión (como la no observación o incumplimiento del plan de conservación o la no adopción de medidas adecuadas) constituye public nuisance, sin que la Administración deba libar una administrative order. El PDER puede, en este supuesto, acudir inmediatamente al tribunal ejerciendo las acciones oportunas; pero es procesalmente más ventajoso dictar una enforcement order cuyo imcumplimiento será, por sí mismo, una nuisance, descargando a la Administración de cualquier otra prueba ante el tribunal acerca del incumplimiento del infractor(617). De acuerdo con dicho par. 610 (a), las acciones a entablar son los remedios ordinarios a través de equity o common law en supuestos de public nuisance y se permite el uso de la injunction. La ley omite cualquier mención a indemnización de daños, que es normal en el régimen ordinario de nuisances(618).

      La Ley contempla dos tipos de sanciones: la administrativa y la penal. El par. 605 (a) CSL faculta al PDER a imponer una sanción (civil penalty) al infractor, tras la celebración de una vista (hearing). La Ley ordena una sanción al que incumpliera la misma, las ordenanzas o normas de PDER, o cualquier condición de una autorización respecto de una actividad sujeta a ella. La responsabilidad es objetiva, sin tener en cuenta la malicia del infractor, aunque en la determinación de la sanción (sanción de hasta 10 mil dólares diarios para cada incumplimiento) sí se tiene en consideración el propósito del infractor, la extensión de los daños a las aguas, el coste del saneamiento o restauración y otros factores relevantes que concurran. Las sanciones se pagan al Estado. En caso de impago de la multa, la resolución imponiendo la sanción tiene naturaleza ejecutiva y la Administración puede ejecutarla a través del tribunal del condado contra el patrimonio del infractor(619).

      El par 602 CSL es un precepto penal. Sanciona escalonadamente el incumplimiento de la normativa, según sea de la Ley, de las ordenanzas del PDER o de las condiciones de una autorización. Cada incumplimiento de la normativa constituye una summary offense y el infractor, tras juicio, puede ser condenado a una multa (criminal penalty) de cien a diez mil dólares por cada hecho delictivo, con sustitución de prisión de 90 días en el caso de impago. Si la infracción se comete con el propósito específico, una especie de dolo cualificado (misdemeanor of 3rd degree), la sanción consiste en una multa de 2.500 a 25 mil dólares por cada infracción, con sustitución de prisión de hasta 1 año, o ambas penas conjuntamente. En la reincidencia en los 2 años desde la condena, cuando en la comisión del nuevo delito se incurra en dolo (2nd degree misdemeanor), la multa es de 2.500 a 50 mil dólares y prisión de hasta 2 años(620).

      Según el par. 701 CSL, el PDER puede usar los instrumentos del CSL de forma alternativa o acumulativa. Quiere ello decir que pueden acumularse una sanción penal y una administrativa, o una de ellas con una injunction(621).

   3. En Dakota del Sur, las medidas de enforcement de la Ley son, en conjunto poco consistentes(622). Por un lado, la norma otorga a los SWCD la posibilidad de aplicar sus administrative orders mediante injunction u otros remedios legales(623); por otro, establece que cualquier perjudicado (adversely affected) por una explotación agrícola puede realizar una queja o denuncia al conservation district, debiendo éste órgano investigarla y tomar las medidas apropiadas(624). Si el conservation district recibe notificación escrita de que el suelo de un terreno es arrastrado por el viento, o que los sedimentos del suelo de cualquier propiedad dañan carreteras o propiedad pública, debe inspeccionar el lugar y el board debe resolver lo conveniente (what can be done), para prevenir o disminuir el arrastre eólico del suelo(625). En principio, la acción del conservation district debe iniciarse previa denuncia escrita de particular perjudicado, aunque nada impide que el conservation district actúe motu proprio.

      De una interpretación literal de la Ley (narrowly), el board sólo puede adoptar una medida contra una contaminación de origen difuso cuando el denunciante específicamente alegue que la actividad afecta a la calidad de las aguas; pero de una interpretación sistemática, parece que el conservation district no tiene otra salida que exigir la adopción de un plan, dando seis meses para elaborarlo, aunque pude alargar el plazo(626), pudiendo solicitar una injunction judicialmente(627). En el supuesto de transformación de fragil land, sin plan o sin ajustarse al aprobado, el conservation district puede solicitar una injunction al circuit court, sin conceder al infractor 6 meses, solicitando medidas inmediatas(628).

      Los conservation districts aplican sus ordenanzas impetrando de los circuit courts una injunction(629) . Cuando un conservation district determine que existe una emergencia, puede solicitar a los county commmissioners la orden de adopción de medidas específicas para un terreno y, si el propietario no la iniciara en tres días, pueden ser ejecutadas por el board a cargo del propietario(630).

      La Ley prevé específicamente las medidas en el supuesto de dust blowing, que es la erosión eólica de gran intensidad, capaz de trasladar el suelo a distancia o de dañar los bienes públicos. Si el conservation district es informado por escrito de la existencia de dust blowing, debe comprobar los hechos y, en el supuesto procedente debe remitir una adminstrave order al propietario o usuario, dándole instrucciones de las medidas adecuadas y plazo para cumplirlas; pero sólo procederá cuando se pueda reducir o eliminar el dust blowing a través de las medidas ordenadas(631). Si el destinatario de la order la ignora, el conservation district puede, según el régimen general, solicitar una injunction o, en su caso, actuar de acuerdo al régimen de emergencia(632); en cuyo caso debe informar al county de dicha emergency, pudiendo el county dictar una emergency order(633). A los tres días de la emergency order puede el conservation district adoptar las medidas si el destinatario de la order no las ha empezado, o no las ha realizado de forma suficiente, o el propio destinatario informa al conservation district que no la cumplirá(634). Si el conservation district realiza las medidas, el County puede exigir al propietario el pago del coste cuyo importe no puede exceder de 15 dólares por acre y año(635).

      En 1986 no se conocía que ninguna denuncia o acción del conservation district hubiese acabado en tribunales(636), lo cual debemos interpretar correctamente en el sentido de que ello no se debe al estricto acatamiento de la Ley, sino a la voluntad de la Administración de no enfrentarse a los agricultores y solucionar los problemas de forma amistosa.

PROTAGONISTAS EN EL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL SUELO.

La lucha contra la erosión del suelo en EE.UU. es un esfuerzo organizado socialmente desde hace más de sesenta años que ha dejado una estela de experiencias muy valiosas para cualquiera que se proponga regular el fenómeno de forma efectiva. Los protagonistas verdaderos son todos los gestores del uso del suelo que, con sus prácticas, correctas o incorrectas, ayudan o impiden que los sedimentos causen, globalmente, enormes daños a la comunidad. Desde nuestra perspectiva, vamos a identificar sólo aquellas autoridades u organizaciones que tienen un rol jurídico en la estrategia, o mejor dicho, en las estrategias de la lucha contra la erosión del suelo.

También las organizaciones particulares han tenido un importante protagonismo en la lucha de la erosión del suelo. Debemos destacar la Soil and Water Conservation Society y las universidades. Son piezas básicas en la aplicación de la normativa que descansa en bases voluntarias de los afectados. Forman parte del State technical committe y la reforma de la Secc. 319 CWA les otorga un papel destacado en el control de la cuenca.

1. EL LEGISLATIVO

   En general, el Congreso ha rehuído el enfrentamiento con los agricultores. Siendo aceptado pacíficamente que la agricultura es la actividad más generadora de sedimentos, asombra observar cómo las leyes han limitado de forma consciente los poderes de la EPA en el control de la erosión del suelo, como parte de la política de protección de aguas. Desde hace más de sesenta años, el Congreso no se ha desviado en de la línea de solucionar el problema a base de subvenciones voluntarias.

   Los parlamentos estatales también han evitado el enfrentamiento con propietarios y agricultores. Sólo apenas unos cuantos estados han aprobado regulatory normatives , con mecanismos contundentes para su aplicación , y aún en estos casos, la aplicación de la ley descansa en sustanciosas subvenciones, sin considerar que, en algunos suelos, el interés aconseja prohibir su destino agrícola.

2. EL EJECUTIVO

   2.1 LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL

   La lucha contra la erosión del suelo viene dirigida, básicamente, por dos organismos: el USDA y la EPA, dos departamentos de distinto nivel e importancia.

   1. USDA

      El protagonismo del United States Department of Agriculture-USDA- en la conservación del suelo y lucha contra la erosión se remonta al siglo pasado, cuando en 1894 creó el Bureau of Chemistry and Soils(637). El USDA es un departamento complejo cuyas funciones son muy variadas: desarrollo rural, alimentos y servicios a los consumidores, mercado y transporte de productos, programas de cosechas, conservación y recursos naturales, educación e investigación, economía, análisis político y presupuesto(638). El USDA fue creado por el Congreso como departamento, a instancias del propio Lincoln, con régimen estatutario propio, con el fin de abogar por los intereses económicos de los agricultores.

      La actividad del USDA se ha realizado a través de sus agencias, actuando éstas en el seno de programas. La Soil and Water Resource Conservation Act de 1977, que intentaba reestructurar los recursos del USDA, puso de manifiesto que dentro del USDA había 25 programas diferentes de subvenciones, en manos de 8 departamentos separados (dos de los cuales han tenido un peso específico: el SCS y el ASCS), cuyos fondos se distribuían intentando igualar a todos los territorios, en vez de destinarlos a las situaciones más graves. En estas circunstancias, las agencias han competido, entre ellas, buscando su camaradería política(639).

      Actualmente, tres cuartas partes de los programas vigentes están conectados, de alguna manera, con la conservación del suelo, aunque las técnicas de protección de los recursos naturales por parte del USDA descansan en la voluntariedad por parte de los destinatarios de los programas.

      1. NRCS (antiguo SCS)

         El Soil Conservation Service fue creado por la Soil Conservation Act(640) en 1935. La Ley reconoció la necesidad de que los Estados y las entidades locales participasen en la planificación y aplicación de programas de control de la erosión del suelo y, por eso, la Ley estableció que la ayuda a las otras administraciones territoriales debía condicionarse a que sus gobiernos aprobasen normas adecuadas que aseguraran la restricción del uso del suelo y la prevención de la erosión(641). La Ley otorgó al USDA amplios poderes(642): catalogación de suelos, investigación, ayudas, contratos con operadores, coordinación de todas las agencias operantes en la conservación del suelo, adquisición de tierras, todo ello con el fin de cumplir los objetivos de la Ley.

         En el marco de esta Ley se creó un programa, el Conservation Operation Program -COP(643)- ,con el fin de procurar asistencia técnica a agricultores a través de los SWCD. Ésta ha sido la tarea básica del SCS durante tantos años: asesorar técnicamente a los agricultores; pero también se ha encargado dentro de este programa de evaluar el suelo de la nación(644), la previsión de nevadas , asesoramiento a SWCD sobre disponibilidad de recursos hídricos(645), supervisión del inventario nacional de suelos y control de los programas de conservación.

         El SCS se ha encargado también de otras tareas en otros programas. Así, se ha ocupado de aumentar la renta de agricultores por otros medios, además del control de la erosión; ha intervenido en el Great Plains Conservation Program, donde el SCS participaba firmando contratos tipo cost-sharing con propietarios ;en el Resource Conservation and Development Program(646), que buscaba mejorar la renta agrícola, captando esfuerzos financieros de varias agencias y en el Small Watershed Program(647) que reconoce la relación entre inundaciones y erosión, asignando la gestión de cuencas, de forma compartida a dos organismos, el SCS y el Army Corps of Engineers.

         En 1994, el SCS pasa a llamarse National Resources Conservation Service -NRCS-. El Reglamento de suelos erodibles(648) ordena al NRCS que adopte criterios para la identificación del highly erodible land -HEL-, redacte y haga público los mapas de suelos muy erodibles, realice evaluaciones de suelos y apoye a los distritos de conservación. Los objetivos vigentes del NRCS son reducir la pérdida del suelo por erosión, resolver los problemas de gestión de suelo, agua y residuos agrícola, realizar ajustes en el uso del suelo según necesidades, reducir los daños causados por exceso de agua y sedimentación y mejorar la calidad de los suelos agrícolas(649).

         Aunque en el pretérito el antiguo SCS ha intervenido también financiando programas, como en el Great Plain, este organismo (hoy NRCS) está formado por técnicos repartidos por todo el país con competencias específicas en la ejecución de algunos programas del USDA; pero en general, la tarea más importante de este organismo es la de elaborar la información técnica (especialmente los mapas de suelos) que sirva de apoyo al resto de organismos. El NRCS es un organismo más debilitado que el antiguo SCS por varias razones: la agricultura tiene un peso específico mucho menor en el país que hace cincuenta años, el número de agricultores se ha diezmado y la investigación de la conservación de suelos, que antes se hallaba en manos de SCS, hoy se realiza básicamente en universidades.

      2. FSA (antiguo ASCS)

         El Agriculture Stabilization and Conservation Service (ASCS)(650) ha sido el organismo gestor del programa de subvenciones más importante , el Agricultural Conseration Program -ACP-(651), cuya autorización procede de la Soil Conservation and Domestic Allotment Act. En el ACP original se pagaba por cultivar cultivos que conservaban el suelo(652). El propósito del programa era mejorar la renta agraria, propósito camuflado en el objetivo de la conservación de suelos. En 1971, el ACP experimentó una nueva dirección más ambientalista(653). El ACP ha sido el programa más costoso: más de 11 mil millones de dólares desde 1936 a 1977(654). El ASCS es la agencia que ha distribuido todo ese dinero entre los agricultores, generalmente, con contratos tipo cost-sharing.

         En cada condado se constituía un comité del ASCS formado por funcionarios y propietarios con el fin de distribuir los fondos de acuerdo con las líneas, objetivos y política del Estado. A su vez, existía otro comité estatal que disponía la distribución de fondos entre los condados.

         El ASCS tiene otras tareas, siempre relacionadas con pagos a los agricultores y otros operadores: en el campo forestal, contaminación de aguas, desastres naturales(655).

         Las relaciones entre el SCS y el ASCS han sido tensas, a veces han asumido políticas contradictorias. Mientras el SCS aconsejaba una determinada medida de conservación para evitar una práctica erosiva, ésta era subvencionada por el ASCS. Podemos decir, en líneas generales, que el SCS se ha ocupado de los intereses públicos relacionados con la conservación del suelo. Su línea ha sido asesorar y educar a los operarios para que conservasen el suelo. Por el contrario, la labor del ASCS ha sido la de apoyar los intereses particulares, pagando a agricultores para realizar prácticas de conservación. Obviamente, la imagen de este segundo organismo es más positiva para los agricultores. Ocurre que ambas agencias tienen sus propios clientes y patrocinadores en el Congreso(656) y hubo un momento en que el SCS también distribuía fondos y se centraba más en la mejora de la renta del agricultor que en la conservación del suelo.

         Desde 1994 el ASCS pasó a llamarse Consolidate Farm Services Agency -FSA-.

         Actualmente, el Commodity Credit Porporation -CCC-, que es el organismo que dirige el mercado de productos agrícolas, y el FSA(657) gestionan la distribución de los fondos del CRP y EQIP. La aplicación del programa in situ se realiza por los State y County Committee, creados por la CWA, aunque las cuestiones más técnicas como la estimación del índice de erodibilidad, adecuación del suelo para tener capa vegetal permanente, factores para mejorar calidad de las aguas, etcétera, se dejan al NRCS; aunque su opinión no vincula al CCC, pudiendo éste consultar a otras agencias federales o estatales(658).

      3. STATE TECHNICAL COMMITTEE

         Es un órgano de asesoramiento del USDA, para ciertos programas(659). Tiene el apoyo técnico del NRCS. La Farm Bill de 1991, Secc. 1261 autorizó la creación del State Technical Committee, integrado por representantes de la Unión, del Estado y otras agencias encargadas de la conservación y gestión de recursos. Fue constituido por el USDA en 1995. La reforma de la Farm Bill de 1996 incluye en su participación a agricultores, grupos sin interés económico, ONG y expertos. En total son más de 20 componentes, lo que hace que el adjetivo técnico de este organismo esté de más. Sus objetivos(660) son los mismos que los del NRCS. La Ley también autorizó la creación de los County Technical Committees, con ámbito territorial del condado.

   2. ARMY CORPS OF ENGINEERS

      Tradicionalmente, este organismo del Ejército se ha encargado de la gestión de las aguas navegables fluviales y de la autorización de obras en cauces con el fin de evitar riadas y favorecer la navegabilidad de los ríos.

   3. EPA

      La Environment Protection Agency -EPA- se creó en 1970, no por el Congreso, como el USDA, sino por Executive Order(661) del Presidente. Consecuentemente, la EPA se halla bajo la autoridad directa del Presidente y, en este sentido, está en desventaja con el USDA(662).

      Respecto de la defensa de los recursos naturales, el rasgo característico de la actuación de la EPA es el modelo de "command and control" (663), a diferencia del modelo voluntario del USDA(664). La EPA es la agencia encargada de gestionar la política federal de la contaminación nonpoint source; sin embargo, de forma consciente ha sido reluctante en liderar la lucha contra la fuente más importante de este tipo de contaminación : la erosión del suelo, dejando esta materia en manos exclusivamente del USDA, asumiendo una línea más decidida de responsabilidad sólo a partir de la ZCARA.

      2.2 ADMINISTRACIÓN ESTATAL

      La experiencia de los Estados es tan desalentadora como la de la Unión. El protagonismo lo han presidido los SWCD y los departamentos de agricultura. Desde la inclusión de la erosión del suelo en la política de protección del agua, la responsabilidad ha pasado, en parte, a los departamentos ambientales y de recursos naturales. Se observa una mayor coerción en los Estados cuyo gestor de la política de la erosión del suelo está en manos de los organismos ambientales que en aquellos que reside en el departamento de agricultura. Los counties y municipios tienen importancia allí donde hayan aprobado ordenanzas de control de sedimentos de actividades de remoción del suelo.

      _________

      (1) Cuando en este capítulo mencionamos la tonelada, nos referimos a la ton americana que equivale a 1.016 Kg; el acre equivale a 0â4047 Ha.

      (2) USDA, The Second RCA Appraisal, Soil Water and Related Resources on Nonfederal Land in the United States, Analysis of Conditions and Trends (1987).

      (3) La pérdida de suelo anual debido a erosión eólica, laminar y en surcos (1982), en toneladas por acre, en suelos cultivados, es: Nevada, 27â9; Texas, 16â1; Colorado, 12â8; Iowa,12â3; Kansas,11â7; Montana, 11â7; Tennessee, 11â5; Missouri, 11; Idaho,9â4; Virginia, 8â1; New Mexico, 7â7; Pennsylvania, 7â7; Alabama, 7â6; Mississippi, 7â6; Washington, 7â6. La media de todos los Estados de la Unión es 8â1.

      Fuente, 1982, National Resources Inventory, preliminary Report, Soil Conservation Service, U.S. Department of Agriculture, April 1984.

      (4) Vid. Will Erwin, "Regulating Water Quality: A Farmerâs Perspective", Journal of Soil and Water Conservation 43 (1,1988), pag 65-66.

      (5) VVAA Paying the Farm Bill: US Agricultural Policy and the transition to sustainable agriculture, WRI, Baltimore, 1991.

      (6) VVAA Paying the Farm Bill . Op. cit.

      (7) Ibídem.

      (8) En comunicación en conferencia, citada en VVAA Paying the Farm Bill, op.cit., pág.

      (9) Teniendo en cuenta que existen grandes diferencias; así, la región Appalachian de 1â48 a 2â61 dólares por tonelada, la región Northeast de 4â85 a 16â25 dólares por tonelada.

      (10) Otras fuentes estiman que son más de 6 mil millones de toneladas las que se pierden, el 20 % debido a la erosión eólica. Del total de la tierra de cultivo ( alrededor de 413 millones de acres), el 66% sufre una pérdida de suelo de menos de 5 toneladas por acre y año; el 22% de 5 a 14; y el 12%, superior a 14. Davidson, John. H., "Environmental analysis of the federal farm programs" Virginia Enviornmetnal Law Journal, Vol. 2 n1/4 2, Marzo 1989, pág. 236.

      (11) Basada en la Supremacy Clause, se ha elaborado la doctrine of preemtion que establece que el Derecho del Estado es nulo si contraría la Constitución de la Unión o las leyes aprobadas por el Congreso en ejercicio de los poderes limitados que tiene. El Derecho federal puede, además, "reservarse" un campo específico de actuación. Ello puede suceder de forma explícita o implícita por parte de la Ley. Cuando ello ocurre, el Derecho anterior del Estado no es aplicable y , además, el Estado no puede intervenir en ese campo acotado. La litigiosidad es resuelta por el Tribunal Supremo de los EE.UU. que, generalmente, ha exigido una manifestación clara del Congreso para saber su intención sobre la reserva de una materia; pues existen muchos campos, como el ambiental, cuyos poderes federales se basan en la cláusula de comercio, donde el Congreso no desea vetar la actuación de los Estados. Vid Grossman M.R.,"Agriculture and the environment in the United States", American Journal of Comparative Law, Vol 42(Sup),University of California, Berkerley,CA,USA,1994, pag 291-338.

      (12) US Const. Article IV, par 3, cl. 2, Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States (...).

      (13) En adelante, si no se indica expresamente lo contrario, cualquier referencia al Tribunal Supremo, dentro de este título, se entiende hecha al United States Suprem Court

      (14) 426 US 529 (1976).

      (15) La Unión es propietaria de la nada despreciable extensión que supone el 29% de la nación. La mitad de esta extensión se halla en once estados del oeste. Vid Miles, Alia S., "Searching for the definition of "Discharge": Section 401 of the Clean Water Act", Environmental Law, Vol. 20 (1), Northwestern School of Law Lewis and Clark College, Portland, OR, USA, Marzo 1998, pág 203.

      (16) US Const. Art. I, par 8, cl. 1, The Congress shall have Power to lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay Debts and provide for the common, Defense and general Welfare of the United States.

      (17) Article I °Ë 8, clause 3, the Congress shall have Power (...) to regulate Commerce (...) among the several States (...).

      (18) US Const. Art. I, par. 8, cl. 18.

      (19) 452 US 264 (1981).

      (20) Address matters that are indisputably "attributes of state sovereignity".

      (21) Long, Nancy R., "Thenth Amendment not violated by requiring local government compliance with the Clean Water Act", Natural Resources Journal Vol. 23 (1), The University of New Mexico School of Law Alburquerque NM, USA, enero 1983, Pág. 274.

      (22) Fry v. United States 421US 542 (1972).

      (23) Pub L. N1/4 73-10,48 Stat. 31(1933).

      (24) United States v. Butler, 297 U.S. 1 (1936). Vid. Rasmussen, Wayne D., "History of Soil Conservation, Institutions and Incentives"; VVAA, Soil Conservation Policies, Institutions and Incentives, Soil Conservation Society of America, 1982, pág 8.

      (25) A statutory plan to regulate and control agricultural production, a matter beyond the powers delegated to the federal government.

      (26) Vid Batie, Sandra S., "Soil Conservation Policies and Incentives"; en VVAA, Agricultural Soil loss, processes Policies and prospects, Harlin John M., Berardi, Gigi M., (Eds), Boulder, Westview Press, USA, 1987, pág 334, manifiesta que la política fiscal ha conseguido un efecto más destructor que conservador al primar la producción sobre la conservación.

      (27) Pub L. N1/4 74-461, 49 Stat. 1148,1150 (1936).

      (28) VVAA, Batie et all Eds., Managing agricultural contamination of ground water: state strategies, Capital Resources Policy studies, Center for Policy Research, Washington D.C. National Governorsâ Association, 1989, pág. 56.

      (29) Barker, Kenneth E., "The new federalism: time for states to pull the plow in soil conservation", South Dakota Law Review, Vol. 30 n1/4 3, Universitat of South Dakota Vermillion, SD, USA, Junio 1985, Pág 561.

      (30) Mulford v. Smith, 307 US 38 ( 1939); U. S. v. Andrews, 26 F. Supp. 123 (1939); Usher v. U.S., 146 F. 2d 369 (1944); U.S. v. Stangland 242 F. 2d 843 (1957); Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942).

      (31) Gibbons v. Ogden 22 U.S. (9 wheat) 1 (1824).

      (32) U.S. v. Ashland Oil & transportation Co., 504F. 2d 1317 (6th Cir 1974).

      (33) U.S. v. Earth Sciences Inc, 599 F. 2d 368,375 (10th Cir 1979); U.S. v. Texas Pipe Line Co, 611 F. 2nd 345,347 (10th Cir. 1979).

      (34) 33 USCA sec. 1251 et. seq.

      (35) Sec. 1262(7)

      (36) Real Ferrer, Gabriel, "Instrumentos jurídicos para la protección económica del suelo", RDU n1/4 123, mayo-junio 1991, pág. 45.

      (37) Vid Pérez-Luño, Antonio-Enrique; Rodríguez de Quiñones y de Torres Alfonso, Comentario art. 33, Comentarios a la CEE de 1978, Tomo III Edersa, pág. 496.

      (38) Algunos estados tienen sistemas jurídicos de protección de la propiedad privada más intensos, plasmados en leyes recientes aprobadas merced a una corriente de opinión pública encabezada por urbanizadores y pequeños propietarios que, muchas veces, no pueden construir en parcelas por restricciones normativas. Este movimiento tiene su origen en la era Reagan, sin que notemos que se haya invertido desde entonces. Las leyes estatales proporcionan remedios específicos a los propietarios afectados, además del general del inverse condemnation suit. En general ha prosperado el interés particular en las leyes. Así en la promulgada en Florida ; FLA, STAT ch 70 (1995); Idaho HB 212, 53 rd Leg, 1st Sess (1995); Kansas HB 2015, 76th Leg, 1st Sess (1995); North Dakota SB 2388, 54th Leg (1995); Texas SB 14, 74th Sess (1995); Wyoming HB 171, 53rd Leg (1995); Delaware SB 130, 136th, Gen. Assembly, 1st Sess (1991); Indiana HB 1646, 108th Leg, 1st Sess (1993); Maine HB 847, 116th Leg, 2nd Sess (1993); Missouri SB 558, 87th Leg, 2nd Sess (1994); Tennessee SB 2643, 58th , Gen. Assembly, 1st Sess (1993); Utah HB 163, 50th, 1st Sess 1994.

      (39) Ej. Macleod v. Santa Clara Country, 749 F 2d 541,544 (9th Cir. 1984) cert. denied 105 S. Ct. 2705, 472 US 1009, 1985. Constituye pues esta acción una excepción a la inmunidad del Gobierno para ser demandado ante un tribunal.

      (40) Hemos preferido recoger este término, ya que se acepta en el Diccionario de la Lengua Española en el sentido de prueba o examen. Prevemos que su uso inundará la literatura jurídica española.

      (41) Williamson County Regional Planning Commân v. Hamilton Bank 473 US 172(1985)

      (42) Desiderio, Duane J., "Growing too smart-takings implications of smart Growth Policies", VVAA Samart Growth and development-Iniciatives and constraints, Natural Resources and Environment, Vol. 13 (1), junio 1998, American Bar Association Chicago, IL, USA, pág. 330-335.

      (43) HR 1534.

      (44) Doctrina aplicable a todos los gobiernos estatales en virtud de la XIV Enmienda Constitucional. Por Gobierno debemos entender todos los órganos gubernamentales, tanto del legislativo como del ejecutivo.

      (45) En Armstrong v. United States, 364 US 40,49( 1960) manifiesta el Tribunal Supremo que el fin de la V Enmienda es prohibir que el interés común se satisfaga sólo con el patrimonio de unos pocos. Las cargas públicas deben ser soportadas por todos.

      (46) Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 US 393,413 (1922).

      (47) Vid. Barker Ann R. "Inverse Condemnation and the new takings statute", www.bickerstaff.comf~bhs (1998).

      (48) Como ya lo manifestó el USSC en Pennsylvania Coal Co v. Mahon 260 US 393,413 (1922).

      (49) Pennsylvania Central Transportation Co v. City of New York, 438 US 104,127,98 S. Ct. 2646,2660 (1978).

      (50) Mc Gregor, Gregor I "Taking the mystery out of the taking Doctrine", Massachusetts Environmental Compliance Update , Vol 4, N1/4 3, Jan. 96.

      (51) Agins v. City of Tiburon, 447 US 255, 263, 100 S.Ct. 2138, 2142 (1980) describe como "all reasonable uses" o "all beneficial uses" o "all economic uses".

      (52) Kaiser Aetna v. United States, 444 US 164 (1979).

      (53) Agins v. Tiburon 447 US 255,260 (1980), test ratificado por United States v. Riverside Bayview Homes 474 US 121, 127 ( 1985).

      (54) Vid. Desiderio, Duane J., "Growing too smart-takings implications of smart Growth Policies", VVAA Samart Growth and development-Iniciatives and constraints, Natural Resources and Environment, Vol. 13 (1), junio 1998, American Bar Association Chicago, IL, USA, pág. 330-335.

      (55) Nollan v. California Coastal Commission, 483 US 825 (1987). Los hechos fueron los siguientes: los propietarios de una parcela sita en primera línea del mar solicitaron demoler un pequeño chalet para construir otro en su lugar, mayor, de tres habitaciones. Antes de conceder la autorización para demoler, la Administración exigió que el propietario concediese una servidumbre de paso cruzando la parcela por sus dos extremos, conectando de esta forma dos playas con las que lindaba la parcela por sus

      extremos. La justificación para exigir el easement fue que la dimensión de la casa que pretendían construir constituía un bloque que dificultaba la vista del océano al público. El USSC dijo que no había essential nexus entre la servidumbre exigida y el interés alegado por el Estado (que no hubiese sido el caso si se hubiese requerido un menor volumen de construcción).

      (56) Tal como ha manifestado el Suprem Court de Florida, en Board of County Commissioners of Brevard County v. Snyder, 627 So. 2» 469 (Fla 1993) los planes integrales locales (comprehensive plans) son actos de naturaleza general; y por tanto, son legislative actions, a diferencia del judicial action, que resulta de la aplicación concreta de la norma general. Así, se sostiene que cuando los planes se limitan a introducir modificaciones parciales y puntuales que afectan sólo a los intereses o propiedades de unos pocos afectados, ya no son legislative actions sino quasi-judicial actions. Tal como lo expreso el Suprem Court de Florida en el asunto Snyder (doctrina ratificada posteriormente en City of Melbourne v. Puma, 630 So. 2», 1097 (Fla. 1994)) "rezoning actions which have an impact on a limited number of persons or property owners, on identifiable parties and interests, where the decision is contingent on a fact or facts arrived at from district alternatives presented at a hearing, and where the decision can be functionally viewed as policy application, rather than policy setting, are in the nature of (...) quasi-judicial actions".

      (57) Euclid v. Ambler Realty, 272 US 365 (1926).

      (58) Regulatory exactions son todo tipo de condiciones obligatorias relacionadas con algunos usos del suelo como condicionantes en la construcción-development condition-, restauración del medio-impact fees-, cesiones para uso público-dedications-, estudios de impacto , pago de tasas, etcétera.

      (59) Dawson, Mary, "The best laid plans: the rise and fall of growth management in Florida", Journal of Land Use & Environmental Law, Vol. 11, n1/4 2, 1996.

      (60) South Caroline Code parag 48-39-250 et seq.

      (61) Lucas v. South Carolina Coastal Council, 404 SE, 2d 895.

      (62) 505 US 1003 (1992).

      (63) Realmente la Sentencia del TS de los EE.UU. supuso un alivio para los intereses públicos pues sólo se obligaba a la indemnización del total taking. Vid Butler, Henry N.," Regulatory takings after Lucas", http//www.cato.org/pubs.-(1993).

      (64) Must inhere in the title itself , in the restrictions that background principles of the Stateâs Law of property and nuisance already place upon land ownership.

      (65) Queda, sin embargo, pendiente en la Sentencia la cuestión acerca de si el adquirente de un suelo con una restricción normativa vigente en el momento de la venta tiene derecho a solicitar indemnización . Tras la Sentencia del asunto Lucas, los tribunales estatales se han pronunciado de forma dispar. Por un lado destacamos la Sentencia de la Suprem Court de Massachusetts ( Lopes v City of Peabody, 600N.E 2d 171( Mass.1992), cert granted, vacated, and remanded, 113Sct 1574 (1993) ) donde se reconoció que el propietario que adquiere un terreno sujeto a restricciones tiene el derecho de impugnar la aplicación de las restricciones. Es una aplicación de la doctrina continental europea de la subrogación del comprador en los derechos del vendedor. Por el contrario la New York Court of Appeals ha dictado el 18 de febrero de 1997 cuatro sentencias donde, en todas ellas, se manifiesta la misma doctrina: el adquirente de un suelo conocedor de restricciones no puede impugnarlas. Basile v. Town of Southhampton. 678 N.E. 2d 489(N.Y. 1997); Anello v. Zoning Board of Appeals 678 N.E. 2d 870 /N.Y. 1997); Gazza v. New York State Department Environmental Conservation, 679 N.E. 2d 1035 (N.Y. 1997) ; Soon Duck Kim v. City of New York, 681 N.E. 2d 312( N.Y.1997) . La USSC ha negado revisión de estas sentencias. Para estudio detallado Abraham, Stephen E., "Windfalls or Windmills: the right of a property owner to challenge land use regulations" (a call to critically reexamine the meaning of Lucas), Florida State University Journal of Land use & Environmental Law, Vol. 13, n1/4 2, 1997.

      (66) Martín Mateo, Ramón, Tratado de Derecho Amabiental, Madrid, Truium, Vol III 1997, pág. 369, manifiesta que este argumento ha sido utilizado previamente por el Tribunal Constitucional español en la Sentencia sobre La Ley de Costas, 149/91 de 4 de julio en el Fundamento Jurídico 81/4.

      (67) Vid. Holloway, James E., JSWC Jan, Feb, 93, "Comments on Lucas v. South Carolina Coastal Council", pág. 19.

      (68) Consecuentemente, el TS de Carolina del Sur ordenó al Estado comprar las parcelas de D.Lucas. Posteriormente el Estado, como propietario de las mismas, las ha ofertado en venta para urbanizarlas.Butter, Henry N, op cit, manifiesta de que es fácil realizar programas de interés público a costa de unos pocos y no a costa de todos ,a través del presupuesto. En Lucas vemos que el Estado era protector mientras los terrenos pertenecían a un tercero; pero desde que fue el propietario, el Estado se convirtió en urbanizador.

      (69) Dolan v. City of Tigard, 854 P. 2d 437 (Or. 1993); 114 SCT 2309 (1994).

      (70) Dolan v. City of Tigard, 62 USLW 4576 (1994).

      (71) Holloway Janes E.; Guy Donald C., "The Court limits land use regulation: the significance of Dolan v. City of Tigard to landowners and polig-makers, JSWC n1/4 49-5, 1994, pág. 440-445.

      (72) O beneficio particular discrecional (discretionary benefit), el particular lo solicita voluntariamente.

      (73) Rough conditions, que es más estricto que el aplicado por el Tribunal Supremo de Oregón (reasonable relationship).

      (74) No serán suficientes las presunciones de hecho (findings) que pueda reflejar la normativa.

      (75) Hamilton, Neil D., "The value of land: seeking property rights solutions to public environmental concerns", JSWC, Julio öAgosto 1993, Vol. 48, n1/4 4, pág 280.

      (76) Yee v. City of Escondido, 112 US 1522 (1922).

      (77) Holloway, James E.; Guy, Donald C., " Policy coordination and the takings clause: The coordination of natural resource programs imposing multiple burdens on farmers and landowners", Journal of Land use and Environmental Law, Vol. 8 (1), Florida State University College of Law, Septiembre 1992, pág. 175-233.

      (78) Holloway, James E.; Guy, Donald C.; Op. Cit, JWSC ., pág. 444.

      (79) Steiner Frederick R., Soil Conservation in the United States, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1990, Pág XIV.

      (80) United States Department of Agriculture. No es homólogo del Ministerio de Agricultura español, pues la propia existencia del USDA deriva del Congreso y sus objetivos son más amplios.

      (81) Aunque con anterioridad, en 1894, el USDA publicó el boletín de agricultores n1/4 20 con el fin de prevenir la erosión laminar (Washed Soils: How to prevent an reclaim them). En esta publicación ya se indica que cientos de acres son abandonados cada año por la erosión. En 1910 publica el boletín 406, Soil Conservation donde se llama la atención sobre la tierra que se inhabilita para cultivar cereales. En 1928 publica la circular 33 Soil Erosion: A Natural Menace .

      (82) cuyo marco de protección federal lo constituyen la Federal Water Pollution Control Act Amendments de 1972, Clean Water Act de 1977 y Water Quality Act 1987

      (83) Rasmusen, Op. cit., pág. 6.

      (84) Batie, Op. cit., pág. 320.

      (85) PL 74-46, 49 Stat. 163 (1935)- actualmente en 16 U.S.C. °Ë 590a-590f.

      (86) Rasmusen, Op. cit., pág. 7.

      (87) Batie, Op. cit., pág. 320.

      (88) PL 74-461, 49 Stat. 1148 (1936); 16 U.S.C. 590 g-590 o, 590 a,590 q.

      (89) 16 USC 590 (g)-(h) (7-9). Los objetivos originales de la ley eran (1) preservar y mejorar la fertilidad del suelo (2) promocionar el uso eficiente y conservacionista del suelo (3) disminución de la explotación y uso anticientífico y derrochador de los recursos del suelo de la nación (4) protección de ríos y puertos contra efectos de la erosión del suelo, ayudando a la navegabilidad en las aguas y control de inundaciones (5) restablecer una paridad entre la renta per cápita de los agricultores y del resto como había entre 1909 y 1914. Sólo en 1972 el Congreso añadió un 61/4 fin: prevención y eliminación de la contaminación producida por la agricultura. 16 USC 590 (g) (a) (6).

      (90) Coughlin, Robert E., State and local regulations for reducing agricultural erosion, American Planning Association, Planning Advisory Service, Report n1/4 386, Chicago, 1986, pág 9.

      (91) Ibidem.

      (92) Vid Davidson. Op. cit.

      (93) De la treintena de programas de protección del suelo, de desigual distribución geográfica, dotación y objetivos, que han existido,destacamos los tres más importantes:

      1. Conservation Operation Program. ( COP). Establecido por la Soil

         Conservation Act. Se dota de fondos a la SCS con el fin de que el personal técnico de este organismo asesore a agricultores y ganaderos en las practicas de conservación. Este programa permanece aún en vigor con el nombre de Conservation Technical Assistance, alcanzando actualmente al asesoramiento de otros recursos naturales y beneficiando también a los organismos públicos y privados de su asesoramiento.

      2. Great Plains Consevation Program. Establecido en la Great Plains Conservation

         Act. Reducido territorialmente a los Great Plains . El programa, además de proveer ayuda técnica, dispone de subvenciones para agricultores bajo la modalidad de cost-sharing ( la Administración paga un porcentaje de las prácticas u obras de conservación). La fórmula normal de intervención en el uso del suelo es a través de contratos con los propietarios o usuarios de duración de 3 a 10 años con cantidades limitadas. El programa lo gestiona el SCS. Actualmente no tiene dotación presupuestaria.

      1. Agricultural Conservation Program. Establecido por la Agricultural Conservation and domestic allotment act. Cofinancia parte de las medidas de conservación y retirada de cultivos destructores del suelo, de acuerdo con las indicaciones del SCS. Se instrumenta a través de contratos con agricultores de 3 a 10 años para un uso determinado del suelo. Sin embargo ,el programa es administrado por el Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS). Prima en este programa más la protección de la renta agrícola y la producción que la protección del suelo. Este programa ha sido el más sustancioso económicamente y actualmente se halla sin dotación.

         Los programas actuales vigentes donde de forma directa o indirecta se persigue la protección del suelo; i.e., los programas ambientales del USDA son:

         Conservation Technical Assistance; Environmental Quality Incentives Program; Soil Survey Programs; Wetlands Reserve Program; Snow Survey and Water Supply Forecasting; Wildlife Habitat Incentives Program; Conservation Plant Materials Center Forestry Incentives Program; Watershed Surveys and Planning Farmland Protection Program; Watershed Protection and Flood Prevention Operations (including emergency operations); Conservation Farm Option; Rural Abandoned Mine Program; Resource Conservation and Development; Grazing Lands Conservation Program; Outreach for Socially Disadvantaged Farmers; Stewardship Incentive Program (Forest Service);Conservation Reserve Program (Farm Service Agency); Flood Risk Reduction Program (Farm Service Agency)

         (94) Locke ha tenido una influencia directa en la formación del sistema americano. El mismo Jefferson creía que la propiedad es un componente importante de la libertad .

         (95) El valor T de pérdida de suelo supone tolerar la pérdida de suelo sólo hasta el punto en que afecta al rendimiento de la cosecha.

         (96) Steiner, Frederic R., Op. cit., pág. 5; Coughlin, Robert E., Op. cit. , pág. 1.

         (97) Batie, Sandra S., "Soil Conservatio Policies....", Op. cit., pág. 322.

         (98) Pub. L. N1/4 95-192, 91 Stat. 1407 (1977); 16 USC par 2001-2009.

         (99) Barker, Kenneth E., Op. cit., pág. 552.

         (100) 16 USC par 2003 (c). Vid. Batie, Op. cit., pág. 29.

         (101) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 554.

         (102) Batie, Op. cit., Pág. 29.

         (103) No obstante, el gasto federal para mantener al sector agrícola en la década de los 80 ascendió a 13 mil millones de dólares. Vid Cook, Keneth. A., "The environmental era of US agricultural Policy, JSWC 44-5, 1989, Pág. 362-366.

         (104) Steiner, Op. cit., pág. 9.

         (105) Cook, Op. cit.

         (106) Grossman, Margaret Rosso, "Agriculture and the environment in the United States", American Journal of Comparative Law, Vol. 42 (sup.), Universtiy of California, Berkeley, CA, USA, 1994, pág. 333, demuestra el efecto adverso a la protección ambiental del suelo que tienen los sistemas de subvención agrícola, donde priman derechos históricos que necesariamente obliga a los titulares a insistir en la explotación y monocultivo; del sistema de préstamos agrícolas con garantía de las cosechas que fomenta la producción a corto plazo; del régimen de arrendamientos rústicos que, en general, carecen de plazo mínimo de duración, por lo que frecuentemente son de periodo anual siendo renovados constantemente con inseguridad del arrendatario, forzando el rendimiento del suelo a corto plazo.

         (107) Jordan, Karen A., "Perpetual conservation: Accomplishing the goal through preemptive federal easement programs", Case Wertern Reserve Law Review, Case West Reserve University, Cleveland, OH, USA, December 1993, pág 427 y nota 158.

         (108) Jordan, Op. cit., pág. 429.

         (109) PL 99-198; ; 99 Sat, 1504 (1985). Las modificaciones de esta Ley también arrastran el nombre de Farm Bill.

         (110) 16 USCA °Ë 3801-3862.

         (111) Pub. L. 101-624, title XIV, Nov. 28, 1990, 104 Stat. 3569;

         (112) Pub. L. 104-127, title III, Apr. 4, 1996, 110 Stat. 982.

         (113) Jordan, Op. cit., pág. 403.

         (114) Debemos tener en cuenta que la protección más importante de humedales viene regulada en la Clean Water Act (Sección 404) y en el Convenio de protección de humedales.

         (115) Malone, Linda A., "Conservation at the crossroads: Reauthorization of the 1985, Farm Bill conservation provisions", Virginia Environmental Law Journal, Vol. 8, n1/4 2, marzo, Virginia University, School of Law, Charlottesville, VA, USA, 1989, pág. 215.

         (116) Malone, Linda A., Op. cit., pág. 220.

         (117) 16USC 3821-3824

         (118) Que debían solicitarse antes del 17 de septiembre de 1988.

         (119) 16USC 3801(18)

         (120) Originariamente, el SCS y el US Department of the Interiorâs Fish and Wildlife Service (FWS). De forma conjunta ambas administraciones debían aceptar la petición. Con la Farm Bill de 1996 sólo la primera es competente. Si el humedal cae dentro del ámbito de la Sec 404 CWA , necesita, además, autorización del Corps of Engineers.

         (121) Malone, Linda Ann, Op. cit., pág. 219.

         (122) Ibidem.

         (123) Gestionados por el SCS, actualmente NRCS.

         (124) Gestionado por el ASCS, después Commodity Credit Corporation,- CCC -y Farmers Service Administration, - FSA -.

         (125) Gestionado por el Farmers Home Administration Agency-FmHA.-.

         (126) Nassauer, Joan Iverson, "Agricultural policy and aesthetic objetives", JSWC, September-October 89, Vol. 44 n1/4 5, pág. 384-387.

         (127) Steiner, Op. cit., pág. 19.

         (128) Sub part A, de la Ley ; CFR, Title 7, Secc. 12.1 (b).

         (129) Vid Steiner, Op. cit. pág. 18.

         (130) Benbrook, Charles M., "The environment and the 1990 farm bill", JSWC, Vol. 43, n1/4 6, Diciembre 1988, Pág. 440-443; Zinn, Jeffrey A., "The Farm Bill: soil and Water Conservation Issues", Commitee for the National Institute for the Environment, Washington, DC, 1995.

         (131) 16U.S.C.3837.

         (132) La estructura de la Ley es Título I, Agricultural Market transition Act; Título II, Agricultural Trade; Título III, Conservation; Título IV, Nutrition Assistance; Título V, Agricultural Promotions; Título VI, Credit; Título VII, Rural Development; Título VIII, Research Extension and Education; Título IX, Miscellaneous.

         (133) Zinn, Op. cit.

         (134) Titulo III, Subtitulo B.

         (135) Titulo III, Subtitle C.

         (136) Titulo III, Subtitle D, Sec. 331,332.

         (137) Titulo III, Subtitle D, Sec. 333.

         (138) Titulo III, Subtitle D, Sec. 335.

         (139) ECARP fue establecido en la Omnibus Budget Reconciliation Act 1993.

         (140) Titulo III, Subtitle D, Sec. 331.

         (141) Great Plains Conservation Program, Agricultutral Conservation Program, Colorado River Basin Salinity Control Program y Water Quality Incentives Program.

         (142) Titulo III, Subtitle D, Sec. 334.

         (143) Título III, Subtitle H, Sec. 386.

         (144) Es el instrumento financiero que interviene en la regulación de los mercados de productos.

         (145) Titulo III, Subtitle H. Sec. 385.

         (146) Titulo III, Subtitle H. Sec. 387.

         (147) Titulo III, Subtitle G.

         (148) Titulo III, Subtitle F.

         (149) Highly Erodible land and Wetland Conservation, Interin Final Rule, Federal Register September 6, 1996, (Vol. 61, N1/4 174, pág. 47019 ö 47038, Corrección Federal Reg. October 11, 1996, Vol. 61, N1/4 199, pág. 53491).

         (150) 13 USC 3811.

         (151) 13 USC 3801 (9).

         (152) 16 USC 3813.

         (153) 16 USC 3801 (9) (A).

         (154) Clase I: Suelos con pocas limitaciones que restrinjan su uso. Sufren poco

         ningún riesgo de erosión. Son buenas tierras para cultivos si se tiene buen cuidado.

         Clase II: Moderadas limitaciones y moderado cuidado del riesgo de erosión. Pueden ser tan rentables como en I; pero requieren más cuidado.

         Clase III: Tienen muchas limitaciones para muchos cultivos y alto riesgo de erosión; requiere cuidados especiales. Son necesarias terrazas si hay ladera. Son menos productivos.

         Clase IV: Sufren muchísimo riesgo de erosión. Requieren producción semicubierta. Es suelo con poco rendimiento.

         Clase V: Es suelo no apto para cultivo, pero sí para pastoreo. No tiene riesgo de erosión.

         Clase VI y VII: Son tierras que sirven moderada o escasamente para pastoreo, con riesgo moderado o alto de erosión, respectivamente.

         Clase VIII: Sólo puede ser usado para la vida silvestre u otros usos. No tiene rendimiento agrario o forestal. En general, los suelos tienen rendimiento forestal, decreciendo su rendimiento conforme aumenta su pertenencia a una clase.

         (155) 16 USC 3801 (9) (A, B,C)

         (156) CFR Title 7 Secc 12.2, Definitions.

         (157) Predetermined soil erosion tolerance (T) value= EI

         (158) CFR 7 Secc 12.21

         (159) RKLS/ T Ò 8

         (160) CI/T Ò 8

         (161) Federal Register, Vol. 61, N1/4 108, 4/6/96, Rules and Regulations; 7 CFR Part. 610.

         (162) El 7CFR 12.21.3) se remite, respecto de la determinación de la USLE, al Handbook 537 "Predicting Rainfall Erosion Losses" del USDA y respecto a WEQ a "A wind Erosion Equation" de Woodruff N.P. y Siddaway F.H., 1965, Soil Sciencie Society of America Proceedings, Vol. 29, N1/4 5, pág. 602-608. Los valores usados por el NRCS se hallan en 12 CFR 610 ö 610.15. Con estos índices se elabora el mapa de Highly erodible Fields, teniendo en cuenta los terrenos según barreras naturales o estables, como cercas, canales, etc.

         (163) A = R x K x LS x C x P . A-estimación media anual de pérdida de suelo en toneladas por acre causada por erosión tipo sheet o rill. R-factor erosivo de la lluvia. Determina energía e intensidad de la lluvia. K- factor erodible del suelo. LS- longitud e inclinación suelo. C-cubierta vegetal. Estima la pérdida media durante 4 o 5 momentos al año según estado de la cosecha. P- prácticas de conservación.(7 CFR Part. 610.12).

         (164) Para la RUSLE es igual que la anterior, pero en LS se toma también en consideración la relación LS con la erosión interrill según tablas elaboradas; para K se elaboran tablas bimestrales; para C se estima la pérdida media cada medio mes teniendo en cuenta otros factores de uso del suelo.

         (165) (WEQ) E = Ï (IKCLV)

         E- pérdida tons /acre average annua.l

         Ï - es una relación funcional; i.e., no se halla a través de cálculos matemáticos.

         I- Soil erodible index.

         K- rugosidad.

         C- clima.

         L- Trayecto del suelo afectado por el viento.

         V- vegetación.

         (166) 7 CFR12.21.2.b.

         (167) descritos en 7 CFR 12.4.

         (168) 7FCRsecc12.7.a.

         (169) 7FCRsecc12.7.a.5.

         (170) 7FCR Secc12.7 Certificate of Compliance.

         (171) 7CFR 12.33 Conservation Plan and Conservation System.

         (172) 7CFR12.33.d.

         (173) 7CFR12.33g.

         (174) 7CFR 12.33.i

         (175) 16 USC3811.

         (176) 7CFR12.5

         (177) 16USC3812.

         (178) 7CFR12.10

         (179) 7CFR12.33.j.

         (180) 7CFR12.5.5.

         (181) 7CFR18.2

         (182) 7CFR12.17

         (183) 7CFR12.9

         (184) 7CFR12.6.c

         (185) 16USC3814

         (186) Agency appeals procedure, regulada en el Code of Federal Regulations, en particular para las resoluciones adoptadas por la FSA, en el título. 7 part. 780; respecto de las adoptadas por el NRCS, part. 614, y la adoptadas por el Rural Utilities Service, part. 1900, subpart B.

         (187) FR 19 de febrero de 1997 (Vol. 62, núm. 33) Rules and Regulations, Pág.7601-7635; 7 CFR parts 704 y 1410

         (188) En cumplimiento de Executive Order 12866 USDA que ordena realizar estimaciones de coste económico para algunas normas.

         (189) El Reglamento ha revelado un test de análisis coste/beneficio de la propia normativa. Los análisis se han realizado estudiando un CRP con distinta superficie: el primero de 36â4 millones (el máximo permitido); el segundo de 28 millones (la superficie contratada según presupuesto para 1997). Se han tenido en cuenta los siguientes beneficios ambientales y pérdidas:

         Por año. Cantidades en millones de dólares.

         28 millones acres

         36â4 millones acres

         Productividad del suelo

         150

         195

         Mejora calidad aguas

         350

         455

         Incremento de los usos consumibles y no consumibles de fauna y flora

         1.500

         2.000

         Expectativas incremento renta agrícola por menor oferta

         5.800

         7.600

         Gasto adicional sostenimiento CRP

         1.100

         1.200

         Gasto de la sociedad al adquirir menos productos y más caros

         5600

         7500

         Impacto total positivo

         900

         1500

         Ribaudo, Marc O., et all, "CRP What economic benefits?" JSWC, Sep-Oct. 1989, Vol. 44 n1/4 5, pág. 421-424, estimó que los beneficios del CRP son evidentes en los recursos naturales como el suelo, flora, fauna y aire. De los tres mil millones de toneladas americanas de suelo anual perdido por erosión, se espera que el CRP conserve una tercera parte al concentrase en suelos muy erodibles. La media de suelo perdido por acre en los suelos incorporados al programa en 1986 era de 27 toneladas anuales. Los beneficios en recursos naturales se cifraron en 10 mil millones de dólares, principalmente en mejora de la vida silvestre ( 40%), mejora de la calidad de aguas superficiales ( 37%), seguido del suelo, aire y agua subterránea; pero también en los gastos en infraestructuras y otras externalidades. Un estudio de 1989 estimó que los beneficios netos (en externalidades) en la aplicación del programa a los 45 millones de acres irían de 3.4 a 11 mil millones de dólares. Young, C.E.; Osborn ,T; The Conservation Reserve Program: an Economic Easement, Staff Paper, Economic Reserch Service, USDA Washington DC.

         (190) 16 USC 3831 b.

         (191) 7 CFR 1410.8

         (192) 16 USC 3831 d.

         (193) La Farm Bill de 1985 autorizó contratar 45 millones de acres.

         (194) 7CFR1410.6

         (195) 7CFR1410

         (196) 7CFR1410.5

         (197) Con el fin evidente de evitar la especulación.

         (198) 16USC3535

         (199) 7CFR1410.31

         (200) 16USC3835 b

         (201) 16USC3832 a 6

         (202) 16USC3832 c

         (203) 16USC3835 d

         (204) 16USC3835 d

         (205) 16USC3835 e

         (206) 16USC3835 e

         (207) 16USC3835 c

         (208) 16USC3835.6

         (209) 16USC3832; 7CFR 1410 .20. Obligation participants

         (210) 16USC3832 a 1

         (211) 7CFR1410.22

         (212) 16USC3832 a 2

         (213) 16USC3832 a 3

         (214) 16USC3832 1 7

         (215) 16USC3832 a 8,9

         (216) 16USC3832 c

         (217) 16USC3832 a 5

         (218) 7CFR1410.21. Obligaciones del CCC.

         (219) 16USC3832 d

         (220) 16USC3833. Obligaciones del Secretario del USDA

         (221) 7CFR1410.40

         (222) 16USC 3834 b 1

         (223) 7CFR1410.42

         (224) 16USC3438 c 1

         (225) 16USC3834 e

         (226) 16USC3834 h

         (227) 13USC3835

         (228) 16USC3833

         (229) Rodegerdts, Henry E., "Land Trusts and agricultural Conservation easements", VVAA Smart Growth and development-iniciation and constraints, op.cit., pág. 336.

         (230) Hollinghead, John L., "Conservation easements: A flexible tool for land preservation", The Environmental Lawyer, Vol. 3 (2). Febrero 1996, the George Washington University National Law Center, Washington, DC, pág. 333.

         (231) Hollinghead, Op. cit., pág. 322.

         (232) Ibidem.

         (233) Hollinghead, Op. cit., pág. 361.

         (234) Hollinghead, Op. cit., pág. 332.

         (235) Alabama Code par 41-10-137 (1991)

         (236) Maryland Code Ann. Real Prop. Par 2-118-(c) (1996)

         (237) Como Illinois; 765 ILL. Comp. Stat. Ann. 120/4 (West 1994) . La ley otorga, además, acción a los propietarios del predio dominante o los que se hallen dentro de los 500 pies desde el linde del sirviente.

         (238) Uniform Conservation Easement Act, 12 U.L.A. 170 (1996). Se define el conservation easements como "a nonpossesory interest of a holder in real property imposing limitations or affirmative obligations the purposes of wich include retaining or protecting natural, scenis, or open-space values of real property, assuring its availability for agricultural, forest, recreational, or open-space use, protecting natural resources, maintaning or enhancing air or water quality, or preserving the historical, architectural, archaeologocal, or cultural aspects of real property".

         (239) Jordan, Op. cit., Pág. 408.

         (240) Hollinghead, Op. cit., Pág. 335.

         (241) Hollinghead, Op. cit., Pág. 336.

         (242) Jordan, Op. cit., pág. 414U.

         (243) PL n1/4 101-624,.par 1465 (b)

         (244) PL n1/4 83-566, par 1; 68 Stat 666 (1954): 16 USC 1001.

         (245) 16 USC 1002.

         (246) PL n1/4 101-624, par 1201-1224, 16 USC 2101-2114.

         (247) PL n1/4 101-624, par 2103 c (a).

         (248) 16 USC 3839 (a).

         (249) Salvo las tierras que no puedan ser trabajadas y las que no constituyan peligro ambiental off-site.

         (250) 16 USC 1301.1311

         (251) 16USC3839 (b) (1)

         (252) 16USC3839 (b) (2)

         (253) Un tercio del suelo debe ingresar como servidumbres perpetuas, otro tercio como servidumbres de duración de 30 años y el resto con contratos tipo cost-sharing de restauración 16USC 3837.

         (254) Jordan, Op. cit., Pág. 489.

         (255) 16 USC 3830-3839.

         (256) 16 USC 3830 b.

         (257) 16 USC 3830 a.

         (258) También la coordinación de la normativa HEL, reservas y EQIP. 16 USC 3843

         (259) Respecto del acreage (suelo en acres), en general, no podrá participar en programas de conservación más del 25% de la tierra de cultivo de cada condado ni más del 10% de la tierra de cultivo de cada condado en easements, salvo que afectase la medida adversamente a la economía local o que los operadores tuviesen problemas importantes para ejecutar programas de conservación de la sección 16 USC 3812 (HEL). También hay excepciones para el suelo sujeto a easement con destino a barrera de protección de la erosión. 16 USC 3842.

         (260) 16 USC 3842

         (261) 16 USC590 h(b)

         (262) 16USC3842

         (263) 16 USC 3843

         (264) Reglamento 7 CFR Secc. 1410. Administración de la Reserva.

         (265) Davidson, John H., "Thinking about nonpoint source of water pollution and South Dakota agriculture", South Dakota Law Review, Vol. 34 n1/4 1, The University of South Dakota, Vermillion, SA, USA, 1989, pág 24.

         (266) Pub. L. N1/4 92-500, 86 Stat. 839.

         (267) Actualmente en 33 USC 1251-1387.

         (268) 33 USC 1313 establece los objetivos de la ley: 1) it is the national goal that the discharge of pollutants into the navegables waters be eliminated by 1985; 2) it is the national goal that whenever attainable an interim goal of water quality which provides for the protection and propagation of fish, shellfish, and wildlife and provides for recreation in and on the water be achieved by July 1, 1983; 3) it is the national policy that the discharge or toxic pollutants in toxic amounts be prohibited.

         (269) 33 USC 1251 (a).

         (270) 33 USC 1362 (7).

         (271) Pág. 25.

         (272) 504 F2d 1317 (6th Cir 1974).

         (273) 611 F2d 345 (10th Cir 1979).

         (274) Que se definen en la Ley como los Grandes Lagos, Chesapeake Bay, Lake Champlain y los estuarios costeros. El programa tiene cuatro pasos: 1) estudio del impacto de deposiciones contaminantes atmosféricas; 2) toma de decisiones para proteger la salud y el ambiente; 3) adopción de medidas normativas de control; 4) actualización de la información científica cada 2 años. La EPA se encuentra actualmente evaluando el problema. La Ley fija un plazo para tener definido el programa y aprobadas las medidas de control: 15 de noviembre del 2000.Vid. Dubrowski, Fran, "Crossing the Finish Line", The Environmental Forum, vol. 14 (4), Environmental Law Institut, Washington, DC, Agosto 1997, pág 35.

         (275) 16 USC 1451-1464.

         (276) Hesperger, Stephanie L., "A point Source of pollution under the Clean Water Act: a human being should be included", Dickson Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 5 (1), Carlisle, PA, USA, Enero 96, pág. 99.

         (277) La Refuse Act de 1899, promulgada para controlar la descarga de materias a los ríos y la Rivers and Harbors Appropiations Act de 1899, promulgada para prohibir la construcción de puentes y puertos y el desecho de materiales de obras sin autorización .

         (278) Pub L. 80-845, 62 Stat. 11555 (1948).

         (279) Pub. L. 84-660, 70 Stat. 498 (1965).

         (280) Pub. L. 89-234, 79 Stat. 903 (1965).

         (281) Pub. L. 92-500, 86 Stat. 839.

         (282) Dubrowski, Op. cit.

         (283) Clean Water Act 27 diciembre de 1977 Pub L. 95-217, 91 Stat 1566 (1977).

         (284) Pub. L. 100-4 ; 101 Stat. 7; Water Quality Act de 1987

         (285) 33 USC 1329.

         (286) Las grandes leyes ambientales de los 70 no eran de aplicación a las reservas indias (que suponen 54 millones de acres). Dubrowski, Op. cit., pág. 35.

         (287) Pollutant is dredged soil, solid waste, incinerator residue, sewage, garbage, sewage sludge, munitions, chemical wastes, biological materials, radioactive material, heat, wrecked or discarded equipment, rock, sand, cellar dirt and industrial, municipal and agricultural waste discharged into water. 33 USC 1362.6.

         (288) La ley define "Point source" como: any discernible, confined and discrete conveyance, including but not limited to any pipe, ditch, channel, tunnel, conduit, well, discrete, fissure, container, rolling stock, concentrated animal feedings operation, vessel or other floating craft, from which pollutants are or may be discharged -33 USC 1362.(14). La ley excluye expresamente agricultural storm water discharges y return flows from irrigated agriculture dentro de la definición de point source pollution.

         (289) 33 USC 1342(b); 40 CFR par 123.25.

         (290) 33 USC 1342(a) (4).

         (291) 33 USC 1311 (a). contenidos de contaminantes y la tecnología de control se halla regulada en 40 CFR par 122 app.D).

         (292) Any restriction (...) on quantitives, rates and concentration of chemical, physical, biological or other constituents which are discharged from point source into navigable waters (...) 33 USC 1362 (11).

         (293) 33 USC 1342 (b).

         (294) Flatt, Victor B., "A dirty river runs through it (the failure of enforcement int he Clean Water Act), Boston College Environmental Affairs, Vol. 26 (1), Boston College Law School Newton Centre, MA, USA, 1997, pág. 16.

         (295) 33 USC 1342 (c) (3).

         (296) 33 USC 1311 (b) (1) (c).

         (297) 33 USC 1314.

         (298) 33 USC 1314.

         (299) Definidos en 33 USC 1314 (a) (4).

         (300) 33 USC 1317 (a) (1).

         (301) 33 USC 1311 (b) (2) (F).

         (302) Que se basa en el empleo de los medios técnicos de control de la contaminación, de acuerdo con la tecnología existente en un sector industrial determinado. Es el estándar general.

         (303) Se aplica al vertido de algunos contaminantes tóxicos, no convencionales y emisiones de calor. Se basa en la adopción de la mejor tecnología de control de contaminación disponible en el mercado, siempre que su adquisición sea posible. 33 USC 1311 (b) (1) (A); 1311 (b) (2) (A).

         (304) Incorpora un análisis de costes en la adopción de la última tecnología. Compara el coste del cumplimiento del estándar con el beneficio ambiental de la reducción de la contaminación que se alcanza con su cumplimiento. Se aplica a algunos contaminantes convencionales y partículas sólidas en suspenso, 33 USC 1314 (b) (2) (B); 1316 (b) (1) (B).

         (305) Se aplica a los vertidos de las nuevas fuentes. El estándar incorpora el mayor nivel de reducción de vertido posible.

         (306) Publicly Owned Treatment Works (POTW). 33 USC 1281.

         (307) 33 USC 1313.

         (308) 33 USC 1313.

         (309) 33 USC 1312.

         (310) Deegan, Glenn E., "Judicial enforcement of state and municipal compliance with the Clean Water Act: can the courts succeded?" Boston College Environmental Affairs Law Review, Vol. 19 n1/4 4, Boston, MA, USA, Febrero 1992, Pág. 770.

         (311) 33 USC 1319 (a) (1).

         (312) (d). Vid Clauson, Heather L., "How should the Bar on citizen suits entend under °Ë309 of the Clean Water Act?", Environmental Law, Vol. 27 (3), Northwestern School of Law of Lewis and Clark College, Portland, OR, USA, Junio 1997, Pág. 967-990.

         (313) Con multa de 25.000 a 50.000 dólares diarios y hasta un año de prisión (o dos, cuando el infractor sea reincidente).

         (314) Con multa de 50.000 dólares diarios (el doble para reincidentes) y prisión de hasta tres años. Además, los inccumplimientos dolosos que puedan causar lesiones corporales graves se castigan con multas de 250.000 dólares (para sociedades puede ser de hasta un millón) o prisión de 15 años.

         (315) 33 USC 1319. Vid Wettach, Christine L, "Mens rea and the "Heithtened Criminal Liability" imposed on violators of the Clean Water Act", Stanford Environmental Law Journal, Vol. 15 (2), Stanford University School of Law, Stanford, CA, USA, Junio 1996, Pág. 377-401. ; Ward, Patrick W., "The criminal provisions of the Clean Water Act as interpreted by the judiciary and the resulting response from the legislature", Dickson Journal of Environmental Law & Policy, Vol. 5 (2), Junio 1996, Pág. 399-418.

         (316) 33USC 1319(d); 1365

         (317) Abell, Charles S., "Ignoring the trees for the forest: How the citizen suit provisions of the Clean Water Act violales the Constitutionâs separation of power principle", Virginia Law Review, Vol. 81 (7), University Virginea, Charlottesville, VA, USA, Enero 1995, Pág. 1958.

         (318) 33 USC 1365 (b) (1) (A)

         (319) 33 USC 1365 (b) (1) (B)

         (320) Abell, Op. cit., Pág. 1963. Existe una literatura fecunda de la acción popular de la CWA; Russo, Steven, "States, citizens, and the Clean Water Act: State administrative enforcement and the diligent prosecution defense", New York University Environmental Law Journal, Vol. 4 (2), New York, NY, USA, 1995, Pág. 211-237; Werner, Matthew M., "Mootness and citizen suit civil penalty claims under the Clean Water Act: A post-Lujan reassessment", Environmental Law, Vol. 25 (3), Northwestern School of Law of Lewis and Clark College Portland, OR, USA, Junio 95, Pág. 801-818; Leonard, Arne R., "When should an administrative enforcement action preclude a citizen suit under the Clean Water Act?", Natural Resources Journal, Vol. 35 (3), 1995, Pág. 555-624; Lee, Diana L., "Gwaltney of Smithfield, Ltd. v. Chesapeake Bay Foundation: Its implications for citizen suits under the Clean Water Act", Ecology Law Quaterly, Vol. 16 (2), California university Law School, Berkerley, CA, USA, 1989, Pág. 571-593.; Lah, Barbara L., "Rights to trial by jury in an action for civil penalties and injunctive relief under the Clean Water Act", Natural Resources Jounal, Vol. 28 (3), Junio 1998, Pág. 607-622; Thompson, James L., "Citizen sents and civil penalties under the Clean Water Act", Michingan Law Review, Vol. 85 (7), Ann Arbor, MI, USA, Junio 1987, Pág. 1656-1680; Elliot, Sharon, "Citizen Suits under the Clean Water Act: waiting for Godot in the Fifth Circuit", Tulane Law Review, Vol. 62, n1/4 1, Tulane University School of Law New Orleans, LA, USA, Noviembre 1987, Pág. 175-205; Bliss, John, "Greater Public participation in the enforcement of the Clean Water Act", Pace Environmental Law Review, Vol. 9 (2), Pace University Law School While Plains, NY, USA, Marzo 1992, Pág. 753-786; Andreen, William L., "Beyond words of exhortation: the congressional prescription for vigorous enforcement of the Clean Water Act", George Washington Law Review, Vol. 55 (2), George Washington University, Washington, DC, USA, Enero 1987, Pág. 202-261.

         (321) 33 USC 1365 (a).

         (322) Saperstein, Clare F., State solutions to nonpoint source pollution: implementation and enforcement of the 1990, Coastal Zone Ammendments Reauthoritzation Act Section 6217", Boston University Law Review, Vol. 75 (3), Boston University School of Law, Boston, MA, USA, Mayo 1995, Pág. 895.

         (323) Appalachian Power Co. v. Train 545 F 2d 1351, 1373 (4th Cir. 1976).

         (324) Davidson, John H., Op. cit., Pág. 31.

         (325) 599 F. 2d 368, 9 ELR 20542 (10th Cir. 1979).

         (326) Sent. en 373, también Davidson, John H., Op. cit., Pág. 33.

         (327) 620 F 2d 41 (5th Cir 1980).

         (328) En 47; Davidson John H., Op. cit., pág. 34.

         (329) 487 F Supp. 852 (E.D. Pa 1980).

         (330) 854.

         (331) 765 F2d 126 (10th Cir 1985) cert. denied 106 S ct. 791 (1986).

         (332) 693 2d 156 (DC Cir. 1982).

         (333) 717 F2d 992 (6th Cir. 1983), cert. denied, 466 U.S. 937 (1984).

         (334) Kershen, Drew L., "Agricultural Water Pollution: From Point to nonpoint and beyond", Natural Resources & Environment, Vol. 9 (3), American Bar Association, Chicago, IL, USA, Enero 1995, Pág. 4.

         (335) Davidson, John H., Op. cit., Pág. 36.

         (336) 33 USC 1362(14).

         (337) 33 USC 1342 (1)(2).

         (338) EPA nonpoint Source Guidance 3 (1987).

         (339) Hesperger, Stephanie L., Op. cit., Pág. 97.

         (340) 33 USC 1288 (b) (2).

         (341) Zaring, David, "Agriculture, nonpoint source pollution, and regulatory control: the Clean Water Actâs bleak present and future", Harvard Environmental Law Review, Vol. 20 (2), Harvard Law School, Cambridge, MA, USA, 1996, Pág. 518.

         (342) 33 USC 1288, 1329.

         (343) 33 USC 1288. La redacción de 1972 (PL 92-500, 86 Stat, 839) se modifica por Ley de 27 diciembre de 1977 (PL 95-217, 91 Stat. 1566, 1576-1579), 21 octubre de 1980 (PL 96-483, 94 Stat, 2360.) y 4 febrero de 1987 (PL 100-4, 101 Stat, 9).

         (344) 33 USC 1288 (a)

         (345) El destinatario específico de la Ley es el Gobernador de cada estado.

         (346) 33 USC 1288 (a)( 2)

         (347) 33 USC 1288 (a)(3)

         (348) 33 USC 1288 (a)(5)

         (349) 33 USC 1288 (a)(7)

         (350) Autoridad local.

         (351) 33 USC 1288 (a)(4)

         (352) 33 USC 1288 (b)(1)(A)

         (353) 33 USC 1288 (b)(2)(A)

         (354) 33 USC 1288 (b)(2)(B)

         (355) Regulatory program.

         (356) 33 USC 1288 (b)(2)(C)

         (357) 33 USC 1288 (b)(2)(D)

         (358) 33 USC 1288 (b)(2)(E)

         (359) 33 USC 1288 (b)(2)(F)

         (360) 33 USC 1288 (b)(2)(G)

         (361) 33 USC 1288 (b)(2)(H)

         (362) 33 USC 1288 (b)(2)(I)

         (363) 33 USC 1288 (b)(2)(J)

         (364) 33 USC 1288 (b)(2)(K)

         (365) 33 USC 1288 (b)(3)

         (366) 33 USC 1288 (c)

         (367) 33 USC 1288 (g),(h)

         (368) US Fish and Wildlife Service. 33 USC par 1288 (i)

         (369) 33 USC 1288 (f)

         (370) 33 USC par 1288 (b)(2)(D)

         (371) 33 USC par 1288 (d)

         (372) Point source.

         (373) 33 USC 1288 (j)

         (374) 33 USC 1288 (j) (1).

         (375) 40 CFR 130.2(m). Zaring, David, Op. cit., Pág. 525.

         (376) 33 USC 1251 (a)(7). it is the national policy that programs for the control of nonpoint sources of pollution be devoloped and implemented in an expeditious manner so as to enable to goals of this (act) to be met through the control of both point and nonpoint sources of pollution.

         (377) 33 USC 1329 (a)

         (378) 33 USC 1329 (a)(1)

         (379) 33 USC 1329 (a)(2)

         (380) 33 USC 1329 (a)(1)(A)

         (381) 33 USC 1329 (a)(1)(B)

         (382) 33 USC 1329 (a)(1)(C)

         (383) 33 USC 1329 (a)(1)(C)

         (384) 33 USC 1329 (b)

         (385) 33 USC 1329 (b)(4)

         (386) 33 USC 1329 (b)(1)

         (387) 33 USC 1329 (b)(3)

         (388) 33 USC 1329 (c)(1)

         (389) Los informes y programas deben estar listos en 18 meses desde el 4 de febrero de 1987. 33 USC 1329 (c)(4)

         (390) 33 USC 1329 (b)(2)

         (391) 33 USC 1329 (b)(2)(A)

         (392) Incluyendo, cuando sea necesario, normas obligatorias, (regulatory programs) de aplicación o no obligatorias (nonregulatory programs), asistencia técnica y financiera, programas de educación, aprendizaje, transferencia y proyectos de demostración.

         (393) 33 USC 1329 (b)(2)(B)

         (394) 33 USC 1329 (b)(2)(C)

         (395) 33 USC 1329 (b)(2)(D)

         (396) 33 USC 1329 (b)(2)(E)

         (397) 33 USC 1329 (d)(1)

         (398) 33 USC 1329 (d)(2)

         (399) 33 USC 1329 (e)

         (400) f . La Ley utiliza el verbo may, luego no es estrictamente obligatoria.

         (401) 33 USC 1329 (h)(1),(3)

         (402) 33 USC 1329 (h)(4)

         (403) Previendo como tal la ordenación normativa como vía para combatir el problema.

         (404) 33 USC 1329 (h)(5)

         (405) 33 USC 1329 (h)(8)

         (406) 33 USC 1329 (h)(10)

         (407) 33 USC 1329 (h)(11)

         (408) 33 USC 1329 (i)

         (409) 33 USC 1329 (g)

         (410) 33 USC 1571 et. seq. No es aplicable este precepto a la contaminación regulada en la Colorado River Basin Salinity Control Act

         (411) 33 USC 1.288 (b) (1) (A).

         (412) 33 USC 1.288 (b) (2) (F).

         (413) 33 USC 1288 (b) (2) (F).

         (414) 33 USC 1.288 (a) (2).

         (415) Dubrowski, Fran, Op. cit., Pág. 33.

         (416) Miles, Alia S., Op. cit., Pág. 200.

         (417) Zaring, David, Op. cit., Pág. 523.

         (418) Zaring, David, Op. cit., Pág. 524.

         (419) 33 USC 1329 (a) (1) (A)-(B)

         (420) Para lo cual tenían de plazo hasta el 4 de agosto de 1989.

         (421) 33 USC 1329 (a) (1) (c).

         (422) Dubrowski, Fran, Op. cit., Pág. 31.

         (423) 33 USC 1329 (h) (11).

         (424) 33 USC 1329 (d) (3) (e).

         (425) Oregón Natural Resources Council v. United States Forest Service, 834 F2d 842 (9th Cir. 1987). Dijo que los ciudadanos carecen de acción, en supuesto NPSP, contemplada en 33 USL 1365 CWA; Kershen, Drew L., Op. cit., Pág. 4.

         (426) Zaring, David, Op. cit., Pág. 528.

         (427) Kershen, Drew L., Op. cit., Pág. 4.

         (428) Dubrowski, Fran, Op. cit., Pág. 33.

         (429) Grosmann, Margaret Rosso, Op. cit., Pág. 301.

         (430) Flatt, Victor B., Op. cit., Pág. 16 y ss.

         (431) Zaring, David, Op. cit., Pág. 526.

         (432) Hembra, Richard L., EPA budget needs to place greater "emphasis on controlling nonpoint source pollution", GAO, General Accounting Office, USA, 7 Abril 1992.

         (433) 42 USC 1962 (d) (3).

         (434) 33 USC 1289 (a).

         (435) Davidson, John H.,Op. cit., Pág. 39.

         (436) 40 CFR °Ë 130.2 (1).

         (437) Grosmann, Margaret Rosso, Op. cit., Pág. 301.

         (438) Dubrowski, Fran, Op. cit., Pág. 32.

         (439) GAO. Greater EPA leadership needed to reduce nonpoint source pollution, General Accounting Office, USA, Octubre, 1990.

         (440) Dubrowski, Fran, Op. cit., Pág. 31.

         (441) 16 USC 1451-1464. Pub. L 92-583. 86 Stat. 1280-89 (1972).

         (442) Pub. L 101-508, Tit. VI par. 6217; 104 Stat 1388 (1990).

         (443) 16 USC 1455 b(a)(1) ordena a los estados "develop and implement Management measures for nonpoint source pollution to restore and protect coastal waters".

         (444) Secciones 319 y 208.

         (445) 16 USC 1455 b (a)(1).

         (446) 16 USC 1455 b (b)(1).

         (447) 16 USC 1455 b (b)(2).

         (448) 16 USC 1455 b (b).

         (449) 16 USC 1455 b (b)(4).

         (450) 16 USC 1455 b (b)(5).

         (451) 16 USC 1455 b (b)(6).

         (452) 16 USC 1455 b(a)(3).

         (453) 16 USC 1455 d (16).

         (454) 16 USC 1455 b (c)(3). Coast Environmental Assistance Funding

         (455) 16 USC 1455 b (c)(4).

         (456) 16 USC 1455 b (g).

         (457) Modificado en 1995, dando mayor flexibilidad a los estados en la aplicación del plan.

         (458) Coastal Nonpoint Pollution Control Program: Program Devolpment and Aproval guidance 1 (1993).

         (459) Ibídem.

         (460) Saperstein, Clare F., Op. cit., Pág. 902.

         (461) Dubrowski, Fran, Op. cit., Pág. 33.

         (462) HR 961 104th Congress 1st Ses.

         (463) Sponsor: Rep Oberstar introducida el 02 de abril de 1997.

         (464) (105 periodo 1» sesión)

         (465) Que integrará el 33 USC 1311-1330.

         (466) Agriculture Water Quality Protection Program de Sección 1238 B FSA; Integrated Farm Management Program Option, Sección 1451 Food, Agriculture Conservation and trade Act 1990 ; Organic Certification Program del Título XXI misma ley de 1990

         (467) Que será la 33 USC 1229.

         (468) Sec 202

         (469) Sec 203

         (470) 33 USC 1314.

         (471) Sec 301

         (472) 33 USC 1313.

         (473) Sec 302

         (474) Sec 303

         (475) 33 USC 1314.

         (476) Sec 304

         (477) 33 USC 1315.

         (478) Soil and water conservation district.

         (479) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 10.

         (480) Maine y Pennsylvania.

         (481) Kershen, Drew L., Op. cit., Pág. 6.

         (482) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 557.

         (483) 7 CFR par 610.4.

         (484) El USDA define al Conservation District en el Reglamento provisional de 1996 sobre HEL, 7CFR secc 12.2 Definition como la subdivisión del Estado o autoridad local organizada para ejecutar los programas de conservación del agua y del suelo y los recursos naturales relacionados.

         (485) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 558.

         (486) O revocaron posteriormente la autorización otorgada.

         (487) Sólo 25 estados facultan a los SWCD para ordenar el uso de los suelos agrícolas. Las normas deben ser sometidas a referéndum de los propietarios del suelo agrícola del distrito. Solo dos distritos tenían normas en 1972 (Cedar Soil Conservation District en Sioux County, Dakota del norte y Warrenton-Dune Soil and Water Conservation District en Clatsop County, Oregón)y después sólo unos cuantos más han aprobado normas. Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 9.

         (488) La propuesta exigía la mayoría de los votantes.

         (489) Tex. Code Ann. Agriculture 201.121.

         (490) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 9.

         (491) Alabama, Arkansas, Delaware, Idaho, Iowa, Illinois, Kansas, Margland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Utah, Vermont, Virginia y Wisconsin.

         (492) Batie, Sandra S., "Soil Conseration Policies and Incentives", en VVAA Agricultural soil loss, processes policies and prospects, Harlin John M.; Berardi, Gigi M. (Eds.), Boulder, Westview Press, USA, 1987, Pág. 329.

         (493) Ill. Rev. Stats. ch °Ë°Ë par. 36, 38 (1975).

         (494) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 9.

         (495) SWCS. Committe of the Wisconsin Chapter, "State regulation of soil erosion" JSWC, Vol. 4 (3), Mayo-junio 1989, Pág. 209.

         (496) Martín Mateo, Ramón; Rosa Montero, Juan; Nuevo Ordenamiento de la Basura, Madrid, Trivium, 1998, Pág. 57.

         (497) Restringen el ámbito de la libertad de los sujetos al establecer prohibiciones y obligaciones

         (498) Se estimula al sujeto a cumplir con subvenciones, ayudas fiscales, préstamos privilegiados, compras preferenciales.

         (499) Entre la Administración y los afectados.

         (500) Multas e indemnizaciones.

         (501) Steiner, Frederick R, Op. cit., Tabla 3, Pág. 34.

         (502) Ohio Rev. Stat 1511.02 (E).

         (503) Hawai Rev. Stat. 180 C-1 et. seq.

         (504) 38 Maine Rev. Satat Ann 420-C; Georgia Rev. Stat 12-7-17; Virginia Code 10.1-563.

         (505) New Hampshire Rev. Stat 485-A,17; North Carolina Gen. Stat 113»-50 et seq., South Carolina Code 48-18-10; Michigan Codified L 324.9115.

         (506) 7 Del. Cod 4003.

         (507) 7 Del. Cod 4004(a).

         (508) Como el mencionado antes, 38 Maine Rev. Stat Ann., Minnesota Stat, 103F441; Georgia Rev. Stat 120707.

         (509) Ejemplos de este tipo son South Carolina Code 48-14-130 que ordena que en las cuencas que se determine, se adopten las medidas reglamentarias oportunas para todo tipo de actividades contaminantes, tanto point como nonpoint source; también New Jersey Stat. Ann 58:11»-4,-5.

         (510) Iowa tiene clima continental con muy bajas temperaturas en invierno y asfixiantes en verano, sufre sequías estacionales, con una precipitación media anual de 787 mm, casi toda caída en la estación de verano, produciendo un gran daño en los suelos. El ecosistema típico era la pradera (Columbia Encyclopedia, 5th ed. 1993, Columbia).

         (511) Estado húmedo, con importantes explotaciones de carbón que contribuyen de forma significativa a la contaminación difusa de las aguas (Columbia Encyclopedia, 5th ed. 1993, Columbia).

         (512) Dakota del Sur sufre clima continental, con veranos sin lluvia e inviernos con mucho viento y precipitaciones anuales medias muy bajas. En años de sequía el viento del verano recoge y desplaza el suelo formando "black blizzards" (Columbia Encyclopedia, 5th ed. 1993, Columbia ).

         (513) Coughling, Robert E., Op. cit., Pág. 15.

         (514) Batie, Sandra S., "Soil Conservation Policies and Incentives", Op. cit., Pág 331.

         (515) 279 NW 2d 276 ( Iowa 1979)

         (516) Coughling, Robert E., Op. cit., Pág. 15.

         (517) IA. ADMIN. CODE, 780-6.30 (467A, ).

         (518) Coughling, Robert E., Op, cit, Pág. 15.

         (519) 1997 Iowa Code 161A.1-74

         (520) 1997 Iowa Code 161A .2

         (521) Pub L 1987 N1/4 394; 35 PA Cons. STAT par 691.5, 691.402.

         (522) "Preserve and improve the purity of the waters of the Commonwealth for the proteciton of public wealth, animal and aquatic life, and for industrial consumption, and recreation (...)".

         (523) Working draft Pennsylvania NPS Management Program 1998 update.

         (524) Conservation Reserve Entrencement Program (CREP).

         (525) Coastal Nonpoint Pollution Program (CNPP) de 10 mayo 1995, propuesta Pennsylvania Coastal Nonpoint Source Pollution.

         (526) Todas en el título 25 , capítulo 102 del Código.

         (527) 25 Pa Code of reg. par 101

         (528) 25 Pa Code of rer. par 102.1- 102.42

         (529) Department of Water and Natural Resources

         (530) Barker, Kenneth, E., Op. cit., Pág. 567.

         (531) SD CL par 38-8A-1 a -28.

         (532) Davidson, John H., "Thinking about nonpoint....", Op. cit., Pág. 60.

         (533) Ibídem.

         (534) 1997 Iowa Code 161A .4

         (535) 1997 Iowa Code 161A .3 ( puntos 4,6)

         (536) 1997 Iowa Code 161A.71,73

         (537) 1997 Iowa Code 161A.5

         (538) 1997 Iowa Code 161A.10

         (539) 1997 Iowa Code 161A.5

         (540) 1997 Iowa Code 161A.7

         (541) 1997 Iowa Code 161A.8,.9

         (542) 1997 Iowa Code 161A.5

         (543) 1997 Iowa Code 161A.13 a 30.

         (544) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág 13.

         (545) SD CL par 38-8A- 6.

         (546) SD CL par 38-7-9.

         (547) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 567

         (548) SD CL par 38-8A-3a26.

         (549) SD CL par 38-8-15.

         (550) SD CL par 38-8-4.

         (551) SD CL par 38-8-52.

         (552) Davidson, John H., "Thinking about nonpoint...", Op. cit., Pág. 58.

         (553) SD CL par 38-8A-13, 14.

         (554) 1997 Iowa Code 161A.44

         (555) 1997 Iowa Code 161A.42 ( punto11)

         (556) Stölzel, Michael, Bodenerosion in der Landwirtschaft. Ihre Kontrole in amerikanischen Recht, Berlin, Dunker & Humbolt, 1994, Pág. 142.

         (557) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 567.

         (558) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 14.

         (559) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 165.

         (560) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 185.

         (561) 1997 Iowa Code 161A.43 (parte primera).

         (562) 1997 Iowa Code 161A.44.

         (563) 1997 Iowa Code 161A.43.

         (564) 1997 Iowa Code 161A .64(punto 3).

         (565) 2.362 mÓ.

         (566) 1997 Iowa Code 161A .64.1,.2.

         (567) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 144.

         (568) 53 Pa Code par 102.31 (a)

         (569) No obstante, necesita autorización la transformación de suelo silvestre en tierra de cultivo cuando la superficie sea superior a 25 acres.

         (570) 53 Pa Code par 102.31 (a).

         (571) SD CL par 38-8A-22.

         (572) SD CL par 38-8A-2.

         (573) SD CL par 38-8A-1 (6), 16.

         (574) SD CL par 38-8A-17

         (575) SD CL par 38-8A-18

         (576) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 567.

         (577) Davidson, John H., "Thinking about nonpoint...", Op. cit., Pág. 58.

         (578) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 567.

         (579) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 14.

         (580) 1997 Iowa Code 161A.62 (punto 6)

         (581) 1997 Iowa Code 161A.62 (punto1)

         (582) 1997 Iowa Code 161A .42 (punto 3)

         (583) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 16.

         (584) 1997 Iowa Code 161A .62 (punto 2)

         (585) 1997 Iowa Code 161A.42 (punto 7)

         (586) 1997 Iowa Code 161A.62 (punto 5)

         (587) 1997 Iowa Code 161A.62 (punto3)

         (588) 1997 Iowa Code 161A.73

         (589) 1997 Iowa Code 161A.54

         (590) 25 Pa Code reg. pt.1 Subpart C ch. 102.

         (591) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág 192, 25 Pa Code par 102.

         (592) 25 Pa Cod par 103.

         (593) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 187.

         (594) Stölzel, Michael, OP. cit., Pág 183.

         (595) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág 14.

         (596) SD CL par 38-8A--17

         (597) Fragile land es: el que reúne las características de la clase IV, VI, VII o VIII de acuerdo con a clasificación USDA, (Land Capability Clasification, Agricultural Handbook 210, SCS, 1961) y es, además, suficientemente erosivo como para causar un peligro si se convierte en cultivo - (SD CL par 38-8A-6).

         (598) SD CL par 38-8A--18

         (599) SD CL par 38-8A--21

         (600) En el supuesto de land disturbing activities, que requieren affidavit, si la agencia u organismo encargado de la cuenca estima que la actividad se realiza sin cumplimiento de los límites de pérdida de suelo , lo comunica a los commissioners, teniendo los mismos efectos que si se tratase de denuncia de particular afectado(1997 Iowa Code 161A .64)

         (601) 1997 Iowa Code 161A.47

         (602) El Estado es el tutor de los bienes públicos y también puede denunciar cuando los sedimentos afecten a las aguas públicas; Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 191.

         (603) 1997 Iowa Code 161A.51

         (604) 1997 Iowa Code 161A.47

         (605) Stolzel, Michael, Op. cit., Pág. 192; Dallas County Soil Conservation District v. Brooner n1/4 26162; (Ia Distr Court, Dallas County, 25.04.1983)

         (606) 1997 Iowa Code 161A.47, .48

         (607) 1997 Iowa Code 161A.49

         (608) 1997 Iowa Code 161A.50 ; Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 193.

         (609) 1997 Iowa Code 161A.61

         (610) 1997 Iowa Code 161A.61

         (611) 1997 Iowa Code 161A.61

         (612) Coughlin, Robert E., Op. cit, Pág. 17.

         (613) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 208.

         (614) Cuando el PDER tenga que intervenir de acuerdo con el par 316 CSL ostenta el derecho de exigir valorar los coste ocasionados de la misma forma que determina la cuantía en las multas del par 605.

         (615) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 166, la ley sólo habla de propietarios.

         (616) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 207. Obiter dictum en Philadelphia chewing Gum Corp v. Com. DER, A 2d 142, 149, Fn 5, (Pa Cmwlth 1978). El estado peligroso para las aguas del par 316 es public nuisance. Implícitamente se interpreta.

         (617) Stölzel, Michael, Op.cit., Pág. 207.

         (618) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 206.

         (619) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 208.

         (620) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 210.

         (621) Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 211.

         (622) Davidson, John H., "Thinking about nonpoit...", Pág. 58.

         (623) SD CL par 38-8A--21

         (624) SD CL par 38-8A--20

         (625) SD CL par 38-8A--20

         (626) SD CL par 38-8A-19

         (627) Coughlin, Robert E., Op. cit., Pág. 14; Stotzel, Michael, Op. cit., Pág 59.

         (628) SD CL par 38-8A-21

         (629) SD CL par 38-8A-21

         (630) SD CL par 38-8A-24, 25. Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 568.

         (631) SD CL par 38-8A-23

         (632) SD CL par 38-8A-24. Stölzel, Michael, Op. cit., Pág. 201.

         (633) SD CL par 38-8A-24

         (634) SD CL par 38-8A-25

         (635) SD CL par 38-8A-26

         (636) Davidson, John H., "Thinking about nonpoint...", Nota 253, Pág. 60; Cfr. Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 567.

         (637) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 554.

         (638) Torres, Gerald, "Theoretical problems with the environmental regulation of agriculture", Virginia Environmental Review, Vol. 8 (2), 1989, nota 11.

         (639) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 554.

         (640) Pub L 74-46, 49 Stat 163 (1935); 16 USC 590 (a)-(f); que autorizó al Secretario del USDA a controlar la erosión de varias formas, incluyendo operaciones de ingeniería, nuevos métodos de cultivo y cambios en el uso del suelo.

         (641) 16 USC 590 (c).

         (642) 16 USC 590 (a).

         (643) 7 CFR par 610.1-5.

         (644) 7 CFR 661.1 (b).

         (645) 7 CFR 611.20.

         (646) Autorizado en la Food and Agriculture Act 1960; Pub L. N1/4 87-703, 76 Stat 605 (1962); 16 USC 590 (a); 7 USC 1010-1011.

         (647) Conocida como Omnibus Flood Control Act 196, Pub L N1/4 74-738, 49 Stat 1570 (1936).

         (648) Reglamento interim rule 1996 HEL y proteccion humedales , Subpart B Higly Erodible Land Conservation, 7CFR, sec 12.20

         (649) Proposed Rule 4 diciembre 97 technical Assitance Vol. 62, N1/4 233, pág. 64174-64177; 7 CFR, Part. 610.2

         (650) Antes denominado Agriculture Adjustment Administrative.

         (651) 44 CFR 701.3-26.

         (652) El ACP tuvo modificaciones en la forma en que se hacían los pagos; así, con la creación del Soil Bank por la Agriculture Act de 1956 y el Payment in Kind de 1984. Fue rebautizado como Rural Environmental Assistance Program en 1971 y otra vez ACP en 1974.

         (653) Pub L 92-73, 85 Stat 196 (1971).

         (654) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 563.

         (655) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 563.

         (656) Barker, Kenneth E., Op. cit., Pág. 565.

         (657) Una tercera agencia es la Cooperative Extension Service. Aunque instrumento de la política federal de conservación, su fin es la distribución de la información, no la ejecución de programas. Autorizado en la Food and Agriculture Act 1960; Pub L. 87-703, 76 Stat 605 (1962); 16 USC 590 (a); 7 USC 1010-1011.

         (658) Reglamento 7 CFRSecc. 1410. Administration de la Reserva.

         (659) Son responsables en evaluar solicitudes de prácticas nuevas de conservación y establecer prioridades en la aplicación del EQIP.

         (660) Secc. 610.21

         (661) 40 C.F.R par 1.1

         (662) Torres, Gerald, Op. cit., Pág. 199.

         (663) Torres, Gerald, Op. cit., Pág. 198.

         (664) Torres, Gerald, Op. cit., Pág. 194.

         Medio ambiente & Derecho

         Revista eléctronica de derecho ambiental

         Proyecto de Investigación SEC 2001-3160 "Régimen jurídico de los recursos

         naturales"