Epílogo

AutorEnrique Linde Paniagua
Cargo del AutorProfesor de Derecho Administrativo
Páginas340-342

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La Ley de Dependencia, haciendo abstracción de las objeciones que a la misma hemos hecho, es una ley realista pues no hace sino reconocer que la longevidad, derivada de los avances sanitarios, o los nuevos y viejos riesgos sociales, nos convertirá, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, en ciudadanos en situación de dependencia más pronto o más tarde. La dependencia ha dejado de ser una excepción, una maldición divina, para convertirse en un nuevo estatus, una nueva fase de la vida que es difícil prever cuando tiene su inicio, pues aunque las personas mayores tienen mayores posibilidades de acabar siendo dependientes, la dependencia puede derivar de enfermedades a cualquier edad, de accidentes y de otras tantas causas.

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La Ley de Dependencia pone de manifiesto, también, el deficiente sistema competencial de la Constitución española, ya que los instrumentos de coordinación y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas no se están mostrando eficaces. Hasta el punto de que, al margen de saludar la valentía del legislador estatal, es posible plantearse la ortodoxia constitucional de la Ley 39/2006 que en numerosas de sus preceptos va más allá de la habilitación que suministra al Estado del apartado 1ª del artículo 149.1 de la Constitución. En el Estado de las autonomías el legislador estatal debe respetar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas que pueden conducir, por así haberlo determinado el constituyente, a tratamientos extraordinariamente diferenciados en las distintas comunidades autónomas. Igualdad y uniformidad son conceptos bien diferentes, como ha sancionado el Tribunal Constitucional, de manera que no debiera seguirse la dinámica iniciada en los últimos años de confundir ambos conceptos anulando las virtualidades del Estado autonómico.

La Ley de Dependencia, para su implementación, exige importantes recursos financieros, sean estos dispuestos por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales. Y ligado a esta cuestión surge el dilema de si la presión fiscal debe aumentar o disminuir en nuestro país. Desde 1978 la presión fiscal, salvo breves excepciones, ha crecido en España, en lo que ha sido un acercamiento a la presión fiscal de los Estados más desarrollados de la Unión. Pero, pese al esfuerzo realizado, la presión fiscal en España sigue estando por debajo de la media comunitaria y...

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