Procesos de exclusión social: redes que dan protección e inclusiones desiguales.
Autor | Daniel La Parra y José María Tortosa. |
Páginas | 55-65 |
La investigación social sobre la pobreza
se ha preocupado de forma prioritaria
por cuantificar el número de pobres
y señalar qué colectivos se ven más
afectados por dicha situación. Se sabe que los
hogares encabezados por mujeres, los que
tienen más niños o los que están compuestos
por personas mayores están con más frecuencia
por debajo de la línea de la pobreza,
definida como la mitad de la media o de la
mediana de los ingresos (Smeeding, 1997).
Mucho menos frecuente es encontrar explicaciones
sobre los mecanismos por los cuales
pertenecer a un determinado género o tener
una cierta edad se convierten en una desventaja
en términos económicos.
El concepto de exclusión social puede ser
útil para describir los motivos por los cuales
unos colectivos sufren una situación de falta
de satisfacción de las necesidades humanas
básicas, mientras que otros grupos sociales
cuentan con mayores niveles de protección.
El interés de concepto de exclusión social se
deriva de que pone el énfasis no tanto en
cuantificar o identificar a quienes viven en la
pobreza, sino en los procesos por los que se
llega a carecer del acceso a los recursos más
esenciales. Así, por exclusión social, se suele
entender el conjunto de procesos estructurales,
pautas ideológicas y culturales, tendencias
sociales y mecanismos que producen el
empobrecimiento personal o colectivo. La
primera aportación del concepto de exclusión
social es, por tanto, el insistir sobre el funcionamiento
relacional de los factores que producen
la pobreza (véase Sen, 2000). En segundo
lugar, destaca que dentro de esta
perspectiva la pobreza no se entiende como
un proceso que tiene su origen en el comportamiento
del individuo, sino más bien en procesos
sociales más amplios: en la interacción
interpersonal, en las oportunidades que ofrece
el medio social (por ejemplo, el mercado de
trabajo, los servicios públicos, las políticas
sociales o el propio ordenamiento de la economía
mundial).
El cambio de perspectiva del individuo hacia
los procesos sociales plantea, no obstante,
el riesgo de que se acabe olvidando que la exclusión
social afecta a los individuos, los cuales
pueden padecer, entre otros, mayor mortalidad,
carencia de bienes básicos (vivienda,
alimento), menores oportunidades de desa-
55 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
* Agradecimientos: El contenido de este artículo
se enmarca dentro del proyecto de investigación
Indicadores dinámicos para el estudio del empobrecimiento
de las mujeres
, IM-0003, financiado
por el Instituto de la Mujer a quienes agradecemos
su apoyo.
** Universidad de Alicante.
Procesos de exclusión social:
redes que dan protección
e inclusiones desiguales *
DANIEL LA PARRA**
JOSÉ MARÍA TORTOSA**
rrollo educativo, falta de participación en las
distintas instituciones sociales, desempleo o
empleo precario. En la medida que los individuos
ven disminuido su bienestar en virtud
de los procesos de exclusión procede contestar
a la pregunta sobre cuáles son los mecanismos
por los que los procesos de exclusión
social se convierten en factores personales de
empobrecimiento.
DIMENSIONES DE LA POBREZA
Para contestar esta cuestión es preciso
precisar qué es vivir en situación de pobreza.
En principio, por pobreza se entiende la insatisfacción
de las necesidades humanas básicas
(Doyal y Gough, 1994). Esta situación de
insatisfacción puede producirse por la carencia
de medios económicos para adquirir bienes
básicos. Pero, aunque esta afirmación
describe de forma clara una de las principales
dimensiones de la pobreza, no podemos limitarnos
a ella sin caer en una visión reduccionista
de las necesidades humanas.
Se encuentra, en efecto, que las necesidades
humanas no son exclusivamente de tipo
material. Doyal y Gough, señalan que la satisfacción
de las necesidades personales, precisan
que el individuo sea autónomo, esto es,
que tenga capacidad de tomar opciones informadas
sobre lo que hacer y cómo llevarlo a
cabo. Por supuesto, la disponibilidad de medios
económicos será un mecanismo para
asegurar la autonomía personal, pero también
poseer un determinado nivel de conocimientos
y participar de un entorno social que
permita actuar libremente y expresar las
opiniones personales.
La reducción de la definición de la pobreza
a la falta de ingreso presenta además la dificultad
añadida de no considerar la importancia
en la adquisición de bienes y servicios, de
las formas de intercambio no mercantiles y
de las donaciones. El trabajo de Boulding
(1976, 1978 y 1992) es esencial para comprender
el peso de las donaciones en la configuración
del sistema económico y la satisfacción
de necesidades. Por donaciones entiende
la transferencia unidireccional de bienes económicos.
Donaciones son por tanto: la ayuda
al desarrollo, las herencias, la educación, la
nutrición y cuidados de salud que se da a los
niños y personas dependientes, los impuestos,
las subvenciones, los regalos, los subsidios
o el trabajo doméstico. Como se puede
observar instituciones como la familia o el
Estado serían inconcebibles sin este tipo de
relación. La ausencia de recursos no mercantiles,
por ejemplo, la falta de familiares que
puedan prestar cuidados de salud cuando se
es una persona anciana puede suponer una
reducción dramática de la calidad de vida.
De acuerdo con estas aportaciones la pobreza
se relaciona con la carencia de libertad,
de democracia y con estar excluido de
las donaciones e intercambios no mercantiles.
A esta lista se podría añadir, la falta de
posibilidades para el desarrollo personal que
se derivan de habitar un medio social en el
que se produce violencia, sea esta directa o
indirecta, personal o estructural. Cuando se
vive bajo la amenaza producida de forma directa
o indirecta (por ejemplo, cuando uno se
sitúa en la parte baja de una jerarquía) se limita
al individuo el rango de opciones posibles
para satisfacer sus necesidades.
Así, tal y como se propone, la pobreza se
puede conceptuar no únicamente en términos
de carencia de ingreso, sino atendiendo a
la diversidad de necesidades del ser humano.
Al proceder de esto modo, la visión de la pobreza
se aleja de una percepción centrada en
el individuo y su organismo, para destacar la
dimensión social de la existencia del ser humano.
La pobreza no es una circunstancia
que afecta al organismo (por falta de alimento
o de protección frente al clima), sino que
incide sobre la capacidad de relación de las
personas. La posibilidad de relacionarse de
forma autónoma, de intercambiar con los
otros y el no estar sometido a amenazas ni
violencia es la garantía para satisfacer las
necesidades humanas. Este tipo de concepto
ESTUDIOS
56 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
de pobreza permite observar con toda claridad
que la satisfacción de las necesidades
humanas depende del ingreso, pero también
de la posibilidad de contar con acceso a otros
recursos: educación, derechos políticos, empleo
e, incluso, apoyo de familiares o amigos.
La solución del problema de la pobreza
pasa así de la esfera individual, a la esfera
social y es ahí donde gana relevancia el concepto
de exclusión social. Se observa de forma
inmediata que la pobreza no se resuelve
mediante el acceso a una serie de recursos
concretos (una determinada cantidad de aire,
agua, ingresos, alimentos sanos, vestidos
y una buena casa), sino que depende de la
propia organización social. Para evitar la pobreza
el medio social debe promover la actuación
de forma autónoma, sin presiones y
que las personas tengan elementos que intercambiar
de forma mercantil o que darse
de forma altruista. La exclusión social sería
el término para describir cualquier transformación
del medio social que tenga como efecto
limitar a cualquier grupo social el acceso a
los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades básicas.
ACCESO RELACIONAL A LOS
RECURSOS
El grado de acceso a los recursos depende
del modo en que se organizan las relaciones
sociales en un determinado contexto social,
por ello el acceso a los recursos no se produce
a partir de compartimentos estancos. La posibilidad
de acceso a un recurso concreto se
relaciona con la posibilidad de acceso al resto
de recursos. Así, el mercado de trabajo no
proporciona únicamente empleo, sino que
también es la forma de acceso a todo tipo de
ventajas sociales incluidas la seguridad social,
un mayor prestigio, capacidad de influencia
sobre los miembros del hogar y muchos
más. De igual modo, la educación puede
ser la puerta para el empleo, establecer lazos
duraderos de amistad, llevar un estilo de vida
saludable o para merecer más ayudas económicas
para seguir estudiando. La posesión
de la ciudadanía da derecho a ejercer el voto,
a ser protegido de forma más amplia por la
legislación laboral, a la asistencia sanitaria o
a un mayor grado de protección por la justicia.
La compra de una vivienda permite desgravar
en la declaración de la renta, formar
parte de una comunidad de propietarios, pedir
crédito o tener un espacio adecuado en el
que desarrollar la vida familiar.
Si bien el acceso a un determinado recurso
se convierte en una forma de asegurar el acceso
a nuevos recursos, existe la contrapartida
de que la pérdida de un recurso se convierte
en una probable pérdida de bienestar en
otras dimensiones. Ello se puede ilustrar a
partir de la situación con la que se puede encontrar
una persona joven que llega a un país
remoto. En primer lugar, se observará que no
podrá seguir formándose debido a que, lejos
de la red familiar, no podrá costear los costes
directos e indirectos que supone dedicarse al
estudio. Así las cosas habrá de volcar sus esfuerzos
en la búsqueda de empleo. No obstante,
para encontrar empleo se encuentra con la
dificultad de que desconoce el mercado de
trabajo y de que sus familiares no le pueden
emplear o ayudarle a través de la red familiar
para ponerse en contacto con los empleadores.
Aun en el caso de que encuentre un
empleo con contrato se encontraría con dificultades
para el acceso al crédito por carecer
de bienes inmuebles y de avalistas (función
que habitualmente cumplen los familiares).
En caso de enfermedad su situación se vería
dificultada por el hecho de no poder contar
con los cuidados de salud familiares, de este
modo, sólo le quedaría el apoyo de los servicios
sociales, sanitarios, los amigos o el voluntariado.
Si la enfermedad afecta a su capacidad
de trabajo, perderá la única fuente de
ingresos disponible. Si se imagina además
que esta persona inmigrante es mujer, entonces
habrá que añadir la posible dificultad que
supone el centrarse en un mercado de trabajo
con menores niveles de remuneración (el tra-
DANIEL LA PARRA Y JOS¿ MARÕA TORTOSA
57 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
bajo doméstico), quizá incluso tenga que
mantener a unos hijos en su país de origen o
en el de destino y, si vive en pareja, probablemente
asumirá además una gran parte de las
tareas domésticas.
El ejemplo sirve para destacar la importancia
del entorno (familiar, laboral, legislativo,
sanitario) en la configuración de las
oportunidades vitales de una persona. Se observa
que su bienestar va más allá de lo que
alcanza individualmente (por su trabajo). Su
seguridad ante acontecimientos adversos como
el desempleo o los problemas de salud dependerán
del grado en el que estén desarrollados
los sistemas de seguridad social y de si
puede beneficiarse de ellos siendo extranjero.
Su nivel de ingreso estará en relación con la
unidad doméstica en la que se inserta. Se observa
incluso que la aportación al bienestar
derivada de compartir vida con otros familiares
depende de la situación de resto de los familiares.
Esto se evidencia al comparar hogares
con un solo perceptor de ingresos y
hogares con dos perceptores de ingresos. En
los segundos se cuenta con una mayor cantidad
de recursos económicos y mayor estabilidad
financiera (por ejemplo, si uno de los dos
miembros atraviesa una fase de desempleo),
de manera que resultan más protegidos frente
al empobrecimiento (Gornick, 1997 y 1998).
La ilustración también sirve para entender
la importancia de un recurso informal como
el hogar. Los hogares pueden ser una garantía
económica, una fuente de apoyo
emocional con efectos positivos en la autoestima,
la identidad y el fortalecimiento de la
personalidad, garantía de atención y cuidados
en caso de enfermedad y, según el género,
lugar en el que se recibe o se realizan todo tipo
de trabajos domésticos (higiene, alimentación,
limpieza). Este recurso es esencial para
personas sin ningún tipo de ingresos (por
ejemplos, los niños, los jóvenes) quienes pueden
disfrutar de un determinado nivel de
consumo siempre y cuando estén insertados
en un determinado hogar y, en general, para
cualquiera. De hecho, uno de los efectos de vivir
sólo es el deterioro de la propia salud. Los
datos de mortalidad muestran que las personas
solteras, las separadas, las viudas y las
divorciadas tienen mayores niveles de mortalidad
que las casadas (Burgoa et al, 1998).
La ilustración informa de igual modo sobre
el carácter relacional de los diferentes recursos.
Siguiendo con el ejemplo, entendemos fácilmente
que la situación no sólo sería menos
dramática, sino que contaría con más alternativas
si la persona extranjera posee nivel educativo
elevado o cuenta con una nacionalidad
que no presenta trabas para ser regularizado.
Por otro lado, se descubre que ningún recurso
en concreto es esencial para la satisfacción
de las necesidades. Personas sin mucho
apoyo familiar pueden compensar perfectamente
esta carencia por otros medios. Los
hogares formados por una madre sola con hijos
o hijas en países como Suecia, por ejemplo,
cuentan con niveles de bienestar equiparables
a los de los hogares nucleares y mucho
mejores a los detectados para los hogares monoparentales
en países como Italia o Inglaterra.
Ello es debido a que las mujeres suecas
en dicha situación cuentan con mayores posibilidades
de acceso a ayudas económicas, pero
sobre todo al empleo (Solera, 1998).
Lo que determina el grado de acceso a los
recursos no es únicamente la participación
en redes sociales, sino cómo se produce dicha
participación. La inclusión de las mujeres
dentro de un hogar no supone el mismo tipo
de beneficios que para un varón. Dentro de
los hogares se procede habitualmente a una
distribución de las actividades, las responsabilidades,
los beneficios y las posiciones en
función del género. En concreto se encuentra
con frecuencia que la responsabilidad sobre
el trabajo doméstico y los cuidados de los hijos
es asumida de forma principal por las
mujeres, incluso cuando se ha producido una
importante incorporación de la mujer al trabajo
remunerado. Las mujeres que realizan
trabajo remunerado amplían sus obligaciones
(también sus opciones vitales), sin que se
ESTUDIOS
58 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
produzca un proceso paralelo de ampliación
de las responsabilidades familiares de los varones
dentro del hogar. Incluso en aquellos
casos en los que las mujeres se han convertido
en las principales proveedoras de ingresos
en sus hogares, debido al paro masculino, no
se asiste a una inversión de los roles como ingenuamente
se podía haber esperado (Morris,
1999; Chales y Kerr, 1999). Este tipo de
inclusión poco beneficiosa tiene que ver con
el tipo de relación que se establece entre los
miembros de la pareja (Kaufmann, 1994),
pero también con factores como el valor salarial
del trabajo femenino, la existencia de
una segmentación por género de las profesiones,
la mayor o menor protección de las condiciones
laborales, el desarrollo de servicios
de guardería, centros de día, residencias,
servicios de asistencia a domicilio o las políticas
de apoyo a la maternidad. Roman y Vogler
(1999), al comparar hogares suecos y
británicos, describen cómo los hogares suecos
cuentan con una mayor participación de
la mujer en el mercado de trabajo, lo que se
corresponde con un mayor grado de igualdad
en la distribución del ingreso y en la toma de
decisiones y una cultura menos sexista. Los
autores relacionan tal diferencia con la existencia
en el caso sueco de un mercado laboral
favorecedor del empleo femenino, además de
otros factores de tipo ideológico y cultural.
Por supuesto se pueden encontrar situaciones
mixtas en las que aumentar el acceso
a un determinado recurso supone pérdidas
de otros. Es lo que ocurre cuando una persona
decide trabajar más horas para incrementar
su ingreso a pesar de que ello le suponga
perder relaciones de amistad, deteriorar sus
relaciones afectivas o poner en riesgo su propia
salud. También se puede encontrar que
la pérdida de un determinado recurso se manifieste
en ganancias de otro tipo de recursos
vitales: la jubilación supone una pérdida en
algunos campos (ingresos, prestigio), pero
ganancias en otros (tiempo, descanso).
La descripción sobre el modo en que se
concatena el acceso a los recursos debido a
que este se produce a través de las interacciones
entre actores sociales, hace oportuno
un comentario sobre el significado de las variables
utilizadas para la medición de la pobreza
o la desigualdad. El uso de indicadores
como los años de escolarización, ocupar un
determinado puesto de trabajo o el nivel de
consumo es útil para clasificar al individuo
en una determinada posición socioeconómica,
sin embargo, a la hora de comprender cómo
se relaciona esa posición económica con
la capacidad de acción del individuo o con su
nivel de acceso a los recursos, lo esencial es
comprender que éste no depende de las categorías
que ocupan los individuos, sino de las
relaciones sociales que sustentan tales posiciones.
El bienestar disfrutado por una persona
con altos ingresos no depende de la
cantidad de bienes que puede comprar la
persona con su dinero, sino también de la
mayor capacidad que dicha persona tiene
para afrontar cualquier otro tipo de necesidad,
incluidas las no monetarias. Por ejemplo,
en el interior de los hogares se observa
que a igual nivel de ingresos del hogar, las
mujeres que trabajan de forma remunerada
(por tanto las que más dinero aportan a la
economía doméstica) tienen mayor propensión
a visitar un dentista privado (Guillén,
1991). En este caso no es la posición (poseer
una determinada cantidad de ingreso), sino
el tipo de relación (trabajar de forma remunerada
y estar contribuyendo en gran medida
a la economía doméstica) la que explica el
grado de acceso a un recurso: visitar un dentista
privado.
REDES PROTECTORAS
Hasta el momento se ha insistido sobre el
componente relacional de los procesos de exclusión,
siempre utilizando el individuo como
punto de partida para el análisis. No obstante,
la forma en la que se estructuran las
interacciones concretas entre individuos no
se pueden considerar de forma aislada del
contexto social en el que se generan. Así, el
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59 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
tipo de hogar en el que se vive, está en relación
con la estructura de hogares propia del
entorno social que se habita; el empleo, factor
de primer orden en la determinación del
grado de acceso a los recursos en el nivel individual,
depende de la configuración del
mercado de trabajo y, más precisamente, de
la estructura económica; el acceso a recursos
tales como la educación, la asistencia sanitaria,
las ayudas económicas o la vivienda son
totalmente dependientes de las iniciativas
en materia de política educativa, sanitaria o
social del Estado.
La estructura de hogares, el mercado de
trabajo, la administración pública (supranacional,
estatal, regional, municipal) y, en general,
el conjunto de instituciones sociales
(asociaciones, sindicatos, voluntariado, iglesias,
los ejércitos, las redes de amistad, vecindad,
empresas...) pueden actuar como redes
que protegen a los individuos frente a las
adversidades y organizan el modo en que se
produce el acceso a los recursos. El marco de
existencia y actuación de las redes sociales
se puede llevar a niveles aún más «macro», si
se considera el papel de las instituciones políticas
y militares de alcance continental o
mundial y las relaciones económicas internacionales
y transnacionales. Incluso, si se
adopta una perspectiva más amplia del entorno
en el que vive la población humana, entonces
habrá que incluir la propia red de vida
que componen el conjunto de seres vivos,
el ecosistema, como red de la que en última
instancia depende el bienestar de los seres
humanos.
Se puede hablar de redes sociales en cualquier
nivel de la realidad social. Las actuaciones
políticas, económicas, militares o culturales
que se produzcan en cualquiera de
estos niveles (ecosistema, sistema mundial,
social, grupal, hogar, individual) pueden ser
tanto promotoras como inhibidoras de los
procesos de exclusión. Así, la participación
en la economía mundial es una forma de garantizar
el acceso a ciertos recursos (circunstancia
que se evidencia cuando un país sufre
un bloqueo económico o un período autárquico),
pero integrarse desde una posición de dependencia
puede producir el efecto contrario:
la progresiva pérdida de recursos de la economía
nacional (Amin, 1988).
En los casos en los que se acumulan sistemas
de protección contra los procesos de exclusión
social se podrá encontrar una mayor
igualdad en el acceso a los recursos y una
menor proporción de la población excluida
del acceso a los bienes más básicos. Es interesante
en este sentido comparar países tan
dispares como los Estados Unidos, Finlandia,
Suecia y España. Estados Unidos es uno
de los países de la OCDE con mayores niveles
de pobreza y desigualdad. En este país
aproximadamente uno de cada seis habitantes
vive con la mitad de la mediana de los ingresos.
Países como Finlandia y Suecia son
muy igualitarios y en ellos menos de una
persona de cada quince se encuentra en dicha
situación. En una situación intermedia
se encontrarían países como España en el
que aproximadamente uno de cada diez ciudadanos
se encuentra baja la línea de pobreza
así definida. Para explicar los motivos que
originan estas diferencias en la distribución
de ingresos se habrán de considerar una
multitud de aspectos. Uno de los que se usa
con mayor frecuencia es el nivel de desempleo.
Para estos países se encuentra que el
nivel de paro más alto afecta a España, los
niveles medios y bajos a Suecia y Finlandia y
los niveles más bajos de desempleo afectan a
los Estados Unidos.
Surge por tanto una paradoja, pese a que
el mercado de trabajo es uno de los principales
mecanismos de inclusión, allí donde hay
menores niveles de desempleo no se encuentra
un mayor nivel de igualdad. Para explicarlo
habría que hablar de otros sistemas de
protección. En concreto países como Suecia y
Finlandia dedican una gran parte de su producto
interno al gasto social. Así, sus moderados
niveles de desempleo y su amplio gasto
redistributivo explicarían sus bajos niveles
de desigualdad. Quedaría por explicar por
ESTUDIOS
60 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
qué España teniendo unos niveles tan elevados
de desempleo y un gasto social menos generoso
se encuentra mejor situado que los
Estados Unidos en cuanto a porcentaje de
hogares bajo la línea de pobreza. En este caso
un aspecto esencial es el peso de la estructura
familiar. Si España contara con la distribución
de personas por hogar de los
Estados Unidos su número absoluto de hogares
pobres se vería incrementado en al menos
un 16%, más de un 25% si contara con la
distribución de personas por hogar de Finlandia
(La Parra, 2000). A esto habría que
añadir los efectos de otras políticas, por
ejemplo, la importancia del distinto tratamiento
recibido por los distintos grupos raciales
en la política pública de los Estados
Unidos (Manza, 2000), en especial, ya que los
grupos raciales en dicho país son numerosos
y ello puede verse reflejado en los indicadores
medios. En el caso de España a pesar de
que similares pautas de distribución puedan
afectar a la población gitana o inmigrante,
éstas no serían visibles en las estadísticas
generales debido a que su peso en la población
total todavía es escaso.
La acumulación de sistemas de protección
en los países nórdicos explicaría su mayor nivel
de igualdad y el menor número de grupos
excluidos. Una muestra de que la ausencia de
redes se traduce en desigualdad se puede observar
en los casos de Inglaterra y Estados
Unidos durante el período de Thatcher y Reagan.
En Inglaterra el porcentaje de hogares bajo
la línea de pobreza pasó de 9,2 en 1979 a
14,6 en 1991. En los Estados Unidos de 15,8 a
17,5 en los mismos años 1. El proceso coincide
en el tiempo con los recortes y la reorientación
de la política social de ambos gobiernos. En
otros países, sin embargo, durante ese período
fue posible reducir el número de personas bajo
la línea de pobreza. En España el porcentaje de
hogares bajo la llamada línea de pobreza paso
de 12,2 al 10,1 en la década de los ochenta.
Se observa que la existencia de redes de
protección es un primer requisito para evitar
los procesos de exclusión. Pero, aunque existan
redes de protección, éstas pueden no ser
igualmente protectoras para todos los sectores
de la población. Una fase económica expansiva
puede parecer beneficiosa para el
conjunto de la población, entre otras razones,
porque se reduce el nivel de desempleo. No
obstante, es igualmente relevante el tipo de
integración que se produce en el empleo. Si
una gran parte de la población que se incorpora
a los nuevos empleos lo hace en trabajos
marcados por la precariedad, la ausencia de
posibilidades de formación o en condiciones
que ponen en riesgo su salud, cuando se produzca
una etapa de recensión económica serán
los primeros en padecer la crisis económica.
Esto ocurre habitualmente con las
mujeres, quienes con frecuencia cuentan con
peores relaciones contractuales, menores niveles
de remuneración, menores tasas de actividad
y por ello son las más perjudicadas
ante una situación de crisis.
La importancia de los criterios de distribución
de las redes existentes en la producción
de desigualdad se puede observar también
en el caso de los sistemas de protección
ante la enfermedad. Además del seguro médico,
uno de los principales mecanismos de
protección en caso de padecer una enfermedad
crónica o discapacidad que dificulta o
imposibilita el trabajo es la consecución de
una pensión de discapacidad. En España la
Seguridad Social prevé dos modalidades de
protección: la contributiva y la no contributiva.
La primera es la propia de la población
activa y la segunda de la población inactiva.
Solamente las personas que han cotizado
1.800 días en los diez años anteriores tienen
derecho a la protección por incapacidad de tipo
contributivo (Lorente, 1997). La cantidad
percibida dependerá del tipo de incapacidad
reconocido y el nivel de salario. La modalidad
no contributiva está reservada para
aquellos que no tienen derecho a la protección
contributiva, desde el año 1990 (Ley
DANIEL LA PARRA Y JOS¿ MARÕA TORTOSA
61 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
1 Datos del Luxembourg Income Study. http://lisweb.
ceps.lu/keyfigures/povertytable.htm.
26/1990). La cantidad establecida para el
año 2000 por este concepto fue de 40.260
ptas/mes (242 ?/mes).
Este sistema hace depender el grado de
protección recibido del tipo de situación en el
mercado de trabajo. Ello implica que aquellos
grupos de población que tienen un menor
grado de participación en la población activa
o cuya integración en el mercado de trabajo
se produce en peores condiciones (en cuanto
a niveles salariales y duración de los contratos)
se encuentran con un menor grado de
protección en caso de enfermedad. En la
práctica el sistema de protección social acaba
discriminando a la población femenina y a la
perteneciente a los estratos más desfavorecidos.
Por ejemplo, en el año 1994, para el grupo
de personas que ha tenido un empleo anteriormente,
la cantidad media recibida por
una mujer con estudios universitarios en
concepto de prestación social por motivos de
salud es de un 1.772.000 ptas/año, frente a
las 2.114.000 ptas/año recibidas por un varón
con estudios universitarios. La remuneración
desciende en los varones con estudios
primarios a 869.520 ptas/año, y aún más en
las mujeres con estudios primarios quienes
cuentan con 652.000 ptas/año de media 2.
Se encuentra que la asignación de recursos
no es neutra pese a ser un dispositivo previsto
en principio para proteger a cualquier persona
ante la contingencia de tener un problema
de salud. Beneficia en mayor medida a los
grupos sociales que concentran más riqueza.
Si el sistema de protección ante la enfermedad
crónica y la discapacidad tiene estas
características, ello es debido a la acumulación
de una serie de decisiones guiadas por
unos determinados criterios ideológicos. En
países como España dichos sistemas se establecieron
a partir de las aportaciones realizadas
por los trabajadores a través de sus
salarios y ya, en los años noventa, se introdujeron
algunas modificaciones para beneficiar
a los grupos de población no activos. Sin
embargo, en los países nórdicos europeos sobre
todo bajo los periodos de gobierno socialdemócratas
se desarrollaron fórmulas de
protección basadas en principios más universalistas
(Navarro y Shi, 2001).
Por lo general cualquier sistema de protección
social puede tener sus efectos distributivos
negativos para determinados grupos
de la población, desde el sistema sanitario
(Hart, 1970), hasta el sistema educativo (Bourdieu,
1994). De manera que el grado de desigualdad
en una determinada sociedad depende
tanto de la existencia de redes de protección,
como de que éstas no orienten los
recursos de forma preferente hacia los grupos
sociales más poderosos.
CONCLUSIÓN: DE LA EXCLUSIÓN
A LA PARTICIPACIÓN CON
EQUIDAD
Llegados a este punto es interesante hacer
una recapitulación sobre los aspectos
esenciales descritos en el nivel individual y
los descritos en el nivel social. En el nivel individual,
la única forma de garantizar que
todas las personas puedan satisfacer sus necesidades
humanas, con independencia de
cuál sea su cultura y personalidad, es que
cuenten con un suficiente grado de autonomía
para poder satisfacerlas. Dicha autonomía
depende de tener la capacidad de tomar
decisiones informadas (y, por tanto, de la
educación), de tener capacidad física y emocional
para realizar las acciones necesarias
(del nivel de salud), de tener medios económicos
para intercambiar (de forma mercantil
o no) por los bienes que necesite y de no estar
ESTUDIOS
62 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35
2 ElaboraciÛn propia a partir del fichero de microdatos
del Panel Europeo de Hogares para EspaÒa en
1994 proporcionado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÕSTICA.
Se han utilizado pesos transversales para garantizar
la representatividad estadÌstica. Se han incluido a
aquellas personas que reciben alguna cantidad en concepto
de prestaciÛn social por motivos de salud y que
han tenido un empleo anteriormente.
sometido a amenazas o violencia que condicionen
sus decisiones.
Por otra parte, en el nivel social, factores
como la evolución de la economía transnacional,
internacional o nacional, la transformación
de las estructuras de parentesco, las políticas
sociales, las guerras o los sistemas
jerárquicos pueden estructurar el acceso a
los recursos de los distintos grupos sociales.
El reto para la consecución de un mayor
nivel de igualdad consiste en incrementar la
capacidad de los individuos y las sociedades
para reducir la vulnerabilidad ante la pobreza
y promover la autonomía de las personas.
La consecución de ese objetivo significa varios
retos en las actuaciones, en especial, en
las de tipo político. El primero de ellos la revisión
de todas aquellas decisiones institucionales
que de forma explícita o implícita
obedecen a pautas discriminatorias en la
asignación de recursos hacia grupos como las
mujeres, los estratos sociales más desfavorecidos,
migrantes o personas pertenecientes a
minorías étnicas. El segundo, es dirigir las
actuaciones hacia la creación de redes de seguridad
y protección o fortalecer las ya existentes.
En este sentido se debe considerar
que ello no siempre supone un incremento
del gasto público, sino aumentar la efectividad
del gasto realizado. Por ejemplo, puede
resultar más económico prevenir el fracaso
escolar que idear sistemas de integración o
de control para las personas que han sido expulsadas
o han abandonado el sistema educativo.
En tercer lugar, uno de los mecanismos
más eficaces para evitar una asignación
sesgada de los recursos hacia los grupos con
más poder es garantizar que todos los grupos
de la población toman parte en la toma de
decisiones. Puesto que, cómo se ha señalado,
los mecanismos de exclusión se pueden producir
en cualquier nivel de interacción, éstos
mecanismos de participación deben introducirse
en cualquier tipo de relación. Desde la
consulta particular, hasta la organización de
la seguridad social, pasando por la planificación
sanitaria, educativa o en política social,
incluso llegando a las relaciones económicas
transnacionales. Este desarrollo democrático
implica que todos los grupos de la población
contribuyan no sólo en la toma de decisiones,
sino también en la creación de opinión, en la
evaluación de intervenciones, que sean incluidos
entre los criterios de planificación o,
al menos, en que sean preguntados para que
puedan dar a conocer sus situaciones y problemas.
Un último criterio, pero no por ello
menos importante, es que las actuaciones
que se desarrollen no comprometan el futuro,
erosionando la cantidad de recursos actualmente
disponible. Este principio de sostenibilidad,
además de la evidente referencia
a la atención a los recursos limitados del planeta,
se refiere a evitar el desgaste de otro tipo
de recursos como pueda ser el que se produce
en el capital humano cuando se somete
a períodos largos de desempleo o cuando importantes
grupos de población están sometidos
de forma crónica a la pobreza.
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