¿Existe un modelo social europeo? Una contrastación de las experiencias británica y española

Hace mucho tiempo que los modelos económicos y sociales son utilizados como armas en la contienda ideológica que se dirime en los medios de comunicación. En realidad, un modelo es un ideal al que una sociedad debe aspirar si es que quiere alcanzar determinados objetivos (crecimiento, igualdad, productividad, equilibrio fiscal, etc.). Muy a menudo, los modelos son una abstracción un tanto forzada de la realidad a la que pretenden representar. Se construyen para servir de referencia a imitar y desaparecen de la escena por olvido interesado de quienes los popularizan.

Modelos ha habido en cantidad suficiente como para poder subrayar con justeza su carácter efímero. Es difícil olvidar la pasada omnipresencia del modelo japonés en la literatura económica; luego, como es sabido, le sucedió el modelo asiático de los tigres. En Europa hemos conocido una corriente similar a la que tuvo su origen en Asia. El modelo sueco se encuentra entre los más citados y entre los más duraderos. A él le han seguido el modelo de capitalismo renano, contrapuesto al capitalismo alpino. Posteriormente, los holandeses fueron protagonistas de ese desfile; le siguieron los modelos irlandés (el tigre celta), la tercera vía y más recientemente el modelo danés de la flexiseguridad en el empleo.

Pero todo pasa y todo queda. El tiempo, como es natural, arrumba todo lo que como las modas es efímero y pasajero. El modelo japonés se desvaneció con la deflación, el asiático lo ventiló una crisis financiera y así, sucesivamente, fueron pasando al olvido uno tras otro. Mucho más recientemente, a propósito de la presidencia británica de la UE, ha vuelto a reverdecer la presencia de los modelos.

La pretensión de muchos autores de la UE de reducir la variedad de modelos sociales europeos a dos, encuentra sin embargo algunos inconvenientes. A medida que mejora la potencia de la lente de observación aumenta el número de modelos europeos. Utilizando el clásico procedimiento de Esping-Andersen¹, se llega a distinguir cuatro modelos sociales europeos² que valorando la eficiencia y la equidad de cada uno de ellos distingue entre modelos continentales (alta equidad y baja eficiencia), nórdicos (alta equidad y alta eficiencia), mediterráneos (baja equidad y baja eficiencia) y anglosajones (baja equidad y alta eficiencia).

Pues bien, si aumentamos la potencia de la lente de observación, se encuentra que esa taxonomía no tiene mucho sentido, porque, ¿en qué términos se mide la eficiencia? A fin de cuentas, ¿tiene algo que ver la economía española con la italiana para ser ubicada en el mismo modelo?

Hace tiempo que el mercado de trabajo del Reino Unido y, más en general, el entramado relativo al bienestar de su población son utilizados como arma arrojadiza frente a posiciones contrarias a la deriva anglosajona en el modelo social europeo. En realidad, la primera desmesura en esta cuestión es hablar de un modelo social porque con ello se da a entender que hay en la sociedad europea continental un conjunto de políticas en lo relativo a la sanidad, las pensiones, el desempleo y el mercado de trabajo similares que, en definitiva, conducen a la existencia de un modelo. Nada más lejano de la realidad si ese modelo ha de ser juzgado por los niveles del gasto social de cada país europeo continental que muestra una clara dispersión.

Aceptemos por conveniencia, no obstante, que nos encontramos ante un modelo social europeo continental que se contrapone a un modelo británico anglosajón. La cuestión, como es sabido, no es la mera contraposición sino la prevalencia, la superioridad de todo cuanto se hace en este terreno en el Reino Unido. Cuando los británicos presidieron la UE en 2005, fundaron su programa de actuación en una reconsideración del modelo social europeo para modificarlo a su imagen y semejanza. Vano empeño, por cierto.

Tal pretensión se justificaba por la supuesta superioridad de su modelo económico y social. Lo más curioso del modelo anglosajón, tal como los laboristas británicos lo publicitan, es su autonomía del principio de equidad que habitualmente debe de equilibrar el objetivo de eficiencia. En sus palabras, en sus textos, en definitiva en sus discursos, la equidad ha sido sustituida por la modernidad. Efectivamente, todo lo que el modelo anglosajón propone o acomete en el ámbito de la política social es moderno, conduce a la modernización. Y todo ello por definición. Por el contrario, lo que el modelo continental mantiene en beneficio de sus ciudadanos es antiguo, trasnochado y caduco.

Por si no bastara la reincidencia en el discurso de la modernidad, la globalización ha venido a servir de coartada a las ideas que tratan de abrir camino a la renuncia a derechos adquiridos en el pasado, que en nuestros días, se dice, han quedado arrumbados por la rapidez de los cambios tecnológicos.

Frente a la merma de derechos sociales surgen nuevas obligaciones: la de la empleabilidad, la formación continua, la movilidad geográfica, la movilidad funcional. Y con todas ellas la imperiosa necesidad de que las políticas públicas en el mercado de trabajo caminen en esa dirección.

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El modelo social europeo, tal como probablemente lo entiende la sociedad española, es algo parecido a una intervención del Estado, quien por la vía de la regulación del mercado de trabajo entiende que es necesario establecer equilibrios de poder en las relaciones laborales. Necesario porque no hay simetría en la fuerza negociadora que detentan empresarios y trabajadores a la hora de contratar y, en consecuencia, parte del equilibrio se alcanza por la vía de la intervención pública movida por el interés general.

Hace mucho tiempo que los defensores de la flexibilidad vienen insistiendo en que la búsqueda de ese equilibrio no provoca otra consecuencia que el perjuicio de los trabajadores, que debido a ello, soportan tasas de paro más elevadas, en el plano individual, y de los gobiernos reguladores que ven incrementado el gasto en protección por desempleo, en el plano colectivo. Ese, por cierto, es un viejo argumento de las posiciones liberales que encontramos a propósito de la trampa de la pobreza y que se repite miméticamente a propósito de la regulación en el mercado de trabajo³ Si las cosas fuesen tan sencillas, son difíciles de entender las razones por las cuales los gobiernos continentales europeos, de tan diverso signo, han cerrado los ojos durante tantos años a la realidad. ¿Por qué empecinarse en una regulación rigurosa del mercado de trabajo si más allá de la misma se encuentra la arcadia laboral? Muchos europeos, durante mucho tiempo, han vivido en la contumacia de acuerdo con ese modo peculiar de ver las cosas.

Por eso es natural que un país como el Reino Unido, que ha vivido experiencias radicales en este terreno (el thatcherismo) y que posteriormente las ha consolidado a perpetuidad, se extrañe tan a menudo del error continental. Natural también, sin duda, que cuando ese país ocupó el vértice de la UE pretendiera evangelizar al resto con propuestas que llevasen el agua a su molino: el molino liberal. En esas estamos y estaremos.

Sobre esa base, reiterada con franciscana insistencia, se ha ido agigantando el mito de la superioridad del modelo social británico. Sin embargo, los datos de los mercados laborales no sustentan en modo alguno un discurso de esa naturaleza. Veamos esos datos porque resultan suficientemente ilustrativos. Con carácter previo hay que convenir, seguramente sin dificultad, que la variable fundamental que juzga los resultados de un mercado de trabajo no es otra que el empleo. La capacidad que muestre una economía nacional para generar nuevos puestos de trabajo.

En efecto, el empleo es una variable estrictamente económica, en tanto que el desempleo es el producto de complejas relaciones en las que se entrecruzan argumentos demográficos y sociológicos; en algunos casos, como se verá posteriormente, inducidos por el propio gobierno y por regulaciones que nada tienen que ver con el mercado de trabajo.

¿Qué deberíamos envidiar en el modelo social británico? ¿Su capacidad para crear empleo o su baja tasa de paro? Sin duda la primera, porque la segunda permite enjuagues y componendas estadísticas. En suma, nos inclinamos por la demanda de trabajo como instrumento para valorar los resultados del mercado laboral.

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En esos términos, la superioridad del modelo social español, como parte del modelo social europeo continental, es apabullante si la trayectoria analizada se refiere a los últimos doce años. El gráfico 1 lo refleja fielmente con datos de Eurostat.

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De esa evolución que el gráfico ilustra podemos extraer también alguna conclusión colateral a los argumentos que se vienen exponiendo. En los desastrosos años de la crisis de los tipos de interés de los primeros 90, cuando los mercados sacaron del Sistema Europeo de Cambios a la libra esterlina, la creación de empleo en el Reino Unido corría idéntica suerte a la española. No se olvide, sin embargo, que los thatcheritas llevaban años gobernando el Reino Unido: exactamente desde 1979. Por otro lado, si lo que se quiere aducir es el análisis de largo plazo convendría añadir que el crecimiento medio anual del empleo en el decenio 1993-2003 fue del 3,5% en España frente el 1,1% en el Reino Unido.

Cualquiera podría pensar a la vista de esos datos, que la economía española tras un largo proceso de generación de empleo que va de 1994 a 2004 podría presentar mejores resultados que el Reino Unido en términos de desempleo. Sin embargo, nada de eso se corresponde con la realidad que reflejan los datos relativos a la tasa de paro en ambos países. La tasa de paro, como es bien sabido, es el resultado de relacionar la población ocupada con la población activa (la población que quiere trabajar y busca empleo). Pero la población activa es variable tanto de contenido económico como sociológico. El complemento de la población activa es la población inactiva (la población que está al margen del mercado de trabajo por razones diversas: estudios, trabajo en el hogar, incapacidad permanente, razones familiares, desánimo laboral, etc.).

El gráfico 2 confirma los buenos resultados del mercado de trabajo británico en términos de desempleo y, también, el rápido retroceso experimentado por la tasa en nuestro país. Si en el Reino Unido la tasa se divide por dos en los doce años precedentes, en el caso español la caída es aún más acusada (los últimos datos de nuestro mercado de trabajo son aún más llamativos que los que el cuadro refleja: la tasa de paro en el segundo trimestre de 2005 ha descendido hasta el 8,43%, la más baja de los últimos 30 años e inferior a la media europea).

¿Qué puede explicar, entonces, la diferencia entre la tasa de paro española y la británica? Sin duda que deben existir argumentos que no tienen que ver con el libre juego del mercado Page 18de trabajo. Se encuentran en los procedimientos que los trabajadores activos utilizan para abandonar el mercado y pasar a la inactividad por causas que se justifican en la larga enfermedad, la discapacidad severa, en definitiva, lo que nuestro sistema de protección denomina incapacidad permanente. Dicho en otros términos, son problemas relativos a la oferta de trabajo que afectan a trabajadores que aun deseando trabajar no se encuentran en condiciones físicas o psíquicas para ello. Son, en suma, problemas de inactividad.

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Por otro lado, los gobiernos pueden intervenir efectivamente en el mercado convirtiéndose en demandantes de trabajo para la provisión de servicios públicos (médicos, profesores, jueces, conductores y un sinfín de ocupaciones) que pueden generar un importante crecimiento de los mismos a consecuencia, por ejemplo, de un notorio aumento de la población o de una mejora en la calidad de la provisión de los servicios. Sin embargo este argumento no explica en modo alguno la diferencia entre la tasa de paro española y la del Reino Unido. En efecto, ambos gobiernos han utilizado con generosidad la política de incremento del empleo público como respuesta a las crecientes demandas ciudadanas que exigen mejores niveles de calidad en la provisión de los servicios públicos. El gráfico 3 deja constancia de un comportamiento muy similar en ambos gobiernos en lo que se refiere a empleo público.

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De modo que por la vía del empleo público no encontramos explicación a tan baja tasa de desempleo en el Reino Unido respecto de la española. Sin embargo es ilustrativo conocer que"el sector público (en ese país) es el responsable de la mitad de los nuevos empleos creados desde 2000"⁴. Ello conduce a explorar terrenos en los que los propios analistas británicos muestran preocupación respecto a la evolución en su país de algunos comportamientos sociales que desde hace tiempo se vienen manifestando en el mercado de trabajo británico. Uno de ellos, el más significativo sin duda, es todo lo relacionado con la inactividad económica. Más en particular, esos analistas llaman la atención sobre el incremento que en los años precedentes experimentó la inactividad entre los británicos en edad de trabajar debido al abandono del mercado de trabajo por causas (long term sick and disabled) que en nuestro país se engloban en lo que denominamos incapacidad permanente. Además tanto en el caso británico como en el español hay que añadir a esa cifra la de trabajadores jubilados anticipadamente como consecuencia de las dificultades encontradas en el mercado de trabajo. En esos términos, se encuentra alguna explicación a la baja tasa de desempleo británica que en el gráfico 4 desvela un crecimiento dispar entre ambas variables nacionales. En el Reino Unido el número de trabajadores en edad de trabajar que abandonaron el mercado de trabajo experimentó en los doce años precedentes un crecimiento mucho mayor que en nuestro caso. Naturalmente que esos trabajadores, jubilados anticipadamente o por enfermedad de larga duración o incapacidad permanente, se convierten en trabajadores inactivos que dejan de ser desempleados y que de ese modo merman el grueso de trabajadores desempleados.

Este hecho peculiar de la realidad británica tiene reflejo en diversas publicaciones relativas al Reino Unido y muy en particular en las de la OCDE. En realidad los datos de la OCDE que se refieren a inactivos por causa de larga enfermedad o discapacidad en términos relativos por grupos de edad sitúan al Reino Unido como el país que en mayor medida se manifiesta esa realidad que afecta al mercado de trabajo. Muy especialmente en el caso de los varones. No es de extrañar que como consecuencia de tal anormalidad el propio gobierno británico haya puesto en pie un programa (Pathways to Work) que por medio de incentivos trata de aliviar esa situación.

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Esa particularidad del mercado de trabajo británico ya había sido puesta de manifiesto por otros autores que se acercaron a ese supuesto fenómeno. En todos los casos se señala la excesiva utilización de la inactividad por enfermedad o incapacidad como elemento explicativo de la baja tasa de desempleo en el Reino Unido⁵. No se olvide, además, que la edad legal de jubilación de las mujeres es de 60 y que no será hasta 2010 que esa edad se sitúe en los 65 años.

Esto es: la supuesta eficiencia del modelo social británico, y más concretamente de la regulación de su mercado de trabajo, medido por su tasa de desempleo, requiere muchos matices. Alguno de ellos se ha tratado de exponer en las líneas precedentes.

La finalidad de todo sistema de pensiones no es otra que la sustitución de salarios de activos por pensiones de jubilados. Ese objetivo tiene asociado otro más elemental y seguramente anterior: luchar contra la pobreza en la vejez. De ahí que los elementos objetivos para valorar la eficacia de un sistema de protección estén relacionados con esos dos fines. No se precisan, por lo demás, muchas razones para justificar que el sistema que garantiza rentas de jubilado juegue un papel estelar en el fenómeno del abandono prematuro del mercado de trabajo. Sin duda que si la tasa de sustitución de la renta de activo que supone la pensión de jubilado es atractiva para el trabajador (incluidos eventuales coeficientes reductores debidos a la anticipación), ello operará como incentivo para el abandono del mercado de trabajo. En caso contrario es razonable esperar que los trabajadores busquen y encuentren las vías de escape que el sistema de protección les proporciona. Es comprensible que los trabajadores que no estén encuadrados en grandes empresas, por lo común sindicalizadas, acudan a beneficiarse de la protección por incapacidad (en cualquiera de sus grados) que los excluye del mercado de trabajo a cambio de una prestación.

El sistema español contiene una parte confiada al sistema financiero del reparto, de carácter público, y otra complementaria fundada en la capitalización y privadamente gestionada. La importancia de cada una de esas vertientes es muy desigual. La primera es obligatoria para todos los trabajadores y se desarrolla desde el año 1963; la segunda es voluntaria y tiene una historia que no va más allá de 1987.

Por el contrario, el sistema británico es famoso por su extremada complejidad, producto de las numerosas reformas del mismo que, como es de rigor, se superponen unas a otras. Cuenta, como en nuestro caso, con dos vertientes. Una pública y de reparto y otra privada y capitalizada. Pero, a diferencia de nuestro caso, esta segunda tiene una considerable importancia.

La diferencia queda perfectamente justificada si se tiene presente que el porcentaje de gasto en pensiones en el Reino Unido era en Page 212000 del 5,5% del PIB, mientras que en España en la misma fecha se elevaba al 8,9% del PIB.

Esa razón explica que el sistema británico sea objeto de dos amenazas. De una parte, la que apunta a todos los sistemas de reparto públicos como consecuencia de la demografía; de otra, el rigor contable que lleva a las empresas británicas a impedir la entrada de nuevos trabajadores en sus sistemas de empleo de prestación definida.

La primera es generalizable a casi todos los sistemas de reparto europeos; la segunda es específica del Reino Unido en razón de la importancia que en su caso tienen los planes de empresa en las rentas de sus jubilados. En todo caso, lo relevante a nuestros efectos es el conocimiento de la medida en la que el sistema británico, en contraposición con el español, alcanza esos objetivos que se precisaban al comienzo de este apartado: la sustitución de rentas.

Naturalmente que en este caso en el que la referencia son unidades monetarias que expresan poder de compra, las comparaciones internacionales deben hacerse de modo que las cifras que se manejen sean equiparables en cuanto a su orden de magnitud. Los indicadores que en mayor medida se vienen utilizando a este propósito son dos. Por un lado el nivel de sustitución de la renta de jubilados,relacionando el último salario con la primera pensión del trabajador ya jubilado. Ese ratio refleja a su vez de algún modo la generosidad de un sistema de pensiones. Ciertamente que el nivel de la primera pensión dependerá de un parámetro que define junto con otros el sistema. Efectivamente que la fórmula de cálculo de la pensión de alta en el sistema es determinante de la generosidad o cicatería que califican a un sistema de protección.

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En cualquier caso las comparaciones entre el sistema español y el británico son dificultosas debido a su notoria diferencia. A propósito de un somero y reciente análisis del sistema británico, la OCDE constata que el sistema actual de pensiones combina uno de los más bajos sistemas estatales de la OCDE con uno de los más desarrollados sistemas de pensiones capitalizadas privadamente gestionados⁶. Justamente lo contrario de lo que se puede decir del sistema español. De ahí que las cifras que el cuadro 1 refleja no puedan ser excesivamente concluyentes puesto que se refieren a la sustitución de rentas que proporcionan los sistemas públicos.

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Pero, circunscritos a los sistemas públicos, siempre es posible una comparación que necesariamente ha de tener presente los diferentes niveles salariales entre ambos países. Consiste en poner en paralelo las prestaciones mínimas que ambos sistemas proporcionan a quienes no tienen otras rentas que las que provienen de la propia pensión. En el caso español hablamos de la pensión mínima y en el británico de Renta Mínima Garantizada (Minimum Income Guarantee) que recientemente ha sido reemplazado por lo que el gobierno denomina Crédito Pensión, que complementa las pensiones más bajas. En esos términos la MIG británica era en 2002 de 7.176 euros anuales cuando nuestra pensión mínima era de 6.754 euros anuales. Esto es: la prestación mínima española era un 93% de la británica, cuando en el mismo año la ganancia media anual de un trabajador español era el 61% de la británica. La comparación es evidente que no deja mal parado a nuestro sistema de protección.

Hay, por lo demás, otros datos que maneja y elabora Eurostat que vienen a corroborar los juicios expresados con anterioridad. Así, la mediana de la renta de los mayores de 65 años respecto de la mediana de renta de los menores de 65 años era en 2001 de un 76% en el caso británico y de un 86% en el caso español. Desde otro punto de vista es oportuno comparar los salarios mínimos vigentes en cada caso que son de 599 euros en España y de 1.197 euros en el Reino Unido.

En consecuencia, no hay razones para sostener que el sistema de protección frente a la vejez del Reino Unido es más eficaz que el español en los términos a los que hacíamos referencia: sustitución de rentas y lucha contra la pobreza de los mayores. Por otro lado, el propio sistema británico de provisión de pensiones vive momentos de incertidumbre respecto al futuro del mismo. Esa razón llevó en su momento al gobierno británico a crear una Pensions Commission para valorar el estado de la cuestión y proponer alternativas a la situación presente. Esa comisión ha elaborado un informe conocido por Informe Turner (por el nombre de su presidente)⁷ que ha dado a conocer en dos fases sus puntos de vista. Una primera en la que analiza la situación actual y otra posterior, muy reciente, en la que propone una reforma del sistema bastante radical que incluye entre otras medidas, como era de esperar, un alargamiento de la vida laboral hasta los 68 años en el horizonte de 2050. ¿Llevará a cabo el gobierno laborista las recomendaciones del Informe? Por el momento son razonables las dudas. En todo caso, el gobierno ha elaborado un proyecto de reforma, siguiendo el guión de la Comisión que ha sometido a consideración y debate en la Cámara de los Comunes⁸.

También el gobierno español ha avanzado la necesidad de llevar la edad legal de jubilación más allá de los 65 años, lo que en coherencia exige unas medidas que, congruentemente, dificulten la jubilación anticipada y, especialmente, la jubilación parcial anticipada que ha adquirido en nuestro caso unos niveles alarmantes.

En suma, los datos de ambos sistemas de protección no sitúan en mal lugar al sistema español que cumple las dos funciones de todo sistema a las que repetidamente venimos haciendo referencia.

Recordemos que hemos circunscrito el reflejo del modelo social a los resultados en dos vertientes fundamentales del mismo. De una parte el funcionamiento del mercado de trabajo y de otra los resultados para los trabajadores del sistema de protección frente a la vejez. Desde ese enfoque, no existen datos objetivos que aconsejen la mudanza del supuesto modelo continental europeo hacia el modelo anglosajón. Por más que desde el gobierno británico se insista en ello y sus cifras y resultados exijan muchos matices, alguno de los cuales tratamos de dilucidar en estas páginas, no están fundadas las frecuentes apelaciones a llevar a cabo ese tránsito.

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Ciertamente que no es extraño que quienes prefieren guiar sus políticas por el principio del minimalismo del Estado prefieran una situación en la que se reduce la intervención pública en el mercado de trabajo por vía normativa; en la que la regulación de las cuestiones fundamentales de un contrato (tiempo de trabajo, extinción, movilidad geográfica y funcional, etc.) sean consecuencia de la negociación colectiva; y en la que, consecuentemente, el poder de los sindicatos se vea debilitado. Esas son las condiciones ideales para que los mercados de trabajo funcionen correctamente. No obstante, si esas son las condiciones vigentes en el mercado de trabajo británico, ¿por qué los resultados del mercado de trabajo español se comparan bien con los del británico en términos de creación de empleo?

Y, más aún, qué es lo que caracteriza al sistema británico de protección frente al riesgo de vejez que deba ser trasladado a la realidad de la sociedad española. ¿Acaso un sistema que se encuentra en trance de ser reformado para responder en mejor medida a los dos objetivos fundamentales del mismo? Como el sistema español, el británico se encuentra en trance de reforma. Las recomendaciones del Informe Turner apuntan con claridad a un alargamiento de la vida activa, a un incremento del gasto en pensiones públicas y, lo más importante, a la puesta en pie de un sistema de ahorro nacional privadamente gestionado, de encuadramiento obligatorio y abandono voluntario para la generalidad de trabajadores. ¿Es ese el sistema al que nuestro país podría y debería aspirar?

En suma, cuando con tanta insistencia se apunta a la superioridad de los resultados del modelo social anglosajón frente al continental, se está proponiendo una transición de un sistema que precisa a su vez de reformas, pero que es más eficaz en el logro de los objetivo sociales que justifican la existencia del mismo.

Más aún. Cuando más allá del modelo social se aducen los resultados macroeconómicos que ese modelo comporta, se mixtifican las cifras presentándolas en términos agregados como si de ellas pudieran extraerse conclusiones definitivas. Pero el caso es que la realidad macroeconómica de la Europa continental es en estos momentos muy variopinta. Conviven en esa situación elevados déficit fiscales con cómodos superávit; tasas de paro elevadas con otras tan reducidas como la británica. En estos momentos, tomar la parte por el todo en la realidad europea tiene poco sentido.

A nosotros, en esta ocasión, nos interesa el contraste entre la situación británica y la española. Hemos analizado dos aspectos que suscitan un acusado interés y suelen ser utilizados como conclusiones que se pretenden definitivas: el mercado de trabajo y la espina dorsal del sistema de seguros sociales, que es el aseguramiento frente a la vejez. Sin embargo, aunque circunscrito a esos dos únicos aspectos, no es ocioso indagar en las condiciones macroeconómicas que acompañan ese modelo social diferenciado. En ellas podemos encontrar argumentos que expliquen alguna de las consecuencias que pudieran derivarse del modelo social concreto. En orden de importancia interesa conocer si un modelo social constituye una rémora para el crecimiento y la prosperidad de una economía. Porque si una economía que se desenvuelve en un modelo social concreto mejora de modo intenso el estándar de vida de su población, ¿dónde está el problema?

En ese caso, si los argumentos se reiteran no cabe otra explicación que el sectarismo y el dogma, y naturalmente, poco cabría objetar en esa tesitura... Pese a todo, siempre quedará una vía de escape para esos argumentos. Consiste en razonar que si determinadas regulaciones de un gobierno conducen, a pesar de ellas, a una evolución favorable en términos relativos, ¿qué resultados no se alcanzarían en el caso de una economía que operase en condiciones de menores rigideces y regulaciones en el mercado de trabajo? La pregunta, obviamente, no tiene respuesta científica.

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El cuadro 2 refleja los resultados macroeconómicos que definen sintéticamente el rumbo de una economía nacional. Es sobradamente conocido que la economía española experimentó una intensa mejora de la coyuntura que se ha perpetuado hasta el momento presente. A partir de 1995, se inicia una fuerte recuperación que se prolonga hasta los momentos presentes. Contrastadas nuestras cifras con las del Reino Unido, es evidente que la economía española ha mostrado a lo largo de quince años (1990-2004) un crecimiento más intenso que el británico. En fechas más recientes -preciso es recordarlo- ocurre lo mismo. Pese a todo, no existe ningún indicador sintético que permita determinar desde las cifras del cuadro 2, de modo inequívoco, cuál es el modelo social que respalda una economía más eficiente. De todos modos, lo que sí parece evidente es que no existen razones para asegurar que la economía británica, desde su modelo social, obtenga mejores resultados que la española.

La pretensión de acercar el modelo social de la Europa continental al del mundo anglo-sajón formaba parte del programa del gobierno británico en su presidencia semestral. En realidad, junto con las perspectivas financieras 2006-2013, el cambio de modelo social constituía uno de los objetivos fundamentales de la presidencia británica. Al desbroce de las dificultades iniciales se iba a dedicar el Consejo Informal de Hampton Court que acabó siendo un simple seminario de una sola jornada. Entre tanto, el gobierno británico no Page 25daba muestras de apostar por el instrumento Europa para afrontar las crisis que podamos encontrar en el futuro.

Precisamente en ese período de presidencia, el gobierno británico, en la persona de Gordon Brown, publica un pamphlet⁹ en el que el papel de Europa en el nuevo contexto de la globalización queda reducido a la nada. Para el gobierno británico lo europeo es una referencia que ha quedado subsumida en el más amplio contexto de la globalización. Ya no hay problemas europeos que demanden una respuesta europea. La escala ha cambiado radicalmente y Europa ya no sirve para nada¹⁰. El comienzo del folleto de Brown no deja lugar a dudas de lo que el lector se va a encontrar después.

"Durante décadas el supuesto ha sido que las naciones europeas se moverían desde la integración europea a nivel nacional hacia la integración a nivel europeo. En lugar de flujos nacionales de capital habría flujos europeos; en lugar de empresas nacionales, empresas europeas; en lugar de marcas nacionales, marcas europeas.

Pese a todo hoy son globales, no europeos, los flujos de capital que conocemos a diario. Hablamos de compañías globales y no de compañías europeas. Los hombres y mujeres ambiciosas aspiran a tener marcas globales, no sólo europeas. Las nuevas tecnologías, si son exitosas, rápidamente se convierten en globales. De modo que es lo global y no sólo lo europeo la fuente de recursos de bienes y servicios -así como de capital y, notoriamente, de mano de obra- que en estos momentos están conduciendo el cambio económico. De la era del bloque comercial europeo nos estamos moviendo a la era de la Europa global". (Brown, 2005, pág. 2).

De modo que el papel que el gobierno británico le reservó a Europa, en el semestre de su presidencia, es bien modesto. Lo global trasciende lo europeo reproduciendo esa estrategia tan repetida en estos momentos: piensa globalmente, actúa localmente.

La nueva era global es el nuevo contexto en el que deben de moverse todas las acciones que los europeos adoptemos para hacer frente a la nueva situación. Sin embargo, cuando se aducen las cifras del progreso experimentado por los distintos países occidentales, medido por su avance en términos de PIB per cápita, lo europeo no ofrece malos resultados. En el período 1995-2004 llama la atención que el país que menos avanzó en nivel de vida fue Japón. Quién lo hubiera dicho hace unos años, cuando el país del sol naciente era el modelo que se proponía para su seguimiento por el resto del mundo occidental...

En cualquier caso, en beneficio de la idea y el proyecto europeos, es obligado notar que entre los países que más han avanzado en términos de nivel de vida (si es que el nivel de vida pudiera ser asimilado al PIB per cápita) se encuentran aquellos países que en mayor medida han disfrutado de las políticas europeas. De un lado los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión; de otro los beneficios en términos macroeconómicos (tipos de interés, tipos de cambio) que ha propiciado la integración en la moneda única. De no ser así, pudiera pensarse que el proceso de integración europea no ha tenido consecuencia alguna. Y si, como las cifras del gráfico 5 lo corroboran, ¿es ilusorio esperar que lo mismo ocurra con los nuevos países miembros?

No hay por desgracia en las ideas del gobierno británico ningún atisbo de su compromiso con las políticas europeas. Combate la PAC, incluso en el G-8; rechaza la armonización fiscal de tipos y bases; y pone el acento en una profundización del mercado interior.

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Parece meridianamente claro que entre Europa y la globalización, en el imaginario del gobierno británico prevalece la globalización. Y que Europa sólo constituye un instrumento, uno más, para que la economía británica afronte el reto global.

Es aventurado sostener que exista un modelo social europeo diferenciado de otro al que se denomina anglosajón. En realidad, los gastos en protección social difieren significativamente entre los países miembros de la Europa continental y uno anglosajón, como el Reino Unido, dedica a gasto social una porción bastante elevada de su renta.

De cualquier manera, la abstracción de los modelos permite el contraste entre el modelo social anglosajón y los europeos continentales. De estos últimos se asegura que están lastrando las posibilidades de crecimiento y prosperidad de sus economías y que, en consecuencia, deberían hacer el tránsito desde su realidad actual a otra apuntada por el modelo anglosajón. El gobierno británico no desaprovecha oportunidad en el ámbito institucional europeo -en su anterior presidencia- para defender que en la Europa continental es necesario ese tránsito de uno a otro modelo. Una pretensión que encuentra muy buena acogida en ciertos medios académicos y mediáticos de la Europa continental.

Sin embargo, cuando se contrasta el modelo británico, o, más concretamente, sus resultados en los ámbitos del mercado de trabajo y del aseguramiento frente a la vejez, con el español, no se encuentran razones sólidas para adoptar ese modelo. Por lo demás, en términos más amplios tampoco se puede afirmar que más allá del modelo social, la economía británica presente unos resultados macroeconómicos que aconsejen la adopción de sus políticas.

Lo más diferente entre ambos casos de estudio es el distinto acento que ambos gobiernos atribuyen al papel que deben jugar las instituciones europeas en la consecución de la más eficiente protección de sus ciudadanos.

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NOTAS

[1] ESPING-ANDERSEn, G. (1990): The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press. New Jersey.

[2] SAPIR, A. (2005): Globalisation and the Reform of European Social Models. Bruegel Policy Brief. Issue 2005/01. November 2005.

[3] La FAES publica numerosos trabajos de análisis económico y social. Uno de los últimos que se han colgado en la página web trata del salario mínimo y está precedido por una cita de WALTER BLOCK, economista de la llamada escuela austríaca. Dice BLOCK:"Algunos animales son más débiles que otros. Por ejemplo el puercoespín es un animal indefenso excepto por sus púas; el ciervo es vulnerable excepto por su velocidad. En la economía también hay personas relativamente débiles. Los discapacitados, los jóvenes, las minorías, los que no tienen preparación, todos ellos son agentes económicos débiles. Pero, al igual que les ocurre a los seres del mundo animal, estos agentes débiles tienen una ventaja sobre los demás: la capacidad de trabajar por sueldos más bajos. Cuando el Gobierno les arrebata esa posibilidad fijando sueldos mínimos obligatorios, es como si le arrancaran las púas al puercoespín". (El País 13/03/05. Soledad Gallego-Díaz).

[4] OCDE (2005): Economic Survey of the United Kingdom 2005:Key challenges: Translating a resilient macroeconomic performance into faster growth in living standards. Capítulo 1. Publicado el 12 de octubre de 2005.

[5] VERGARA, F. (2005): Emploi: le mythe de la performance britannique. Suplemento de Economía de Le Monde. 20/9/05. También el Survey de la OCDE repara en esos matices cuando afirma que"mientras que la tasa de desempleo es muy baja, la tasa de inactividad se situó permanentemente por encima del 21% desde la primera recesión de los 90. Y añade:"este es un síntoma de la carencia de cualificaciones toda vez que donde más ha crecido esa tasa de inactividad es entre los trabajadores menos cualificados".

[6] OECD (2005):"How should the pensions system be reformed?" Economic Survey of the United Kingdom. Chapter 4.

[7] www.pensionscommission.gov.uk

[8] Security in Retirement. Towards a New Pension System. Department of Work and Pensions. May, 2006.

[9] Rt GORDON BROWN MP Chancellor of the Exchequer (2005): Global Europe: full-employment Europe. HM Treasury. October 2005. (www.hm-treasury.gov.uk).

[10] ZAKI LAÏDI (2005): Selon Gordon Brown, l'Europe ne sert à (presque) rien. Le Monde/Jeudi 27 octobre, pág. 13.