El estatuto constitucional de los usuarios de los servicios públicos

Autor:Luis Miguez Macho
Cargo del Autor:Doctor por la Universidad de Bolonia
 
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III.1.- Derechos sociales y servicios públicos.

Desde el momento en que el servicio público empezó a estudiarse como institución jurídica, la doctrina estableció el principio de que la creación y la supresión de los servicios públicos es una decisión libre y no justiciable de los Poderes públicos, frente a la cual los particulares no ostentan ninguna situación jurídica subjetiva dotada de protección judicial[1]. Sólo cuando la ley ha previsto ya la creación de un servicio público y la Administración pública no cumple el mandato legal cabría plantear la cuestión de la tutela judicial de la pretensión de ver implantado ese concreto servicio, pero, aun así, en nuestro Ordenamiento jurídico sólo en el caso de los servicios mínimos u obligatorios a cargo de los municipios se reconoce un verdadero derecho del ciudadano a la creación de un servicio público, y hay que tener en cuenta que en este punto el Derecho español constituye una excepción realmente notable dentro del ámbito comparatista[2]. De cualquier forma, lo que corresponde analizar ahora no es ese tipo de deberes u obligaciones legales y las situaciones jurídicas subjetivas que de ellos puedan derivar para los particulares, sino la posibilidad de que de la propia Constitución nazca un derecho a los servicios públicos, o al menos, a ciertos servicios públicos. La introducción de los llamados derechos sociales en los modernos textos constitucionales debería cambiar la perspectiva desde la que se ha abordado tradicionalmente el problema, pues el objeto de esos "derechos" lo constituyen con frecuencia prestaciones que los Poderes públicos han de garantizar en favor de los individuos (lo que no significa que los beneficiarios de tales prestaciones sean siempre todos los ciudadanos, pues podrían serlo también categorías específicas de los mismos).

La naturaleza jurídica de los derechos sociales ha sido muy controvertida desde sus orígenes, que se sitúan en la Constitución alemana de Weimar de 1919, aunque existen también precedentes en los textos constitucionales de la Revolución francesa, en especial en la Constitución jacobina de 1793, además de en la Constitución francesa de 1848[3]. Esta polémica se enmarca en el proceso histórico de la crisis del constitucionalismo liberal clásico y su transformación en el nuevo modelo del Estado democrático y social de Derecho de la actualidad, del que ya se ha hablado en la parte de esta investigación relativa a las...

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