Por un espacio público no estatal. Contra la hegemonía neoliberal y el declive de la democracia
| Autor | Héctor Silveira Gorski |
| Páginas | 99-112 |
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La democracia en Europa está en peligro. La hegemonía del neoliberalismo en las instituciones de gobierno de la Unión Europea está destruyendo todo aquello que tiene que ver con el «bien común» y los intereses generales. Las políticas de austeridad y los recortes en las políticas sociales están abriendo una brecha inmensa entre los ciudadanos y el sistema político. Este ha dejado de responder a las necesidades de las personas y al interés común de todos para convertirse en una casta de políticos que defienden los intereses de unos pocos.
Las políticas neoliberales hunden sus raíces en los gobiernos de Thatcher (1979-1990) y Reagan (1981-1989) en los ochenta del siglo pasado y continúan hoy, treinta años después, bajo el dictado del gobierno alemán, presidido por Angela Merkel, en el conjunto de los países de la Unión Europea. A finales de los años setenta del siglo pasado el capital, aupado por la hegemonía ideológica y cultural del neoliberalismo, quiebra el pacto que había formalizado con el mundo del trabajo y gracias al cual los países europeos pusieron en pie los Estados sociales y abrieron una etapa democratización. La quiebra del pacto abrió la puerta a que los gobiernos occidentales comenzaran un lento pero constante desmantelamiento de las políticas sociales (Estado social) y de intervención de la administración pública en la economía (Estado «empresario»). Fomentando que se habían alcanzando altas cotas de «ingobernabilidad» y que la democracia estaba poniendo en peligro el orden social,1pusieron
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en marcha procesos de privatización y de desregulación-autorregulación de sectores económicos y de empresas que hasta entonces estaban bajo control estatal, desmantelaron organismos públicos que intervenían en la economía, eliminaron derechos de los trabajadores y redujeron las políticas sociales.
Se inició una etapa de privatización-liberalización-re-regulación que ha ido transformando el modelo de los Estados sociales. En un primer momento se abrió una fase de «desregulación» (deregulation), en la que la administración elimina paulatinamente las normas de derecho público que condicionan o limitan la actividad económica privada, y paralelamente un proceso de privatización de sectores que estaban monopolizados o gestionados por el poder público. En una segunda fase, de la denominada «re-regulación», la administración pasa a elaborar nuevas normas jurídicas, pero ahora no con el fin de regular su intervención en el sistema económico, sino para definir su papel como árbitro vigilante de la actividad económica y para promover la libre competencia en ámbitos donde antes había un monopolio público. El Estado interviene ahora en el sistema económico para supervisar el cumplimiento de las reglas de juego, armonizar las conductas de los agentes económicos y sociales y hacer respetar la lógica de la competencia y el libre mercado (Sánchez-Silveira-Navarro 2003, 112-123).
Treinta años después, el ataque a los Estados sociales europeos continúa. La crisis económica y financiera que explota en el año 2008 en EE.UU. y que luego se extiende al resto del mundo, está siendo utilizada como excusa para desmantelar partes centrales del sector público y negar derechos fundamentales de los ciudadanos. El neoliberalismo ha sabido jugar muy bien sus cartas. La crisis de 2008 tiene sus raíces en las políticas financieras que el mismo neoliberalismo promovió en años anteriores. En los años noventa del siglo XX y principios del siglo XXI las políticas neoliberales consiguieron poner en práctica, como señala Domenech, una innovación crucial en Europa y EE.UU.: desacoplar los salarios reales de la demanda efectiva agregada con un «colosal fraude financiero piramidal». Este fraude consiste en la realización de políticas financieras expansivas y de crédito barato para facilitar el consumo e incentivar la demanda interna de la población. Es decir, el neoliberalismo logra sustituir el incremento de los salarios reales con créditos baratos,
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especialmente hipotecarios, y el aumento de los activos inmobiliarios y financieros (Domenech 2013, 4). Esta política lleva a las sociedades europeas y norteamericana a una crisis profunda que ahora es utilizada por el mismo neoliberalismo para dar la estocada final a los sistemas del bienestar, profundizando en las políticas de privatización y de desmantelamiento de todo aquello que forme parte de lo «público» o que continúe cerrado a la entrada del mercado y los capitales privados. Estas políticas, especialmente intensas en los países del sur del Mediterráneo —como Grecia, Italia, España y Portugal— están poniendo en jaque el funcionamiento y la legitimidad de las propias instituciones democráticas de estos países. Las poblaciones ven cómo se ponen en cuestión o se están perdiendo derechos fundamentales básicos —educación, asistencia sanitaria y social— y, en cambio, los gobiernos inyectan cantidades ingentes de recursos públicos para salvaguardar instituciones financieras de la quiebra. En España, por ejemplo, el Estado ha recortado en educación más de
6.000 millones de euros entre los años 2010 y 2013, mientras que Bankia recibió del gobierno central una ayuda de 23.500 millones de euros en un instante. Los gobiernos ayudan con fondos públicos al mantenimiento y sostén de entidades financieras de diferentes tipos —bancos, aseguradoras— mientras desmontan el Estado social y quitan potestades reguladoras y de gobierno al sistema político. El sistema económico no quiere interferencias de poderes públicos representantes del interés general. Estos, en cambio, deben seguir desempeñando un papel central en el mantenimiento y reproducción del orden social. Es más, en este terreno, los poderes públicos, legislativos y ejecutivos, dan un giro importante hacia la implantación de políticas autoritarias.
A finales de los años setenta Poulantzas ya hablaba de un «estatismo autoritario» (1979) que más adelante bajo el paradigma del riesgo pasa a denominarse «estatismo securitario». La retórica del peligro y de la inseguridad, fomentada por los neoconservadores, servirá para justificar el endurecimiento de las medidas punitivas y el uso de la «emergencia» como instrumento de gobierno. El nuevo orden social impulsado por la hegemonía neoliberal necesita que el Estado, ya sea a través de instituciones públicas o privadas, establezca nuevas medidas de control y vigilancia sobre las poblaciones y, a su vez, castigue con dureza a los caracterizados como «peligrosos» o «enemigos» (Fernán-
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dez-Silveira-Rodríguez-Rivera 2010). En función de quién deba ser el destinatario de la coacción jurídica el Estado va mudando de máscara: para reprimir la pequeña delincuencia y el crimen, la del punitivismo penal, para luchar contra la inmigración irregular, la del «Estado expulsor», para combatir el terrorismo, la del la »guerra global», y para controlar el orden público y las manifestaciones y protestas ciudadanas, la del vigilante-represor. Los Estados nacionales, escribe Calveiro, «se han disciplinado a las políticas de seguridad globales, tanto interna como externamente, haciendo propio los lenguajes bélicos, tanto del antiterrorismo como de la guerra contra el crimen» (2012, 60).
Con las políticas de populismo penal el Estado busca...
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