La intervención de las comunidades autónomas en cuestiones relativas a las comunidades europeas a través de la comisión general de las comunidades autónomas y la conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas

La evolución institucional de la Comunidad Europea y el aumento considerable en número global y sectores materiales afectados de su normativa eras las sucesivas reformas de los tratados comunitarios han hecho resurgir en los últimos tiempos críticas a la incegración europea, juzgándose -y no sólo desde planteamientos nacionalistas radicales- intolerable tanta intervención comunitaria en sectores nacionales, e inadmisible tanto déficit democrático en su proceso de formación y, en menor medida, de ejecución.

Entre las diversas medidas imaginables para mitigar tales reproches se encuentra el alcanzar una más efectiva participación y control de las comunidades autónomas sobre la acción de los gobiernos, estatal y autonómicos, en asuntos comunitarios cuando sus competencias se vean afectadas. El problema es que todavía se encuentra en fase de edificación el modelo español para esta intervención. En la configuración final que se le dé parece evidente que influirá decisivamente el resultado del intenso debate al que, en los últimos tiempos, se asiste en España enPage 156 relación con la viabilidad, canto desde una perspectiva jurídica como política, de una futura reforma de la Constitución para adecuar el Senado a las necesidades que el Estado de las autonomías presenta en la actualidad española.

El núcleo esencial de este debate está centrado en la reforma del artículo 69 de la Carta Magna, puesto que este precepto -como tampoco el resto de la Constitución- no confiere al Senado funciones territoriales, a pesar de configurarlo en su apartado primero como una cámara de representación territorial¹ lo que conlleva que en nuestro entorno político las comunidades autónomas no se relacionen directamente con el poder central a través de la cámara alta. Dados los conflictos y tensiones que a nivel político y jurídico produce esta situación,² una posible solución pasa por reformar el Senado para convertirlo en mecanismo directo de relación entre las comunidades autónomas y el Estado, de modo que tenga por función básica servir de nexo de unión en la elaboración y discusión de las políticas que inciden en ambos niveles, estatal y autonómico, ya que de convertirse en una auténtica cámara de representación territorial sería, a la vez, el foro adecuado para resolver numerosos problemas comunitarios que actualmente se discuten al nivel ministerial, como es el caso de los fondos de cohesión y las relaciones con las instituciones europeas.³

Sin perjuicio de su innegable interés, un análisis completo de esta problemática desbordaría el ámbito material de este trabajo.⁴ En cambio, conviene analizar laPage 157 reforma que, paralelamente al antedicho debate sobre la reforma constitucional, se ha producido en fechas relativamente recientes en el Reglamento del Senado y en virtud de la que se ha creado la Comisión General de las comunidades autónomas, toda vez que ha comenzado a producir repercusiones en temas comunitarios. Asimismo, debe analizarse el otro foro principal que está facilitando la participación y control de las comunidades autónomas en asuntos comunitarios, cual es la Conferencia para Asuntos Relacionados con las comunidades europeas, institucionalizada en fechas cercanas en el tiempo.

Este artículo pretende dar cuenta del régimen jurídico y la actuación de ambos órganos desde su constitución hasta el presente porque muchos de los abundantes estudios doctrinales dedicados a la intervención de las comunidades autónomas en los asuntos relativos a las Comunidades Europeas presentan el inconveniente de ser anteriores al Tratado de Maastricht y/o a las reformas normativas españolas que los crearon,⁵ y los que son posteriores abordan esta temática desde una perspectiva generalista que no presta atención a la labor de ambos organismos,⁶ sin perjuicio de que haya algunas excepciones honrosísimas que se irán citando con ocasión del estudio de cada uno de ellos.⁷

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La reforma reglamentaria⁸ para potenciar la función territorial del Senado, aprobada en sesión plenaria extraordinaria del Senado de 11 de enero de 1994,⁹ pretende subsanar algunas insuficiencias jurídicas del modelo constitucional español, abriendo con esce fin «una relación y un diálogo multilateral permanente, en sede parlamentaria, entre el Gobierno y las comunidades autónomas» a través fundamentalmente de la Comisión General de las comunidades autónomas, que constituye el núcleo fundamental de esta reforma.¹⁰ Constituida el 2 de febrero de 1994,¹¹ celebró su primera sesión ordinaria el 10 de febrero de 1994.¹² A pesar de su recentud, ya ha comenzado a desplegar cierta influencia para la participación y control de las comunidades autónomas sobre el Gobierno de la Nación cuando están en juego temas relativos a las Comunidades Europeas.

El sistema español de intervención de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal en el seno de las instituciones comunitarias y en la ejecución del Derecho comunitario no se articula sólo ni principalmente mediante la Comisión General de las comunidades autónomas, sino a través de la cooperación y coordinación bilateral¹¹⁷ y, fundamentalmente, la red de conferencias sectoriales, es decir, organismos de encuentro por sectores del Gobierno con el conjunto de comunidades autónomas¹¹⁸ que el Pacto autonómico de 28 de febrero de 1992 califica como el instrumento de colaboración adecuado para abordar la participación autonómica en asuntos relativos a las Comunidades Europeas.¹¹⁹

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Disposiciones legislativas ulteriores avalan este enfoque de las conferencias sectoriales,¹²⁰ dando fe de un modo elegante del fracaso de la vía del convenio global entre el Estado y las comunidades autónomas, que fue la inicialmente preferida.¹²¹

Sin perjuicio de que las conferencias sectoriales españolas hayan alcanzado algunos éxitos importantes en el ámbito de sus respectivas competencias en materias comunitarias,¹²² la principal conferencia, aunque realmente no sea sectorial, es la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas,¹²³ configurada por el Pacto autonómico de 1992 como el foro idóneo para que se siga articulando, desde una perspectiva general, la participación de las comunidades autónomas en los asuntos relativos a las Comunidades Europeas, porPage 184 lo que solicitaba su institucionalización y el perfeccionamiento de sus métodos de trabajo.¹²⁴

La intervención de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios y su control sobre el Gobierno central presenta insuficiencias y deficiencias que, poco a poco, están siendo remediadas.

Merece una valoración positiva en particular la creación de la Comisión General de las comunidades autónomas respecto a la situación anterior, porque este órgano está llamado a pronunciarse sobre cuestiones comunitarias con cierta frecuencia, sea porque se le ha atribuido la competencia al respecto, sea por la interre-lación que presentan los asuntos relativos a las Comunidades Europeas con los temas de interés autonómico cuyo conocimiento le ha sido directamente conferido. Dada la composición de la Comisión General, las comunidades autónomas podrán participar indirectamente en las decisiones a adoptar por las Cortes Generales. El desarrollo de las sesiones dedicadas por la Comisión General al debate sobre la situación del Estado de las autonomías, en septiembre de 1994, ha corroborado del modo más diáfano esta expectativa, satisfaciendo a las comunidades autónomas. Asimismo, el examen práctico del ejercicio de sus otras competencias ha permitido confirmar las observaciones en este sentido apuntadas a lo largo de este trabajo.

No obstante, desde una perspectiva general -que afecta directamente a la intervención de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios- puede considerarse insatisfactoria la reforma reglamentaria, ya que la creación de la Comisión General no ha supuesto -ni podía suponer por razones jurídicas- un incremento de las funciones territoriales del Senado ni de los criterios de su composición, dado que ambas cuestiones sólo se pueden cambiar a través de una revisión del texto constitucional. En consecuencia, la reforma reglamentaria se ha limitado a modificar la estructura interna del Senado para favorecer la expresión de los intereses territoriales en el ejercicio de las funciones parlamentarias, pero sin alterar la falta de naturaleza territorial de la Cámara Alta: sigue siendo una cámara dependiente competencia! y funcional mente del Congreso de los Diputados, que casi no tienen atribuciones específicas en materia de comunidades autónomas y cuya composición política no difiere mucho de la del Congreso.¹⁷⁶ Lógicamente, esta limitación competencial del Senado disminuye notablemente las posibilidades de participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios y la eficacia de su control sobre el Gobierno central.

La situación se agrava porque la intervención de las comunidades autónomas en el proceso formativo de la voluntad estatal en asuntos comunitarios se lleva a cabo no tanto en el Senado, que debería ser el foro adecuado, como en el interior de las conferencias sectoriales, y sobre todo, de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, es decir, de unos órganos intergubernamentales una de cuyas funciones es organizar la cooperación estatal y autonómicaPage 204 en la fase de aplicación del Derecho comunitario. A pesar de sus importantes funciones, y de los logros positivos que han alcanzado con el tiempo, por lo que en términos generales debe valorarse positivamente su institucionalización, las conferencias creadas no funcionan en general con la agilidad y coordinación que sería preciso para alcanzar completamente sus fines.

La corta experiencia autonómica y europea de España puede explicar los problemas que causa asumir las consecuencias del regionalismo y del supranacionalis-mo sobre la posición central del Estado en las relaciones internacionales. Ahora bien, la configuración que la Constitución española hace del Estado de las autonomías impone una intervención efectiva de los entes autonómicos en la formación y ejecución del Derecho comunitario. A pesar de que se trate de fases diferentes, y resulte lógico un predominio del Gobierno en la primera, y un reparto de funciones en la segunda -si bien con tendencia a un progresivo aumento de la importancia de las comunidades autónomas-, no puede negarse que la formación y la ejecución presentan profundas conexiones, ya que suele ser mejor la aplicación del Derecho comunitario por los sujetos que han participado en su creación, de manera que deben redoblarse los esfuerzos para implicar más a las comunidades autónomas en la fase ascendente.

Sin perjuicio de eventuales reformas de menor alcance, sea mejorando los métodos de trabajo o incrementando las competencias de los órganos existentes, sea creando otros, la mejor solución a los problemas estructurales que presenta la intervención de las comunidades autónomas en asuntos comunitarios, y más en general en la vida política interna española, pasa inexcusablemente por la reforma de la Constitución. Pero conseguir estas metas no será tarea fácil porque esta reforma del Senado precisa, para ser eficaz, del mismo consenso entre las diferentes fuerzas políticas que tuvo la Constitución para su aprobación.

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[1] Se ha resaltado esta contradicción señalando que «el artículo 69.1 opera, en realidad, como instrumento de deslegítimación del Senado constitucional» (Martínez Sospedra, M., La reforma del Senado, Valencia: Fundación Universitaria San Pablo CEU, 1990, pág. 60),

[2] Estas tensiones se han manifestado especialmente en la V Legislatura, finalizada el 9 de enero de 1996, debido a la falta de mayoría absofuta en las Cortes Generales del Partido Socialista Obrero Español tras las elecciones generales de 6 de junio de 1993 y la subsiguiente necesidad de negociar en este foro con las minorías nacionalistas, especialmente con el grupo parlamentario catalán de Convergencia i Unió. La situación se está repitiendo en la VI Legislatura, dada la similitud de la situación política que ha resultado tras las elecciones de 3 de marzo de 1996, con la única novedad de que ahora es el Partido Popular quien carece de mayoría absoluta y debe negociar.

[3] Vid., en general, sobre el estado de la reforma del Senado, con abundante bibliografía sobre el tema, AA. W., La reforma del Senado, Madrid: C.E.C., 1994; Albertí Rovira, E., Roig Moles, E. y Son Jane, J., La reforma constitucional del Senado, Barcelona: Instituí d'Estudis Autonómics, 1995-Vid. asimismo Bilbao Arrese, J. M., «La reforma constitucional de la composición del Senado», Revista de las Cortes Generales, nún. 33, 1994, pág, 185 y ss.; López Garrido, D., «Hacia un nuevo Senado. Propuesta de reforma constitucional», Revista de Lis Cortes Generales, núm. 33, 1994, pág. 7 y ss.; Martínez Sospedra, M,, «Forma del Estado y estructura del Parlamento: Notas sobre la reforma del Senado Constitucional», Revista de las Cortes Generales, núm. 33. 1994, pág. 27 y ss.

[4] Además, la reforma del Senado se halla en una fase embrionaria de estudio, por lo que aún es prematuro para pronunciarse sobre cuál será su alcance real -si es que llega a cristalizar- sobre los asuntos comunitarios: la prudencia exige esperar a la evolución de los acontecimientos. De todos modos, cabe destacar la constitución, el 21 de noviembre de 1994, en una reunión de la Comisión conjunta de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la Comisión Constitucional, de la Ponencia de estudio para la reforma constitucional del Senado, con el objetivo primordial de detallar las nuevas funciones del Senado. En la V Legislatura estuvo presidida por el presidente del Senado, y compuesta por 13 senadores (4 del Grupo Socialista, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo de Convergencia i Unió, 1 del Grupo Nacionalista Vasco, 1 del Grupo de Coalición Canaria y 2 por el Grupo Mixto), y sus trabajos se desarrollaron con arreglo a un programa de comparecencias a tres niveles: de los ponentes constituyentes, de los presidentes de las comunidades autónomas y de expertos (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, serie 1 (boletín general), núm. 204, de 2 de diciembre de 1994, pag. 10-11; Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 142, pág. 3-4). En la VI Legislatura está dirigida también por el presidente del Senado, pero se halla compuesta por 18 miembros (7 del Grupo Popular, 5 del Grupo Socialista, 2 del Grupo Catalán, 2 del Grupo Vasco y 2 del Grupo Mixto) (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1996, núm. 54, pág. 2).

[5] Vid., entre una abundantísima doctrina, Bullain López, I., Las regiones autónomas de la Comunidad Europea y su participación en elproceso de integración, Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1990, espec. pág. 196 y ss.; García de Enterría, E., «La participación de las comunidades autónomas en la formación de las decisiones comunitarias», R.E.D.C., núm. 33, 1991, pág. 3 y ss.; Mangas Martín, A., «Comunica Autonome e Diritto Comunitario in Spagna: un approchio genérale», Le Regioni, vol. XX, 1992-3, pág. 665 y ss.; Pérez Calvo, A., «Participación de las comunidades autónomas en la formación de la posición que el Estado ha de trasladar a las instituciones comunitarias», Documentación Administrativa, núm. 232-233, octubre de 1992-marzo de 1993, pág. 247 y ss.; Pueyo Losa, J., «Sobre el principio y los mecanismos de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en asuntos relacionados con las Comunidades Europeas», R.I.E., 1989-1991, pág. 29 y ss.; Pinol Rui!, J. L., Pi Sufier, M. y Cienfiiegos Mateo, M., Elprindpi de subsidtarietat i la seva aplicado a les entitats subestatak: conseqüéncies en el desenvolupament de les Comunitats Europees, Barcelona: Institut d'Estudis Autonómics, 1991, espec. pág. 23 y ss. Vid. asimismo las contribuciones a los coloquios L'aplicacié del dret de la Comunitat Europea peis organismes subestatals, Barcelona: Insdtuc d'Estudis Autonómics, 1986; Constitución, comunidades autónomas y Derecho internacional, Santiago de Compostelar Xunta de Galicia, 1982; La integración de España en las Comunidades Europeas y las competencias de las comunidades autónomas^ Barcelona, 1985; Relaciones internacionales y Comunidades Autónomas, Barcelona: Institut d'Estudis Autonómics, 1990; Comunidades autónomas y Comunidades Europeas. Relaciones jurídico-institucionales, Vaüadolid: Cortes de Castilla y León, 1991.

[6] Por ejemplo. García Segura, C., L'activitat exterior de les regions: una dicada de projecció exterior de Catalunya, Madrid: Publicacions Fundació Jaume Bofill, 1995; Pérez Calvo, A., Estado autonómico y Comunidad Europea, Madrid: Ed. Tecnos, 1993; Pérez González, M., "La onda regional en Bruselas y el ámbito de! poder exterior (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 165/1994, de 26 de mayo)», R.I.E., 1994-3, pág. 899 y ss.; Ruiz Ruiz, F., «Las competencias de las comunidades autónomas en el desarrollo normativo y la ejecución del Derecho comunitario europeo. Análisis de la jurisprudencia constitucional», R.E.D.C, núm. 45, 1995, pág. 279 y ss.; Vid. asimismo las contribuciones al coloquio La acción exterior y comunitaria de los Länder, regiones, cantona y comunidades autónomas, Vitoria: Instituto Vasco de Administración Pública, 1994.

[7] Dejando al margen que los autores que se citarán estudian uno u otro órgano, pero no ambos, debe subrayarse que la atención prestada al examen teórico del régimen jurídico de la Conferencia para los Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas les lleva a no otorgar mucha trascendencia al examen de su práctica, casi obviándola, y el análisis de la Comisión General de las Comunidades Autónomas es exclusivamente reórico o presenta una dimensión práctica tan general que no se destacan sus elementos comunitarios.

[8] Vid., en general sobre la Comisión General de las Comunidades Autónomas, además de los autores citados supra, noca 3, García Pechuan, M., «La reciente reforma reglamentaria del Senado (Encuadre y significado de la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas)», Revista de las Cortes Generales, núm. 32, 1994, pág. 87 y ss.; García-Escudero Márquez, P., «La Comisión General de las Comunidades Autónomas: reforma del Reglamento del Senado", R.A.P., núm. 133, 1994, pág. 485 y ss. («La Comisión General de las Comunidades Autónomas: balance de seis meses de reforma del Reglamento dei Senado», en La reforma del Senado, op, cit., pág. 39 y ss.); Gutiérrez Rodríguez, F. y Morales Arroyo, J. M., «Un intento de territorialización del Senado: la Comisión General de las Comunidades Autónomas», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 20, 1994, pág. 305 y ss.; Saiz Arnai'i, A., «El Senado y las comunidades aurónomas», R. V.A.P., núm. 41, 1995, pág. 293 y ss.; Sánchez Amor, I., «El Senado y las comunidades autónomas. Crónica de un desencuentro», La refirma del Senado, op. cit., pág. 75 y ss.

[9] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie III A (proposiciones de ley del Senado), núm. 5 h, de 17 de enero de 1994, pág. 49-55- Para una visión global de la reforma reglamentaria. Vid. especialmente Da Silva Ochoa, J. O, «El Senado en la encrucijada: la reforma reglamentaria de 11 de enero de 1994», La reforma del Senado, op. cit., pág. 17 y ss.

[10] Laborda Martín, J. J., «La reforma del Senado», Anuario El País, 1995, pág. 136. Adicionalmente señala el antiguo presidente de! Senado que con la creación de la Comisión General de las comunidades autónomas se intenta introducir un discurso político que evite uno de los riesgos más graves que padece nuestro sistema democrático, cual es que "el enfrentamiento entre comunidades autónomas se convierta en táctica electoral o en estrategia política»; asimismo, que el Gobierno no se enfrente sólo a «las exigencias de reformas competenciales al alza en favor de determinados estatutos» de las comunidades autónomas; que los partidos nacionalistas descubran que «una cámara territorial ayuda a que en toda España sus aspiraciones sean mejor entendidas»; y, finalmente, que los partidos de implantación en todo el territorio español se vean «obligados a construir un discurso político coherente», impidiendo o dificultando «mensajes disrintos en los niveles autonómico y estatal por pura táctica electoral».

[11] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994. núm. 57, pág. 1-4.

[12] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura. 1994, núm. 59, pág. 1-3.

[13] A la vista de este régimen jurídico peculiar se ha-podido decir que la Comisión General «es una especie de embrión de nueva Cámara, un Senado dentro del Senado» (Sánchez Amor, I., «El Senado y las comunidades autónomas. Crónica de un desencuentro», op. cit., pág. 114).

[14] En contra de la propuesta alternativa a este texto presentada por el Grupo Parlamentario de los Senadores Nacionalistas Vascos, que fue rechazada, que configuraba la Comisión General como un órgano compuesto por 17 senadores elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de entre los senadores autonómicos del artículo 69.5, más dos senadores autonómicos más por cada comunidad autónoma de primer rango (Vid., para mayores detalles al respecto, García Pechuan, M., «La reciente reforma reglamentaria del Senado (Encuadre y significado de la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas)», op. cit., pág. 111-113).

[15] Su distribución en la fase final de la V Legislatura fue: 28 miembros del Grupo Socialista (16 de designación autonómica y 12 de elección directa), 24 miembros del Grupo Popular (10 y 14 respectivamente), 4 miembros del Grupo de Convergencia i Unió (3 y 1 respectivamente), 2 miembros del Grupo Mixto (designación autonómica), 2 senadores Nacionalistas Vascos (1 y 1 respectivamente) y 2 senadores de Coalición Canaria (elección directa).

[16] Su distribución es 26 miembros del Grupo Popular, 18 del Grupo Socialista, 2 del Grupo de Convergencia i Unió, 2 del Grupo Mixto y 2 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VI Legislatura, serie I (boletín general), núm. 14, de 28 de mayo de 1996, pág. 2-3).

[17] Por ejemplo, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 229, de 8 de febrero de 1995, pág. 3; núm. 354, de 13 de diciembre de 1995, pág. 5; VI Legislatura, núm. 135, de 7 de febrero de 1997, pág. 2.

[18] Según el artículo 63 del Reglamento del Senado, aunque todos los senadores pueden asistir a las sesiones de cualquier comisión, sólo los que defiendan una enmienda pueden hacer uso de la palabra. En la práctica, esta previsión supone que 15 Senadores de designación autonómica tienen derecho a asistir e intervenir en los debates de la Comisión General, ya que de los 48 senadores autonómicos sólo 33 eran titulares de ella. Sin embargo, su participación en las sesiones ordinarias de la Comisión General ha sido muy desigual y poco activa, salvo en el debate sobre la situación del Estado de las autonomías [Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 2).

[19] Señalan E. Albercí Rovira, E. Roig Moles y J. Son Jane que se trata de «una novedad radical y extraordinariamente significativa en aras a la consecución de los objetivos de la reforma», ya que convierte a «la Comisión General en cauce de participación autonómica (a través también, y muy significativamente, de los órganos ejecutivos) y colaboración de las comunidades en las decisiones legislativas que les puedan afectar y en aquellos otros ámbitos que se sirúan bajo la competencia de la Comisión General, de contornos mucho más amplios que los meramente legislativos» (La refirma constitucional del Senado, op. cit., pág. 29).

[20] Basta señalar que todos los presidentes autonómicos, excepto el del País Vasco, han asistido a alguna reunión de la Comisión General (vid. infra apartado B para mayores deralles).

[21] Gutiérrex Rodríguez, F. y Morales Arroyo, J. M., «Un intento de territorialización del Senado: la Comisión General de las Comunidades Autónomas», op. cit., pág. 314-315. Por esta composición califican a la Comisión General como la «gran comisión» y señalan que revela su finalidad esencial de convertirse en un foro de debate de la problemática del Estado autonómico.

[22] 62 miembros (50 en la VI Legislatura), 15 senadores de designación autonómica, el Gobierno de la Nación y los 17 representantes de las comunidades autónomas. Aunque algunos autores han criticado esta abultada composición de la Comisión General, compartimos la opinión de que no está de más ninguno de los potenciales intervinientes (Saiz Arnaii, A., «El Senado y las comunidades autónomas», op. cit., pág. 305-306).

[23] Durante 1994 sólo hubo 3 secretarios, dado que en la sesión constitutiva se produjo la renuncia del secretario cuarto y su puesto quedó vacante. Durante la V Legislatura sólo hubo 3 secretarios, dado que en la sesión constitutiva se produjo la renuncia del secretario cuarto y su puesto quedó vacante. En la VI Legislatura se ha vuelto a la normalidad (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1996, núm. 2, pág. 2).

[24] Es difícil movilizar de un día para otro a los potenciales 95 asistentes para celebrar las reuniones, por lo que era prácticamente imposible que celebrase reuniones con la periocididad que requiere el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias que se le han confiado.

[25] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 57, pág. 4-7.

[26] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 59, pág. 1-3; 1995, núm. 211, pág. 9. Sobre las razones de fondo que aconsejaban la creación de esta Subcomisión, vid. el Informe anual de 1994, sobre las actividades y deliberaciones de la Comisión General de las comunidades autónomas respecto del desarrollo del Estado de las Autonomías, Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 3-4).

[27] En concreto, las competencias delegadas son declarar qué iniciativas parlamentarias han de ser objeto del informe previo sobre su contenido autonómico previsto por el artículo 56.¿del Reglamento del Senado; designar ponencias especializadas para el examen previo de temas que afecten a una comunidad autónoma en particular, y encomendar a cualquiera de sus miembros la preparación de informes previos acerca de cualquier asunto que tramite la Comisión General, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de! Senado; acordar la comparecencia del Gobierno, autoridades de las comunidades autónomas u otras personas de acuerdo con lo que prevén los artículos 66 y 61 del Reglamento del Senado; y aprobar los informes de naturaleza no legislativa susceptibles de delegación previstos en el artículo 56 (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 59, pág. 1-3; 1995, núm. 211, pág. 9). En cambio, la Comisión General no ha delegado en la Mesa y Portavoces la facultad de informar y evaluar sobre la acción del Fondo de Compensación Interterrito-rial -artículo 56.» del Reglamento del Senado- a la vista del recelo de sus miembros (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 122, pág. 11-15). En la VI Legislatura se han vuelto a delegar las mismas competencias en la Mesa (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1996, núm. 2, pág. 2; núm. 20, pág. 2).

[28] Es razonable esta previsión porque ni las comunidades autónomas ni el Gobierno central están representados en la Subcomisión y, sin embargo, rienen derecho a intervenir en las reuniones de la Comisión General.

[29] Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 4.

[30] Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 6.

[31] De hecho, un representante del Gobierno central asiste sistemáticamente a las reuniones de la Mesa y Portavoces, y en ocasiones acuden también los representantes autonómicos (Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág.2-3).

[32] Algunas comunidades autónomas han aprovechado esta facultad: por ejemplo, en 1994 fueron convocados dos plenos de la Comisión General a instancias del Gobierno de Canarias en relación con la proposición de ley de modificación de los aspectos económicos del régimen económico fiscal de Canarias, y una vez a instancias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial; asimismo, a instancias del Gobierno de la Generalitat se reunió la Subcomisión para informar sobre el contenido autonómico del proyecto de ley para incorporar al ordenamiento español la Directiva 89/552/CEE, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 3).

[33] Asimismo, la Mesa y Portavoces crearon, en su sesión de 10 de febrero de 1994, la figura del relator como órgano individual preparatorio de los trabajos de la Subcomisión, que debe ser uno de sus miembros, nombrando dos relatores cada tres meses (es decir, 4 por periodo de sesiones), prorro-gables, y que normalmente se van rotando (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1995, núm. 211, pág. 9; Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 4-5).

[34] Además, las intervenciones que se produzcan en esta sesión podrán realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, lo que constituye la consagración de la vieja reivindicación de las comunidades autónomas que tienen idiomas oficiales propios.

[35] Existen otras peculiaridades en relación con la fijación del orden del día, el desarrollo de los debates, etcécera, pero su estudio no presenta mucho interés para el desarrollo de este trabajo, por lo que cabe remitirse sobre este extremo a los autores señalados sufra con carácter general para el análisis de la Comisión General.

[36] Se amplía de este modo el número de sujetos legitimados hasta entonces por el artículo 108.1 del Reglamento del Senado: un grupo parlamentario o 25 senadores. A pesar de que es la opinión mayoritaria en la doctrina (vid., por todos, García-Escudero Márquez, P., «La Comisión General de las Comunidades Autónomas (reforma del Reglamento del Senado)», op. cit., pág. 492-493), se plantean dudase interrogantes para el ejercicio de la iniciativa'legislativa (vid. al repecro Gutiérrez Rodríguez, F. y Morales Arroyo, J. M., «Un intento de territorialización del Senado: la Comisión General de las Comunidades Autónomas», op. cit., pág. 325-326).

[37] A modo de concretización de esta competencia general, el Reglamento del Senado prevé que la Comisión General debe informar sobre toda iniciativa legislativa de atribución por las Cortes Generales a las comunidades autónomas de la potestad de dictar normas legislativas u otras facultades en materias de competencia estatal (artículo 56.j y k); informar sobre las iniciativas de leyes de armonización (artículo 56-l); ejercer funciones de control, seguimiento y valoración respecto a los proyectos de inversión incluidos en el Fondo de Compensación lnterterritorial y su impacto conjunto en la corrección de los desequilibrios interregionales (artículo 56. ñ); informar sobre lis secciones de la Ley de presupuestos generales del Estado que afecten al sistema de financiación de las comunidades autónomas (artículo 56.o); y remitir un informe anual al presidente del Senado sobre sus actividades y deliberaciones respecto del desarrollo del Estado de las autonomías (artículo 56.f). Vid también las hipótesis citadas infra para el caso de la Comunidad Europea.

[38] La Comisión General ha de elaborar un dictamen sobre los convenios de gestión y prestación de servicios, y cooperación curre comunidades autónomas (artículos 56.c y dy 137 y 138) y debe informar sobre las iniciativas gubernativas de aprobación de medidas de ejecución forzosa (artículo 56,w) y de disolución de entes locales (artículo 56.n).

[39] La Comisión General ha de ser informada acerca de los acuerdos que se celebren entre el Gobierno central y las comunidades autónomas (artículo 56.e), los conflictos políticos o conflictos de competencia formalizados ante el Tribunal Constitucional (artículo 56./, los acuerdos que se alcancen en los órganos de cooperación y coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas (artículo 56.¿l. Vid. también los casos citados infra respecto a las Comunidades Europeas.

[40] Adicionalmente este precepto prevé que el Gobierno podrá solicitar que se celebren sesiones informativas para comparecer en ellas.

[41] Aunque esta posibilidad es controvertida, vid, razones a favor en Gutiérrez Rodríguez, F. y Morales Arroyo, J. M., «Un intento de territorialización del Senado: la Comisión General de las Comunidades Autónomas», op. at., pág. 329-330.

[42] Es imparable el crecimiento de materias que son competencia regional que presentan una dimensión comunitaria: basta pensar en sectores como la agricultura, el medio ambiente, la planificación regional, la pesca y la cultura. Son, por otra parte, notables los impactos financieros y económicos que producen normativas comunitarias (piénsese en los fondos estructurales y en los fondos de cohesión). Y si resulta imprescindible una mayor intervención de ias administraciones autonómicas en los temas comunitarios, porque la Administración del Estado no puede hacerlo todo, son lógicas sus reivindicaciones para ser más asociadas en los procesos de formación y aplicación del Derecho comunitario.

[43] Vid. en general sobre las peticiones de los entrses regionales, Asióla Madariaga, J., «Las regiones en la Unión Europea», R.E.D.C., núm. 45. 1995. pág. 95 y ss.; O'Leaiy, S. y Hernández. Martin, J. M., «¿Hacia la Europa de las regiones? El principio de subsidiariedad, la integración europea y el futuro de las entidades subestatales», Remita de Estudios Políticos, núm. 90, 1995, pág. 299 y ss.; Presseguer Gene, J., «La representado de les col-leccivirurs rerritorials en el si de la CEE», Integrado Europea, núm. 12. 1992, pág. 78 y ss.

[44] Vid., sobre el mismo, Bullain López, i., »El Comité de las Regiones previsto en el Tratado de la Unión Europea», Caceta jurídica de la CE. y de la competencia, 1992, 13-78, pág. 1 y ss.; Gor-don Vergara, A., «El Comité de Regiones: una nueva creación del Tratado de Maastricht», Noticias CEE, núm. 99, 1993, pág. 17 y ss.; Pérez González, M., «Algunas observaciones sobre el Comité de las Regiones y su función en el proceso de constitución de la Unión Europea», R.I.E., 1994-1, pág. 31 y ss.

[45] Para una visión amplia y actual del tema, con abundanre bibliografía sobre las peticiones y logros de las comunidades autónomas españolas con vistas a su participación en los asuntos comunitarios en la fase nacional, vid. Gutiérrez Espada, C, «La búsqueda por las Comunidades Autónomas de su presencia directa en y ante las Comunidades Europeas», Caceta Jurídica de la CE. y de la competencia, 1994, D-22, pág. 169 y ss.; Ortuzar Andechaga, L.. Gómez Campo, E. y Hernández Lafuente, A., La participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios europeos, Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas, 1995, espec. pág. 125 y ss.

[46] Vid. infra aparrado B.4.

[47] Informe anua! de 1994, sobre las actividades y deliberaciones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas respecto del desarrollo del Estado de las autonomías, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pag. I-10. Para las incidencias de su aprobación, vid. Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1995, núm. 211, pág. 9-15- Este informe se inicia explicando la composición de la Comisión General y cómo se Llevan a cabo las convocatorias y la elaboración del orden del día; se describe a continuación de forma pormenorizada la Subcomisión de la Mesa y Junta de Portavoces, así como la figura del relator; finalmente, se relatan muy bien lo que han sido las actividades de la Comisión General (comparecencias, constitución de ponencias, dictámenes, etcétera), y se efectúa una valoración política.

[48] A su vez, la Mesa y Junta de Portavoces se ha reunido, durante 1994, en 26 ocasiones, dado que se reúne generalmente con una periocididad quincenal (en concreto, los martes) (ibid, pág. 2).

[49] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1996, núm. 2, pág. 1-2.

[50] Es el caso de las dos sesiones dedicadas al debate sobre la situación del Estado de las autonomías, de 26 y 27 de septiembre de 1994, y que duraron 7.30 horas (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 128, pág. 1-73) y 7.20 horas (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones. V legislatura, 1994, núm. 129, pág. 1-74) respectivamente. La duración del segundo debate sobre el Estado de las autonomías, celebrado los días 12 y 13 de marzo de 1997, fue parecida.

[51] Boletín Oficial de ¡as Cortes Generales, Senado, serie I (boletín general), núm. 204, de 2 de diciembre de 1994, pág. 10-11; Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994,núm. 142, pág. 1-4.

[52] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, 1995, núm. 215, pág. 1-3; núm. 261, pág. 1-2. Tan escasa actividad se explica porque sus rrabajos se han limitado hasta ahora a su constitución, la designación de los senadores que han de cubrir las plazas vacantes que se han ido produciendo y el examen de la composición de la Ponencia para el estudio de la reforma de La Constitución. Cabe resaltar que en la VI Legislatura ha pasado a denominarse Comisión especial para el estudio de la reforma constitucional del Senado y sólo se ha reunido, durante 15 minutos, para constituirse el 6 de noviembre de 1996, designar la Mesa y delegar funciones en ella, y nombrar los miembros de la Ponencia para la reforma de la Constitución (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1996, núm. 54, pág. 1-2).

[53] Vid. infra.

[54] Por el momento, en la VI Legislatura sólo se ha constituido la ponencia dedicada al sistema de financiación autonómica, nombrada el 16 de octubre de 1996 (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1996, núm. 46, pág. 8-9).

[55] Los informes de las ponencias legislativas se presentaron el 18 de febrero de 1994 y fueron aprobados por el Pleno de la Comisión General los días 9 y 10 de marzo de 1994 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 5-6). De las ponencias de estudio sólo han presentado su informe las relativas ai papel y funciones de los entes territoriales en la Unión Europea (Vid. infra) y a los enclaves territoriales (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 363, de 26 de diciembre de 1995, pág. 1-20).

[56] Tras este debate, el Senado aprobó una moción por la que acordó que «la Comisión General de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta de modo particular la opinión de los represen-cantes españoles, tanto de las Comunidades Autónomas como de los entes locales, en el Comité de las Regiones, contribuya a definir criterios sobre el papel y funciones de los entes regionales en el futuro de la Unión Europea» (Boletín Oficial de tas Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm, 171, de 6 de octubre de 1994, pág. 25).

[57] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 150, pág. 2-4.

[58] Informe de la Ponencia de b Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el papel y funciones de los entes territoriales en el futuro de la Unión Europea, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 360, de 21 de diciembre de 1995, pág. 1-21.

[59] La Ponencia, compuesta por 11 senadores, celebró 12 reuniones desde su constitución el 14 de diciembre de 1994 hasta la aprobación del informe el 1 1 de diciembre de 1995, de las cuales 5 fueron organizativas (constitución de la ponencia, preparación del plan de trabajo, y debate y aprobación del informe) y el resto se dedicaron a comparecencias de personalidades (como el director de Cooperación Territorial y secretario de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, y el Comisionado para Actuaciones Exteriores de la Generalitat de Cataluña) y expertos (como los catedráticos Luciano Parejo Alfonso y Araceli Mangas Martín).

[60] Especialmente, el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), la iniciativa INTE-RREG II (Iniciativa Comunitaria de desarrollo trasfronterizo, cooperación transfronteriza y redes de energía seleccionadas) y dos resoluciones del Parlamento Europeo sobre la cooperación transfronteriza interregional y las regiones atlánticas.

[61] Básicamente se refiere a la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales, y a su Convenio marco de cooperación transfronteriza de 21 de mayo de 1980,

[62] Se alude a la Asociación de Regiones Europeas Fronterizas.

[63] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 360, de 21 de diciembre de 1995, pág. 4.

[64] Se hace referencia a las posibilidades brindadas por la Constitución, los estatutos de autonomía y otras leyes, y a la participación orgánica a través de las conferencias sectoriales, y especialmente la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

[65] Después de analizar la noción de relaciones internacionales y la situación del Estado como interlocutor de la Unión Europea a la luz de la jurisprudencia constitucional, se dedica al examen del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y de la garantía del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario.

[66] Tras evocar el Tratado de la Unión Europea (artículos 129, 130, 130 R y 146), presta mucha atención a la acción reciente del Parlamento Europeo (con referencia incluida a la Conferencia del Parlamento Europeo y los Poderes Locales de la Comunidad celebrada en Bruselas del 6 al 8 de abril de 1994) y a la actividad desarrollada por el Comité de las Regiones desde su creación, citando su dictamen de 20 de abril de 1993 sobre la revisión del Tratado de la Unión Europea y su dictamen complementario de 25 de abril de 1995 sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en la Unión Europea. Todo ello se completa con una visión sumaria de las realizaciones comunitarias anteriores al Tratado de Maastricht.

[67] En concreto, se refiere a los casos del Consejo de Europa (citando al Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa y sus antecesores), el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, la Asamblea de Regiones de Europa, la Conferencia de las Regiones Marítimas Periféricas de la Comunidad Europea, la Asociación de Regiones Europeas de Tecnología Industrial y la Asociación de Regiones Fronrerizas Europeas.

[68] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 360, de 21 de diciembre de 1995, pág. A. A su vez, la razón por la que se excede el mandato del Senado y de la Comisión General de las Comunidades Autónomas a! estudiar el papel de los entes territoriales no sólo en la Unión Europea, sino también en otros organismos e instituciones internacionales distintos estriba en que «tales experiencias han sido, a menudo, precedente y ejemplo de lo que posteriormente habrían de ser concretas realidades comunitarias" (pág. I 1).

[69] En concreto, se propone que el Comité de las Regiones cuente con una infraestructura propia e independiente de la del Comité Económico y Social; un presupuesro propio y separado; el aumento del número de casos preceptivos de consulta; el establecimiento de una obligación de consulta del Parlamento Europeo; y la concesión de legitimación activa ante el Tribunal de Justicia para la defensa de sus intereses.

[70] Entre otras medidas, se sugiere la celebración de reuniones de las comunidades autónomas antes de las conferencias sectoriales para llegar a una postura común, siendo la solución óptima en el marco de una conferencia interautonómica, sin la presencia de la Administración central; y la mejor utilización de los canales de información ya existentes y del sisrema de procesamiento del importante volumen de documentación generado por la Unión Europea.

[71] Boletín Oficial de Las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 360, de 21 de diciembre de 1995, pág. 18-21.

[72] El abundante asesoramiento que prestaron eminentes profesores de Derecho internacional público, Derecho constitucional, Ciencia política y Derecho administrativo ayuda a comprender estas virtudes.

[73] Diario Oficial de ¡as Comunidades Europeas, núm. L 31, de 4 de febrero de 1994, pág. 29. Vid. sobre el terna, Mangas Martín, A., «El nombramiento de los miembros de! Comité de Regiones: el caso español», Noticias de la Unión Europea, núm. 117, 1994, pág. 11 y ss.

[74] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 87, pág. 2-5. Los criterios para el nombramiento de los 6 titulares y 6 suplentes que corresponden a España son: seis titulares y suplentes son propuestos en representación de las comunidades autónomas, y los otros seis en representación de las entidades locales; para la elección de los titulares y suplentes de las entidades locales se deberán aplicar los criterios previstos en la legislación básica del régimen local, buscando permanentemente el perfeccionamiento de los criterios de representatividad; los representantes titulares y suplentes de las comunidades autónomas serán propuestos al Gobierno por ellas mismas; los miembros que se propongan deben tener la condición de electos o de responsables políticos de forma directa ante un órgano local o regional electo; la represenración de las entidades locales y de las comunidades autónomas deberá ser geográficamente equilibrada, así como equitativa, desde el punto de vista del tipo de entidad territorial, político y de sexo.

[75] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 150, pág. 2-4.

[76] La moción aprobada por el Senado (moción núm. 6) acuerda que «con carácter anual y en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, se celebrará un debate sobre !a aplicación y consecución de los objetivos para los que fueron creados tanto los fondos estructurales como los fondos de cohesión» (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 171, de 6 de octubre de 1994, pág. 25-26). Seguramente es así porque -como señala la moción núm. 47- para el Senado constituye un objetivo fundamental de la Comisión General de las Comunidades Autónomas «la definición de la participación de las comunidades autónomas en todo lo relativo A la gestión y evaluación de los fondos comunitarios destinados a reforzar la cohesión y el equilibrio en el desarrollo territorial» (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 171, de 6 de octubre de 1994, pág. 24).

[77] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, serie I (boletín general), núm. 204, de 2 de diciembre de !994,pág- 10-11; Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 142, pág. 3-4.

[78] Vid. supra la introducción para mayores detalles respecto a esta Ponencia.

[79] Vid. una reseña del contenido de esros informes en García-Escudero Márquez, P., «La Comisión General de las Comunidades Autónomas: balance de seis meses de reforma del Reglamento del Senado», op. cit., pág. 54-56.

[80] En las 9 sesiones plenarias realizadas durante 1994, participaron el presidente del Gobierno, la mayoría de ministros -en dos ocasiones los ministros para las Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, y Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente-, y prácticamente la totalidad del Gobierno en la sesión de 26 y 27 de septiembre de 1994. Además, han asistido 16 presidentes de gobierno de las comunidades autónomas (todos menos el del País Vasco) y 28 consejeros autonómicos. Finalmente, en 18 de las 26 sesiones de la Mesa y Portavoces estuvo presente un representante del Gobierno, y 2 consejeros autonómicos asistieron a sendas reuniones de la Mesa y Portavoces (Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislarura, serie I (boletín general), núm. 304, de 24 de julio de 1995, pág. 2).

[81] Tampoco las comunidades autónomas han comparecido anre la Comisión General para rra-car particularmente cuestiones comunitarias, con la excepción -señalada por la docrrina- de una comparecencia ante la Subcomisión de un representante de la Comunidad Autónoma catalana para manifestar el criterio de la Generalitar en relación con el proyecto de ley de transposición de la Directiva 89/552/CEE, sobre actividades de radiodifusión televisiva (García-Escudero Márquez, P., «La Comisión General de las Comunidades Autónomas: balance de seis meses de reforma del Reglamento del Senado», op. cit., pág. 48). En fechas recientes se ha producido otra excepción, con la intervención ante el Pleno de la Comisión General del consejero de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía y el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León para expresar su criterio respecto al Proyecto de Ley por el que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1997, núm. 86, pág. 1-3).

[82] Vid. en general sobre este órgano, Cienfuegos Maceo, M., «La Comisión Mixta para la Unión Europea: análisis y balance de una década de actividad en el seguimiento de los asuntos comunitarios», Gaceta Jurídica de la CE. y de la competencia, D-27, 1997, pág. 7 y ss.

[83] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 87, pág. 7.

[84] Por ejemplo, se abordan cuestiones comunitarias en las comparecencias de 14 de diciembre de 1994 del ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente para informar sobre la situación actual y perspectivas del segundo Registro de Buques de Canarias (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 159, pág. 2-3 y 6) y del ministro de Economía y Hacienda para informar sobre el nivel de ejecución de la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico fiscal de Canarias (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 159, pág. 9-10 y 12-15); o en la comparecencia de 10 de junio de 1996 del ministro de Administraciones Públicas para exponer las líneas de política general de su Departamento (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1996, núm. 20, pág. 1-37).

[85] Por ejemplo, se estudian los aspectos comunitarios del régimen económico fiscal de Canarias en las intervenciones del Gobierno canario y de los portavoces de la Comisión General en su reunión plenaria de 12 de mayo de 1994 para recibir información del Gobierno de Canarias respecto de la proposición de ley de modificación de los aspectos económicos del REF y decidir s¡ procede informe acerca de su contenido autonómico (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. !06, pág. 3-7).

[86] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 87, pág, 7.

[87] Las ponencias constituidas para examinar temas relativos a las Comunidades Europeas no presentaron sus informes o lo hicieron justo antes de disolverse el Parlamento en la V Legislatura. Y desde la inauguración de la VI Legislatura ha transcurrido poco tiempo para que las Ponencias presenten sus informes y/o la Conferencia General ejercite su facultad de propuesta.

[88] Vid. el texto del convenio en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie i (boletín general), núm. 128, de 25 de mayo de 1994, pág. 1-3. En el punto tercero del convenio se aludía indirectamente a la dimensión comunitaria del Acuerdo al referirse a la existencia de un «contexto donde existen cada vez menores limitaciones ai libre movimiento de factores básicos como la población, las mercancías, el capital o la tecnología».

[89] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 159, de 19 de septiembre de 1994, pág. 8.

[90] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 122, pág. 1-8.

[91] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, VI Legislatura, 1997, núra. 86, pág. 1-9. Vid. especialmente las intervenciones del consejero de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía y de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Mixto. Vid. también la refutación del portavoz del Grupo Popular.

[92] Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, BOEnúm. 64, de 15 de marzo de 1997, pág. 8518-8519. Vid. para su comentario infra el II apartado.

[93] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 150, pág. 14-18, 20 y 23. Adicionalmente, se invocaron diversas cuestiones relativas a la reglamentación comunitaria sobre el POSEICAN canario.

[94] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 150, pág. 6-8, 10 y 12. Colateralmente se examinó el reparto de los fondos estructurales y de cohesión, así como las razones para la participación de las comunidades autónomas en la gestión de dichos fondos.

[95] En efecto, la Comunicación del Gobierno a la Cámara Alca relativa a la celebración del debate sobre el Estado de las autonomías, de 16 de septiembre de 1994, sugería, «sin perjuicio de otros temas que pudieran plantear los demás participantes en esta sesión» que las cuestiones a debatir «debían ser la consolidación del marco competencia! de las comunidades autónomas, la profundiza-ción y generalización de los instrumentos de cooperación, las comunidades autónomas y la Unión Europea, el perfeccionamiento del sistema de financiación autonómica, y la dimensión y eficacia de todas las administraciones públicas» (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 160, de 20 de septiembre de 1994, pág. 1-3).

[96] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 128, pág 1-73; núm 129, pág. 1-74.

[97] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 128, pág. 6-7; núm. 129, pág. 12 y 70-71.

[98] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 128, pág. 16.

[99] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 128, pág. 22.

[100] Diario de Sedanes del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 128, pág. 21-22; núm. 129, pág. 19. Además, se refirió a cuestiones comunitarias que afectaban exclusiva o principalmente a Andalucía, como la pesca y los movimientos migratorios.

[101] Diaria de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1994, núm. 128, pág. 31-32 (presidente del Principado de Asturias), 39 (presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria) y 42 (presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia); núm. 129, pág. 4-5 (presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid) y pág. 27-28 (presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias).

[102] A la vista de las intervenciones antedichas cabe subrayar que la Comunicación del Gobierno a la Cámara Alta relativa a la celebración del debate sobre el Estado de las autonomías, de 16 de septiembre de 1994, consiguió sus objetivos en relación con las comunidades autónomas y la Unión Europea, dada la ajustada consonancia recíproca. En efecto, se señalaba que «el proceso de plena integración de España en la Unión Europea y la consolidación simultánea de nuestro modelo de organización territorial aconsejan continuar perfeccionando una mayor presencia y participación de las comunidades autónomas en la conformación de la voluntad del Estado, así como en la asunción por parte de éstas de mayores cotas de corresponsabilidad en aquellas políticas que el Reino de España ha asumido como miembro de la Unión Europea», y se proponía en consecuencia que el debate introdujera nuevas perspectivas que «permitan avanzar en esta dirección, desde la experiencia y el diálogo ya iniciado hace tiempo entre el Gobierno de la Nación y los de las Comunidades Autónomas y en el horizonte de las reformas institucionales de la Unión Europea, específicamente la del Comité de las Regiones» (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 160, de 20 de septiembre de 1994, pág. 3).

[103] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie I (boletín general), núm. 171, de 6 de octubre de 1994, pág. 25-27 (Diario de Sesiones del Senado, Pleno y Diputación Permanente, V Legislatura, 1994, núm. 47, pág. 2445-2448).

[104] Esta moción insta al Gobierno adicionalmente a «dinamizar la inmediata puesta en práctica del procedimiento marco a fin de que cada conferencia sectorial, en relación con la respectiva política comunitaria, instrumente los mecanismos de participación. Mecanismos que, en la fase ascendente, permitan a las comunidades autónomas: recibir puntual información de todas aquellas iniciativas comunitarias que afecten a sus competencias, expresar su punto de vista, generar posiciones comunes y concercarlas con la Administración del Estado a fin de que la posición española en el Consejo de la Unión Europea responda a la agregación de intereses resultante de la distribución competencia!. Y que, en lo que respecta a la fase descendente, hagan factible resolver, mediante la cooperación, las cuestiones de interés común derivadas del cumplimiento de las obligaciones comunitarias, relativas al desarrollo mediante normas internas del Derecho comunitario, ejecución administrativa de las políticas comunitarias y puesta en práctica de programas comunitarios».

[105] Si bien no directamente dedicada a las Comunidades Europeas, la moción núm. 15 aprobada por el Senado incide en la dimensión interna de esta participación en la medida en que «el Senado acuerda que la Comisión General de las Comunidades Autónomas estudie, y en su caso ponga en marcha, la Conferencia de Presidentes de Gobierno y de las comunidades autónomas con el objeto de discutir cuestiones generales de interés común en cuanto incidan en el ámbito de las comunidades autónomas y de servir como instancia de culminación de las actuales conferencias sectoriales»,

[106] El 6 de octubre de 1993, el Pleno del Senado aprobó;una moción alternativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió en el Senado y del Grupo Socialista para que el Senado inste al Gobierno a estudiar en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas la presencia e incorporación de las comunidades autónomas en la representación española ante las instituciones comunitarias, así como en el proceso previo de formación de la voluntad española; y a establecer un procedimiento, en el marco de las comisiones bilaterales entre el Estado y cada comunidad autónoma para que los representantes de éstas puedan trasladar, en su caso, a los órganos estatales competentes en asuntos de la CEE sus posiciones respecto a temas comunitarios que les afecten de manera específica. En cambio, rechazó una moción del grupo parlamentario catalán de Convergencia i Unió del Senado por la que solicitaba a la Cámara Alta que instase al Gobierno a facilitar inmediatamente la participación autonómica ante las instituciones comunitarias y en la fase previa a la formación de la voluntad estatal cuando se tratase de materias de sus competencias, así como a integrar a representantes autonómicos en la Comisión Interministerial para Asuntos Económicos (Boletín Oficialde las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 28, de 13 de octubre de 1993, pág. 9-11).

[107] Vid infra.

[108] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, V Legislatura, serie D (actos de control), núm. 298, de 27 de noviembre de 1995, pág. 2-4.

[109] Vid, infra 11.B) 2 para mayores detalles.

[110] Los números del Diario de Sesiones del Senado correspondientes a este debate todavía no han sido publicados.

[111] No en vano la Comunicación del Gobierno a la Cámara relativa a la celebración del debate sobre el Estado de las Autonomías, de 3 de maro de 1997 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VI Legislatura, serie I (boletín general), núm. 160, de 4 de marzo de 1997, pág. 1-2) es, en muchos aspectos, un calco de la homologa Comunicación de 16 de septiembre de 1994, limitándose a cambios terminológicos para aludir a los mismos contenidos: basta pensar que, con el número 3, dedicado a las cuestiones comunitarias, se ha pasado de «Las comunidades autónomas y la Unión Europea» a «La participación de las comunidades autónomas en las políticas comunitarias».

[112] Vid. infra 11.A) para su comentario.

[113] En estrecha conexión, la moción núm. 39 exige al Gobierno que tome tas medidas necesarias para, ínter alia, «impulsar y perfeccionar las conferencias sectoriales como órganos de cooperación multilateral enrre el Gobierno y las comunidades autónomas» y «elaborar un plan operativo para el desarrollo y perfeccionamiento de cada conferencia sectorial».

[114] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VI Legislatura, serie I (boletín general), núm. 171, de 19 de mano de 1997, pág. 6, 8, 10, 12-14, 19-23 (Diario de Sesiones del Senado, Pleno, VI Legislatura, 1997, núm. 34, pág. 1391-1392, 1393-1394, 1404-1406 y 1412-145).

[115] Ordóñez Solís, D., «La recepción del Derecho comunitario europeo en el ordenamiento español», Noticias de la Unión Europea, núm. 125, 1995, pág. 105, nota 37.

[116] Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V legislatura, 1994, núm. 57, pág. 3- Es de la misma opinión la doctrina, que sin perjuicio de denunciar algunas insuficiencias de la Comisión General de las Comunidades Autónomas apunta, por ejemplo, que «la reforma reglamentaria, sin ser revolucionaria, desde luego, es buena en sí misma y supone un avance sobre la situación anterior» (Sánchez Amor, I., «El Senado y las comunidades autónomas. Crónica de un desencuentro», op, cit., pág. 111).

[117] Por ejemplo, los «convenios de colaboración para la coordinación de controles sobre fondos comunitarios», suscritos entre la Secretaria de Estado de Hacienda y las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas de Galicia (Acuerdo de 20 de abril de 1992, B.O.E. núm. 200, de 20 de agosto de 1992, pág. 29176-29177), Madrid (Acuerdo de 24 de julio de 1992, B.O.E. núm. 200, de 20 de agosto de 1992, pág. 29174-29175) y Castilla y León (Acuerdo de 15 de septiembre de 1992, B.O.E. núm. 48, de 25 de febrero de 1993, pág. 6154-6155); o el Convenio de 4 de julio de 1991 entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Principado de Asturias para la realización del proyecto «Estudio para diseño de red videotext de los puertos de Gijón y Aviles» (B.O.E. núm. 209, de 31 de agosto de 1991, pág. 28909-28910). Vid. consideraciones de interés sobre la técnica de los convenios bilaterales en Albertí Rovira, E., 'Técnicas jurídicas y relaciones de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas y de éstas entre sí», en Técnico normativa y de las comunidades autónomas, Madrid: C.E.C., 1991, pág. 183 y ss. Vid. adicionalmente los autores citados infra.

[118] Por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Consejo General de la Ciencia y Tecnología, el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, la Conferencia Sectorial del Consumo, la Conferencia Sectorial de Agricultura, etcétera.

[119] Acuerdos autonómicos de 28 de febrero de 1992, Madrid: Secretaría General Técnica del Minisrerio de Administraciones Públicas, 1992, pág. 33'38. Vid. para su génesis y comentario, Hernández Lafuenre, A. y González García, M. A., «Los acuerdos autonómicos de 28 de febrero de 1992: negociación, contenido y desarrollo», Documentación Administrativa, núm. 232-233, octubre 1992-marzo 1993, pág. 135 y ss.; Muñoz Machado, S., "Los Pactos autonómicos de 1992: la ampliación de competencias y la reforma de los Estatutos», R.A.P., núm. 128, 1992, pág. 85 y ss.

[120] Así, el artículo 5.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, define a las conferencias sectoriales como el foro para «asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuación de las administraciones públicas y, en su caso, la imprescindible coordinación y colaboración» (B.O.E. núm. 285, de 27 de noviembre de 1992, pág. 40.303).

[121] Se trata del Proyecto de convenio entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre cooperación en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, de diciembre de 1985 y abril de 1986 («Proyecto Pons») y el nuevo Proyecto de convenio, de febrero de 1987 («Proyecto Atmunia»). Vid. en general al respecto, Calonge Velázquez, A., «Los sistemas de participación de las entidades subestarales en la formación y ejecución del Derecho comunitario», Revista Española de Administración Local y Autonómica, núm. 241, 1989, pág. 83 y ss.; Parejo Alfonso, L., «Estado autonómico e integración europea», Actualidad Administrativa, marzo de 1988, pág. 17 y ss.; Pérez González, M.,> «La acción exterior del Estado y las autonomías: desarrollos en la práctica estatutaria», en Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1986, Vitoria: Servicio Editorial del País Vasco, 1987, pág. 257y ss.; Pinol Rull,J. L., Pi Suñer, M. y CienRiegos Mateo, M., El principi de subsidia-rietat i la seva aplicado a les entitats stibestatals: conseqüenáes en el desenvotttpametit de les Comunitats Europees», op. cit., pág. 46-48, 69 y ss.; Pueyo Losa, J., «Sobre el principio y los mecanismos de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en asuntos relacionados con las Comunidades Europeas», op. cit., pág. 29 y ss.

[122] Por ejemplo, Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera núm. 1/1986, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el método para la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas en el periodo 1987-1991 (B.O.E. núm. 264, de 3 de noviembre de 1988, pág. 31456-31470); Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera núm. 2/1990, de 21 de febrero, sobre las bases para la homologación de tas tasas por inspección y control sanitario oficial de carnes frescas destinadas al mercado nacional (Orden de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 1992, B.O.E. núm. 62, de 12 de marzo de 1992, pág. 8494-8500).

[123] Vid., en general sobre esta Conferencia, y referencias a las conferencias sectoriales, Ordóñez Solís, D., La ejecución del Derecho comunitario europeo en España, Madrid: Ed. Civitas, 1994, espec. pág. 404 y ss. Véase adicionalmente Gutiérrez Espada, C, «La búsqueda por tas comunidades autónomas de su presencia directa en y ante tas Comunidades Europeas», op. cit., pág. 199 y ss.; Ortuzar Andechaga, L, Gómez Campo, E. y Hernández Lafuente, A,, La participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios europeos, op. cit., espec. pig. 146 y 249 y ss; Salinas Alcega, S. y Mairal Lacoma, J. A., «Comunidades autónomas y comunidades europeas, con especial referencia a la Conferencia Sectorial para los Asunros Relacionados con las Comunidades Europeas», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 6-7, 1995, pág. 317 y ss.; Tomos Mas, )., «Las conferencias sectoriales», D.A., núm. 240, 1994, pág. 70 y ss.

[124] Acuerdos autonómicos de 28 de febrero de 1992, op. cit., pág. 38-39. En correlación con esta perspectiva general, el Pacto autonómico omite coherentemente el adjetivo «sectorial» con que había sido calificada la Conferencia al crearse a fines de 1988, y resalta el carácter «horizontal» de su objeto, plasmado bien en sus nuevas competencias. Y al no ser realmente una conferencia sectorial se entiende que sus miembros prefieran referirse a ella como la «Conferencia general u horizontal».

[125] Resolución de 4 de octubre de 1993 de la Subsecrerana del Ministerio de la Presidencia por la que se dispone la publicación del Acuerdo de institucionalización de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, B.O.E. núm. 241, de 8 de octubre de 1993, pág. 28669-28670, corrección de erratas en B.O.E. núm. 257, de 27 de octubre de 1993, pág. 30400.

[126] Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, B.O.E. núm. 64, de 15 de marzo de 1997, pág. 8518 y ss. Salvo en cuestiones menores -que serán indicadas i infra-, esta Ley recoge, en sus cuatro artículos y dos disposiciones adicionales, el régimen jurídico que estaba previsto por el Acuerdo de institucionalización de 1992, tal como fue modificado por Acuerdo de la Conferencia de 14 de junio de 1994, y así lo reconoce expresamente la memoria del Proyecto de ley por la que se regula la Conferencia, del Ministerio para las Administraciones Públicas al afirmar que se mantiene lo esencial de tales convenios (pág. 17). Ello da razón de por qué hemos optado por seguir a éste para la exposición.

[127] Reglamento interno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, de 14 de junio de 1994 (B.O.E. núm. 269, de 10 de noviembre de 1994, pág. 34741-34743), adoptado en virtud del punto quinto del Acuerdo de insritucionalización.

[128] La memoria del Proyecto de ley por la que se regula la Conferencia, del Ministerio para las Administraciones Públicas, precisa que se traca de una integración no como miembros del Pleno de la Conferencia, ya que el nivel de representación de sus miembros contemplado en el apartado 1 «se corresponde con miembros de los Ejecutivos, estatal y autonómicos, con capacidad para adquirir compromisos políticos en nombre de sus respectivos Gobiernos».

[129] En efecto, por acuerdo unánime del Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas sobre ampliación de su ámbito temático, de 14 de junio de 1994, el secrerario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores se integra también, en representación de la Administración del Estado, en la Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios Europeos (B.O.E. núm. 257, de 27 de octubre de 1994, pág. 33815-33816).

[130] Se enumeran en este sentido las siguientes actividades: procedimientos técnicos para asegurar la recepción por las comunidades autónomas de la información comunitaria de carácter general; técnica normativa para incorporar las directivas al derecho interno y completar reglamentos y decisiones; fórmulas de participación en los procedimientos internos para el cumplimiento de obligaciones ante las instituciones comunitarias; problemas planteados en la ejecución del Derecho comunitario por implicar horizontal mente a varias políticas comunitarias o exigir medidas internas con un cierto grado de coordinación temporal o material; cuestiones relativas a la participación de las comunidades autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas que carezcan de una conferencia sectorial o instrumento equivalente donde ser tratadas.

[131] En el anexo del Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas de 30 de noviembre de 1994, relativo a la participación interna de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios a través de las conferencias sectoriales, se ha incluido una muy útil cabla de correspondencia entre las políticas comunitarias, el Consejo de la Unión Europea que decide y las conferencias sectoriales españolas afectadas (B.O.E. núm. 69, de 22 de marzo de ] 995. pág. 9037-9039).

[132] B.O.E. núm. 257, de 27 de octubre de 1994, pág. 33815-33816. Aunque la Ley 2/1997 no recoge en su articulado esta materia como competencia de la Conferencia, sobre la base de su artículo 3.6 podría otorgársele, coda vez que dispone que podrá cracar de «aquellas cuestiones de la participación de las comunidades autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas que estimen oportuno» las Administraciones presentes en la Conferencia. La memoria del Proyecto de ley por la que se regula la Conferencia, del Ministerio para las Administraciones Públicas, avala esta interpretación, dado que señala que el artículo 3 de la Ley 2/1997 «comprende codas las funciones y tareas que a sí mismo se reconocieron los miembros de la Conferencia al adaptar el Acuerdo de insrimcionalización y en el Acuerdo posterior que ampliaba este ámbito a la coordinación de las actividades en el exterior de las comunidades autónomas» (pág. 21).

[133] El Acuerdo recuerda que estos acuerdos sólo serán vinculantes para las administraciones que los suscriban. Hasra ahora, los diversos acuerdos firmados en su seno (vid. infra), así como el propio Acuerdo de instirucionalización, han sido firmados por todas las comunidades autónomas, con la excepción siempre del País Vasco hasra fechas recientes, dada su exigencia reiterada de establecer un marco bilateral en cuestiones comunitarias que afecten a sus competencias exclusivas o tengan una importancia singular para él. Tras diversas vicisitudes, su posición de principio se plasmó en la creación, por Acra de 30 de noviembre de 1995, acordada por la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminisrración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. A la ver. que firmó el Acta, el País Vasco suscribió los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia para Asuntos Relacionadas con las Comunidades Europeas (vid. el texto y un sucinto comentario de B. Fernández Pérez en R.E.D.L, 1996-1, pág. 414 y ss.). Cabe señalar que la posibilidad de cooperación bilateral ha sido reconocida expresamente por la disposición adicional primera de la Ley 2/1997.

[134] El carácter jurídico no obligatorio del Acuerdo y la posibilidad de una cooperación bilateral entre el Estado y una comunidad autónoma han sido considerados aspectos preocupantes de este régimen jurídico por cierta doctrina española (Gutierre?. Espada, C., «La búsqueda por las comunidades autónomas de su presencia directa en y ante las comunidades europeas», op. cit., pág. 202).

[135] Aparte de la hipótesis señalada supra, sólo otros dos casos pueden citarse. Por un lado, se prevé en la disposición adicional segunda la participación de un miembro del Consejo de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla como miembros de la Conferencia, lo que resulta coherente tras la aprobación de sus estatutos por ley orgánica 1 y 2/1995, de 13 de marzo de 1995, B.O.E. núm. 62, de 14 de marzo de 1995, pág. 8055 y ss. Por otro lado, el artículo 1.2 considera que «en particular, la Conferencia debe garantizar la participación efectiva de las comunidades autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado ante las instituciones comunitarias y en la ejecución del Derecho comunitario», lo que no está previsto en el Acuerdo de insrirucionalización. No obstante, tanto la fórmula amplía con que su punto 1 definía su misión («articular y resolver, a partir del principio de cooperación, aquellas cuestiones de índole general propias de la participación de las comunidades autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas») como la redacción de su punto 4.1.3 (que prevé, como propio de su ámbito temático, que la Conferencia se ocupará «de hacer efectiva la intervención y participación de las comunidades autónomas, tanto en la fase de definición de la posición española en los procesos de adopción de decisiones por las instituciones comunitarias, como en la fase de aplicación en nuestro país de! Derecho comunitario y del contenido de las políticas comunitarias») permiten concluir que se trata de cuestiones de estilo y no de contenido.

[136] A pesar de que formalmente se le atribuya esta función directiva, la Ley no precisa, desde un punto de vista material, cómo se llevará a cabo. El proyecto de Reglamento interno, que se presentará a la aprobación del Pleno de la Conferencia el 5 de junio de 1997, indica maneras de ejecutar esta tutela del estado de los trabajos de las conferencias sectoriales, señalando -entre otras posibilidades- la facultad de pedir información antes de sus reuniones sobre los temas de que van tratar e instarles a incluir algún punto concreto en el orden del día; preguntarles si tienen una posición común; solicitarles que les remitan las conclusiones de las reuniones; asimismo, informes y documentos sobre temas comunitarios que estén trabajando, etcétera. En caso de ser aprobado, el problema será ver si y cómo las conferencias sectoriales aceptan cumplir estas sugerencias, puesto que no parece que la Conferencia pueda hacer nada a falta de cooperación.

[137] Esta función directiva viene avalada por la memoria del Proyecto de ley por la que se regula la Conferencia, del Ministerio para las Administraciones Públicas, cuando señala, ínter alia, que «en cuanto a la estructura de la norma, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: [...] encomendarle a esta Conferencia una función relevante sobre el conjunto de los mecanismos a través de los cuales se hace efectiva la participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios europeos que afectan a sus competencias, como el de velar por el cumplimiento de los acuerdos de participación que deban ser desarrollados en las correspondientes conferencias sectoriales» (pág. 18); o recuerda que «el perfeccionamiento del papel atribuido a la misma y la necesidad de reforzar y dar estabilidad al papel institucional que desempeña han justificado la elaboración de este Proyecto de ley que el Gobierno envía a las Cortes Generales» (pág, 3). El papel directivo está también corroborado por la moción núm. 31 del Senado aprobada tras el segundo debate sobre el Estado de las autonomías, toda vez que recuerda que el rango legal que ha sido atribuido a la Conferencia «sin duda supondrá el reforzamiento y consolidación del mismo, en especial en cuanto a los mecanismos de relación con las conferencias sectoriales constituidas en el ámbito de cada departamento ministerial» (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VI Legislatura, serie I (boletín general), núm. 171, de 19 de marzo de 1997, pág. 10).

[138] La memoria del Proyecto de ley por la que se regula la Conferencia, del Ministerio para las Administraciones Públicas, señala que «su naturaleza reviste un carácter más singular, en la medida en que no se ha tratado en sentido estricto de una conferencia sectorial, en cuanto no reúne al ministro y a los consejeros de un área sectorial de competencias, sino que es un órgano de encuentro al que puede atribuírsele un carácter horizontal o institucional, que puede afectar a muy variadas competencias» (pág- 7); y se recuerda que «la articulación de su labor institucional u horizontal se coordina con la labor sectorial que ha de desarrollarse a través de las conferencias sectoriales» (pág. 13).

[139] Desde la dimensión interna basta pensar, por ejemplo, en los problemas que el funcionamiento de las conferencias sectoriales plantea en la práctica, dada su heterogeneidad (aJ margen de diferencias profundas de régimen jurídico, resulta que algunas funcionan bien, mientras otras prácticamente sólo existen sobre el papel), que de persistir pueden llevar a un cambio del esquema actual para ir concentrando en un órgano dichas cuestiones, y que -de aceptarse esta vía- bien podría ser la propia Conferencia, dado que hay un deslizamiento Irrefrenable hacia la concentración de la participación de las comunidades autónomas en este órgano, como manifiesta la pérdida de su adjetivo sectorial, sus competencias generales y subsidiarias, etcétera. Desde la dimensión comunitaria, es suficiente con evocar las fricciones que ha suscitado el tema de los contactos directos de los entes autonómicos con Bruselas a través de sus oficinas y que sólo tras la STC 165/1994, de 26 de mayo (B.J.C. núm. 158, pág. 197 y ss.), se han resuelto; o su reivindicación de una participación directa en los órganos de decisión de las comunidades.

[140] Desde esta perspectiva pueden comprenderse las reticencias que, en la fase de dictamen del Proyecto de Ley ante la Comisión General de tas Comunidades Autónomas, algunos de sus miembros y representantes autonómicos manifestaron (Vid. supra apartado 1.B.3).

[141] Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los señores joaquim Llimona i Balcelts, director del Área Europea del Comisionado para Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, y José María Pérez Medina, subdirector general de Cooperación Sectorial con las Comunidades Autónomas, del Ministerio de Administraciones Públicas, por la información que tan amablemente me han proporcionado para poner al día los datos de este epígrafe.

[142] Los tenias tratados en la Comisión de Coordinadores son análogos, toda vez que su función es preparar los trabajos del Pleno, por lo que se omiten para evitar reiteraciones superfluas.

[143] Es indudable que para el desarrollo de esta tarea de información ha influido muy positivamente el establecimiento de un sistema informático de conexión de la Conferencia con las bases de datos de documentación comunitaria de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas.

[144] Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno de 7 de septiembre de 1992, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas para regular la intervención de las comunidades autónomas en las actuaciones del Estado en procedimientos precontenciosos de la Comisión de las Comunidades Europeas y en los asuntos relacionados con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que afecten a sus competencias; y del Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas en materia de ayudas públicas, (B.O.E. núm. 216, de 8 de septiembre de 1992, pág. 30853-30854).

[145] Vid,, para su comentario con mayor detalle, López Castillo, A., «Creación y ampliación del Derecho comunitario europeo y comunidades autónomas», R.E.D.C., vol. 35, 1992, pág. 111 y ss.; Remiro Brotons, A., «La responsabilidad por incumplimiento de las comunidades autónomas. Posibles soluciones», en Comunidades Autónomas y Comunidad Europea. Relaciones jurídico-institucionales, op. cit., pág. 207 y ss.; Rico, J. L, R.A.P., núm. 130, 1993, pág. 637 y ss,; Soriano García, J., «Comunidades autónomas y Comunidad Europea: primeros pasos en la dirección correcta», R.E.D.A., núm. 69, 1990, pág. 17 y ss.

[146] En fechas ulteriores, la Conferencia ha adoptado un Acuerdo relativo al procedimiento para la comunicación previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación trasfronteriza de las comunidades autónomas y entidades locales con entidades territoriales extranjeras, de 2 de diciembre de 1996 (texto inédito). Se trata de que los entes territoriales españoles, antes de firmar convenios en el marco del Convenio del Consejo de Europa sobre la cooperación transfronteriza, de 9 de noviembre de 1995, notifiquen su intención al Estado (en concreto, al Ministerio de Administraciones Públicas). La comunicación previa no es, en todo caso, una autorización, sino simplemente una notificación escrita, El Acuerdo no ha sido todavía publicado en el B.O.E. porque se intenta plasmar su texto en un real decreto y el Consejo de Estado ha dictaminado en contra.

[147] Resolución de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas de 10 de marzo de 1995, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas sobre la participación interna de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las conferencias sectoriales, B.O.E. núm. 69, de 22 de marzo de 1995, pág. 9037-9039, corrección de erratas en B.O.E. núm. 78, de 1 de abril de 1995, pág. 10045- Vid., para su comentario, Bustos Gisben, R., «Un paso más hacia la participación autonómica en asuntos europeos: el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994», R.E.D.C., núm. 45, 1995, pág. 153 y ss. Más sintéticamente, Dastis Quecedo, A., «La Administración española ante la Unión Europea», Revista de Estudios Políticos, núm. 90, 1995, pág. 335 y 339-340.

[148] El Acuerdo enciende por conferencia sectorial «tanto el Pleno del órgano de esa naturaleza como el conjunto de órganos de cooperación multilateral de nivel inferior que, encuadrados directa o indirectamente en la conferencia, puedan desarrollar en la práctica el contenido del acuerdo marco».

[149] En función de estas variables se detallan diversos grados de participación: por ejemplo, si el asunto comunitario afecta exclusivamente a las competencias del Estado, las comunidades autónomas sólo tendrán derecho a ser informadas; si afecta a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y éstas llegan a una posición común -en el seno de la conferencia sectorial competente- anees de la decisión del Consejo de la Unión Europea, se tendrá en cuenta de forma determinante para fijar la posición negociadora del Estado español; si no se hubiese alcanzado una posición común entre las comunidades autónomas, la Administración del Estado sólo está obligada a tomar conocimiento de los diferentes argumentos expresados; si las competencias son compartidas y la Administración del Estado y las comunidades autónomas llegan a una posición común en la conferencia sectorial antes de la decisión del Consejo de la Unión Europea, su acuerdo será determinante para fijar la posición negociadora del Estado español; en estos dos últimos casos, si la posición inicial del Estado varia sustancialmente tras la negociación comunitaria, la Administración del Estado está obligada -si los plazos lo permiten- a informar a la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas puedan llegar a una nueva posición común, y si los plazos no lo permiten deberá explicar los motivos de la variación de la posición inicial; en el supuesto de que la normativa comunitaria pueda originar un aumento de gasto o disminución de ingresos de las administraciones públicas, la posición común de las comunidades autónomas se consensuará con la posición de la Administración del Estado previamente a la decisión del Consejo de la Unión Europea.

[150] Para la atribución de los asuntos a cada una de las conferencias sectoriales, el Acuerdo establece una tabla de correspondencias entre política comunitaria, consejo especializado de la Unión Europea y conferencia sectorial, que figura en el anexo del mismo; serán aplicables mecanismos adhoc si la aplicación de este sistema fallase en relación con un determinado asunto comunitario; y si no fuera posible llegar a un acuerdo, el tema se tratará en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

[151] El Acuerdo evoca expresamente la mencionada moción del Pleno del Senado, de 28 de septiembre de 1994, respecto a la dimensión externa de la parricipación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios. Nótese, por lo demás, la perfecta armonía que presenta este Acuerdo, propiciado por el Gobierno, con el encargo que diversas mociones del Senado hicieron al Gobierno a este respecto tras el debate sobre el Estado de las autonomías (vid. supra aparrado I.B.4 sobre ambas cuestiones).

[152] En el mismo sentido, R. Bustos Gisbert valora positivamente el Acuerdo en sí y por la forma en que ha sido adoptado, puesto que «la búsqueda del difícil acuerdo para la solución del problema y el carácter consensuado del rexto son índices de una auténtica voluntad de resolver los posibles conflictos por la vía del pacto y no del enfrentamienco» («Un paso más hacia la participación autonómica en asuntos europeos: el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994», op. cit., pág. 158-159). No obstante, en las páginas siguientes señala una serie de objecciones procedimentales y dogmáticas al Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 que pueden complicar su existencia, a las que nos adherimos plenamente, sin perjuicio de que en algún caso nos parezcan excesivamente críticas.

[153] En cierto modo, ésta es la conclusión que se vislumbra del infotme presentado ante la Conferencia para Asuncos Relacionados con las Comunidades Europeas (reunión de 1 de diciembre de 1995) por el secretatio de Estado para las Administraciones Públicas, relativo al cumplimiento del Acuerdo desde su adopción. El texto es una recopilación de lo hecho durante 1995, principalmente en la fase descendente, centrado en 5 áreas: agriculrura, medio ambiente, transporte, asuntos sociales y sanidad.

[154] Con todo, no deja de ser sorprendente que se esté modulando, en vía de hecho, el grado de intervención real de las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales en función de la materia concreta de c[ue se trate (no es igual, por ejemplo, la agricultura que la cultura) y de la particular relevancia que tiene para cada comunidad autónoma (no tiene la misma, por ejemplo, la industria para Cataluña que para Extremadura), así como del nivel competencial autonómico (según sean competencias exclusivas o concurrentes), y que, sin embargo, no acometan con mayor celeridad, en vía jurídica, la tarea de positivizar la participación autonómica según estos parámetros, como preconiza el Acuerdo del 94 para superar la regulación simétrica que contiene sobre la participación de cada una de las comunidades autónomas en todas las conferencias sectoriales. De ahí el recordatorio de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en su reunión de 1 de diciembre de 1995, de la necesidad de que cada conferencia sectorial desarrolle el procedimiento

[155] Para ir estudiando esta problemática, el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas decidió, en su reunión de 12 de junio de 1996, la constitución de una Comisión Interministerial (en el seno del Ministerio para las Administraciones Públicas), con la función de tratar esta coordinación intra-administrativa. Y en su sesión plenaria de 2 de diciembre de 1996 se ha acordado que cada ministerio elabore un informe escrito acerca de la incidencia de cada conferencia sectorial en su ámbito material.

[156] Por ejemplo, los reglamentos de las conferencias sectoriales de Agricultura (de 13 de diciembre de 1995), Turismo (de 19 de diciembre de 1995) y Pesca (de 20 de julio de 1995). Ahora bien, se han limitado a incluir el procedimiento marco del Acuerdo del 94 en sus reglamentos, sin desarrollarlo específicamente, como exige aquél.

[157] Vid, al respecto Ortuzar Andechaga, L, Gómez Campo, E. y Hernández Lafuente, A., La participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios europeos, op. cit., pág. 192, nota 44.

[158] Bustos Gisbert, R., «Un paso más hacia la participación autonómica en asuntos europeos: el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994», op. cit, pág. 171-172. Parafraseando a J. Pueyo Losa, bien podría decirse que el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 dista de conducir a «un ejercicio mancomunado, un coejercicio de las competencias que corresponden al Estado -Poder cenrraJ- y a las comunidades autónomas, de tal manera que ambas instancias intervengan en un único proceso de decisión» («Sobre el principio y los mecanismos de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en asuntos relacionados con las Comunidades Europeas», op. cit., pág. 40-41).

[159] Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas sobre la creación de un consejero para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, B.O.E. núm. 302, de 16 de diciembre de 1996, pág. 37314-37315.

[160] Cabe recordar que en el punto II del preámbulo del Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 se alude a la necesidad de llegar, en el futuro, a una fórmula de participación de las comunidades autónomas en la delegación que represente a España en los foros europeos, siempre que el tema afecte a sus competencias.

[161] Real decreto 2105/1996, de 20 de septiembre, por el que se crea la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, B.O.E. núm. 229, de 21 de septiembre de 1996, pág. 28394-28395.

[162] Vid. al respecto la bibliografía citada supra apartado 1.A.2 y, dentro de las actividades de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, las ponencias y las mociones (apartado I.B.I y 4).

[163] Por lo demás, no conviene olvidar que su inserción en el seno de la REPER presenta ciertas ventajas respecto de la figura del observador de los Länder, ya que le permice acceder a bastante más información sobre temas comunitarios que éste, que -por no estar integrado en la representación permanente alemana en Bruselas- recibe sólo y exclusivamente información sobre los temas reglados en su acuerdo de constitución.

[164] A este efecto es interesante resaltar que ha transmitido a las oficinas autonómicas en Bruselas el calendario del Estado que ocupa la presidencia del Consejo, que indica cuándo celebrará sus sesiones, los temas a tratar, las intenciones de la Presidencia... Ello permite a las comunidades autónomas estar atentas a los temas que más les interesan para pedir o recibir información.

[165] Casanovas y La Rosa, O., «La acción exterior de las comunidades autónomas y su participación en la celebración de tratados internacionaJes», en La acción exterior y comunitaria de los Lánder, regiones, cantones y comunidades autónomas, op. cit,, pág. 64. En el mismo sentido, J. Salas Hernández y A. Betancor Rodríguez apuntan que la Comisión para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas es «una estructura de encuentro de carácter mixto que no satisface la exigencia de un canal de comunicación fluida entre el Estado y las comunidades autónomas que posibilite la toma en consideración por aquél de la posición común de éstas respecto de los asuntos comunitarios» («La incidencia organizativa de la integración europea en la Administración española», R.A.P., núm. 125, 1991, pág. 522). Con una perspectiva más general, A. Dastis Quecedo denuncia, tras analizar el funcionamiento de los órganos encargados de la coordinación de los asuntos europeos en España, «la existencia de una cultura de la coordinación que sólo existe a medias en nuestro país» («La Administración española ante la Unión Europea», op. cít., pág. 349).

[166] Incluso el Gobierno ha reconocido que las conferencias sectoriales han funcionado hasta ahora de forma desigual, por lo que es su objetivo «poner en marcha las medidas necesarias para reforzar y hacer más efectivos estos mecanismos de cooperación. En este sentido, se están adoptando medidas encaminadas a hacer efectiva la dinamización y consolidación de estos órganos para convertirlos en auténticos foros de debate» (Comunicación del Gobierno a la Cámara relativa a la celebración del debate sobre el Estado de las autonomías, de 3 de marzo de 1997, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VI Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 160, de 4 de marzo de 1997, pág. 2). El Senado se ha hecho eco de esta propuesta, toda vez que su moción núm. 39 exige al Gobierno que tome las medidas necesarias para, inter alia, "impulsar y perfeccionar las conferencias sectoriales como órganos de cooperación multilateral entre el Gobierno y las comunidades autónomas» y «elaborar un plan operativo para el desarrollo y perfeccionamiento de cada conferencia sectorial» (Boletín Oficial de Las Cortes Generales, Senado, VI Legislatura, serie I (boletín general), núm. 171, de 19 de marzo de 1997, pág. 13-14).

[167] Como recuerda el tenor literal del artículo 5-1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el punto segundo del Pacto autonómico de 1992 y la exposición de motivos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (vid. supra).

[168] Vid. especialmente las sugerencias comentadas supra que hace el Informe de la Ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el papel y funciones de los entes territoriales en el Futuro de la Unión Europea, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 360, de 21 de diciembre de 1995, pág. 20-21.

[169] Albertí Rovira, E., Roig Moles, E, i Son Jane, J., La reforma constitucional del Senado, op. cit., pág. 52-53. Estos autores añaden que si no se produce una reforma constitucional del Senado no sólo no se podrá fomentar una verdadera participación autonómica en los asuntos comunitarios sino que se dejarán sin satisfacer las aspiraciones de las comunidades autónomas de verse asociadas a una intervención directa en los foros comunitarios.

[170] Es así que J. Salas Hernández y A. Becancor Rodríguez apuntan, refiriéndose a la Comisión para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, que para que llegue a funcionar eficazmente se requiere «un entramado organizativo en el que los interlocutores por ambas partes sean, por un lado, un órgano interautonómico en el que se formalice la posición uniraria de las diecisiete comunidades autónomas y, por otro, un núcleo de coordinación interministerial o núcleo nacional de coordinación de la política europea» («La incidencia organizativa de la integración europea en la Administración española», op. cit., pág. 522). Ello supone admitir que las relaciones en sede ejecutiva no deberán desaparecer, sino potenciarse más.

[171] En efecto, en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de 26 de junio de 1995, el senador Santiago Pérez, que era e! portavoz del Grupo Socialista, señaló que «a medida que la labor de los ejecutivos ha ido adquiriendo protagonismo con el desarrollo del Estado del bienestar -del welfare state- es indudable que los mecanismos de conexión en los estados federales han tendido a expresarse a través de relaciones intergubernamentales», y añadía que «muchos de los ejecutivos autonómicos tienden a continuar fortaleciendo los lazos intergubernamentales, ya sean de carácter bilateral o ya sean de carácter multilateral, como los que se producen en el seno de las conferencias sectoriales» (Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, V Legislatura, 1995, núm. 211, pág. 14). Vid. asimismo el Informe de la Ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el papel y funciones de los entes territoriales en el futuro de la Unión Europea, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, V Legislatura, serie 1 (boletín general), núm. 360, de 21 de diciembre de 1995, pág. 18-21.

[172] Vid. en general sobre el tema a varios autores: La participación de los Lander en los asuntos de la Unión Europea a través del Bundesrat, Madrid: Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, 1995; Albertí Rovira, E., Roig Moles, E. y Sort Jane, J., La reforma constitucional del Senado, op. cit., espec. pág. 93 y ss.; Barceló Serralalera, M., «Europa y los Lander alemanes (Especial referencia a la reforma constitucional de 21 de diciembre de 1992)», Noticias de la Unión Europea, núm. 121, !995, pág, 13 y ss.; Bullain López, I., Las regiones autónomas de la Comunidad Europea y su participación en el proceso de integración, op. cit., pág. 69 y ss. y 218 y ss.; Ortuzar Andechaga, L, Gómez Campo, E. y Hernández La fuente, A., La participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos, op. cit., pág. 85 y ss.; Schefold, D., «La participación de los Lander alemanes en el proceso de adopción de decisiones de la Unión Europea», y Starck, Ch., «Los Lander alemanes y la competencia exterior», La acción exterior y comunitaria de los Lander, regiones, cantones y comunidades autónomas, op. cit., pág. 125 y ss. y 107 y ss. respectivamente. Vid. asimismo Martín y Pérez de Nanclares,)., «Las competencias de los Lander y el Derecho comunitario derivado ante el Tribunal Constitucional alemán (Comentario a la Sentencia del Bundesverfassungs-gericht de 22 de mano de 1995)», R.I.E., 1995-3, pág. 887 y ss.

[173] Hasta esta reforma las relaciones habían discurrido exclusivamente por la senda de integrar los asuntos europeos en el Bundesraten cuanto cámara de representación de los Lander que controla al Gobierno federal (véase al respecto la bibliografía ibid).

[174] Este articulo prevé que cada Land tiene un mínimo de tres votos; los que tengan más de dos millones de habitantes tienen cuatro votos; cinco votos si tienen más de seis millones; y seis votos si tienen más de siete millones.

[175] Reforma parcial del Reglamento del Consejo Federal (Bundesrat) de 26 de noviembre de 1993, Boletín de Legislación Extranjera, 1994, núm. 147/148, pág. 67-72. Cabe señalar, con carácter general, que el arrículo 45 regula en su apartado a la asignación a las comisiones parlamentarias de misiones informativas sobre propuestas formuladas en el marco de la Unión Europea; en sus apartados b, c, d, e y j regula -modificando parcialmente- cuestiones que interesan al Comité de Asuntos Europeos que ya existía; en el apartado ; se refiere a los representantes de los estados regionales en las negociaciones de la Unión Europea; y en el apartado k alude a cuestiones de procedimiento.

[176] Aunque es una posición común a la mayoría de los autores citados para el estudio de la reforma del Senado, vid. especialmente Gutiérrez Rodríguez, F. y Morales Arroyo, J. M., «Un intento de territorialización del Senado: la Comisión General de las Comunidades Autónomas», op. cit., pág. 330-331.