La estimación de los saldos fiscales y su interpretación en el estudio de las balanzas fiscales: la utilización del enfoque monetario

Más allá de la controversia académica acerca de los distintos enfoques del déficit fiscal, conviene recordar a estos efectos la razón misma que crea su interés, ya que es precisamente el enfoque monetario el que subyace en la reivindicación de política autonómica que la origina. Además, la valoración del enfoque monetario, complementario del más tradicional y conocido en un estado unitario, como es el denominado carga/beneficio, se corresponde plenamente con el aprobado por unanimidad en la Comisión de Expertos que creó en su momento la Generalidad de Cataluña (octubre del 2004) y de la que formaron parte, amén de quien suscribe este texto, buenos conocedores de la realidad de la hacienda pública como son los doctores Antoni Zabalza, Joan C. Costas, N. Bosch, J. Solé Vilanova, Joan Corona, M. Vilalta, M. Espasa, R. Tremosa, M. Vives y X. Sala i Martín.

Un estado que se reconozca como plurinacional requiere un cambio no sólo organizativo y de estructuras políticas, sino también de formas y maneras en el abordaje de los problemas fiscales. España parece evolucionar hacia un cierto federalismo de nuevo cuño. Será decisivo para ello que se acabe reconociendo que los ciudadanos-contribuyentes mantienen sus relaciones políticas y fiscales con más de una jurisdicción (no importa ahora el nombre); no sólo con la Administración central (confundida ahora con la del Estado), sino también con la autonómica en lo que atañe a las competencias propias de ésta. Ambas jurisdicciones deben mantener vínculos políticos diferenciados con los electores, teniendo en cuenta que son distintas las responsabilidades de ambos parlamentos –el central y el autonómico–, aunque deben mantenerse siempre respetuosas y coordinadas sin subordinación jerárquica.

Sobre la base de un reconocimiento multijurisdiccional, con dos niveles de gobierno diáfanos, se trata de articular soberanías tributarias compartidas para sus haciendas respectivas y responsabilidades fiscales para sus competencias autónomas de gasto, bajo una coordinación fiscal (europea) única.

En el contexto anterior surge la reivindicación político-parlamentaria que da pie a los trabajos de distintas comisiones (a la señalada, cabe añadir la creada por el Parlamento español, más recientemente, en el seno del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda –mayo del 2004–) y que no es otra que el estudio de la mejor readecuación de las relaciones entre dos jurisdicciones fiscales (Administración central / comunidad autónoma). Ello es así, sea cual sea la opinión política que tengan los expertos en dicha materia, irrelevante para este propósito.

La constatación anterior contrasta con la identificación de una relación fiscal única entre la jurisdicción fiscal central y el conjunto de ciudadanos sobre la geografía, implícita en el enfoque tradicional carga/beneficio aPage 3 la imputación personal de los saldos fiscales. Conviene, por tanto, recordar las restricciones políticas, lo que no es óbice para poder desarrollar, a partir de las perspectivas institucionales incorporadas, los criterios más lógicos y coherentes con aquellos propósitos, tanto al concretar los criterios de imputación, como al acotar la interpretación que deba acompañar y complementar, en su caso, otros enfoques existentes de la balanza fiscal Administración central / comunidad autónoma que individualmente se prefieran.

Por lo demás, la cuestión de la valoración cuantitativa de dichas relaciones interjurisdiccionales tiene ya casi un siglo de historia (desde la Segunda República se anotan los primeros estudios de la Generalidad de Cataluña); a ésta se incorporan más tarde las comunidades Valenciana y Balear, sólo muy recientemente la Comunidad de Madrid, y en el caso de la Comunidad de Andalucía, en el cálculo de saldos fiscales de ésta para con sus provincias. En todos estos casos, el estudio comparte base interjurisdiccional con algún tipo de reivindicación político-territorial subyacente: una parte frente al todo, un cluster homogéneo en su composición que permite aceptar que no existe reivindicación interna superior a la externa que se identifica (así, en ausencia del cuestionamiento interprovincial o local de los saldos, que se dejan a corrección de la propia comunidad autónoma), y heterogéneo frente a terceros (su sentido de pertenencia así lo prioriza y se refleja a menudo en la composición política parlamentaria y en el manifiesto de sus partidos legitimados para su defensa). Éste es al menos el caso de los análisis que históricamente se han impulsado desde Cataluña para el estudio de las relaciones fiscales entre la Administración central y la Generalidad de Cataluña.

La aproximación alternativa/complementaria del enfoque carga/beneficio tiene una tradición académica más amplia, ya que se vincula al estudio de la redistribución personal de la acción estatal, convencional en la hacienda pública centralizada, y no requiere contexto multijurisdiccional alguno (más propio del federalismo fiscal). La extensión del enfoque carga/beneficio fuera del plano individual, tanto al funcional como sobre todo al territorial, es sin duda posible, pero parte de unas premisas diferentes (una sola jurisdicción, una sola relación fiscal entre la Administración –la central– con sus ciudadanos). De ahí la importancia de considerar los dos enfoques a efectos de su acogida en el plano constitucional interpretativo de si estamos ante propuestas de tendencia federal o simplemente centralizantes.

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Centrándonos en el enfoque monetario, entre dos jurisdicciones fiscales, la valoración básica que se pretende se realiza en términos de los recursos «que detrae y retorna» la acción fiscal de la jurisdicción central sobre la territorial en sus distintas formas: inversión directa e inducida, financiación autonómica y financiación local.

Sigue a dicha aproximación el supuesto de internalización de estos dos últimos ámbitos de financiación. El agregado territorial prevalece en el análisis a la suma de saldos fiscales individuales de los contribuyentes y los beneficiarios que lo integran. Si éste no es el caso (el sentido de pertenencia y la homogeneidad del cluster no se mantienen), el cálculo del saldo fiscal –enfoque monetario– se desvanece. Se trata, por tanto, de valorar el saldo entre (a) el volumen de recursos, entendido como capacidad de decisión sobre gasto en su incidencia sobre el territorio (en cuánto beneficia la disponibilidad de recursos para gasto en el territorio: creación de empleo, retribuciones, consumo intermedio, etc.) o indirectamente transfiriendo capacidad de decisión sobre dichos recursos a las instituciones territoriales representativas de sus ciudadanos (cómo éstas gasten, internalicen o no sus efectos multiplicadores, redistribuyan voluntariamente, etc., es su decisión), y (b) la territorialización de sus ingresos fiscales a la vista de sus bases tributarias territoriales, de modo similar a como se computan en la perecualización las capacidades fiscales de las distintas jurisdicciones. Se trata de territorializar recursos e imputar aplicaciones (disponibilidad) de recursos para gasto. En otras palabras, se pretende valorar cuánta capacidad de gasto se observa respecto de las propias capacidades fiscales. Para lo primero, la imputación como gasto «ejecutado en beneficio de» no se incluiría en la imputación de beneficios de gasto, en la medida en que su impacto económico quedase fuera de su ámbito territorial –donde se localizan los empleos, las aplicaciones o las disponibilidades–, ya que por muy indivisibles o de naturaleza cuasi pública que fuesen dichos gastos, no cabría imputarlos por población potencialmente beneficiaria, con lo cual sería el resultado de una discrecionalidad central no justificada en otro criterio que el político. Por lo que se refiere a los ingresos, el cómputo aproximaría los recursos generados por la jurisdicción central sobre el territorio, al estilo de los coeficientes de imputación utilizados en la territorialización autonómica de los tributos cedidos, o de los puntos de conexión forales, o de modo similar cuando dicha participación fuese inexistente.

En conclusión, y en correspondencia con lo anterior, el saldo desde la perspectiva del enfoque monetario de la balanza fiscal mostraría el diferencial entre los recursos posibles a partir de las propias capacidades fiscales y los gastos imputables efectivamente a dicha jurisdicción, resultado de la actuación de la jurisdicción central, bajo el supuesto de incidencia de este gasto en el cuadro macroeconómico de disponibilidad territorial y así indirectamente en el bienestar de sus ciudadanos.

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Se ofrecen a continuación algunos comentarios que precisan detalles y contenidos de los distintos métodos de estimación de los flujos fiscales, habida cuenta de la distorsión que en ellos genera el efecto capitalidad de la Comunidad de Madrid en el conjunto de comunidades autónomas.

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El estudio de los saldos fiscales territoriales consiste en el cómputo del diferencial entre la recaudación de los ingresos procedentes de una jurisdicción y su retorno a la misma jurisdicción por la vía del gasto. Y ello:

1. Por razón de una soberanía compartida (típica de estados federales) que se expresa tanto en los ingresos fiscales como en los gastos públicos que cada jurisdicción tiene atribuidos, lo que requiere cuando menos una coordinación macroeconómica.

2. En ausencia de lo anterior, en haciendas multijurisdiccionales, con la pretensión de informar acerca de las relaciones económicas y financieras para la mejor coherencia de las funciones fiscales.

Mientras que en el primero de los casos se puede incluso hablar de diferentes residuos fiscales personales resultantes de las actuaciones de cada jurisdicción (a la vista de cómo se expresa la soberanía fiscal respectiva sobre los ciudadanos de los diferentes territorios a través de la actuación discrecional de cada jurisdicción), en el segundo este saldo tiene una interpretación más limitada: refleja el grado de redistribución implícito en la política fiscal en su dimensión territorial (la legislación tributaria es la misma para los individuos en diferentes lugares, pero no los impuestos pagados y los servicios recibidos). Para ello, las circunstancias personales (nivel de renta, riqueza y elegibilidad para los programas de gasto público) marcan en este último caso parte de las diferencias observadas. El resto deriva de la discrecionalidad de la Administración central en la definición de las políticas públicas, por ejemplo, en relación con las inversiones, el despliegue y los efectos sobre la geografía.

Fijémonos, finalmente, en que centrar el análisis en un único residuo fiscal personal, agregado ya por apellidos, familias, barrios o regiones, procedente de una única jurisdicción fiscal, no requiere supuesto alguno de descentralización o propio del federalismo fiscal, en correspondencia a lo que sería un estado unitario. SinPage 15 embargo, entendemos que ello no es lo que recoge el título VIII de la Constitución española, donde se reconoce un espacio de recursos y de redistribución también a favor de las comunidades autónomas como parte de este mismo estado. Negar lo anterior y argumentar el ejercicio basado en el flujo del beneficio, de raíz única personal (véase de la Fuente y otros), en el que el territorio no sería más que un «velo» de agregación, es posible en cualquier caso, aunque más propio de un estado unitario (y entendemos nosotros que preconstitucional). Se trata, en todo caso, de un estudio teórico bajo aquellos supuestos restrictivos, acerca de la equidad fiscal de la carga de impuestos y de los beneficios del gasto (bajo hipótesis a contrastar de teoría de la incidencia, diferencial o de presupuesto equilibrado y bajo un modelo que debería ser de equilibrio general, con base empírica de estimación de efectos propios del país y no trasladados de otros países con diferentes mercados y regulaciones fiscales y presupuestarias, lo que a menudo se dice más que no se acaba haciendo, por obvias limitaciones de datos).

En resumen, la imputación territorial puede abordarse desde dos perspectivas:

1. De acuerdo con un criterio de incidencia económica, de beneficio individual residual o neto, los ingresos se imputan al territorio donde residen las personas que finalmente soportan su carga (al margen de su incidencia legal), y los gastos, a los territorios donde residen las personas que consumen los servicios públicos (al margen de dónde se producen) o perciben los beneficios de las transferencias, teniendo en cuenta la incidencia última que tales ingresos y gastos tienen sobre sus ciudadanos. Son las balanzas ajustadas al criterio de carga/beneficio.

2. De acuerdo con un criterio de incidencia económica atendiendo al impacto agregado, se imputa a cada territorio la totalidad de los ingresos y los gastos que se realizan, respectivamente, en dicho territorio, a la vista de los efectos sobre la producción y la distribución territorial de la renta. Son las balanzas ajustadas al criterio del flujo monetario.

El primer criterio tiene por objetivo valorar los efectos que la actuación de las instituciones del sector público ocasiona al bienestar de las personas que residen en un determinado territorio. La medición de estos efectos intenta valorar el cambio «equivalente» en el nivel de renta disponible de las personas residentes en cada territorio. En el caso de los ingresos, se toma como referencia la minoración de la capacidad de compra ocasionada por la carga fiscal soportada. En el caso de los gastos, el incremento de la capacidad de compra motivado por la recepción de transferencias en efectivo y por el ahorro derivado del consumo gratuito de servicios públicos.

El segundo criterio intenta valorar los efectos que la actuación de las instituciones del sector público ocasiona sobre la actividad económica en un determinado territorio, y determinar cómo varían sus macromagnitudes económicas y el nivel de renta monetaria de sus ciudadanos. En el caso de los ingresos, se toma como referencia la minoración de la renta de ese territorio como consecuencia del pago que las unidadesPage 16 económicas realizan de cotizaciones, impuestos, otras transferencias, etc. En el caso de los gastos, se valora el incremento de esa misma renta como consecuencia de las actuaciones realizadas en cada territorio y de las transferencias recibidas.

La idoneidad del uso de uno u otro enfoque depende de la finalidad perseguida con la utilización de los datos. Si se desea estimar los efectos redistributivos interterritoriales de los ingresos y los gastos de la Administración central, debería recurrirse al cálculo de balanzas fiscales con arreglo al enfoque carga/beneficio. Si se desea conocer el impacto de esos ingresos y gastos sobre las macromagnitudes territoriales, el flujo monetario parece más adecuado.

Este redactado resulta muy similar al elaborado por la Comisión de Expertos catalanes, el cual destaca:

[...] La utilització d’un o altre enfocament depèn de l’objectiu de l’anàlisi que es vulgui portar a terme: l’enfocament del flux monetari intenta mesurar l’impacte econòmic generat per l’activitat del sector públic en un territori, mentre que l’enfocament del flux del benefici intenta calcular com les polítiques de despesa afecten el benestar dels individus mesurat en termes del seu nivell de renda. Per tant, el criteri del flux monetari és més correcte per analitzar la influència que té l’acció del sector públic sobre el creixement econòmic d’una regió i, en canvi, el criteri del flux del benefici és més adient per analitzar l’acció del sector públic en termes redistributius i d’equitat.

De lo cual se concluye:

La metodologia del flux de benefici és perfectament raonable, però la seva materialització empírica és sovint complicada per l’existència d’una multiplicitat d’aproximacions i imputacions, que, tot i que podrien ser vàlides, fan que el resultat final sigui molt sensible a petits canvis en aquestes imputacions. Per aquesta raó, el grup de treball creu que s’ha de posar més èmfasi en les mesures basades en el flux monetari. Aquesta metodologia també té la necessitat d’adoptar aproximacions i imputacions, però la naturalesa més concreta del concepte de pagament permet avaluar empíricament les balances fiscals territorials de forma més robusta i atribuir als resultats un significat més sòlid que en el cas anterior.

Y añade:

Tal com s’ha dit, el criteri del flux monetari en el càlcul de la balança fiscal expressa l’impacte econòmic generat per l’activitat del sector públic de l’Estat a Catalunya, mentre que el criteri del flux del benefici mostra l’acció del sector públic en termes redistributius i d’equitat. [...] En aquest apartat es presenten els resultats de la balança fiscal de Catalunya segons els dos criteris exposats.

Sea cual sea el enfoque elegido, su puesta en práctica está fuertemente condicionada por la información previa disponible, por lo que la mejora de esta información es un factor clave para incrementar la fiabilidad de los resultados obtenidos. En cualquiera de los dos casos, resulta obligado señalar las limitaciones que ambos enfoques presentan –en tanto que indicadores sintéticos– en el momento de valorar los efectos territoriales de los ingresos y los gastos públicos.

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Centrándonos en el enfoque monetario, entre dos jurisdicciones fiscales, la valoración básica se realiza en términos de los recursos «que detrae y retorna» la acción fiscal de la jurisdicción central sobre la territorial en sus distintas formas: inversión directa e inducida, financiación autonómica y financiación local. Sigue a dicha aproximación el supuesto de internalización de estos dos últimos ámbitos de financiación. El agregado territorial prevalece en el análisis a la suma de saldos fiscales individuales de los contribuyentes y los beneficiarios que lo integran. Si éste no es el caso (el sentido de pertenencia y la homogeneidad del cluster no se mantienen), el cálculo del saldo fiscal –enfoque monetario– se desvanece. Se trata, por tanto, de valorar el saldo entre (a) el volumen de recursos, entendido como capacidad de decisión sobre gasto en su incidencia sobre el territorio (en cuánto beneficia la disponibilidad de recursos para gasto en el territorio: creación de empleo, retribuciones, consumo intermedio, etc.) o indirectamente transfiriendo capacidad de decisión sobre dichos recursos a las instituciones territoriales representativas de sus ciudadanos (cómo éstas gasten, internalicen o no sus efectos multiplicadores, redistribuyan voluntariamente, etc., es su decisión), y (b) la territorialización de sus ingresos fiscales a la vista de sus bases tributarias territoriales, de modo similar a como se computan en la per-ecualización las capacidades fiscales de las distintas jurisdicciones. Se trata de territorializar recursos e imputar aplicaciones (disponibilidad) de recursos para gasto. En otras palabras, se pretende valorar cuánta capacidad de gasto se observa respecto de las propias capacidades fiscales. Para lo primero, la imputación como gasto «ejecutado en beneficio de» no se incluiría en la imputación de beneficios de gasto, en la medida en que su impacto económico quedase fuera de su ámbito territorial –donde se localizan los empleos, las aplicaciones o las disponibilidades–, ya que por muy indivisibles o de naturaleza cuasi pública que fuesen dichos gastos, no cabría imputarlos por población potencialmente beneficiaria, con lo cual sería el resultado de una discrecionalidad central no justificada en otro criterio que el político. Por lo que se refiere a los ingresos, el cómputo aproximaría los recursos generados por la jurisdicción central sobre el territorio, al estilo de los coeficientes de imputación utilizados en la territorialización autonómica de los tributos cedidos, o de los puntos de conexión forales, o de modo similar cuando dicha participación fuese inexistente.

En conclusión, y en correspondencia con lo anterior, el saldo desde la perspectiva del enfoque monetario de la balanza fiscal mostraría el diferencial entre los recursos posibles a partir de las propias capacidades fiscales y los gastos imputables efectivamente a dicha jurisdicción, resultado de la actuación de la jurisdicción central, bajo el supuesto de incidencia de este gasto en el cuadro macroeconómico de disponibilidad territorial y así indirectamente en el bienestar de sus ciudadanos.

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El enfoque monetario intenta computar las repercusiones económicas derivadas de las decisiones de localización del gasto público, de manera similar a como se territorializa entre las jurisdicciones españolas y europeas o incluso en el caso del INE para la construcción de sus cuentas regionales. La valoración que de ello se haga recibe una distinta interpretación según se trate de gastos que reflejan distinto grado de discrecionalidad (la ubicación de un nuevo ente, el mantenimiento de un servicio que sin justificación técnica alguna se localice de un modo determinado, etc.), pero, en cualquier caso, la imputación viene definida por el territorio que recibe la financiación que le posibilita beneficiarse de un programa de gasto, vista la capacidad de compra o movilización de recursos que supone sobre la geografía –se materialice o no ésta en dicho territorio–, independiente de que sea en forma de consumo (donde se localizan los consumidores) o producción (la empresa que produce, compre los inputs de un lugar u otro, retribuya los factores de un territorio u otro, etc.). Ello implica cerrar la discusión entre si se imputa a la administración que realiza la compra, el territorio de quien la suministra o el territorio en el que residen los factores que operan el producto, en favor de quien tiene la capacidad de decidir sobre dicho nivel de recursos.

A su vez, por el lado de los ingresos, el criterio de cómputo es el del lugar de procedencia de los ingresos recaudados por la hacienda central a la vista de dónde sitúan las bases fiscales que los generan. Equivale al supuesto as if (como si) las recaudaciones se devengasen a favor de los gobiernos en los que radican dichas bases, siempre bajo el supuesto de todo lo demás constante (incluida la legislación tributaria y la presión fiscal vigente).

Mientras el enfoque monetario requiere, pues, el reconocimiento de existencia de una jurisdicción territorial con hacienda propia, el enfoque carga/beneficio alternativo no requiere el reconocimiento anterior, en interpretación constitucional que no admite desarrollo federal. Se trata en este último enfoque de una incidencia redistributiva personal. Los recursos son del Estado, que los retornaría graciablemente sin potestad derivada alguna sobre dichos impuestos.

Por ejemplo, en el enfoque monetario: en el IVA, según el valor añadido en origen de cada comunidad autónoma (y posteriormente en compensación explícita según consumo) o directamente según consumo interior (y no sólo el final de residentes) relativo (identificando cesta relativa de bienes, peso de ventas y de compras, tipo medio efectivo respectivo y nivel de fraude) de los bienes gravados –principio de destino. En el enfoque carga se acostumbra a tomar el consumo final de los hogares, lo que deja fuera parte de dicha recaudación, con sesgo marcado en comunidades autónomas turísticas. Dicha parametrización es, sin embargo, incorrecta desde el punto de vista de la incidencia/carga, ya que en todo caso debería hacerse, según los cánones normativos de la hacienda pública, de acuerdo con los supuestos de traslación a los que sometamos el impuesto, en principio con traslado a precios según elasticidad de demanda en consumo, con efectos de producción que incidirían en elPage 19 precio de los factores según las ratios capital/trabajo de los bienes, el marco competitivo de la economía y la apertura exterior. Y si preocupa la incidencia real, no se puede hacer caso omiso del fraude, factor que no se recoge en ningún caso en las participaciones de consumo (gasto) utilizadas, ni de considerar el peso de los bienes no gravados (enseñanza, sanidad, cajas de ahorro, etc.) con distinto alcance en las comunidades autónomas.

En general, la territorialización impositiva en el enfoque monetario se asemeja a la que se considera en materia de nivelación fiscal, a partir de las capacidades tributarias de las jurisdicciones, con la utilización en su caso de puntos de conexión o cifras relativas de negocio para aquellos casos en que se den efectos «localización» evidentes (retenciones centralizadas). En especiales, las ventas aproximarían mejor la recaudación territorializada en el enfoque monetario, mientras que en el enfoque carga haría falta hipotéticamente distinguir el consumo de residentes y no residentes y según destino (input para los procesos de producción diversos, intraregio y extra-regio).

Como reconoce Norregaard (Norregaard J., «Tax assignment», 1997),

asignar ingresos tributarios como si (as if) una jurisdicción recaudara sobre su territorio lo que resulte de una legislación fiscal suprajurisdiccional es una estrategia legítima con una metodología bien conocida, similar a la establecida en los denominados puntos de conexión.

IMPUTACIÓN DE GASTOS⁴

1. Mushkin (1956, 1957)

   Fue el primero que, dentro de la teoría de la hacienda pública, estableció una clara distinción entre dos aproximaciones diferentes al imputar territorialmente el gasto público: la del flujo monetario (indica dónde se localiza físicamente el gasto público) y la del flujo del beneficio (indica dónde se localiza y quién se beneficia del gasto público). Mushkin concluye que es necesario adoptar ambas aproximaciones.

2. Catsambas (1978)

   Identifica cuatro aproximaciones de imputación del gasto público:

   - Aproximación contable

   - Aproximación del flujo

   - Aproximación del beneficio

   - Aproximación del impacto de equilibrio general

   Según Catsambas, la primera tiene poco sentido económico y la cuarta es imposible de calcular. Así, en la práctica sólo son útiles la segunda y la tercera. De nuevo se reconoce, pues, el flujo monetario como una de las dos aproximaciones.

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3. Short (1978, 1981 y 1984)

   El gasto público puede analizarse en el contexto regional por dos aproximaciones:

   - Flujo monetario: tiene en cuenta todos los gastos realizados dentro de los límites geográficos de una región independientemente de dónde ocurren los beneficios derivados del gasto público.

   - Flujo del beneficio: tiene en cuenta dónde inciden los beneficios independientemente de dónde se producen los inputs.

4. Asignación de ingresos (Norregaard, J., «Tax assignment», 1997)

   Como reconoce Norregaard, asignar ingresos tributarios como si (as if) una jurisdicción recaudase sobre su territorio lo que resulte de una legislación fiscal suprajurisdiccional es una estrategia legítima con una metodología bien conocida, similar a la establecida en los denominados puntos de conexión en terminología del concierto, teniendo en cuenta que «razones históricas, geográficas, étnicas y constitucionales de cada país causan profundas implicaciones en el rango factible y eficiente a las políticas de asignación antes citadas» (Norregaard, J., «Tax assignment», en Ter-Minassian, T. (ed.), Fiscal Federalism, FMI, Washington, 1997, p. 71).

   Enfoque del flujo del beneficio

   Este enfoque valora en términos de bienestar los servicios que reciben los individuos de la actuación del sector público. Surge para analizar las políticas de redistribución de la renta y cómo el gasto público mejora el bienestar de grupos de la población.

   Este enfoque permite la existencia de multiplicidad de imputaciones, lo que puede dar lugar a resultados sensiblemente distintos. Además, se puede llegar a identificar beneficio teórico con beneficio real, con lo cual se puede producir una desviación en la media del bienestar recibido.

   Enfoque del flujo monetario

   Intenta analizar las repercusiones económicas que las decisiones de localización del gasto público tienen para los territorios en términos de ocupación y de actividad económica general de la zona. Este enfoque permite medir el impacto directo de la actividad económica del gasto público a nivel territorial.

   Si existe un sistema contable del gasto público territorializado, esta metodología permite evaluar empíricamente la incidencia del gasto público de forma más robusta y sólida que la del beneficio, si bien esta última es también razonable.

   IMPUTACIÓN DE INGRESOS

   La metodología utilizada para la imputación territorial de los ingresos es más antigua que la de los gastos dentro de la teoría de la hacienda pública, y está ampliamente aceptada por el mundo académico.

   Enfoque del beneficio

   Trata de aproximar quién finalmente soporta la carga del impuesto.

   Enfoque del flujo monetario

   Trata de calcular los ingresos generados por cada región (Norregaard, 1977; Short, 1984).

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   ESTUDIOS QUE UTILIZAN EL ENFOQUE DEL FLUJO MONETARIO

   Si bien los estudios más antiguos de incidencia territorial de los gastos y los ingresos públicos utilizaban el enfoque del flujo del beneficio, recientemente han aparecido varios estudios bajo la aproximación del flujo monetario.

   Por ejemplo, Estados Unidos, Australia y la UE calculan sus balanzas fiscales bajo el enfoque del flujo monetario:

   Estados Unidos

   Leonard, H. B., Moynihan, D. P. y Walder, J. H., The Federal Budget and the States, Universidad de Harvard – Senado de los Estados Unidos, 22.ª ed. (1997), 23.ª ed. (1998), 24.ª ed. (1999).

   Australia

   Fiscal Subsidies within the Australian Federation, Discussion Paper, Intergovernmental Relations Division, 1999.

   UE

   Annual Report, Court of Auditors.

López, Guillem, «El finançament i l'autonomia fiscal de Catalunya. Dues dècades amb els problemes no resolts», Idees, núm. 9, 2001.

López, Guillem y Rosselló, Joan, «Balança fiscal, autogovern i democràcia a les Illes», Balança fiscal amb Espanya i subsidiarietat entre Illes, Sus Balears!, 2003, p. 15-30.

López, Guillem, «Dues dècades d’Administració de la Generalitat de Catalunya: valoració general dels aspectes pressupostaris-financers i de servei als ciutadans», Informe Pi i Sunyer sobre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, 2003, p. 63-76.

López, Guillem y Martínez, Esther, «Resultats de l'estimació de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central per al període 1995-1998. Noves variants i ajustos», Monografies, Nota d'Economia, núm. 67, 2000, p. 57-77.

López, Guillem y Martínez, Esther, La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 1985-1998, Generalidad de Cataluña, IEA, 2000.

López, Guillem y Castellanos, Albert, «Balances fiscals; mètode d’anàlisi i evidència», Monogràfic, Nota d’Economia, núm. 75, 2003, p. 75-85.

López, Guillem, «El déficit fiscal de una comunidad autónoma con la Administración central: ¿de qué estamos hablando?», Papeles de Economía Española, núm. 99, 2004, p. 182-197.

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López, Guillem y Pons, Jordi, Anàlisi dels fluxos redistributius territorials a l’Estat espanyol. Criteris d’avaluació i proposta de nous principis bàsics, Fundación Josep Irla, Barcelona, 2005, 127 páginas.

López, Guillem, «La calidad del gasto y la mejora de la eficiencia en el sector público. Una valoración del gasto funcional de las administraciones públicas desde una perspectiva multijurisdiccional», Cuestiones clave de la economía española, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2004.

López, Guillem, «La descentralización sanitaria. Lecciones desde la experiencia española», Responsa Iurisperitorum Digesta (Separata), vol. IV, p. 135-159.

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[1] Aquí haríamos abstracción del hecho de que las rentas de capital tributan en el IRPF, y hemos asumido que todas las rentas mixtas y de capital contribuyen exclusivamente en el impuesto de sociedades.

[2] El ahorro neto empresarial queda entonces vinculado a la sede social, mientras que el consumo de capital fijo corresponde al centro de producción.

[3] Incluye beneficios empresariales, rentas de profesionales, beneficios retenidos por empresas, rentas de alquiler y propiedad inmobiliaria y un pequeño ítem de impuestos a cargo de la empresa.

[4] Extraído de Bosch Roca, Núria y López Casasnovas, Guillem, Mimeo, IEF, julio de 2005.