Expansión y privatizaciones: dos tendencias contrapuestas que afectan a los bienes demaniales
| Autor | María de los Ángeles Fernández Scagliusi |
| Páginas | 64-67 |
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La evolución de los bienes públicos en el siglo ?? ha sido el resultado de la aplicación de criterios diferentes e incluso contradictorios que llegan hasta la actualidad. De una parte, se ha asistido a un proceso incesante de incremento y consolidación de los bienes públicos; de otra parte, en los últimos decenios se ha intentado también la reducción del sector público mediante privatizaciones92. Ciertamente, se puede constatar que la actual tendencia a la reducción de la propiedad pública y avance de la propiedad privada se conjuga con el impulso del Derecho público en el seno de los bienes públicos, intentando que muchos de ellos se conviertan en bienes demaniales.
La línea de incremento de los bienes públicos no es un fenómeno reciente, sino fruto de una constante histórica que muestra variantes significativas93.
Cabe citar, entre otros ejemplos: a) la formación de los patrimonios empresariales de las Administraciones Públicas, destacadamente a partir de la creación del Instituto Nacional de Industria en 1941, que determinó un constante crecimiento de las empresas públicas; b) el amplio desarrollo de servicios públicos, como los sanitarios; c) la ampliación de sectores demaniales tradicionales tratando de
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comprender toda la tipología del recurso natural implicado (como se advierte en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas94y en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas95), así como para el demanio hídrico con la inclusión de las
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aguas subterráneas (Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, integrada en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas) y últimamente para el demanio forestal constituido con los montes catalogados en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; y d) la formación de nuevos sectores de bienes públicos dotados de una singular problemática, como el dominio público radioeléctrico establecido por la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (actualmente Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones).
Asimismo, ha de citarse el impulso dado a los bienes públicos y a los correspondientes privilegios y prerrogativas de la Administración a través de las regulaciones generales. El resultado es un importante grado de coincidencia entre las legislaciones autonómicas, que han influido notablemente en la elaboración de la moderna normativa estatal, la cual a su vez ha generado nuevos fenómenos de incidencia en las posteriores regulaciones autonómicas.
Finalmente, hay que destacar la compatibilidad de todos estos procesos de incremento y consolidación de los bienes públicos con tendencias de signo contrario. En el mismo siglo ???, conforme las Administraciones Públicas aumentaban sus patrimonios, iban culminándose los procesos desamortizadores. Igualmente, a finales del siglo ??, mientras aparecían nuevas modalidades de bienes...
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