La evaluacion de la penalización al delincuente

Autor:Diego Becerril Ruiz
Cargo:Departamento de Sociología. Universidad de Granada
Páginas:1-36
RESUMEN

La percepción social sobre la penalización de los delitos resulta un elemento clave para comprender las dinámicas sociales y su relación con los procedimientos penales. Es utilizada como justificación a una política penalista expansionista, siempre cimentada sobre las preocupaciones o alarma social. El trabajo analiza la evolución de la suficiencia de los castigos durante la últimos 35 años (1980-... (ver resumen completo)

 
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DICIEMBRE DE 2014
LA EVALUACION DE LA PENALIZACIÓN AL DELINCUENTE
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Diego Becerril Ruiz
Departamento de Sociología. Universidad de Granada
Email: becerril@ugr.es
RESUMEN: La percepción social sobre la penalización de los delitos resulta un
elemento clave para comprender las dinámicas sociales y su relación con los
procedimientos penales. Es utilizada como justificación a una política penalista
expansionista, siempre cimentada sobre las preocupaciones o alarma social. El trabajo
analiza la evolución de la suficiencia de los castigos durante la últimos 35 años (1980-
2014) y la atribución de responsabilidades. Junto a la descripción y evolución, se ha
construido un perfil de las personas favorables a endurecer los castigos.
La fuente de datos son secundarias, las encuestas realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), los Eurobarómetros y la Encuesta Social Europea.
El ámbito es nacional.
Las principales conclusiones son que la evaluación de la justicia como benevolente y la
querencia de castigos más duros dibuja una tendencia de constante incremento, salvo
excepcionales caídas. Esta actitud se muestra más acentuada entre las personas con bajo
nivel de estudios, mujeres, de edad avanzada, ideológicamente de derecha, con ingresos
inferiores y católicos.
La responsabilidad de los castigos insuficientes es mayoritariamente achacada a todo el
sistema, salvo la policía, aunque más a los elementos estructurales (organización
judicial, leyes) que a los funcionales (jueces, fiscales).
PALABRAS CLAVE: Opinión pública; Percepción de la severidad penal; Punitivismo
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El presente artículo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación, financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, DER2012 35860 "Variables para una moderna política criminal superadora de la
contradicción expansionismo-reduccionismo de la pena de prisión".
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ABSTRACT: The social perception of the penalization of the crimes is a key to
understanding the social dynamics and its relation to criminal proceedings element. It is
used as a justification for criminal expansionist policy, always founded on worry or
alarm. The paper analyzes the evolution of the sufficiency of punishment during the last
35 years (1980-2014) and the assignment of responsibilities. Next to the description and
evolution has built a favorable profile people toughen punishment.
The data source are secondary, surveys conducted by the Centre for Sociological
Research (CIS), the Eurobarometer and the European Social Survey. The scope is
national.
The main conclusions are that the evaluation of justice as benevolent and fondness for
harsher punishments draw a trend of steady increase, unless exceptional falls. This
attitude is more pronounced among people with lower level of education, women,
elderly, ideologically right, lower income and Catholics.
The responsibility of insufficient punishment is mainly ascribed to the entire system,
except the police, although the structural elements (judicial organization laws) more
than functional (judges, prosecutors).
KEYWORDS: Public opinion; Perception of criminal severity; punitivism
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1.- INTRODUCCIÓN
España es un país donde la población reclusa registra unos índices relativamente
altos en comparación con su entorno europeo (Larrauri, 2009). Esto indica que la
aplicación de penas se ha ido extendiendo cuantitativamente hacia la prisión, en una
clara actitud expansionista. Tal situación contrasta con los indicadores de criminalidad,
que no han aumentado sino que han descendido en los últimos años.
La opinión pública registra una demanda social de extensión de las penas de
prisión y el endurecimiento de las leyes. Los políticos y gobernantes se encontrarían
“obligados” a dar una adecuada respuesta a estos intereses sociales y, por ello, reformar
con sentido expansionista el código penal. Al menos este es el proceso políticamente
correcto, nunca mejor dicho, pero es cuestionable el sentido direccional de las
iniciativas y demandas.
Lo cierto y verdad es que la opinión pública se ha convertido en un elemento
clave para la configuración de las políticas penales-criminales, más aún que los
indicadores objetivos. Las distintas reformas penales realizadas han estado justificadas
sobre el impacto social de determinados casos, y es una argumentación que sigue
empleándose en la actualidad. Ahora bien, en la mayoría de ocasiones, estas reacciones
populares no responden a una opinión bien informada sino más bien determinada por
imágenes o impresiones derivadas de los medios de comunicación (Varona, 2011).
Y no es únicamente que la demanda social origine reformas legales. El estudio
de las percepciones sociales tiene interés porque, en sentido contrario, la formulación de
leyes y políticas concretas necesita de la aceptación y legitimación social para ser
posible.

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