Europeismo crítico y europa social
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Las reformas laborales del 2010 y 2012, la reforma de las pensiones del 2011 y
del 2013, se gestaron bajo la presión que imponía el rescate bancario y la deuda
soberana generada por la crisis financiera, la irrupción del conglomerado entre
la Comisión Europea, el BCE y el FMI –la troika– sometiendo su ayuda a la estric-
ta condicionalidad política que imponían estas “reformas estructurales” que
devaluaron fuertemente los salarios, degradaron las garantías de empleo y redu-
jeron la capacidad de regular las condiciones de trabajo a través de un sistema
articulado de negociación colectiva, debilitando al sujeto sindical e induciendo
un aumento de la desigualdad social y de la precariedad laboral.
Hoy las variantes de la gobernanza económica europea respecto de la relati-
va recuperación económica permiten un marco de juego relativamente más
amplio, pero las coordenadas básicas de la gobernanza económica sobre el défi-
cit y la deuda siguen vigentes. Hay que recordar que en febrero de 2009, la Comi-
sión Europea metió a España en la “lista negra” de países con déficit excesivo, en
la que estuvieron 24 de los 28 países europeos, y que pese a los recortes extremos
en el gasto público de Zapatero y de Rajoy, el déficit español fue un 9,6% en el
2011, un 10,5% en el 2012 ya con Rajoy, para pasar al 6% en 2014 y finalmente el
3,1% en el 2017. El gobierno de Pedro Sánchez gracias a la mejora de la recauda-
ción lo ha reducido al 2,48% en el 2018, y de esta manera, España ha sido, el 14
de junio del 2019, el último de los países en salir de la “lista negra” de los países
con déficit excesivo. Para ello, como conocen bien quienes trabajan en el sector
público, han sido precisos recortes de miles de millones de euros (34. 753 millo-
nes entre el 2012 y el 2015, en el apogeo del gobierno Rajoy) que han repercutido
fundamentalmente en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnolo-
gía, carreteras e inversiones públicas, junto con un aumento de los impuestos
indirectos, especialmente el IVA, 23.000 millones más de impuestos entre el
2011 y el 2015, según la Agencia Tributaria. A ello se une la impresionante deuda
pública acumulada para financiar el déficit público, que supera el 100% del PIB
en marzo de 2016 (1,095 billones), y al término del gobierno Rajoy se cifra en
1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB. A finales de 2018, la deuda pública
se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. El problema es que la
ministra Calviño y el gobierno de Sánchez se han comprometido en el Programa
de Estabilidad 2019-2022 con Bruselas a rebajar el déficit al 2% en 2019, al 1,1%
EUROPEISMO CRÍTICO Y EUROPA SOCIAL
EDITORIAL
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