Procesos de exclusión social: redes que dan protección e inclusiones desiguales.

AutorDaniel La Parra y José María Tortosa.
Páginas55-65

La investigación social sobre la pobreza

se ha preocupado de forma prioritaria

por cuantificar el número de pobres

y señalar qué colectivos se ven más

afectados por dicha situación. Se sabe que los

hogares encabezados por mujeres, los que

tienen más niños o los que están compuestos

por personas mayores están con más frecuencia

por debajo de la línea de la pobreza,

definida como la mitad de la media o de la

mediana de los ingresos (Smeeding, 1997).

Mucho menos frecuente es encontrar explicaciones

sobre los mecanismos por los cuales

pertenecer a un determinado género o tener

una cierta edad se convierten en una desventaja

en términos económicos.

El concepto de exclusión social puede ser

útil para describir los motivos por los cuales

unos colectivos sufren una situación de falta

de satisfacción de las necesidades humanas

básicas, mientras que otros grupos sociales

cuentan con mayores niveles de protección.

El interés de concepto de exclusión social se

deriva de que pone el énfasis no tanto en

cuantificar o identificar a quienes viven en la

pobreza, sino en los procesos por los que se

llega a carecer del acceso a los recursos más

esenciales. Así, por exclusión social, se suele

entender el conjunto de procesos estructurales,

pautas ideológicas y culturales, tendencias

sociales y mecanismos que producen el

empobrecimiento personal o colectivo. La

primera aportación del concepto de exclusión

social es, por tanto, el insistir sobre el funcionamiento

relacional de los factores que producen

la pobreza (véase Sen, 2000). En segundo

lugar, destaca que dentro de esta

perspectiva la pobreza no se entiende como

un proceso que tiene su origen en el comportamiento

del individuo, sino más bien en procesos

sociales más amplios: en la interacción

interpersonal, en las oportunidades que ofrece

el medio social (por ejemplo, el mercado de

trabajo, los servicios públicos, las políticas

sociales o el propio ordenamiento de la economía

mundial).

El cambio de perspectiva del individuo hacia

los procesos sociales plantea, no obstante,

el riesgo de que se acabe olvidando que la exclusión

social afecta a los individuos, los cuales

pueden padecer, entre otros, mayor mortalidad,

carencia de bienes básicos (vivienda,

alimento), menores oportunidades de desa-

55 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

* Agradecimientos: El contenido de este artículo

se enmarca dentro del proyecto de investigación

Indicadores dinámicos para el estudio del empobrecimiento

de las mujeres

, IM-0003, financiado

por el Instituto de la Mujer a quienes agradecemos

su apoyo.

** Universidad de Alicante.

Procesos de exclusión social:

redes que dan protección

e inclusiones desiguales *

DANIEL LA PARRA**

JOSÉ MARÍA TORTOSA**

rrollo educativo, falta de participación en las

distintas instituciones sociales, desempleo o

empleo precario. En la medida que los individuos

ven disminuido su bienestar en virtud

de los procesos de exclusión procede contestar

a la pregunta sobre cuáles son los mecanismos

por los que los procesos de exclusión

social se convierten en factores personales de

empobrecimiento.

DIMENSIONES DE LA POBREZA

Para contestar esta cuestión es preciso

precisar qué es vivir en situación de pobreza.

En principio, por pobreza se entiende la insatisfacción

de las necesidades humanas básicas

(Doyal y Gough, 1994). Esta situación de

insatisfacción puede producirse por la carencia

de medios económicos para adquirir bienes

básicos. Pero, aunque esta afirmación

describe de forma clara una de las principales

dimensiones de la pobreza, no podemos limitarnos

a ella sin caer en una visión reduccionista

de las necesidades humanas.

Se encuentra, en efecto, que las necesidades

humanas no son exclusivamente de tipo

material. Doyal y Gough, señalan que la satisfacción

de las necesidades personales, precisan

que el individuo sea autónomo, esto es,

que tenga capacidad de tomar opciones informadas

sobre lo que hacer y cómo llevarlo a

cabo. Por supuesto, la disponibilidad de medios

económicos será un mecanismo para

asegurar la autonomía personal, pero también

poseer un determinado nivel de conocimientos

y participar de un entorno social que

permita actuar libremente y expresar las

opiniones personales.

La reducción de la definición de la pobreza

a la falta de ingreso presenta además la dificultad

añadida de no considerar la importancia

en la adquisición de bienes y servicios, de

las formas de intercambio no mercantiles y

de las donaciones. El trabajo de Boulding

(1976, 1978 y 1992) es esencial para comprender

el peso de las donaciones en la configuración

del sistema económico y la satisfacción

de necesidades. Por donaciones entiende

la transferencia unidireccional de bienes económicos.

Donaciones son por tanto: la ayuda

al desarrollo, las herencias, la educación, la

nutrición y cuidados de salud que se da a los

niños y personas dependientes, los impuestos,

las subvenciones, los regalos, los subsidios

o el trabajo doméstico. Como se puede

observar instituciones como la familia o el

Estado serían inconcebibles sin este tipo de

relación. La ausencia de recursos no mercantiles,

por ejemplo, la falta de familiares que

puedan prestar cuidados de salud cuando se

es una persona anciana puede suponer una

reducción dramática de la calidad de vida.

De acuerdo con estas aportaciones la pobreza

se relaciona con la carencia de libertad,

de democracia y con estar excluido de

las donaciones e intercambios no mercantiles.

A esta lista se podría añadir, la falta de

posibilidades para el desarrollo personal que

se derivan de habitar un medio social en el

que se produce violencia, sea esta directa o

indirecta, personal o estructural. Cuando se

vive bajo la amenaza producida de forma directa

o indirecta (por ejemplo, cuando uno se

sitúa en la parte baja de una jerarquía) se limita

al individuo el rango de opciones posibles

para satisfacer sus necesidades.

Así, tal y como se propone, la pobreza se

puede conceptuar no únicamente en términos

de carencia de ingreso, sino atendiendo a

la diversidad de necesidades del ser humano.

Al proceder de esto modo, la visión de la pobreza

se aleja de una percepción centrada en

el individuo y su organismo, para destacar la

dimensión social de la existencia del ser humano.

La pobreza no es una circunstancia

que afecta al organismo (por falta de alimento

o de protección frente al clima), sino que

incide sobre la capacidad de relación de las

personas. La posibilidad de relacionarse de

forma autónoma, de intercambiar con los

otros y el no estar sometido a amenazas ni

violencia es la garantía para satisfacer las

necesidades humanas. Este tipo de concepto

ESTUDIOS

56 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

de pobreza permite observar con toda claridad

que la satisfacción de las necesidades

humanas depende del ingreso, pero también

de la posibilidad de contar con acceso a otros

recursos: educación, derechos políticos, empleo

e, incluso, apoyo de familiares o amigos.

La solución del problema de la pobreza

pasa así de la esfera individual, a la esfera

social y es ahí donde gana relevancia el concepto

de exclusión social. Se observa de forma

inmediata que la pobreza no se resuelve

mediante el acceso a una serie de recursos

concretos (una determinada cantidad de aire,

agua, ingresos, alimentos sanos, vestidos

y una buena casa), sino que depende de la

propia organización social. Para evitar la pobreza

el medio social debe promover la actuación

de forma autónoma, sin presiones y

que las personas tengan elementos que intercambiar

de forma mercantil o que darse

de forma altruista. La exclusión social sería

el término para describir cualquier transformación

del medio social que tenga como efecto

limitar a cualquier grupo social el acceso a

los recursos necesarios para satisfacer las

necesidades básicas.

ACCESO RELACIONAL A LOS

RECURSOS

El grado de acceso a los recursos depende

del modo en que se organizan las relaciones

sociales en un determinado contexto social,

por ello el acceso a los recursos no se produce

a partir de compartimentos estancos. La posibilidad

de acceso a un recurso concreto se

relaciona con la posibilidad de acceso al resto

de recursos. Así, el mercado de trabajo no

proporciona únicamente empleo, sino que

también es la forma de acceso a todo tipo de

ventajas sociales incluidas la seguridad social,

un mayor prestigio, capacidad de influencia

sobre los miembros del hogar y muchos

más. De igual modo, la educación puede

ser la puerta para el empleo, establecer lazos

duraderos de amistad, llevar un estilo de vida

saludable o para merecer más ayudas económicas

para seguir estudiando. La posesión

de la ciudadanía da derecho a ejercer el voto,

a ser protegido de forma más amplia por la

legislación laboral, a la asistencia sanitaria o

a un mayor grado de protección por la justicia.

La compra de una vivienda permite desgravar

en la declaración de la renta, formar

parte de una comunidad de propietarios, pedir

crédito o tener un espacio adecuado en el

que desarrollar la vida familiar.

Si bien el acceso a un determinado recurso

se convierte en una forma de asegurar el acceso

a nuevos recursos, existe la contrapartida

de que la pérdida de un recurso se convierte

en una probable pérdida de bienestar en

otras dimensiones. Ello se puede ilustrar a

partir de la situación con la que se puede encontrar

una persona joven que llega a un país

remoto. En primer lugar, se observará que no

podrá seguir formándose debido a que, lejos

de la red familiar, no podrá costear los costes

directos e indirectos que supone dedicarse al

estudio. Así las cosas habrá de volcar sus esfuerzos

en la búsqueda de empleo. No obstante,

para encontrar empleo se encuentra con la

dificultad de que desconoce el mercado de

trabajo y de que sus familiares no le pueden

emplear o ayudarle a través de la red familiar

para ponerse en contacto con los empleadores.

Aun en el caso de que encuentre un

empleo con contrato se encontraría con dificultades

para el acceso al crédito por carecer

de bienes inmuebles y de avalistas (función

que habitualmente cumplen los familiares).

En caso de enfermedad su situación se vería

dificultada por el hecho de no poder contar

con los cuidados de salud familiares, de este

modo, sólo le quedaría el apoyo de los servicios

sociales, sanitarios, los amigos o el voluntariado.

Si la enfermedad afecta a su capacidad

de trabajo, perderá la única fuente de

ingresos disponible. Si se imagina además

que esta persona inmigrante es mujer, entonces

habrá que añadir la posible dificultad que

supone el centrarse en un mercado de trabajo

con menores niveles de remuneración (el tra-

DANIEL LA PARRA Y JOS¿ MARÕA TORTOSA

57 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

bajo doméstico), quizá incluso tenga que

mantener a unos hijos en su país de origen o

en el de destino y, si vive en pareja, probablemente

asumirá además una gran parte de las

tareas domésticas.

El ejemplo sirve para destacar la importancia

del entorno (familiar, laboral, legislativo,

sanitario) en la configuración de las

oportunidades vitales de una persona. Se observa

que su bienestar va más allá de lo que

alcanza individualmente (por su trabajo). Su

seguridad ante acontecimientos adversos como

el desempleo o los problemas de salud dependerán

del grado en el que estén desarrollados

los sistemas de seguridad social y de si

puede beneficiarse de ellos siendo extranjero.

Su nivel de ingreso estará en relación con la

unidad doméstica en la que se inserta. Se observa

incluso que la aportación al bienestar

derivada de compartir vida con otros familiares

depende de la situación de resto de los familiares.

Esto se evidencia al comparar hogares

con un solo perceptor de ingresos y

hogares con dos perceptores de ingresos. En

los segundos se cuenta con una mayor cantidad

de recursos económicos y mayor estabilidad

financiera (por ejemplo, si uno de los dos

miembros atraviesa una fase de desempleo),

de manera que resultan más protegidos frente

al empobrecimiento (Gornick, 1997 y 1998).

La ilustración también sirve para entender

la importancia de un recurso informal como

el hogar. Los hogares pueden ser una garantía

económica, una fuente de apoyo

emocional con efectos positivos en la autoestima,

la identidad y el fortalecimiento de la

personalidad, garantía de atención y cuidados

en caso de enfermedad y, según el género,

lugar en el que se recibe o se realizan todo tipo

de trabajos domésticos (higiene, alimentación,

limpieza). Este recurso es esencial para

personas sin ningún tipo de ingresos (por

ejemplos, los niños, los jóvenes) quienes pueden

disfrutar de un determinado nivel de

consumo siempre y cuando estén insertados

en un determinado hogar y, en general, para

cualquiera. De hecho, uno de los efectos de vivir

sólo es el deterioro de la propia salud. Los

datos de mortalidad muestran que las personas

solteras, las separadas, las viudas y las

divorciadas tienen mayores niveles de mortalidad

que las casadas (Burgoa et al, 1998).

La ilustración informa de igual modo sobre

el carácter relacional de los diferentes recursos.

Siguiendo con el ejemplo, entendemos fácilmente

que la situación no sólo sería menos

dramática, sino que contaría con más alternativas

si la persona extranjera posee nivel educativo

elevado o cuenta con una nacionalidad

que no presenta trabas para ser regularizado.

Por otro lado, se descubre que ningún recurso

en concreto es esencial para la satisfacción

de las necesidades. Personas sin mucho

apoyo familiar pueden compensar perfectamente

esta carencia por otros medios. Los

hogares formados por una madre sola con hijos

o hijas en países como Suecia, por ejemplo,

cuentan con niveles de bienestar equiparables

a los de los hogares nucleares y mucho

mejores a los detectados para los hogares monoparentales

en países como Italia o Inglaterra.

Ello es debido a que las mujeres suecas

en dicha situación cuentan con mayores posibilidades

de acceso a ayudas económicas, pero

sobre todo al empleo (Solera, 1998).

Lo que determina el grado de acceso a los

recursos no es únicamente la participación

en redes sociales, sino cómo se produce dicha

participación. La inclusión de las mujeres

dentro de un hogar no supone el mismo tipo

de beneficios que para un varón. Dentro de

los hogares se procede habitualmente a una

distribución de las actividades, las responsabilidades,

los beneficios y las posiciones en

función del género. En concreto se encuentra

con frecuencia que la responsabilidad sobre

el trabajo doméstico y los cuidados de los hijos

es asumida de forma principal por las

mujeres, incluso cuando se ha producido una

importante incorporación de la mujer al trabajo

remunerado. Las mujeres que realizan

trabajo remunerado amplían sus obligaciones

(también sus opciones vitales), sin que se

ESTUDIOS

58 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

produzca un proceso paralelo de ampliación

de las responsabilidades familiares de los varones

dentro del hogar. Incluso en aquellos

casos en los que las mujeres se han convertido

en las principales proveedoras de ingresos

en sus hogares, debido al paro masculino, no

se asiste a una inversión de los roles como ingenuamente

se podía haber esperado (Morris,

1999; Chales y Kerr, 1999). Este tipo de

inclusión poco beneficiosa tiene que ver con

el tipo de relación que se establece entre los

miembros de la pareja (Kaufmann, 1994),

pero también con factores como el valor salarial

del trabajo femenino, la existencia de

una segmentación por género de las profesiones,

la mayor o menor protección de las condiciones

laborales, el desarrollo de servicios

de guardería, centros de día, residencias,

servicios de asistencia a domicilio o las políticas

de apoyo a la maternidad. Roman y Vogler

(1999), al comparar hogares suecos y

británicos, describen cómo los hogares suecos

cuentan con una mayor participación de

la mujer en el mercado de trabajo, lo que se

corresponde con un mayor grado de igualdad

en la distribución del ingreso y en la toma de

decisiones y una cultura menos sexista. Los

autores relacionan tal diferencia con la existencia

en el caso sueco de un mercado laboral

favorecedor del empleo femenino, además de

otros factores de tipo ideológico y cultural.

Por supuesto se pueden encontrar situaciones

mixtas en las que aumentar el acceso

a un determinado recurso supone pérdidas

de otros. Es lo que ocurre cuando una persona

decide trabajar más horas para incrementar

su ingreso a pesar de que ello le suponga

perder relaciones de amistad, deteriorar sus

relaciones afectivas o poner en riesgo su propia

salud. También se puede encontrar que

la pérdida de un determinado recurso se manifieste

en ganancias de otro tipo de recursos

vitales: la jubilación supone una pérdida en

algunos campos (ingresos, prestigio), pero

ganancias en otros (tiempo, descanso).

La descripción sobre el modo en que se

concatena el acceso a los recursos debido a

que este se produce a través de las interacciones

entre actores sociales, hace oportuno

un comentario sobre el significado de las variables

utilizadas para la medición de la pobreza

o la desigualdad. El uso de indicadores

como los años de escolarización, ocupar un

determinado puesto de trabajo o el nivel de

consumo es útil para clasificar al individuo

en una determinada posición socioeconómica,

sin embargo, a la hora de comprender cómo

se relaciona esa posición económica con

la capacidad de acción del individuo o con su

nivel de acceso a los recursos, lo esencial es

comprender que éste no depende de las categorías

que ocupan los individuos, sino de las

relaciones sociales que sustentan tales posiciones.

El bienestar disfrutado por una persona

con altos ingresos no depende de la

cantidad de bienes que puede comprar la

persona con su dinero, sino también de la

mayor capacidad que dicha persona tiene

para afrontar cualquier otro tipo de necesidad,

incluidas las no monetarias. Por ejemplo,

en el interior de los hogares se observa

que a igual nivel de ingresos del hogar, las

mujeres que trabajan de forma remunerada

(por tanto las que más dinero aportan a la

economía doméstica) tienen mayor propensión

a visitar un dentista privado (Guillén,

1991). En este caso no es la posición (poseer

una determinada cantidad de ingreso), sino

el tipo de relación (trabajar de forma remunerada

y estar contribuyendo en gran medida

a la economía doméstica) la que explica el

grado de acceso a un recurso: visitar un dentista

privado.

REDES PROTECTORAS

Hasta el momento se ha insistido sobre el

componente relacional de los procesos de exclusión,

siempre utilizando el individuo como

punto de partida para el análisis. No obstante,

la forma en la que se estructuran las

interacciones concretas entre individuos no

se pueden considerar de forma aislada del

contexto social en el que se generan. Así, el

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59 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

tipo de hogar en el que se vive, está en relación

con la estructura de hogares propia del

entorno social que se habita; el empleo, factor

de primer orden en la determinación del

grado de acceso a los recursos en el nivel individual,

depende de la configuración del

mercado de trabajo y, más precisamente, de

la estructura económica; el acceso a recursos

tales como la educación, la asistencia sanitaria,

las ayudas económicas o la vivienda son

totalmente dependientes de las iniciativas

en materia de política educativa, sanitaria o

social del Estado.

La estructura de hogares, el mercado de

trabajo, la administración pública (supranacional,

estatal, regional, municipal) y, en general,

el conjunto de instituciones sociales

(asociaciones, sindicatos, voluntariado, iglesias,

los ejércitos, las redes de amistad, vecindad,

empresas...) pueden actuar como redes

que protegen a los individuos frente a las

adversidades y organizan el modo en que se

produce el acceso a los recursos. El marco de

existencia y actuación de las redes sociales

se puede llevar a niveles aún más «macro», si

se considera el papel de las instituciones políticas

y militares de alcance continental o

mundial y las relaciones económicas internacionales

y transnacionales. Incluso, si se

adopta una perspectiva más amplia del entorno

en el que vive la población humana, entonces

habrá que incluir la propia red de vida

que componen el conjunto de seres vivos,

el ecosistema, como red de la que en última

instancia depende el bienestar de los seres

humanos.

Se puede hablar de redes sociales en cualquier

nivel de la realidad social. Las actuaciones

políticas, económicas, militares o culturales

que se produzcan en cualquiera de

estos niveles (ecosistema, sistema mundial,

social, grupal, hogar, individual) pueden ser

tanto promotoras como inhibidoras de los

procesos de exclusión. Así, la participación

en la economía mundial es una forma de garantizar

el acceso a ciertos recursos (circunstancia

que se evidencia cuando un país sufre

un bloqueo económico o un período autárquico),

pero integrarse desde una posición de dependencia

puede producir el efecto contrario:

la progresiva pérdida de recursos de la economía

nacional (Amin, 1988).

En los casos en los que se acumulan sistemas

de protección contra los procesos de exclusión

social se podrá encontrar una mayor

igualdad en el acceso a los recursos y una

menor proporción de la población excluida

del acceso a los bienes más básicos. Es interesante

en este sentido comparar países tan

dispares como los Estados Unidos, Finlandia,

Suecia y España. Estados Unidos es uno

de los países de la OCDE con mayores niveles

de pobreza y desigualdad. En este país

aproximadamente uno de cada seis habitantes

vive con la mitad de la mediana de los ingresos.

Países como Finlandia y Suecia son

muy igualitarios y en ellos menos de una

persona de cada quince se encuentra en dicha

situación. En una situación intermedia

se encontrarían países como España en el

que aproximadamente uno de cada diez ciudadanos

se encuentra baja la línea de pobreza

así definida. Para explicar los motivos que

originan estas diferencias en la distribución

de ingresos se habrán de considerar una

multitud de aspectos. Uno de los que se usa

con mayor frecuencia es el nivel de desempleo.

Para estos países se encuentra que el

nivel de paro más alto afecta a España, los

niveles medios y bajos a Suecia y Finlandia y

los niveles más bajos de desempleo afectan a

los Estados Unidos.

Surge por tanto una paradoja, pese a que

el mercado de trabajo es uno de los principales

mecanismos de inclusión, allí donde hay

menores niveles de desempleo no se encuentra

un mayor nivel de igualdad. Para explicarlo

habría que hablar de otros sistemas de

protección. En concreto países como Suecia y

Finlandia dedican una gran parte de su producto

interno al gasto social. Así, sus moderados

niveles de desempleo y su amplio gasto

redistributivo explicarían sus bajos niveles

de desigualdad. Quedaría por explicar por

ESTUDIOS

60 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

qué España teniendo unos niveles tan elevados

de desempleo y un gasto social menos generoso

se encuentra mejor situado que los

Estados Unidos en cuanto a porcentaje de

hogares bajo la línea de pobreza. En este caso

un aspecto esencial es el peso de la estructura

familiar. Si España contara con la distribución

de personas por hogar de los

Estados Unidos su número absoluto de hogares

pobres se vería incrementado en al menos

un 16%, más de un 25% si contara con la

distribución de personas por hogar de Finlandia

(La Parra, 2000). A esto habría que

añadir los efectos de otras políticas, por

ejemplo, la importancia del distinto tratamiento

recibido por los distintos grupos raciales

en la política pública de los Estados

Unidos (Manza, 2000), en especial, ya que los

grupos raciales en dicho país son numerosos

y ello puede verse reflejado en los indicadores

medios. En el caso de España a pesar de

que similares pautas de distribución puedan

afectar a la población gitana o inmigrante,

éstas no serían visibles en las estadísticas

generales debido a que su peso en la población

total todavía es escaso.

La acumulación de sistemas de protección

en los países nórdicos explicaría su mayor nivel

de igualdad y el menor número de grupos

excluidos. Una muestra de que la ausencia de

redes se traduce en desigualdad se puede observar

en los casos de Inglaterra y Estados

Unidos durante el período de Thatcher y Reagan.

En Inglaterra el porcentaje de hogares bajo

la línea de pobreza pasó de 9,2 en 1979 a

14,6 en 1991. En los Estados Unidos de 15,8 a

17,5 en los mismos años 1. El proceso coincide

en el tiempo con los recortes y la reorientación

de la política social de ambos gobiernos. En

otros países, sin embargo, durante ese período

fue posible reducir el número de personas bajo

la línea de pobreza. En España el porcentaje de

hogares bajo la llamada línea de pobreza paso

de 12,2 al 10,1 en la década de los ochenta.

Se observa que la existencia de redes de

protección es un primer requisito para evitar

los procesos de exclusión. Pero, aunque existan

redes de protección, éstas pueden no ser

igualmente protectoras para todos los sectores

de la población. Una fase económica expansiva

puede parecer beneficiosa para el

conjunto de la población, entre otras razones,

porque se reduce el nivel de desempleo. No

obstante, es igualmente relevante el tipo de

integración que se produce en el empleo. Si

una gran parte de la población que se incorpora

a los nuevos empleos lo hace en trabajos

marcados por la precariedad, la ausencia de

posibilidades de formación o en condiciones

que ponen en riesgo su salud, cuando se produzca

una etapa de recensión económica serán

los primeros en padecer la crisis económica.

Esto ocurre habitualmente con las

mujeres, quienes con frecuencia cuentan con

peores relaciones contractuales, menores niveles

de remuneración, menores tasas de actividad

y por ello son las más perjudicadas

ante una situación de crisis.

La importancia de los criterios de distribución

de las redes existentes en la producción

de desigualdad se puede observar también

en el caso de los sistemas de protección

ante la enfermedad. Además del seguro médico,

uno de los principales mecanismos de

protección en caso de padecer una enfermedad

crónica o discapacidad que dificulta o

imposibilita el trabajo es la consecución de

una pensión de discapacidad. En España la

Seguridad Social prevé dos modalidades de

protección: la contributiva y la no contributiva.

La primera es la propia de la población

activa y la segunda de la población inactiva.

Solamente las personas que han cotizado

1.800 días en los diez años anteriores tienen

derecho a la protección por incapacidad de tipo

contributivo (Lorente, 1997). La cantidad

percibida dependerá del tipo de incapacidad

reconocido y el nivel de salario. La modalidad

no contributiva está reservada para

aquellos que no tienen derecho a la protección

contributiva, desde el año 1990 (Ley

DANIEL LA PARRA Y JOS¿ MARÕA TORTOSA

61 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

1 Datos del Luxembourg Income Study. http://lisweb.

ceps.lu/keyfigures/povertytable.htm.

26/1990). La cantidad establecida para el

año 2000 por este concepto fue de 40.260

ptas/mes (242 ?/mes).

Este sistema hace depender el grado de

protección recibido del tipo de situación en el

mercado de trabajo. Ello implica que aquellos

grupos de población que tienen un menor

grado de participación en la población activa

o cuya integración en el mercado de trabajo

se produce en peores condiciones (en cuanto

a niveles salariales y duración de los contratos)

se encuentran con un menor grado de

protección en caso de enfermedad. En la

práctica el sistema de protección social acaba

discriminando a la población femenina y a la

perteneciente a los estratos más desfavorecidos.

Por ejemplo, en el año 1994, para el grupo

de personas que ha tenido un empleo anteriormente,

la cantidad media recibida por

una mujer con estudios universitarios en

concepto de prestación social por motivos de

salud es de un 1.772.000 ptas/año, frente a

las 2.114.000 ptas/año recibidas por un varón

con estudios universitarios. La remuneración

desciende en los varones con estudios

primarios a 869.520 ptas/año, y aún más en

las mujeres con estudios primarios quienes

cuentan con 652.000 ptas/año de media 2.

Se encuentra que la asignación de recursos

no es neutra pese a ser un dispositivo previsto

en principio para proteger a cualquier persona

ante la contingencia de tener un problema

de salud. Beneficia en mayor medida a los

grupos sociales que concentran más riqueza.

Si el sistema de protección ante la enfermedad

crónica y la discapacidad tiene estas

características, ello es debido a la acumulación

de una serie de decisiones guiadas por

unos determinados criterios ideológicos. En

países como España dichos sistemas se establecieron

a partir de las aportaciones realizadas

por los trabajadores a través de sus

salarios y ya, en los años noventa, se introdujeron

algunas modificaciones para beneficiar

a los grupos de población no activos. Sin

embargo, en los países nórdicos europeos sobre

todo bajo los periodos de gobierno socialdemócratas

se desarrollaron fórmulas de

protección basadas en principios más universalistas

(Navarro y Shi, 2001).

Por lo general cualquier sistema de protección

social puede tener sus efectos distributivos

negativos para determinados grupos

de la población, desde el sistema sanitario

(Hart, 1970), hasta el sistema educativo (Bourdieu,

1994). De manera que el grado de desigualdad

en una determinada sociedad depende

tanto de la existencia de redes de protección,

como de que éstas no orienten los

recursos de forma preferente hacia los grupos

sociales más poderosos.

CONCLUSIÓN: DE LA EXCLUSIÓN

A LA PARTICIPACIÓN CON

EQUIDAD

Llegados a este punto es interesante hacer

una recapitulación sobre los aspectos

esenciales descritos en el nivel individual y

los descritos en el nivel social. En el nivel individual,

la única forma de garantizar que

todas las personas puedan satisfacer sus necesidades

humanas, con independencia de

cuál sea su cultura y personalidad, es que

cuenten con un suficiente grado de autonomía

para poder satisfacerlas. Dicha autonomía

depende de tener la capacidad de tomar

decisiones informadas (y, por tanto, de la

educación), de tener capacidad física y emocional

para realizar las acciones necesarias

(del nivel de salud), de tener medios económicos

para intercambiar (de forma mercantil

o no) por los bienes que necesite y de no estar

ESTUDIOS

62 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35

2 ElaboraciÛn propia a partir del fichero de microdatos

del Panel Europeo de Hogares para EspaÒa en

1994 proporcionado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÕSTICA.

Se han utilizado pesos transversales para garantizar

la representatividad estadÌstica. Se han incluido a

aquellas personas que reciben alguna cantidad en concepto

de prestaciÛn social por motivos de salud y que

han tenido un empleo anteriormente.

sometido a amenazas o violencia que condicionen

sus decisiones.

Por otra parte, en el nivel social, factores

como la evolución de la economía transnacional,

internacional o nacional, la transformación

de las estructuras de parentesco, las políticas

sociales, las guerras o los sistemas

jerárquicos pueden estructurar el acceso a

los recursos de los distintos grupos sociales.

El reto para la consecución de un mayor

nivel de igualdad consiste en incrementar la

capacidad de los individuos y las sociedades

para reducir la vulnerabilidad ante la pobreza

y promover la autonomía de las personas.

La consecución de ese objetivo significa varios

retos en las actuaciones, en especial, en

las de tipo político. El primero de ellos la revisión

de todas aquellas decisiones institucionales

que de forma explícita o implícita

obedecen a pautas discriminatorias en la

asignación de recursos hacia grupos como las

mujeres, los estratos sociales más desfavorecidos,

migrantes o personas pertenecientes a

minorías étnicas. El segundo, es dirigir las

actuaciones hacia la creación de redes de seguridad

y protección o fortalecer las ya existentes.

En este sentido se debe considerar

que ello no siempre supone un incremento

del gasto público, sino aumentar la efectividad

del gasto realizado. Por ejemplo, puede

resultar más económico prevenir el fracaso

escolar que idear sistemas de integración o

de control para las personas que han sido expulsadas

o han abandonado el sistema educativo.

En tercer lugar, uno de los mecanismos

más eficaces para evitar una asignación

sesgada de los recursos hacia los grupos con

más poder es garantizar que todos los grupos

de la población toman parte en la toma de

decisiones. Puesto que, cómo se ha señalado,

los mecanismos de exclusión se pueden producir

en cualquier nivel de interacción, éstos

mecanismos de participación deben introducirse

en cualquier tipo de relación. Desde la

consulta particular, hasta la organización de

la seguridad social, pasando por la planificación

sanitaria, educativa o en política social,

incluso llegando a las relaciones económicas

transnacionales. Este desarrollo democrático

implica que todos los grupos de la población

contribuyan no sólo en la toma de decisiones,

sino también en la creación de opinión, en la

evaluación de intervenciones, que sean incluidos

entre los criterios de planificación o,

al menos, en que sean preguntados para que

puedan dar a conocer sus situaciones y problemas.

Un último criterio, pero no por ello

menos importante, es que las actuaciones

que se desarrollen no comprometan el futuro,

erosionando la cantidad de recursos actualmente

disponible. Este principio de sostenibilidad,

además de la evidente referencia

a la atención a los recursos limitados del planeta,

se refiere a evitar el desgaste de otro tipo

de recursos como pueda ser el que se produce

en el capital humano cuando se somete

a períodos largos de desempleo o cuando importantes

grupos de población están sometidos

de forma crónica a la pobreza.

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